jueves, 29 de julio de 2010

ONGs exigieron debate amplio sobre DDHH y derogación de Ley de Amnistía


Agencia UPI
Chile , julio 29 de 2010

La Asociación Chilena de Organizaciones no Gubernamentales (ACCION), llamó a abordar en un debate profundo la necesidad de verdad y justicia en materia de violaciones a los Derechos Humanos cometidas en dictadura, instando a la derogación de la Ley de Amnistía aplicada en crímenes de lesa humanidad.

El colectivo que agrupa a más de 60 ONGs, argumentó por medio de una declaración pública que organismos internacionales como Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han manifestado su preocupación por el marco regulatorio de la Ley de Amnistía, que impide la sanción de los graves crímenes contra los DD.HH. ocurridos bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

Aludiendo la postura del Presidente Sebastián Piñera sobre los indultos por razones humanitarias que solicitó la Iglesia Católica con motivo del Bicentenario, ACCION planteó que "es esencial que, a partir de esta propuesta de la Conferencia Episcopal, la discusión se abra a otros actores y organizaciones que trabajan en defensa de los derechos".

La Asociación Chilena de ONGs hace un llamado a que esta coyuntura permita la apertura de un diálogo social más amplio que involucre a diversos sectores, ya que el Estado Chileno no ha cumplido con las recomendaciones internacionales sobre la materia y "permanece sin juzgar y sancionar numerosas violaciones a los derechos humanos".


_______________________________

Indagan muerte de ex carabinero vinculado a causas de DDHH

Por A. Ch./ La Nación
Jueves 29 de julio de 2010 | | País


Con un impacto de bala en el tórax fue encontrado cerca de las 22 horas del martes, en el Puente Cruces de Valdivia, el ex suboficial de Carabineros Luis Enrique Jara Riquelme (75).
El uniformado (R) tenía antecedentes por los delitos de secuestro y homicidio calificado en una causa de derechos humanos, el caso Paine.
Su muerte está siendo investigada por el fiscal (S) de Valdivia Juan Pablo Lebedina, quien ya ordenó las primeras diligencias.
De hecho, hoy el Servicio Médico Legal (SML) entregaría el preinforme de autopsia que determinará la data de muerte y si tenía restos de pólvora en las manos, pues no se descarta que se tratara de un suicidio.
En tanto, el peritaje balístico quedó en manos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) mientras que la Brigada Investigadora de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) levanta información sobre las circunstancia del deceso del ex funcionario policial.
Jara Riquelme tenía un hijo en la localidad de Máfil, cerca de Valdivia, pero su domicilio estaba en Santiago, donde otros familiares habían interpuesto el domingo pasado una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros.
La causa quedó caratulada como “muerte y hallazgo de cadáver” pues aún no se determina si hubo acción de terceros o si el mismo suboficial se quitó la vida. El arma tampoco ha sido encontrada.



___________________________________

Encuentran muerto a suboficial (r) de Carabineros procesado por crímenes de DD.HH


Miércoles 28 de Julio de 2010

Fuente :EFE



Un suboficial retirado de Carabineros de Chile, que estaba procesado por homicidios y desapariciones de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, fue encontrado muerto con un impacto de bala en el cuerpo, informaron hoy fuentes policiales.

El cadáver de Luis Jara Riquelme, de 75 años, fue encontrado a las 22:00 horas del martes en el puente sobre el río Cruces, en las afueras de la ciudad de Valdivia, a 835 kilómetros de Santiago.

Jara Riquelme tenía su domicilio en Buin, a 35 kilómetros de la capital chilena y estaba desaparecido desde el pasado fin de semana, razón por la cual su familia había presentado una denuncia, aunque también se indicó que un hijo suyo vive en Valdivia.

El cuerpo presentaba un impacto de bala en el tórax y por ahora se investiga si el ex policía se quitó la vida o fue víctima de un homicidio, dijo a los periodistas el prefecto Iván Vega, de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia.

El incidente se produjo después que el pasado domingo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que no decretaría un indulto general con motivo del Bicentenario de la Independencia sino beneficios particulares, de los que excluyó explícitamente a los condenados por violaciones a los derechos humanos.

El mandatario rechazó de ese modo una propuesta de la Iglesia Católica y sobre un indulto general por el Bicentenario, en el que se pedía, también de forma explícita, incluir a represores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-199) condenados por ese tipo de delitos.

Luis Jara Riquelme, según organizaciones de derechos humanos, estaba procesado por la Corte de Apelaciones de San Miguel por los secuestros y desaparición de varias decenas de pobladores de la localidad de Paine, cometidos en 1973, tras el golpe que Pinochet encabezó para derrocar al presidente Salvador Allende.

El ex carabinero, de acuerdo con esos antecedentes, estaba procesado como autor de los secuestros y homicidios calificados de José Manuel Díaz Inostroza, Francisco Javier Lizama Irarrázabal, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo, Jorge Manuel Pavez Henríquez.

También como autor del delito de secuestro agravado de Francisco Baltazar Godoy Román.
   

lunes, 26 de julio de 2010

Piñera no aplicará un indulto bicentenario

BBC Mundo, BBC Mundo, Actualización: domingo, 25 de julio de 2010 14:53

El presidente de Chile anunció que sólo otorgará beneficios a casos particulares, sin incluir a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Piñera no aplicará un indulto bicentenario
"Piñera y ell arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errazuriz"
Luego que las iglesias católica y evangélica le presentaran sus propuestas para un indulto bicentenario en Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció que no aplicará un beneficio general, y que sólo estudiará casos específicos en los que no incluirá a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Chile celebrará los 200 años del inicio de su proceso de independencia este 18 de septiembre, y con motivo de esta efeméride el mundo eclesiástico propuso analizar el estado del sistema carcelario y otorgar beneficios a quienes más lo necesitaran.

Piñera dijo este domingo que en los últimos 10 años se realizaron tres concesiones generales de indulto, agregando que en la actualidad "no es prudente ni conveniente" adoptar una nueva medida de este tipo.
"Sin perjuicio de lo anterior, acogeré el espíritu de las propuestas de las iglesias y su invocación a la compasión, el perdón y la reconciliación a través del ejercicio de la facultad presidencial de otorgar indultos particulares", señaló el mandatario.

Características específicas como edad avanzada, enfermedades terminales u "otras razones humanitarias equivalentes" fueron citadas por el mandatario, quien aclaró que quedarán excluidos "aquellos condenados por delitos especialmente graves, como son los de lesa humanidad".

"He tomado esta decisión después de una serena reflexión y con una profunda convicción de que es lo mejor para Chile y los chilenos", manifestó Piñera, quien recalcó que más que perdonar a condenados se centrará en mejorar sus condiciones a través de "una profunda reingeniería y modernización" del sistema penitenciario.

Un primer paso

Las palabras de Piñera fueron tomadas como una negativa a incluir a militares en retiro condenados por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Augusto Pinochet, aunque desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) quedaron con una duda que buscarán aclarar.

"Es un primer paso importante, pero necesitamos conversar sobre los términos exactos de lo que significa", indicó a BBC Mundo la dirigente de la AFDD Mireya García, quien recordó que "en nuestro país los violadores a los derechos humanos no están condenados bajo la tipificación de crímenes contra la humanidad".

Ante esto, el organismo espera reunirse con el presidente, "porque tenemos que ver si efectivamente cuando él señala ante todo el país que no se va a indultar los crímenes contra la humanidad están incluidos el secuestro permanente, la tortura y todas las tipificaciones que han servido para procesar y condenar a los violadores de derechos humanos".

La AFDD se mostró contraria a la propuesta de las iglesias chilenas, y el anuncio del presidente fue destacado como un "punto de partida para una política que signifique que las penas se cumplen efectivamente en los casos de violaciones a los derechos humanos".

No a casos de derechos humanos

La aclaración al anuncio de Sebastián Piñera llegó en voz del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien señaló que "cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad estamos hablando derechamente de cualquier persona que haya estado condenada por casos de (violación a los) derechos humanos".

Desde el sector militar insisten en que es necesario tener en cuenta los casos más delicados, según expresó Rafael Villarroel, ex vicecomandante en jefe del Ejército y presidente de la fundación 'Chile mi Patria'.

Familiares de desaparecidos durante el mandato de Pinochet se manifiestan frente al palacio de La Moneda
"Familiares de desaparecidos durante el mandato de Pinochet se manifiestan frente al palacio de La Moneda"

"Esperamos que en este caso particular, que sin duda es complicado para el presidente resolverlo, considere todos los aspectos humanitarios que hay que considerar en relación al personal en retiro de la defensa nacional que está sometido a proceso o condenados", indicó en declaraciones radiales.

En la iglesia católica se manifestaron conformes con la postura adoptada por Piñera, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Alejandro Goic, destacó que la propuesta fue bien acogida.

"Nos deja muy satisfechos y nos deja satisfechos sobre todo el hecho de que el debate se instaló en la comunidad nacional", afirmó, remarcando que ellos buscaban que el sistema carcelario fuera mejorado y "el presidente ha dado señales muy claras de que van a preocuparse de aquello".

El hacinamiento es una realidad en las cárceles chilenas, y Piñera le dio tres meses al ministro de Justicia para entregarle un informe detallado de la situación penitenciaria.


_______________________

Piñera negó indultos a presos por delitos de lesa humanidad





Rechazo. El planteo de la Iglesia chilena generó la reacción en contra de opositores a la dictadura de Pinochet. (AFP) 

lunes, 26 de julio de 2010
Santiago de Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció ayer que descartó la idea de disponer un indulto generalizado y aclaró que sí concederá indultos particulares, pero aseguró que "quedarán excluidos" de esos beneficios quienes cometieron delitos "especialmente graves", entre ellos los de lesa humanidad.

"No es ni prudente ni conveniente en los actuales tiempos y circunstancias promover una nueva ley de indulto general", afirmó el mandatario, días después de que las iglesias católica y evangélicas le presentaran sendas propuestas para indultar presos con motivo del Bicentenario de la Independencia del país.

Piñera señaló que dictará indultos aislados, que analizará en cada caso en forma "prudente y restrictiva" para atender las "consideraciones de carácter humanitario" que le plantearon las iglesias, consignó la agencia noticiosa italiana ANSA.

No obstante, subrayó que "quedarán excluidos de estos beneficios aquellos condenados por delitos especialmente graves, como son los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidios, hechos de sangre, violaciones o abusos contra menores y otros delitos de igual gravedad".

La iniciativa de las iglesias había causado un cerrado rechazo entre dirigentes de organizaciones de familiares de víctimas de la última dictadura, abogados de derechos humanos y líderes políticos opositores.

El abogado Roberto Garretón celebró la decisión de Piñera porque así, dijo, "no se rompe el proceso de reconciliación que ha existido en el país con el dictado de sentencias que condenan a personas que violaron derechos humanos.

"Los crímenes contra la humanidad tiene que perdonarlos la humanidad y no una autoridad chilena solamente", agregó.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, aprobó la decisión de Piñera pero advirtió sobre la posibilidad de que el anunciado análisis de cada caso sea usado como subterfugio para beneficiar a algunos violadores de derechos humanos.

El general retirado Rafael Villarroel, presidente del movimiento Chile Mi Patria, que pidió beneficios para militares condenados, dijo que seguirá pendiente de eventuales beneficios carcelarios tras el prometido análisis pormenorizado.

El senador socialista Camilo Escalona calificó de "buena decisión" la adoptada por Piñera de no enviar un proyecto de ley para dar un indulto general. "Se ha constatado que en la sociedad chilena no hay acuerdo en ninguna de las dos posibilidades: ni para crímenes atroces de la delincuencia común ni para crímenes atroces del terrorismo de Estado", aseveró.

El senador Juan Antonio Coloma, presidente de la gubernamental Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó de "prudente y reflexiva" la determinación tomada por el derechista jefe de Estado. Agencia Télam



____________________________

miércoles, 21 de julio de 2010

Revise la Propuesta de Indulto de la Iglesia Católica

.

Propuesta de Indulto Bicentenario de la Iglesia Católica

Iglesia Católica pidió revisar caso a caso posible indulto a violadores de DD.HH.

Goic y Errázuriz presentaron propuesta de la Iglesia Católica a Piñera en La Moneda.
Piden una serie de beneficios para presos enfermos, mayores de edad y mujeres.



La Iglesia Católica pidió revisar caso a caso la situación de los violadores a los DD.HH. Revise el informe de Rafael Pardo. (Foto: UPI)
Cooperativa.cl  

Texto
Comentarios
La Iglesia Católica pidió revisar caso a caso posible indulto a violadores de los DD.HH. en el marco de su proyecto Bicentenario, el cual fue entregado al Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.
ElImagen presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, y el cardenal Francisco Javier Errázuriz, señalaron en su propuesta no estaría completa "si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar".
"No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado", señaló el oficio.
"La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos".
La propuesta entregada por la Iglesia Católica tiene como punto central que los condenados por sentencia ejecutoriada -con las restricciones que la autoridad competente considere prudente establecer como, por ejemplo, delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido buena conducta en los recintos carcelarios, y no constituyen un peligro para la sociedad sean beneficiados con reducción parcial sus penas.
Además, pidió que se conceda una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años de edad. Misma situación para aquellas mujeres que tengan uno o más hijos menores de 18 años.
Que a las personas condenadas privadas de libertad que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel.
Que a los enfermos terminales, debidamente comprobados por la instancia competente, se les condone el saldo de las penas que les resten por cumplir.
Revise la propuesta de indulto de la Iglesia Católica.

sábado, 17 de julio de 2010

Comandante en jefe del Ejército apoya indultos en vísperas de anuncio de Iglesia

General Juan Miguel Fuente-Alba respaldó iniciativa tras participar en una actividad en Antofagasta con Piñera. Hace tres semanas, las FF.AA. le enviaron una nota al Presidente, en la que le señalaban que esperaban un gesto de "clemencia".

latercera.com
por Lorena Ferraro - 11/07/2010 - 09:47 
Minutos después de que el Presidente Sebastián Piñera abandonara la explanada Bernardo O'Higgins de Antofagasta, donde participó ayer en la ceremonia de juramento a la bandera, el comandante en jefe del Ejército,  Juan Miguel Fuente-Alba, abordó una serie de temas que han marcado la agenda de la institución en los últimos días. Uno de esos asuntos, del cual fue consultado, apuntó al Indulto Bicentenario que prepara la Iglesia.  
"Creo que siempre lo que contribuye a la clemencia y tiene un carácter de humanidad respecto de personas que pueden estar privadas de libertad con avanzada edad y estando muy enfermas, creo que una propuesta en ese carácter siempre tiene un sentido positivo", respondió Fuente-Alba.
Las declaraciones del general surgen en las vísperas de que el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal se reúna para zanjar el contenido final de la propuesta, que no distingue  el otorgamiento de beneficios a reclusos civiles o militares vinculados a causas de DD.HH. El encuentro de los obispos se realizará el próximo martes y, de acuerdo con personeros eclesiásticos, su contenido se anunciará el viernes de la misma semana.
De todas formas, Fuente-Alba afirmó que "al Ejército, sobre el detalle o el particular, no nos corresponde tener un pronunciamiento. Solamente señalo lo que me parece natural frente a una propuesta de esas características".
Hace tres semanas, por iniciativa de Piñera, las FF.AA. le enviaron una nota exponiendo su opinión frente a quiénes deberían verse favorecidos con el indulto. Altas fuentes de gobierno señalan que las ramas castrenses reforzaron la idea de que era una facultad del Jefe de Estado, pero que esperaban un gesto de "clemencia" para los uniformados enfermos y ancianos.
Ayer, la afirmación de Fuente-Alba acaparó rápidamente la agenda en la delegación que acompañaba a Piñera a Antofagasta. El tema, de hecho, fue comentario obligado durante un vino de honor que ofreció la institución en las instalaciones de la Tercera Brigada Acorazada del Ejército.
Al respecto, los diputados PPD Patricio Hales y Jorge Tarud señalaron que no aceptarán beneficios a uniformados. "Esto no puede dejar un precedente para la historia (...) las razones humanitarias debieran haberlas tenido ellos antes", dijo Tarud. En cambio, María Angélica Cristi, de la UDI, defendió en algunos casos el indulto.
"Estoy de acuerdo con una situación que pudiera de alguna manera hacer justicia con personas que están detenidas hace muchos años, que están afectadas por su salud", dijo Cristi, agregando que evalúa visitar Punta Peuco, junto a uniformados en retiro.
En paralelo, Piñera apoyó a Fuente-Alba por la condena del Ejército al crimen de Carlos Prats. La Suprema dictaminó el jueves dos cadenas perpetuas en contra del ex jefe de la Dina Manuel Contreras y 60 años de presidio al brigadier (R) Pedro Espinoza.
Por motivos de agenda, el Mandatario no participó en un almuerzo que preparó el Ejército para conmemorar la ceremonia del juramento de la bandera y se reunió con Carlos Cantero, quien se ha transformado en un voto clave en el Senado. Su visita incomodó a los representantes de la oposición en la comitiva, quienes argumentaron que existían razones de "protocolo" para asistir al evento.
 
 
 
_________________________________________
 

Informe 2010 de la Comisión Etica Contra la Tortura: la tortura y Chile en sus 200 años

Por Lucía Sepúlveda Ruiz







El informe 2010 de la Comisión Etica Contra la Tortura “a Chile en sus 200 años”, entregado el 23 de junio en la oficina de partes de La Moneda, sostiene que la represión – tortura incluida – se está utilizando en el país contra aquellos que exigen cambios, especialmente contra trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche que se activan contra un sistema sociopolítico que “excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población y se ha impuesto y mantenido recurriendo a la represión estatal”. El informe que apunta a problemas que tienen que ver especialmente con el uso de la tortura y tratos inhumanos crueles y degradantes, y con la denuncia de la impunidad en contra de los torturadores, se entrega cada año como parte de la conmemoración del Día Internacional Contra la Tortura, el 23 de junio.



La ley antiterrorista


En el caso de los mapuche, denuncia la aplicación de la ley 18,314 de 1984, conocida como Ley Antiterrorista, la utilización de la tortura en las detenciones, tratos inhumanos a menores y miembros de comunidades, y la vigencia de la impunidad por los asesinatos de mapuche de ayer y hoy. Al momento de la entrega de este informe, se recuerda que un comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío, fue asesinado por la espalda por un carabinero del GOPE. Hay 57 presos políticos mapuche procesados o sentenciados por ley antiterrorista, contraviniendo las recomendaciones de Roberto Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para la situación de los pueblos indígenas, que en 2003 señaló que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”. A ello se suma el Informe de Amnistía Internacional, al afirmar que al continuar aplicándose la Ley Antiterrorista, se está incumpliendo “tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto de no hacer uso de estas leyes, como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos”.



La Ley Antiterrorista, señalan, viola las garantías procesales y el debido proceso establecido en normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya la importancia de tener derecho al debido proceso. Permite la existencia de “testigos sin rostro”, que pueden acusar e inculpar sin identificarse, violando así el derecho a un juicio justo y siguiendo bajo la vigencia del concepto de “enemigo interno”, emanado de la Ideología de la Seguridad Nacional.

Libertad de expresión



Además, recuerda el informe, han sido acusados y perseguidos periodistas extranjeros y artistas visuales nacionales. El caso de Elena Varela, recientemente absuelta de todo cargo por la justicia, es un ejemplo patético, pues ha debido soportar seis años de persecución injusta, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, antes de ser sobreseída, y su material de trabajo no le ha sido devuelto. Similar situación ha afectado, entre otros, a Azel Luzuriaga, escritor y músico vasco, detenido el 31 de diciembre de 2009 por la Ley Antiterrorista, bajo la acusación de colocación de bombas. En febrero de 2010 se decretó su arresto domiciliario y el arraigo nacional.

La vida humana y las cárceles

Asegura la comisión que parecieran olvidadas por las autoridades las recomendaciones al Estado chileno por el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), sobre el cumplimiento de compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, algunas de las cuales se refieren a las deficientes condiciones al interior de las cárceles. Ello a la luz de lo que sucedió para el terremoto, cuando al menos tres reos murieron por efecto de los disparos de gendarmes que aplicaron la ley de fuga en un momento de catástrofe, y otro reo, Horacio Núñez, murió quemado por el incendio provocado por los presos, al ser aplastado por un muro y encontrarse encadenado en su cama. Las tres víctimas de los gendarmes son Luis Guillermo López Valenzuela (26 años); Jonathan Andrés Aguirre Aguirre (21 años); y Rodolfo Leal Medina (32 años) y el informe documenta que el Ministro de Justicia de la época, Carlos Maldonado, manifestó al respecto que la situación descrita constituiría “un triunfo” para la mantención del orden, sin detenerse en el valor de la vida de un ser humano.

Respecto de quienes sufrieron prisión política y tortura durante la dictadura, la Comisión llama a superar la exclusión de la calidad de víctimas del terrorismo de Estado de los detenidos en manifestaciones públicas; los que fueron torturados fuera de los recintos oficiales de detención; los extranjeros; los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor y quienes fueron objeto de detención por menos de cinco días.


Agregan que la pensión mensual otorgada a las víctimas vulnera el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura, donde se reconoce para las víctimas “el derecho a una indemnización justa y adecuada”; no ha habido reparaciones jurídicas y morales para los afectados; tampoco ha habido medidas educativas y de prevención de la tortura; e insisten en que debe derogarse la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones concretas de los delitos denunciados ante la Comisión Valech.


La CECT reitera, ante los 200 años de vida de la República, la proposición de reabrir indefinidamente la acreditación de las víctimas chilenas o extranjeras por violaciones a los derechos humanos cometidos en territorio nacional o en el exterior por agentes represivos del Estado chileno; aprobar una nueva ley de reparación que asuma las propuestas iniciales de la Comisión Valech; y eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura. Se llama a la derogación de la Ley de auto Amnistía de la dictadura; juicio y castigo a los agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria de prisioneros, delitos imprescriptibles que no pueden ser objeto de amnistía alguna.

Contenidos del informe


El informe 2010, de 70 páginas, incluye la Agenda de Derechos Humanos levantada por Amnistía Internacional y apoyada por una gran diversidad de organizaciones; un artículo sobre la Tortura y Legislación Internacional del abogado Roberto Garretón. A ello se agrega un estudio sobre la desigualdad del periodista Paul Walder, y una denuncia sobre la condición actual de los ex presos políticos, suscrita por Juan Rojas, ex preso político. Pablo Ruiz escribe denunciando la continuidad de participación de uniformados chilenos que cursan estudios en la Escuela de las Américas, actualmente situada en Fort Benning, Estados Unidos, y Hervi Lara se refiere a un tema estrechamente relacionado: el GOPE (fuerzas especiales de Carabineros) y la tortura.


Finalmente, en la parte gruesa del informe, Beatriz Brinkman escribe sobre los derechos del Pueblo Mapuche, y Lucía Sepúlveda aporta un registro documentado sobre Tortura y Prisión Política a luchadores sociales mapuche, que incluye el listado de casos de 96 presos políticos y procesados mapuche, de los cuales 57 personas cumplen prisión efectiva, y también 57 están siendo procesados o han sido condenadas por la legislación antiterrorista. En forma especial se alude al caso de la lonko Juana Calfunao, una de las fundadoras de la Comisión Ética, quien permanece en prisión por más de 3 años y a quien le ha sido negado el acceso a la libertad condicional. También se detallan las escasas sentencias absolutorias y las querellas (pendientes) por tortura o tratos inhumanos presentadas a la justicia. Un análisis final se refiere a la estrategia ideada por los fiscales de re-formalización de los presos como una nueva modalidad que permite extender los plazos de detención sin juicio oral y complejizar las tareas de la defensa. Hay testimonios de casos de tortura, y como anexo se entrega el informe “Cronología y Descripción de Situaciones de Represión y Violencia Ejercidas por Instituciones Policiales del Estado de Chile contra Niños, Niñas y Adolescentes Mapuche (2001 – 2009)”, elaborado por la psicóloga Claudia Molina González y el organismo denominado Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche, ingresado al Comité de los Derechos del Niño en el 53° período de sesiones de Naciones Unidas en enero de 2010, en Ginebra, Suiza.

La Comisión Etica Contra la Tortura es una entidad conformada en marzo de 2001 por organizaciones de derechos humanos y personalidades de reconocida solvencia moral, con la finalidad de que el Estado de Chile asumiera su responsabilidad respecto de los sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura militar. Entre otras, la integran Amnistía Internacional-Chile; el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch); el Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile (CONFERRE); el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la Asociación Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL); la Coordinación Nacional de Ex Presos Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos; Comisión Etica contra la Tortura de Santiago, Temuco, Valparaíso, San Antonio, y un equipo de trabajo exterior integrado por personas que residen en Francia, Suiza, Canadá, Bélgica e Italia. La CECT – Chile está afiliada a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra.



Lucía Sepúlveda Ruiz





http://periodismosanador.blogspot.com/
Publicado por Colectivos MAPU en 13:34Etiquetas: Comisión Valech, derechos humanos, desaparecidos,ejecutados, impunidad, pueblo mapuche, torturados,violencia policial







_______________________________________

sábado, 10 de julio de 2010

El conflicto en Interior por Programa de Derechos Humanos

El Mostrador
7 de Julio de 2010

Dichos del subsecretario por caso de embajador en Panamá encendieron ánimos de abogados

Rodrigo Ubilla trató de ineficientes a los profesionales de la entidad, aludiendo a que demoraban en tramitar las causas, luego que citaran a declarar como inculpado en la Operación Cóndor al embajador de Chile en Panamá, Carlos Labbé, sin informar al gobierno. Los jueces en privado calificaron sus dichos como “ignorancia”, aunque declinaron profundizar la polémica. No es lo único. En el organismo que dirige la ex fiscal Rossy Lama creen que el gobierno busca ser informado de las diligencias que se pedirán para ejercer poder de veto.


  • Tres casos en cien días
  • 1. Miguel Otero: Tuvo que renunciar a su cargo de embajador en Argentina debido a que en una entrevista con el diario Clarín aseguró que en Chile hubo muchas personas que no sintieron la dictadura militar.
  • 2. José Miguel Steigmeier: El gobierno le pidió la renuncia cuando supo a través de este medio que el designado gobernador del Biobío aparecía ligado a triangulaciones de dinero de Colonia Dignidad.
  • 3. Iván Andrusco: Ex general (R) de Carabineros, dejó la dirección de Gendarmería tras declarar como inculpado en el caso de degollamiento de cuatro profesores en 1985 por agentes de la Dicomcar.
Temas relacionados
Programa de Derechos Humanos ya tiene nueva cabeza
 
Las relaciones entre los abogados del Programa de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior son cada vez peores; más aún con la directora, la ex fiscal Rossy Lama. La tensión no es nueva. Se viene arrastrando desde que Lama fue designada como nueva jefa del Programa e impuso nuevos criterios de productividad y administración que han caído como un balde de agua fría entre los profesionales que tramitan estas causas por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, las declaraciones del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla en una entrevista reciente con La Segunda, profundizaron las diferencias debido a que Ubilla cuestionó la eficiencia de los abogados y dijo que las causas demoraban más de lo necesario.

“Ignorancia”

Los dichos de Ubilla calaron hondo entre los abogados del Programa, sobre todo porque el secretario de Estado cometió un grave error de concepto: los sustanciadores de las causas son los ministros de la Corte de Apelaciones, responsables de los tiempos que usan para llevarlas adelante.
De esta manera, quizás no previendo el alcance de sus palabras, Ubilla le pegó al Poder Judicial. Algunos ministros consultados por este diario, se manifestaron molestos por la “alusión gratuita y oblicua” -otros usaron la palabra “ignorancia”- de Ubilla para criticar su trabajo, aunque declinaron hablar públicamente, para no verse envueltos en temas políticos que pudieran afectar su independencia.
Otro detalle que Ubilla olvidó, es que gran parte de las causas, muchas de ellas con condenas a firme, han demorado por la falta de colaboración de los militares, como también las dificultades propias de reconstruir organigramas secretos de la inteligencia política de los 70 y 80 en Chile. Casos para demostrarlo, están a la vista: el proceso por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier (demoró cinco años), del sindicalista Tucapel Jiménez (20 años), entre muchos otros.

Los protocolos

Todo lo anterior, sin embargo, tiene dos hechos precisos. El primero, la citación a declarar, en calidad de testigo, del ex comandante en Jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, el general (R) Óscar Izurieta, en el proceso por el homicidio del cantante Víctor Jara.
Izurieta tuvo que prestar declaración, debido a que el subdirector de la DINA, el brigadier (R) Pedro Espinoza, lo mencionó en el expediente como quien tendría información sobre la muerte del folclorista y la identidad de “El Príncipe”, autor material del hecho.
La jefa del programa, Rossy Lama, fue informada de la situación del embajador Labbé a través del segundo de abordo, el abogado Francisco Ugás.
El gobierno, en su oportunidad, cuestionó la diligencia, solicitada por los abogados Karina Fernández y Cristián Cruz, la que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Ambos profesionales han sido el centro de los cuestionamientos del subsecretario Ubilla y el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.
Según Rossy Lama, en una entrevista otorgada a radio Bío Bío, no se respetaron las normas internas que obligan a informarle de las diligencias que se solicitarán en cualquier proceso.
Varios profesionales consultados por este diario, reconocieron que Lama no fue avisada, pero justificaron el actuar de Fernández, debido al clima de desconfianza mutua que reina al interior del programa.
En ese mismo contexto, el gobierno recibió un duro golpe de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). La organización sostuvo un encuentro protocolar con el Presidente Sebastián Piñera, luego del cual las dirigentes salieron muy molestas, aduciendo una falta de respeto del Mandatario. Este hecho fue rebotado por todos los medios, pero duramente criticado por el ministro Hinzpeter.

Cambio de lógica

Transcurrieron algunas semanas y la citación a otra autoridad del gobierno volvió a caldear los ánimos de La Moneda. Esta vez fue requerido en calidad de inculpado, el recién designado  embajador de Chile en Panamá, Carlos Labbé –hermano del alcalde de Providencia y ex agente de la DINA, Cristián Labbé-, por la jueza Raquel Lermanda, en el marco del proceso que sustancia por las víctimas de la Operación Cóndor.
Labbé fue citado, debido a que a mediados de los 70 ocupó el cargo de segundo secretario en la legación diplomática de Buenos Aires, Argentina. En esa calidad, según el ex agente de la DINA Carlos Labarca Sanhueza -entre otros- era el nexo con Enrique Arancibia Clavel y el agregado militar de la época, enviando informes secretos a través de la valija diplomática.
En el antiguo sistema de persecución penal de los delitos, cuando alguien ha prestado declaración como testigo o no lo ha hecho y luego de otros interrogatorios es imputado por terceros de alguna acción constitutiva de delito, la lógica de cualquier organismo perseguidor -como es el Programa de DDHH y el Consejo de Defensa del Estado-, es buscar la mayor cantidad de procesados y las más elevadas penas.
La preocupación de La Moneda está puesta en una entrevista que dio la abogada Karina Fernández y que se publicará este jueves. Según sus colegas, Fernández contará su verdad y se inmolará

Por esta razón, las palabras de Ubilla se instalan para el mundo de los derechos humanos como estrategia para constituir un poder de veto, a través de Rossy Lama, de las diligencias que se solicitarán y aplicar un criterio político más que persecutorio.

Dichos contradictorios

A diferencia de lo sucedido con Izurieta, la jefa del programa, Rossy Lama, fue informada de la situación del embajador Labbé a través del segundo de abordo, el abogado Francisco Ugás, hecho que se contradice con la nota publicada por el diario El Mercurio, el 30 de junio pasado.
Cercanos a Lama aseguran que la versión no fue entregada al matutino por la jefa del programa, sino por Ubilla quien “se arrancó con los tarros en La Segunda”, desconociendo que en esta oportunidad si se cumplieron los protocolos. De hecho, existe un correo enviado por el propio Ugás a Lama, situación confirmada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, el primer profesional que logró procesar a Pinochet en el caso Caravana de la Muerte.
De allí que el conflicto interno subió de tono. Solicitudes de reunión, una discusión fuerte entre la abogada Karina Fernández y Lama, más el aumento de la desconfianza, terminaron por sellar la semana pasada este conflicto que ha ido escalando.
Pero también en ese contexto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla cuestionó la idoneidad profesional de los abogados del programa, tratando de evitar con esto que La Moneda fuera nuevamente cuestionada por nombrar funcionarios con un cuestionable pasado durante la dictadura, como lo dijera el propio Piñera durante la campaña (ver recuadro).
La preocupación de La Moneda, sin embargo, ahora está puesta en una entrevista otorgada por la propia Karina Fernández a The Clinic que saldrá publicada este jueves. Allí, la abogada cuenta su verdad y todos los episodios vividos al interior del Programa de DDHH. Según sus colegas, Fernández se inmolará. Para ellos, es altamente probable que desde Interior llegue la orden de despedirla.
Este diario intentó obtener una versión de Rossy Lama, del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y del abogado Ugás pero no hubo respuesta.

Preocupación en Cancillería

En Cancillería en tanto llamaron la atención las declaraciones del ministro Alfredo Moreno en torno a que si se comprueba la responsabilidad penal de Labbé, éste debería abandonar el servicio exterior, distanciándose del discurso estructurado por la Casa de Gobierno.
Fuentes del edificio Carrera comentaron que existe preocupación entre los funcionarios de carrera y los políticos, ya que a muchos de ellos les correspondió estar al mando de legaciones diplomáticas durante la dictadura militar, donde los servicios de inteligencia tenían una fuerte presencia y control.
En este sentido, recordaron el caso del embajador Luis Palma Castillo, quien fuera nombrado por Bachelet para asumir la agregaduría de Venezuela, pese a sus vínculos con la desaparecida CNI, obligando a la Cancillería a retirar su beneplácito.





________________________________

DECLARACIÓN DE LA AFEP A LA OPINIÓN PÚBLICA




ACERCA DE REUNIÓN EXCLUYENTE DE LOS QUERELLANTES
DECLARACIÓN DE LA AFEP A LA OPINIÓN PÚBLICA
           Con profunda indignación nuestra Agrupación se hace un deber denunciar ante la opinión pública la realización en el día de ayer, lunes 5 de julio, de una reunión acordada entre el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Policía de Investigaciones para tratar la forma en que se abordará el curso de las nuevas querellas que la AFEP ha venido presentando en las últimas semanas y que continuará presentando hasta que no quede ningún caso de ejecutado político durante la dictadura militar sin que se investigue y se juzgue.
Este encuentro a espaldas de los querellantes, sin haber invitado a ningún dirigente de la AFEP ni a ninguno de nuestros abogados, no es sólo una desconsideración, un error jurídico y un problema ético, sino que es además una nueva señal que justifica nuestra apreciación en el sentido de que los personeros del actual gobierno buscan afanosamente la impunidad de los culpables. Tras la reunión que denunciamos está sin duda el Ministerio del Interior y en particular el Subsecretario Rodrigo Ubilla. Es nuestro deber que el país conozca lo que está sucediendo en materia de derechos humanos.
La AFEP valora la actitud del magistrado a cargo de los procesos, señor Mario Carroza, quien no concurrió a ese inaceptable encuentro y valora asimismo la conducta de los abogados del Programa que hicieron presente la necesidad de que en reuniones de esa naturaleza, quienes deben  participar con más derecho y legitimidad que nadie, son los representantes de las víctimas. Es decir, los querellantes.


Señalamos finalmente que ni las exclusiones ni los malos tratos nos harán desistir de nuestra infatigable búsqueda de verdad y justicia. Es más, anunciamos la presentación para los próximos días de cientos de nuevas querellas que corresponden a casos nunca investigados. Con o sin apoyo de quienes por otra parte están legalmente obligados a hacerlo, la AFEP llevará adelante su lucha en defensa de los derechos humanos que es a la vez una contribución poderosa al desarrollo de una democracia verdadera en el pais.



Santiago 06 de julio 2010




___________________________________

viernes, 2 de julio de 2010

Jiménez y Aguiló pidieron pronta destitución de embajador en Panamá

Notas Relacionadas

Los diputados y miembros de la comisión de Derechos Humanos, Tucapel Jiménez (PPD) y Sergio Aguiló (PS), pidieron al Gobierno la destitución del embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, luego de que este último fuese llamado a declarar por su vinculación con la llamada Operación Cóndor.

Asimismo se aprobó de manera unánime dentro de la comisión de DD.HH la remoción del diplomático en cuestión. "Es de extrema gravedad que él se mantenga en funciones, toda vez que la justicia lo investiga por uno de los delitos más graves en materia de Derechos Humanos ocurrido durante la dictadura militar. Es por eso que la comisión de Derechos Humanos, de manera unánime, acordó solicitarle al gobierno la inmediata remoción del embajador Labbé, porque es un despropósito. Lesiona gravemente los intereses de Chile ante la comunidad internacional", sostuvo Aguiló.

Por su parte, Jiménez llamó al gobierno a actuar con prontitud en la destitución y advirtió que las designaciones de gobierno corresponden a una "estrategia para reivindicar a personajes ligados con la dictadura militar".

"Es triste que nos demos cuenta que ya no es improvisación lo que está haciendo el Gobierno sino que una estrategia para reivindicar a personajes ligados con la dictadura militar y con violaciones a los Derechos Humanos. No puede ser casualidad que se produzcan tantas equivocaciones en estos nombramientos", afirmó Jiménez.
 
 
 
 
______________________________________

Hinzpeter cuestionó trabajo del Programa de Derechos Humanos

El ministro del Interior criticó la lentitud de los procesos que lleva el organismo.
El titular de Justicia aseveró que el Gobierno tiene un compromiso "irrenunciable" con los DD.HH.
Cooperativa.cl   
 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, cuestionó el trabajo del Programa de Derechos Humanos, organismo dependiente de la cartera, por la lentitud de los procesos que llevan adelante.
Imagen"Hay causas que llevan una tramitación excesiva, la justicia tiene que ser oportuna y siempre es deseable que los procesos judiciales avancen rápido", aseveró el ministro.
En tanto, el titular de Justicia, Felipe Bulnes aseguró que el Gobierno tiene un "compromiso irrenunciable" con los DD.HH. y por ello afirmó que "tenemos la confianza y la tranquilidad de que se va a seguir avanzando".
"Los DD.HH. no son patrimonio de un sector político, sino que es un patrimonio de todo el país", sostuvo Bulnes.







____________________________________

Operación Cóndor: Canciller no descarta destitución de embajador en Panamá

Alfredo Moreno fue claro en señalar que si se comprueba que Alberto Labbé participó en el caso, "no corresponde que sea un funcionario público".
EFE
Jueves 1 de Julio de 2010 15:23
Pese a las acusaciones, Moreno sostuvo que en su ministerio no existen antecedentes.
Foto: Héctor Flores, El Mercurio

SANTIAGO.- El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, aseguró este jueves que de comprobarse que el embajador en Panamá, Alberto Labbé Galilea, tuvo nexos con la llamada Operación Cóndor, lo que ha desatado emplazamientos de parte de la oposición.

En ese caso, "no corresponde que sea un funcionario público", dijo en declaraciones a radio ADN, aunque reiteró que enno existe antecedente alguno que lo relacione al caso.

Sobre esa base, pidió esperar los resultados de la investigación judicial: "Atengámonos a lo que resuelva la jueza", manifestó y subrayó que "en materia de derechos humanos no hay que hacer ninguna transacción, de ningún tipo".

Según fuentes vinculadas al proceso, Alberto Labbé, que fue citado a petición de abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ha sido señalado por varios testigos de haber enviado informes que terminaron en manos de la DINA, cuando era segundo secretario de la embajada de Chile en Buenos Aires.

Labbé enviaba por valija diplomática documentos con información sobre exiliados chilenos que vivían en Argentina, que le era entregada por Enrique Arancibia Clavel, un agente de la DINA, quien años después fuera condenado por su participación en el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, en 1974.




_______________________________________

Gutiérrez (PC): “Directora del Programa de DD.HH. conocía notificación a embajador en Panamá”

2 de Julio de 2010


"(Ella) está mintiendo al Gobierno, a su propio jefe directo, de que ella decía que desconocía que se había presentado la solicitud", sostuvo el diputado.

  Temas relacionados
El diputado del PC Hugo Gutiérrez aseguró hoy que la directora del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Rossy Lama, conocía la notificación al embajador en Panamá, Alberto Labbé, a declarar como inculpado en caso Operación Cóndor.
“Habían cumplido todos los protocolos que habían sido impuestos por la señora Rossy Lama, por tanto estaba informada de que efectivamente estas acciones habían sido presentadas en contra del embajador Labbé”, sostuvo el parlamentario en radio Cooperativa.
“(Ella) está mintiendo al Gobierno, a su propio jefe directo (subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla), de que ella decía que desconocía que se había presentado la solicitud”, indicó el abogado.
Agregando que “ella debió haber informado a su vez al subsecretario Ubilla, lamentablemente no fue así y ahí está lo grave porque los protocolos impuestos por ella fueron cumplidos”.
Gutiérrez salió al paso a las acusaciones del ministro de la cartera, Rodrigo Hinzpeter, en cuanto a la lentitud del programa. “Ha habido un avance sustancial importante en el desarrollo de todas estas causas que son lentas, que son difíciles (…) son causas que se entrampan porque no hay colaboración de los involucrados”, por ello, “no es sencillo echar la culpa a los abogados en causas que son complejas”, concluyó.



______________________________________

jueves, 1 de julio de 2010

Embajador Labbé es citado a declarar por Operación Cóndor

 
Por Jorge Escalante / La Nación
 Jueves 1 de julio de 2010 | | País
 
El nuevo representante diplomático en Panamá fue convocado en calidad de “inculpado” y no como testigo.

La jueza Raquel Lermanda, que reemplaza al ministro Víctor Montiglio, decretó que el nuevo embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, debe concurrir a declarar en calidad de “inculpado” en el proceso por los crímenes de la Operación Cóndor.
De acuerdo a la resolución aprobada por la magistrada, Labbé, quien entre 1975 y 1976 se desempeñaba como segundo secretario en la embajada de Chile en Buenos Aires, deberá indicar cuál era su relación con los agentes de la DINA que integraban el departamento exterior de ese organismo represivo y que permanecían adscritos a esa sede diplomática.
El embajador, que es hermano del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, deberá además dar razón acerca de los envíos que el agente DINA, Enrique Arancibia Clavel, hacía por valija diplomática dirigidos a la DINA en Santiago, conteniendo información y antecedentes de chilenos que residían en Argentina, algunos de los cuales luego desaparecieron en el marco de la Operación Cóndor.
El nombre de Labbé fue mencionado en el proceso Operación Cóndor al menos por los ex agentes DINA instalados entonces en esa embajada, Carlos Labarca Sanhueza y Luis Palma Moreno.
Ambos sostienen que Labbé se relacionaba con ellos para recibir la información que se enviaba vía valija diplomática a la DINA en Santiago.
Sostiene Labarca Sanhueza procesalmente que el agente DINA, Víctor Barría Barría, oficial de Estado Mayor que en ese tiempo era el jefe de ese organismo en la embajada “me entregaba en algunas ocasiones documentos para entregarlos a la persona que en la embajada estaba encargada de enviar la valija diplomática, función que cumplía un diplomático que puedo recordar como un señor de apellido Labbé”.
A su vez Palma Moreno afirma judicialmente que “el señor Labbé” mantenía contactos con otro “agregado militar DINA” de ese tiempo en la embajada, “el coronel Osvaldo Hernández Pedreros”.
CANCILLER MORENO
Al cierre de esta edición, el canciller Alfredo Moreno manifestó que había conversado con el embajador Labbé, “quien se enteró por la prensa de la citación que ha realizado la jueza. El embajador me ha señalado que se pondrá inmediatamente en contacto con la jueza para entregar cualquier antecedente que le sea requerido”.
Añadió que como es sabido, “la posición invariable del gobierno es que todos los funcionarios, al igual que cualquier chileno, deben estar a completa disposición de la justicia”.
Asimismo, señaló que el ministerio que dirige “es respetuoso de la labor del Poder Judicial y espera que los hechos se aclaren en forma rápida y definitiva”.
 
 
____________________________________

Piñera enfrenta nuevo escándalo por embajador vinculado a la Operación Cóndor


30 de Junio de 2010
Alberto Labbé tendrá que declarar en calidad de inculpado

El diplomático y hermano del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, se hizo cargo a fines de mayo de la legación chilena en Panamá. Sin embargo, la jueza Raquel Lermanda resolvió que debe comparecer por sus vínculos con el ex agente de la DINA y único condenado del caso Prats, Enrique Arancibia Clavel, cuando se desempeñaba como segundo secretario de la embajada de Chile en Buenos Aires. El diputado Tucapel Jiménez dijo que la comisión de DD.HH. de la Cámara ya acordó pedir al Ejecutivo su destitución. [Actualizada]

El recientemente nombrado embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, fue citado a declarar como inculpado en el juicio que se sigue por la denominada “Operación Cóndor”.
La citación de Labbé, un diplomático de carrera de cuyo nombramiento en Panamá se informó oficialmente el pasado 28 de mayo por la Cancillería, fue emitida por la jueza Raquel Lermanda, que reemplazó en el juicio al magistrado Víctor Montiglio a petición de abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
La Operación Cóndor fue una coordinación entre las dictaduras militares de los países del Cono Sur para asesinar opositores en los años 70 y 80.
Alberto Labbé fue señalado por varios testigos de los casos de chilenos opositores a la dictadura de Augusto Pinochet detenidos y hechos desaparecer en Argentina, Paraguay y Brasil desde 1975, cuando el diplomático era segundo secretario de la embajada de Chile en Buenos Aires.
Abogados de derechos humanos comentaron que Labbé, hermano del alcalde del Municipio de Providencia y ex coronel del Ejército Cristián Labbé, envió por valija diplomática, una lista con información de chilenos que vivían exiliados en Argentina.
Según las fuentes, la información le fue entregada por Enrique Arancibia Clavel, un agente de la DINA, la policía secreta de Pinochet, que años después fue condenado en Argentina por su participación en el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército chileno Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, cometido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.
Arancibia Clavel vivía en un exilio no oficial en Buenos Aires por haberse implicado también en el asesinato de antecesor de Prats en la comandancia del Ejército chileno, René Schneider, ocurrido el 25 de octubre de 1970.
Aunque no se especificó cuando Alberto Labbé Galilea viajará a Chile para declarar, se informó de que la jueza Lermanda ha solicitado su presencia para saber cual fue “realmente” el papel que cumplió en la sede diplomática de Buenos Aires.
El listado enviado desde Buenos Aires por Labbé finalmente terminó en manos de la Dina.
Según informaciones entregadas por agrupaciones de derechos humanos, se estima que en Argentina, donde cientos de chilenos se exiliaron, desaparecieron unos 70 de ellos, desde la instauración de la dictadura militar en Chile.

Reacciones

El canciller Alfredo Moreno, consultado al respecto por la radio Bío Bío, se mostró sorprendido con la noticia y aseguró  que no tenía antecedente alguno de la situación que enfrentaba el diplomático.
“No conozco la información de la cual me están hablando, así que difícilmente le puedo dar una reacción”, dijo escuetamente el secretario de Estado.
En tanto y en declaraciones a la misma emisora, el diputado del PPD Tucapel Jiménez, quien integra la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, afirmó que dicha instancia ya acordó pedirle al gobierno  la salida de Labbé.
“Hemos aprobado como comisión pedirle al ministro de Relaciones Exteriores que destituya de inmediato a este embajador, porque creo que no podemos tener un embajador que representa a todos los chileno llamado a declarar como inculpado en un caso tan grave como es la operación Cóndor”, dijo.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desapearecidos (AFDD), Lorena Pizarro, manifestó su molestia por el hecho que sigan apareciendo en distintos cargos personas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
“Esta es una costumbre que está siendo demasiada costumbre, y uno se pregunta hasta cuando vamos a ir descubriendo,  como con un cuentagotas, a  sujetos que ocupan responsabilidades en el aparato del Estado vinculados a crímenes contra la humanidad”, sostuvo.



___________________________________

Gobierno e indultos: “No daremos señal equívoca”

/ La Nación
Miércoles 30 de junio de 2010 | | Política 
 
 
“Esto no forma parte del programa de gobierno”. Así, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, enfrentó las críticas que las organizaciones de derechos humanos y la oposición levantaron contra la posibilidad de que el gobierno acoja un indulto promovido por la Iglesia para conmemorar el bicentenario y que podría beneficiar a militares en retiro condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Y aunque el Ejecutivo dará a conocer su opinión una vez que la Iglesia haga llegar su propuesta oficial, Bulnes adelantó que el gobierno ya ha definido algunos criterios: “Hay que combinar las nociones de misericordia con las de seguridad ciudadana. No vamos a optar por ninguna medida que implique dar una señal equívoca”.
Desde la Concertación, el senador DC Eduardo Frei sostuvo que “no puedo estar en acuerdo con una medida que me parece inconveniente. Sería retroceder el esfuerzo que hemos hecho en estos 20 años para ir ayudando a las familias de detenidos desaparecidos”.
El rechazo fue compartido por la senadora de Renovación Nacional, Lily Pérez, quien afirmó que la idea “va en una línea absolutamente opuesta a lo que la gente espera del nuevo gobierno, que es garantizar protección y mayor seguridad de las personas”.
En tanto, el senador UDI Víctor Pérez afirmó que “nos vamos a preocupar que si el gobierno acoge el llamado de la Iglesia Católica, éste se apegue al principio de misericordia que está en el espíritu de la solicitud. Esto implica que se debe considerar el estado de salud de los condenados, y por supuesto el delito que cometieron, y claramente en algunos casos no se puede acceder a la petición de la Iglesia”.



_______________________________________

Indulto Bicentenario: La Moneda estudia no aplicar beneficio a delitos graves

En el gobierno se ha impuesto la tesis de que el indulto general promovido por la Iglesia debe ser restrictivo. En caso contrario, podría ser una mala señal contra la delincuencia. Ese criterio dejaría fuera a casos de DD.HH.

por J. M. Wilson - 29/06/2010 - 08:26 
Aunque a La Moneda aún no llega la propuesta de la Conferencia Episcopal para conceder un indulto general por el Bicentenario, en el Ejecutivo ven como lejana la posibilidad de beneficiar por esa vía a condenados por delitos graves, como hechos de sangre o de alta connotación social.
Ese criterio, según admiten en Palacio, dejaría automáticamente afuera del beneficio promovido por la Iglesia a los involucrados en causas de DD.HH. Los ex uniformados, en su gran mayoría, están sentenciados por homicidio y secuestro.
Además de las repercusiones políticas y en la opinión pública que podría tener una decisión de esa naturaleza, el problema del gobierno es que si extiende el indulto general a un ex militar vinculado a un hecho de sangre, la misma medida podría favorecer a civiles presos por crímenes de la misma tipificación.
Altos funcionarios del Ejecutivo  creen que el indulto será de carácter "restrictivo". De lo contrario -explican en el gobierno- podría darse una mala señal en el combate a la delincuencia, al existir pocas chances de establecer diferencias entre culpables de violaciones a los DD.HH. y condenados por un homicidio sin connotación política.
Sin embargo, la inclinación del gobierno a no incluir casos graves iría en contra de la postura mayoritaria de parlamentarios oficialistas  que -con motivo del Bicentenario y en un gesto de unidad- piden que se conceda algún tipo beneficio carcelario a ex uniformados, que cumplían órdenes, que no tuvieron participación reiterada en delitos o no estuvieron directamente involucrados.
Durante el fin de semana, el tema fue abordado por el Presidente Sebastián Piñera con los senadores oficialistas Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Andrés Allamand y Alberto Espina, quienes fueron invitados a pasar unos días en el Palacio de Cerro Castillo.
Espina -quien declinó opinar de sus conversaciones con el Presidente- tomó distancia de dirigentes de RN y la UDI que pidieron a La Moneda extender el beneficio a ex militares.
El senador RN dijo que el indulto Bicentenario debería ir dirigido a quienes cometieron hechos menores y "bajo ningún concepto delitos graves, que son aquellos como homicidios, secuestros o abusos sexuales".
"Pensar en darles indulto a personas que han cometido delitos graves es una señal profundamente equivocada, porque el gobierno está dando una durísima lucha contra la delincuencia", agregó.
Entre otros criterios necesarios para acceder al beneficio, Espina propuso que deberían ser reos con enfermedades terminales y que tengan una edad avanzada. "De haber un indulto tiene que hacerse sobre la base de criterios básicos, basados en el principio de humanidad", dijo.
Otras voces en el oficialismo creen que para el caso de ex militares, se podría materializar algún beneficio, gracias a la facultad presidencial que establece la Constitución de conceder indultos particulares, es decir, "caso a caso".
Consultado ayer el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, dijo que "no le corresponde a la Conferencia Episcopal determinar a quiénes, cómo y las modalidades (del indulto), porque eso forma parte del ordenamiento civil. Nos interesa que en la celebración del Bicentenario el país tenga un signo de reconciliación y misericordia".
El prelado agregó que "este indulto no puede tener restricciones particulares", salvo las que establezca la legislación.

________________________________