viernes, 27 de febrero de 2015

Amnistía Internacional le tira las orejas a Chile por no derogar Ley de Amnistía. Todas las miradas van hacia el Senado

26/02/2015 |
Por Equipo Cambio21
Ante las críticas de Amnistía Internacional y de la Cámara Baja, desde el Senado aseguraron que durante marzo se avanzará en esta materia. Diputado Jiménez: "Falta que el Gobierno insista con la urgencia, lo que obligaría el Senado a que haga de forma expedita el debate".
La eliminación de la Ley de Amnistía fue una de las principales promesas electorales de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet durante 2013. Ya instalada en La Moneda, la Mandataria le puso "suma urgencia" a la iniciativa, específicamente en septiembre de 2014, fecha recordatoria del golpe de Estado de 1973.

Sin embargo, producto de lo recargado de la agenda legislativa el tema quedó anclado en el "sueño de los justos" y "anclada en el Parlamento sin avanzar", como alegan en Amnistía Internacional, entidad que instó al Gobierno de la Nueva Mayoría a apurar la derogación de la ley, que como se sabe fue dictada en el régimen de Augusto Pinochet en 1978.

"Hacemos un llamado para que la anulación de la amnistía sea trabajada con la mayor celeridad posible", declaró el director de la organización en Chile, Roberto Morales, quien presentó en Santiago el capítulo chileno del informe anual sobre "La situación de los derechos humanos en el mundo".

Cabe recordar que el Decreto Ley 2.191 del 10 de marzo de 1978 exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos y violaciones a los DD.HH. El texto fue redactado por la entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga, en la foto, y les concede "a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas".

En el recorrido de esta legislación se cuenta una moción presentada el 21 de abril de 2006 (al inicio del primer Gobierno de Michelle Bachelet) por los senadores Guido Girardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Alejandro Navarro (PS hoy del MAS) que planteaba la derogación.

Más adelante, en 2010, fue archivada, decisión que fue revertida el 28 de enero de 2014 (gestión de Sebastián Piñera) por determinación de la sala.

¿No están los votos?


"No entiendo por qué ha sido tan difícil eliminar una ley que fue decretada por un propio Gobierno", dice el diputado e integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Tucapel Jiménez (PPD).

En diálogo con Cambio21, el parlamentario expresó que "la ley partió ilegítima porque vino de un Gobierno que cometió los ilícitos y que después hace una ley de autoamnistía para salvarse. Nos ha costado muchos años eliminarla. Recuerdo que con Juan Bustos (fallecido) presentamos un proyecto que reinterpretaba el artículo 93, que en el fondo terminaba con la amnistía. Por eso que es atendible que vengan estos consejos internacionales para terminar con esta legislación".

"Chile tiene que ponerse a la altura y hacer todos los esfuerzos. Así lo expresó el Gobierno en septiembre pasado, por lo que esperamos que el Senado reaccione y pueda terminar de una vez por todas empezar la discusión de este proyecto y aprobarlo que es lo más importante", remarcó.

A juicio del dirigente, "espero" que estén todos los votos. "Nunca se sabe. Aquí en política aprendí a responder por mí y por mis votos. Uno de repente dice: acá están y después no aparecen. Lo que sí entiendo es que la derecha siempre se ha opuesto a esta eliminación, pero creo que hoy día debiéramos tener mayoría. En la Cámara la tuvimos y en el Senado también deberían estar los votos".

A favor el oficialismo tiene que los senadores ex RN Lily Pérez y Antonio Horvath "han estado por aprobar la eliminación de la amnistía", por lo que "deberíamos tener los votos, aunque hay que esperar el fin del conteo, pero debieran estar. Falta, eso sí, que el Gobierno insista con la urgencia, lo que obligaría el Senado a que haga de forma expedita el debate", concluyó.

Marzo es cuándo

Ante la crítica declaración de Amnistía Internacional y del diputado Jiménez, el senador y miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros (PS), aseguró a este medio que "avanzar en la eliminación de la ley de amnistía es excelente".

"Todo lo que tenga que ver con temas que ayuden a los derechos humanos hay que estudiarlo. Y en ese sentido, el compromiso escencial es comenzar a verlo en marzo", agregó.

En su defensa, el ex alcalde indicó que durante 2014 "hubo otros proyectos" que coparon la agenda, "como el acuerdo de vida en pareja (futuro AUC), el cambio de sistema electoral, entre otros" y que a contar de marzo "lo veremos... que no le queda duda", anticipó.
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miércoles, 25 de febrero de 2015

"Caravana de la Muerte": Abogados analizaron la detención de Santiago Sinclair



06 de febrero, 2015 19:02

Aquí link
http://www.cnnchile.com/noticia/2015/02/06/caravana-de-la-muerte-abogados-analizaron-la-detencion-de-santiago-sinclair-

El ex general de 87 años permanece en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército. 
El general en retiro del Ejército y ex miembro de la Junta Militar, Santiago Sinclair, fue detenido por su participación en el homicidio de 12 personas en el paso de la "Caravana de la muerte" por Valdivia. Junto a él, Juan Michelsen, José Feliú y Mario Manterola también fueron privados de libertad.
Para analizar las aristas y la importancia de estas detenciones, conversaron en CNN Chile Rodrigo Lledójefe del área jurídica del programa de DD.HH. del Ministerio del Interior y el abogado de la causa, Tomás Pascual

Lledó aseguró comprender que "estamos en otros tiempos", por lo mismo especificó que "es el momento de determinar con condenas en los casos que corresponda y nos hemos empeñado en perseguir la responsabilidad penal, sin perseguir a nadie en particular, pero tampoco sin hacerle el quite a nadie", agregando que todos deben comparecer ante la justicia. 
A su vez, Pascual precisó en la situación actual de los procesados, los que se encuentran en prisión preventiva a la espera de que se verifique la libertad solicitada a la Corte de Apelaciones. "Iremos a todas las instancias procesales pertinentes a objeto de oponernos a la libertad de estos sujetos", para obtener verdad de justicia y obtener sentencias condenatorias.
Más detalles del caso, en la entrevista. 

sábado, 21 de febrero de 2015

General (r) Santiago Sinclair fue detenido como autor de crímenes de la Caravana de la Muerte en Valdivia

El ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex senador designado, de 87 años de edad, quedó privado de libertad en el Comando de Telecomunicaciones de la institución en Peñalolén junto a otros ex uniformados por el asesinato de 12 agricultores durante el paso de la comitiva militar por Valdivia, en octubre de 1973.

 6 de febrero de 2015
Detenido por su participación en los crímenes de la “Caravana de la Muerte” durante su paso por Valdivia, en octubre de 1973, quedó el jueves último el octogenario general en retiro del Ejército y ex senador designado Santiago Sinclair, informó este viernes Radio Cooperativa.
De acuerdo a la emisora, junto al también ex vicecomandante en jefe del Ejército fueron aprehendidos, en calidad de autores de los delitos cometidos por la comitiva militar, lo ex uniformados Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido, mientras que quedó pendiente el arresto de Hugo Guerra Jorquera.
Todos ellos ingresaron a dependencias del Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén. Sinclair, quien el 29 de diciembre pasado cumplió 87 años, fue procesado por la ministra en visita Patricia González por la muerte de 12 agricultores. La magistrada estableció que los crímenes fueron planeados por él, por el general (r) Sergio Arellano Stark, quien fue declarado inimputable por demencia, y por el fallecido ex comandante de la IV División de Ejército Héctor Bravo.


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miércoles, 18 de febrero de 2015

Caravana de la Muerte: Los crímenes que terminaron hundiendo a Pinochet

05/10/2014 |
Por Mario López Moya
Cambio 21

Hace justo 41 años, Chile se remeció por el paso de una comitiva militar que recorrió el país, “por orden presidencial”, con la supuesta misión de uniformar criterios en los Consejos de Guerra. En realidad, la orden era otra: intimidar al país, exterminar opositores y advertir a los propios militares que no se aceptarían “debilidades ante el enemigo”.
Encabezaba el pequeño pero letal contingente, el general Sergio Arellano Stark, quien pocos días antes, había lanzado por la prensa una advertencia a "aquellos que pretenden, con o sin intención, crear algunos conflictos artificiales (...) estamos en condiciones de reprimir, con el máximo de energía"...

No era una bravata más, la amenaza sería cumplida de manera brutal, dando muerte de manera horrorosa a más de 75 compatriotas. Con corvo y fusil, llevaron a cabo la "delegación de Pinochet".

El "delegado"

En la causa criminal 2182-1998, se logró determinar que Arellano Stark iba sin una nómina previa de ejecuciones, pero con objetivos claros. Se había detectado que algunas autoridades de regiones del nuevo régimen, no habían aplicado mano dura con los opositores. Eso había irritado al dictador, quien pocos días antes había lanzado una intimidante frase, que La Tercera llevaría como portada: "No habrá piedad con extremistas."

Era "riesgoso" mostrar mano blanda, había que dejar claro que se había tomado el poder para mantenerlo y quién lo ejercía, sin contrapesos ni dudas. Arellano Stark entendió la misión y la aplicó a cabalidad. Había sido designado "Oficial delegado" por el presidente de la Junta de Gobierno y comandante en jefe del Ejército. Ese cargo le permitía tener supremacía y mando incluso sobre generales de mayor antigüedad. Era el propio Pinochet quien actuaba directamente a través de Arellano.

En el juicio, Arellano declara: en Septiembre de 1973 "yo recibí un documento de parte del Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto Pinochet Ugarte, en que me nombraba su Delegado para viajar a varias ciudades del país, a fin de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales, de gobierno interior y de procedimientos judiciales".

Las instrucciones

Según Arellano, las instrucciones sobre procedimientos judiciales eran "que todos los procesados tuvieran adecuada defensa y que recurriera a los Colegios de Abogados en las ciudades donde existieran a fin de entregar a ellos esta responsabilidad". Si así fue, ¿por qué se llevó a los prisioneros a lugares apartados para degollarlos y luego fusilarlos? ¿Por qué se ocultaron los restos, algunos no pudiendo ser ubicados hasta hoy? A la luz de los hechos indiscutidos que hoy todo Chile conoce, tales declaraciones no merecen siquiera ser consideradas.

El documento cuenta con firma y el timbre del Ejército. En virtud de la delegación y en nombre del comandante en Jefe, Arellano ejerció el pleno de la jurisdicción militar en las fuerzas de su mando, agregando que "en uso de esta jurisdicción podría, entre otras facultades, decretar el enjuiciamiento por los Fiscales de todos aquellos individuos a quienes estimare responsables de delito, ordenar la formación de los Consejos de Guerra que deban juzgarlos, aprobar, revocar o modificar las sentencias que éstos pronunciaren y decretar el cumplimiento de toda sentencia". Claro que nada de esto fue legal.

Ejecuciones sumarias

Arellano no estaba para perder tiempo en juicios engorrosos, la verdadera misión era otra y procedió a determinar "a dedo" a quién se ejecutaría en cada localidad en que los helicópteros Puma del Ejército se posaban. No existe relación alguna en los 75 casos en que se ejecutó sumariamente a una persona por la Caravana de la Muerte, con delitos determinados. Tampoco con penas producidas en un debido proceso.

En cada caso se confeccionó una lista por Arellano que los miembros de la comitiva junto a oficiales y militares de esos lugares se encargaban de ejecutar. En muchos casos nunca existió un juicio, en otros, ya habían condenas que no fueron respetadas e incluso, en muchos se dictó la condena después de ejecutada la persona.

Generalmente Arellano obtuvo de las autoridades militares locales plena "colaboración" y participación en los crímenes, llegando incluso a disparar los oficiales locales los "tiros de gracia" tras las ejecuciones. También civiles participaron de los festines de sangre.

Pocos se opusieron

Aquellos militares que se opusieron a estos abusos, sufrieron en carne propia el peso del poder omnímodo de Pinochet. Algunos, como en el caso del mayor Fernando Reveco Valenzuela, quien fuera fiscal militar en Calama y que se opusiera a Arellano, fue detenido, acusado de incumplimiento de deberes militares por la "blandura" de las penas impuestas. Se le llevó a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, se le golpeó y torturó intensamente. Permaneció preso cerca de dos años.

Su testimonio es desgarrador, como el de tantos que sufrieron la ferocidad de la tortura. Fue citado a Santiago donde se le informó de una denuncia en su contra, de allí fue conducido al Regimiento Blindados Nº 2. Un capitán de apellido Zara, le dijo: "Usted tuvo suerte, mi mayor, porque todos los que trajeron anoche fueron fusilados esta mañana".

Luego Reveco fue llevado de la Academia de Guerra Aérea donde debió estar de pie varias horas. "Me desnudaron y amarraron los pies y manos a unos tablones en forma de cruz. Sólo conservé los zapatos y la capucha. Una voz preguntó qué clase de contactos había tenido con un señor Lazo del Banco del Estado. Era la primera vez que escuchaba ese nombre. Cuando lo dije sentí un dolor espantoso en los testículos. Me habían aplicado electricidad".

Lo mojaron con un paño y volvieron a aplicarle corriente. "Y así, por largas horas, mientras los torturadores hablaban entre ellos en voz baja. Creo que eran oficiales tal vez muy jóvenes. Me preguntaban sobre gente del MIR o del Partido Comunista que yo habría contactado. Sentía tanto dolor, que si hubiera tenido contacto alguna vez con ellos, lo habría confesado", señaló el exmilitar.

El mensaje era claro

No fue el único que sufrió las consecuencias. En Talca, el teniente coronel que ejercía el mando durante el Estado de Sitio, Efraín Jaña Girón, fue personalmente destituido por Arellano por no haber ordenado el fusilamiento del ex Intendente de la UP. También se negó a formar parte del Consejo de Guerra que ordenó la ejecución de Germán Castro. Jaña fue detenido y se le instruyó un Consejo de Guerra dirigido por el propio Arellano. Jaña fue condenado, estuvo preso 3 años y luego sería exiliado.

En el norte del país otros fueron aún más lejos, como el general (r) Joaquín Lagos Osorio, comandante en jefe de la Primera División de Ejército en 1973. En su jurisdicción la Caravana de la Muerte asesinó y masacró a decenas de presos políticos. Lagos relató así en el juicio criminal, los hechos: "Una vez que Arellano llegó a mi jurisdicción, le pidió al jefe de Estado Mayor de la División que ordenara al auditor de la División, teniente coronel y abogado Marcos Herrera Aracena, que le mostrara los sumarios fallados y los que estaban en tramitación, para que vieran en conjunto y en forma práctica los nuevos procedimientos que traía".

No hubo procedimientos, solo ejecuciones sumarias. Lagos declaró que "cuando se enteró del fusilamiento de 14 detenidos que estaban en proceso, le enrostró a Arellano la criminal actitud y que éste le dijo que él respondía a Pïnochet, sacando en seguida el documento que portaba consigo y en el cual el comandante en Jefe del Ejército le nombraba Oficial Delegado para revisar y acelerar los procesos (...) desde que ingresó a Copiapó, firmó sentencias de muerte sin mediar información al Juez Militar y Jefe de la Zona en Estado de Sitio", aseguró el general (r).

"Cortar de raíz"

En el expediente consta la declaración del auditor y teniente coronel Marcos Herrera, quien señala que no estaba en situación de representar ilegalidades y que guardó silencio en relación con la actuación de Arellano. El mismo Arellano le dijo que "el general Pinochet quería cortar de una vez por todas los juicios", confesó Herrera.

Joaquín Lagos, declaró que "el 19 de Octubre de 1973 se enteró por el jefe de Relaciones Públicas de la División, mayor Manuel Matta, que en la noche anterior la comitiva del general Arellano, encontrándose en Antofagasta, sacó del lugar de reclusión a 14 detenidos que se encontraban con procesos pendientes, los llevó a la quebrada El Way y los mataron con ráfagas de metralletas y fusiles de repetición".

Expuso asimismo Lagos que experimentó "una gran indignación por los crímenes cometidos a sus espaldas y en su jurisdicción. Al día siguiente, al regresar Arellano y su comitiva desde Calama, le enrostré su criminal actitud". Lagos se dio cuenta que debía informar de los hechos a Pinochet. Se reunió con él y le informó de todo lo sucedido en Antofagasta y en Calama. Agrega el general Lagos que el general Pinochet le dijo "que nunca había siquiera pensado que el general Arellano iba a proceder así", añadiéndole que por sus medios "tratara de superar, ante la opinión pública, la grave situación producida".

Arellano desmiente

Al final de la reunión el general Pinochet le pidió un teléfono para llamar al general Arellano a Iquique. No lo ubicó, pero a la persona que lo atendió le dejó el siguiente encargo: "que el general Arellano no haga absolutamente nada y que regrese mañana a primera hora a Santiago y llegando, que vaya a hablar conmigo".

Eso jamás aconteció. Lo señala el mismo Arellano mediante carta que dirigió el 16 de Julio de 1978 al general Pinochet y cuyo texto está agregado a fojas 2941: "Tú no me ordenaste volver de Antofagasta y la mejor prueba es que seguí al norte, pernoctando en Iquique y Arica, en casa de los generales Forestier y Mena...".

Continúa declarando el general Lagos que el 31 de Octubre de 1973 recibió un télex del Comando de las Fuerzas Armadas que le solicitaba información sobre el número y la nómina de los ejecutados en su jurisdicción. Hizo una relación respecto de aquellos ejecutados en Copiapó, en Calama y en Antofagasta, por orden del Delegado del comandante en Jefe del Ejército, agregando que lo hizo para precisar con claridad las responsabilidades de cada uno.

Por orden de Pinochet

En esa nota que Lagos entregó a Pinochet, se consignaban los crímenes y se señalaba que Arellano actuaba "por orden del Comandante en Jefe", o sea, Pinochet. Eso puso irascible al dictador, quien le ordenó rehacer la relación de personas ejecutadas, sin señalar lo actuado por Arellano y haciendo sólo un listado general.

Así lo declaró Lagos en el expediente: "Acto seguido, se me devolvió la relación de personas ejecutadas, indicándome que las rayas y palabras escritas en ella habían sido hechas, en forma manuscrita, por el propio Comandante en Jefe del Ejército". Al día siguiente cumplió la orden y un funcionario rehizo el documento. Lagos guardaría ese papel y lo entregaría al juez Víctor Montiglio. Sería determinante esa circunstancia para desaforar más tarde a Pinochet.

La sentencia del desafuero concluye: "El cambio en la relación de personas ejecutadas (fue) ordenado con el propósito de no dejar constancia documental de las ejecuciones provenientes de la misión de Arellano. Si al Comandante en Jefe del Ejército le hubiere merecido reproche lo actuado por Arellano, resultaría totalmente incomprensible que el 2/12/1973, antes de haber transcurrido dos meses de los luctuosos sucesos, asumiera como Comandante en Jefe de la 2ª División del Ejército, cargo importantísimo que requería, sin lugar a dudas, la aceptación del Comandante en Jefe del Ejército", indica la sentencia.

La comitiva criminal

El propio Arellano señaló en la causa quienes integraban la comitiva a sus órdenes: Oficiales de Ejército: teniente coronel Sergio Arredondo González, mayor Pedro Espinoza Bravo, mayor Marcelo Moren Brito, teniente Armando Fernández Larios y el ayudante del general Arellano, teniente Juan Chiminelli Fullerton. Conducían el helicóptero que transportaba a la comitiva, los capitanes de Ejército Antonio Palomo y Sergio de la Mahotier González.

El orden de los sitios "visitados" por la comitiva fueron Valdivia, Concepción, Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama. Los crímenes fueron acreditados y casi todos los miembros de la comitiva y algunos de los colaboradores fueron sancionados. Sus dos más importantes partícipes. Augusto Pinochet y Sergio Arellano Stark, escaparon a la sentencia pues fueron declarados locos o dementes, causal de extinción de responsabilidad penal.

Algunos de quienes participaron ayudando a la Caravana de la Muerte, aún están siendo condenados, 41 años después. Justicia que tarda, no es justicia. Pero al menos la verdad, algo mitiga.

Masacrados

Una característica de la Caravana de la Muerte fue el ensañamiento que se utilizó para asesinar y ocultar las evidencias. A muchos y sobre todo en el norte, se les ultimó amarrados y encapuchados, se les "pasó a corvo" y acribilló de manera sanguinaria. El general Joaquín Lagos relató antes de morir al juez Juan Guzmán. "Estaban irreconocibles, masacrados".

En el proceso (caso Antofagasta) se puede leer: "Los llevaron a una quebrada, amarrados, rodeados de un inmenso contingente militar y luego, ya de noche alumbrados por los focos de los vehículos, desde unos camiones bajan los soldados corriendo y gritando, armados con corvos y prácticamente destrozan a las víctimas que nada podían hacer".

Lagos se enfrentó más tarde a gritos con Arellano, "por este crimen a mi espalda". Horas después enfrentó a Pinochet en el aeródromo de Antofagasta. "¡Tú lo ordenaste!", le gritó. Más tarde, Arellano declararía que algunos efectivos "se le fueron de las manos."
 

viernes, 6 de febrero de 2015

Procesan a Ex integrante de la junta de Gobierno por crímenes de la Caravana de la Muerte

El Ciudadano
06.02.2015

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La  Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sometió a procesos a  cino militares en retiro por su responsabilidad denominada Caravana de la Muerte, episodio Valdivia, por la serie de homicidios cometidos el  3 y 4 de octubre de 1973. Entre los procesados figura el general (R) Santiago Sinclair Oyaneder, ex integrante de la Junta de Gobierno, y ex Vicecomandante en Jefe del Ejército, quién de esta manera se convierte en el militar de mayor rango en ser declarado reo en alguna causa por violación de derechos humanos. Conviene consignar que la Corte de Apelaciones revocó  la decisión de la ministra de primera instancia, Patricia González, quién había negado el procesamiento.
El tribunal de alzada procesó a Santiago Sinclair Oyaneder, Juan Carlos Michelsen Délano, José Feliú Madinagoitia, Mario Rafael Manterola Garrido y Hugo Alberto Guerra Jorquera por su responsabilidad en los hechos y revocó  la decisión de la ministra Patricia González que había negado el procesamiento.
El 13 de mayo pasado la ministra González  determinó procesar a los ex miembros del Ejército Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Moren Brito  como autores de los homicidios de Rudemir Saavedra Bahamondes, Víctor Rudolph  Reyes,  Víctor Saavedra  Muñoz, Santiago  García Morales,  Luis Valenzuela Ferrada, Sergio  Bravo  Aguilera , Luis  Pezo  Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Barría Ordoñes, Enrique Guzmán  Soto y  José Barrientos  Warner.
En otra resolución la magistrada procesó como autores del homicidio de José Liendo Vera  a los ex miembros del Ejército  Sergio Arellano Stark, Pedro  Espinoza Bravo, Marcelo  Moren Brito, Carlos  López Tapia y Juan  Chiminelli Fullerton y como cómplices  a Antonio Palomo Contreras y Emilio De La Mahotiere González.
De acuerdo  a la resolución:
“El día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero “Puma” con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos;  Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe”.
Para el caso de Liendo Vera se determinó:
“A raíz de la llegada de los militares mencionados, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia a, Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se le fusiló a consecuencia de una sentencia dictada en un supuesto Consejo de Guerra cuya materialidad no existe”.
El general (r) Sinclair y la Caravana de la muerte
El general en retiro del Ejército, ex miembro de la Junta Militar y ex senador designado Santiago Sinclair fue detenido el jueves junto a otros tres ex uniformados por su participación en el homicidio de 12 personas durante el paso de la “Caravana de la muerte” por Valdivia.
Junto a Sinclair, fueron arrestados en calidad de autores Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido.
Quedó pendiente, en tanto, la detención de Hugo Guerra Jorquera.
La investigación acreditó que la muerte de 12 personas en octubre de 1973 fue coordinada por Sergio Arellano Stark, líder de la “Caravana de la Muerte”, excluido penalmente por demencia; el ya fallecido ex comandante de la IV División de Ejército Héctor Bravo y el general (r) Sinclair.
Todos los procesados por la ministra Patricia González ingresaron a la Brigada de Policía Militar del Regimiento de Telecomunicaciones, ubicado en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.
Sinclair fue quién le indicó a Sergio Arellano Stark quienes eran los 12 detenidos – entre los que se encontraban campesinos, dirigentes sindicales y militantes del MIR- que debían ser ejecutados, según informó el abogado Tomás Pascual, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, querellante en la causa:
“La intervención fue necesaria para que Arellano y su comitiva pudieran acometer estos crímenes, puesto que no se entiende que oficiales de Santiago puedan tener conocimiento de qué personas iban a ejecutar si no son aquellos oficiales de la localidad los que sindiquen qué personas debían ser ejecutadas. En ese sentido, Sinclair junto a Michelsen, junto a Feliú, Manterola, Guerra y una serie de otros sujetos que hoy se encuentran fallecidos- inclusive el para ese entonces comandante en jefe de la IV división del Ejército, señor Bravo Muñoz- llevaron adelante esta acción”.
El jurista destacó que el otrora miembro de la Junta de Gobierno incluso mandató al médico, oficial de sanidad de Valdivia, a constatar las muertes.

Procesan a ex miembro de la Junta Militar por homicidios de la Caravana de la Muerte en Valdivia

El ex vicecomandante en Jefe del Ejército y ex senador designado, Santiago Sinclair Oyadener, se encuentra arrestado en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

La Tercera  
por María Paz Núñez - 06/02/2015 - 14:05



Santiago Sinclair se encuentra detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. © Agencia Uno
Santiago Sinclair se encuentra detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
Por su responsabilidad en calidad de autor de 12 homicidios calificados durante el paso de la Caravana de la Muerte en Valdivia, fue procesado el ex vicecomandante en Jefe del Ejército y ex senador designado, Santiago Sinclair Oyadener. El coronel en retiro se encuentra detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén en espera a que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determine el lunes su libertad bajo fianza.
El procesamiento en tanto, fue dictado por la jueza Patricia González, e incluye también a los uniformados en retiro Juan Carlos Michelsen Délano, José Feliú Madinagoitia, Mario Rafael Manterola Garrido y Hugo Alberto Guerra Jorquera.
Según la magistrada, la Caravana de la Muerte realizó en Valdivia un consejo de guerra, del cual no se han encontrado documentos que lo justifiquen, para procesar y fusilar a 12 personas detenidas en la Cárcel Pública de Valdivia el 3 y 4 de octubre de 1973.

sábado, 22 de noviembre de 2014

Caravana de la Muerte- Pruebas a la Vista - Capítulo Copiapó. Proceso Judicial que se inicia en 1998.


Pruebas a la Vista
Patricia Verdugo

A Copiapó llegó el helicóptero Puma el mismo día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 20.00 horas. Estuvo allí hasta la mañana del 18 de octubre. El trágico resultado de su estadía en la ciudad fueron dieciséis víctimas. Durante muchos años, el general Sergio Arellano sostuvo que su misión en Copiapó consistió en verificar el fusilamiento de tres prisioneros que habían sido condenados a muerte por un consejo de guerra (García, Tapia y Castillo). Aún no había llegado a la ciudad, dijo al juez Guzmán, "cuando fueron fusilados los trece prisioneros de Copiapó, yo no me encontraba en la ciudad". "Sea cual sea la fecha, estoy convencido de que en este caso no hubo participación de los miembros de mi grupo militar", reiteró el general Arellano. ¿Cuándo se enteró de lo ocurrido? Dijo el general que lo había sabido por un informe del comandante del regimiento, coronel Óscar Haag, "como un hecho ocurrido con anterioridad a mi llegada". ¿Qué declararon los miembros de la comitiva en los primeros interrogatorios? El brigadier Pedro Espinoza dijo que nada supo de lo ocurrido en Copiapó. El coronel Sergio Arredondo declaró que tampoco se enteró de nada en su momento y que, más tarde, "tuve conocimiento de que había habido fusilamientos, posiblemente durante o después de nuestra pasada por Copiapó". El coronel Marcelo Moren Brito dijo que, al momento de partir de Copiapó hacia Antofagasta, "antes de zarpar, el coronel Arredondo nos informó acerca de unos fusilamientos que se habían efectuado en la ciudad". Y más tarde, rectificó su declaración: "En Copiapó y La Serena, presencié parte" de las ejecuciones. El oficial Juan Chiminelli, ayudante del general, fue nuevamente quien demostró tener la mejor capacidad de memoria y desmintió incluso a su jefe: "Recuerdo que hubo una balacera muy fuerte, puesto que la gente fusilada no quedó en muy buenas condiciones". Y agregó, en favor de la inocencia de la comitiva, que todos estaban en el hotel "cuando nos enteramos de que hubo un fusilamiento debido a que hubo un escape de presos. Esto quiere decir que ninguno de los integrantes de la comitiva participó en esos hechos. Quienes participaron fueron miembros del personal del propio regimiento de Copiapó". Más aún, en defensa de su jefe, aseguró que "estos hechos ocurrieron durante la noche en que estábamos en Copiapó. Recuerdo que el general Arellano insistió en que el comandante Haag debía aclarar la situación, para dejar en claro que allí no hubo participación de la comitiva del general Arellano". Las contradicciones son evidentes. Pero como en Copiapó hubo dos ejecuciones masivas el 17 de octubre de 1973, podría argumentarse que hay confusión en los recuerdos. De modo que el juez decidió aclarar a fondo el episodio. Partamos con la declaración del entonces teniente Enrique Vidal Aller, quien era el ayudante del comandante del regimiento (fojas 1372). Y vayamos al comienzo de este episodio. Dijo el teniente (R) Vidal Aller que, desde La Serena, le avisaron que venía a Copiapó el helicóptero con el general Arellano a bordo. Se lo comunicó de inmediato al comandante Haag, "quien no le dio mucha importancia, me comentó que dicho helicóptero pasaría directo a Antofagasta, ya que en su concepto Copiapó no era tan importante".
Poco después, un sargento de guardia le avisó que se aproximaba el Puma: "Le ordené al sargento que rodeara al helicóptero cuando se posara en tierra con unos quince hombres que tenía a disposición en esos momentos. Una vez que el helicóptero se posó en tierra, recuerdo que el primero en bajar fue el teniente Armando Fernández Larios, quien venía con tenida de combate, con corvos, granadas, etcétera, y por sus desplazamientos daba la impresión de que estaba desorientado. Me acerqué y le pregunté qué sucedía, informándome que venía el general Arellano y una comitiva, formada por Fernández Larios, el mayor Arredondo, el capitán Moren Brito y un subteniente, Hugo Julio". Sigue la declaración de Vidal Aller: "Una vez descendido en tierra el general Arellano, le informé que no había novedades. Luego me preguntó por el comandante de la unidad, señor Haag, informándole que estaba en la comandancia". El general Arellano, entonces, le ordenó que lo fuera a buscar de inmediato. Y cuando Arellano tuvo enfrente al comandante Haag, "lo reprimió por la forma en que vestía, añadiendo que el país estaba en guerra, razón por la cual le ordenó que se cambiara de ropa". El coronel Haag se cambió su ropa por tenida de combate. Luego, en la comandancia, se reunieron el general Arellano con el comandante Haag, los oficiales de la comitiva Arredondo y Moren, así como el capitán Brito del regimiento de Copiapó. Luego, aseguró Vidal Aller al juez, "el general Arellano pidió todas las carpetas de la gente que estaba detenida tanto en la unidad como en la cárcel de Copiapó. Luego de estar reunidos dos a tres horas, bajó el capitán Brito con las carpetas que había estudiado el general Arellano y de las cuales se separaron trece, relacionadas con las personas que finalmente masacraron". Mientras la reunión se efectuaba, sucedió algo que el ex teniente Vidal Aller no pudo olvidar jamás: "Salió el teniente Armando Fernández Larios, me preguntó dónde estaban los detenidos, fue hasta dicho lugar y premunido de un arma —que consiste en un mango con cadena y una bola de púas—golpeaba en la cabeza a la gente. De este accionar resultó muerta una persona de nombre Leonello Vincenti. Esto estuvo en conocimiento del mayor Arredondo y del capitán Carlos Brito, quien increpó al teniente Fernández Larios por su cometido, respondiéndole éste que dependía del general Arellano y no de él". Y si el entonces teniente Vidal Aller fue testigo de lo ocurrido desde su sala de ayudantía, la versión de lo que sucedió dentro de la oficina de la comandancia sólo podía darla el coronel Óscar Haag Blaschke. En su primera declaración (fojas 2059 y siguientes) fue más bien cauteloso. Dijo que cuando el general Arellano le mostró el documento firmado por el general Pinochet, nombrándolo su Oficial Delegado, comprendió "que en ese momento quedaba subordinado del mando pues, de acuerdo al reglamento, el Oficial Delegado tiene plenas y amplias atribuciones para obrar en todos los aspectos del mando". Haag aseguró al juez que el general Arellano, junto al entonces mayor Pedro Espinoza, "comenzó a revisar las tarjetas de identificación de cada uno de los detenidos, más las causas que estaban en tramitación (...) En varias oportunidades, pidió ampliación de los datos de algunos detenidos, como —por ejemplo—la forma en que lo habían detenido, actitud, lugar de su detención y cargos que se le formulaban (...) debo manifestar que, durante la revisión, tanto el general Arellano como el mayor Espinoza tomaron notas o hacían anotaciones en la lista de detenidos". Pero fue en un segundo interrogatorio, realizado el 29 de enero de 2000, cuando el coronel Óscar Haag Blaschke hizo un pormenorizado relato de lo que allí ocurrió y que culminó con la muerte de dieciséis prisioneros políticos. Veamos lo que dijo al ministro Juan Guzmán:
"Nos reunimos en la comandancia con el general Arellano y, además, participaron de esa reunión el Prefecto de Carabineros, comandante Rene Peri, y el Prefecto de Investigaciones, cuyo nombre no recuerdo. Además estaban otro funcionario de Investigaciones y un oficial de Carabineros, cuyos nombres y grados no recuerdo. Además estaba el abogado Rojas Hidalgo, quien era mi asesor. De la comitiva, además de Arellano, se encontraba el entonces mayor Pedro Espinoza. Todos ellos revisaban los antecedentes de los detenidos. También estaba junto a ellos el capitán Carlos Brito, quien tenía los archivos de las personas detenidas". "El general Arellano, el mayor Espinoza, el capitán Carlos Brito, junto con los funcionarios de Investigaciones y Carabineros a cargo de Inteligencia, cuyos nombres no recuerdo, trabajaban en una mesa con los archivos y los antecedentes de los detenidos. Estábamos al frente de la mesa sentados, presenciando de lejos lo que ellos hacían. Existía un fichero con todos los datos de las personas detenidas, que contenía su filiación política y cargos que existían contra ellos. Esta documentación se guardaba en un cárdex. A cargo del cárdex se encontraba el capitán Carlos Brito. Este último iba mostrando las tarjetas correspondientes a cada detenido y el general Arellano, a veces, efectuaba anotaciones marginales. No, no recuerdo el color del lápiz que usaba. Lo vi solamente de lejos, de manera que no podía precisar qué era lo que anotaba. En algunos casos hacía anotaciones y en otros, no. Esta reunión comenzó alrededor de las 20.00 horas del día 16 de octubre de 1973 y terminó poco antes de la medianoche de ese día". "Recuerdo que el teniente coronel Arredondo u otro oficial entraban esporádicamente a la reunión. A Arredondo lo conocía porque practicaba equitación. Además, el general Arellano mandaba misivas para afuera a través de cualquiera de los miembros de su comitiva, pues eran de su confianza. Enviaba mensajes escritos, presumiblemente a miembros de su comisión. Ignoro su contenido". "Al final de la reunión, el general Arellano entregó la lista que había recibido de parte de la Fiscalía con los nombres de todos los detenidos que se encontraban en el regimiento y en la cárcel local —alrededor de setenta—en la que había marcado el nombre de trece personas, ordenando que debían ser fusiladas a la brevedad. Estas personas fueron ejecutadas estando con sumarios pendientes porque la orden del general no podía dejar de cumplirse, dada la alta investidura que éste tenía". Trece prisioneros, ¿y los otros tres? El coronel Haag dijo al juez que, en esa misma reunión, el general Arellano examinó los expedientes de los tres funcionarios del mineral El Salvador. Porque García, Tapia y Gastillo habían sido juzgados por un consejo de guerra, el que propuso pena de muerte para los tres. El caso estaba siendo revisado por Haag, pero el general le ordenó al asesor jurídico, abogado Daniel Rojas Hidalgo, que cerrara la causa y preparara el documento para firmar el cúmplase de la sentencia al día siguiente. Nos encontramos, en el relato, cerca de la medianoche del 16 de octubre de 1973. Acaba de terminar la reunión donde se ha decidido la muerte de un total de dieciséis prisioneros. ¿Qué pasó después? El teniente (R) Vidal Aller lo relató así al juez: "Terminada la reunión del general Arellano y su comitiva, se dio orden de trasladar a trece personas con destino a La Serena, orden dispuesta por el propio general Arellano al comandante Haag. Esta misión debía cumplirla el capitán Patricio Díaz Araneda, quien me pidió que lo acompañara, a lo que respondí que yo era ayudante del comandante y no podía recibir órdenes de él. Posteriormente, el capitán Díaz Araneda designó a tres subtenientes, recién salidos de la Escuela Militar, para que lo acompañaran a cumplir la misión de traslado de los detenidos".
El oficial Patricio Díaz Araneda pasó, entonces, a ser clave para continuar averiguando lo sucedido. En su primera declaración, no abrió la boca. Ya estaba retirado del Ejército, pero trabajaba para la institución como ingeniero químico de FAMAE. No recordaba nada de lo ocurrido en Copiapó. En los años 73 y 74, explicó al juez, pasó por "uno de los períodos más difíciles de mi vida". Dijo que estaba recién casado y que, aunque su mujer  vivía a tres cuadras del regimiento, podía verla sólo cada tres meses. Por eso, dijo, tenía "lagunas de memoria". —¿Ha recibido ayuda siquiátrica? —le preguntó el ministro Guzmán. —No, porque sólo ahora me doy cuenta, ya que en 25 años nadie me ha preguntado sobre este tema —contestó el oficial Díaz Araneda. Pero en junio de 1999, el ministro Guzmán fue a la cárcel de Copiapó y, en el libro de guardia de 1973, encontró la prueba. Allí estaba registrado que a las 0.30 horas del día 17 de octubre, el suboficial Orlando Lukes Smith —alcalde subrogante—había entregado nueve prisioneros al capitán Patricio Díaz Araneda. Por esa misma fecha, junio del año 99, le fue negada al ministro Guzmán su petición de conocer el listado de oficiales y suboficiales que estaban en los regimientos de Copiapó y La Serena en 1973. El Jefe del Estado Mayor del Ejército, mayor general Patricio Chacón Guerrero, le contestó que "es una materia clasificada como secreta". Así fue como el ministro Guzmán decidió arrestar al oficial Patricio Díaz Araneda y someterlo a proceso. El arresto fue crucial para aclarar el episodio. Tras seis meses de reclusión, Patricio Díaz Araneda recuperó la memoria y confesó: "No antes de las 23-00 horas fui citado a la comandancia, siendo recibido en el sector de la ayudantía, porque en esos momentos en la comandancia se encontraba el general Arellano y los miembros de su comitiva y demás personas que participaron en la reunión, esto es, el capitán Brito y el comandante Pery, entre otros. En la ayudantía se encontraba el comandante Haag y el mayor Enriotti. En ese momento recibo la orden verbalmente, encontrándonos todos de pie. Esta orden consistía en fusilar, fuera del recinto del cuartel y sólo con la participación de oficiales, a unos detenidos, los que serían indicados en una lista. Efectivamente recibí una lista con nombres. Esta lista, me da la impresión, estaba escrita en forma manuscrita". El entonces capitán Patricio Díaz Araneda "representó" la orden a sus superiores. Es decir, preguntó si podía evitar su cumplimiento. Pero la orden le fue reiterada, momento en el cual supo que no tenía otro camino que cumplirla, ya que sus superiores se hacían responsables por lo ordenado. Así funciona el principio de "obediencia debida" en las instituciones armadas. Sigamos con su relato: "De acuerdo a ello, yo designo al entonces capitán Ricardo Yáñez Mora, al subteniente Waldo Ojeda Torrent y al subteniente Marcelo Marambio Molina. Debo agregar que al único que comunico en ese instante la misión es al capitán Yáñez, quien incluso me representa si había forma de no ejecutar eso, respondiéndole que no había forma de eludir la orden porque yo había hecho la consulta y la orden me fue reiterada". Continúa el relato del entonces capitán Díaz Araneda: "Para el cumplimiento de la misión se me puso a disposición un camión militar que yo personalmente conduje y en el cual trasladamos a los detenidos. Mientras yo preparaba el armamento fueron retirados cuatro de los detenidos que se encontraban en el interior del cuartel, los que subimos al camión para trasladarnos a continuación a la cárcel de Copiapó a retirar a los nueve restantes. El nombre de los detenidos de la cárcel me fue entregado en una lista. Recuerdo que a la cárcel ingresé alrededor de las 00.30 horas del día 17 de octubre, comunicando al personal encargado que, por orden de la Fiscalía Militar, debían hacerme entrega de los detenidos que figuraban en la lista. De eso se deja constancia en el Libro de Guardia del recinto penitenciario".
"Retirados los detenidos de la cárcel, los que junto a los sacados del recinto militar sumaban trece personas, me dirigí con el camión hacia el sur de Copiapó por la carretera Cinco Norte. Recorrimos un poco más de veinte kilómetros y, en cuanto el terreno me lo permitió, me salí con el camión de la carretera y me interné en la pampa hacia el poniente, aproximadamente unos 200 metros, procediendo a detener el camión. En ese momento, al bajar los oficiales, le comuniqué a los subtenientes cuál era la misión que debíamos cumplir. Los subtenientes me preguntaron si no había forma de no cumplir esa orden, ante lo cual yo les reiteré que no y que la orden debía ser cumplida por cuanto a mí me había sido ratificada. Acto seguido, procedimos a bajar a los detenidos en grupos de tres, los que fueron fusilados por tres de los oficiales, en tanto uno aseguraba la permanencia del resto en el camión. El fusilamiento fue rotativo respecto a los participantes, naturalmente en el último grupo fueron cuatro los fusilados. Deseo dejar constancia que, por nerviosismo, no me percaté de que mi fusil estaba en ráfaga y fusilé a dos de ellos en esas condiciones". —¿Iban atados o encapuchados los prisioneros? —le preguntó el juez a Patricio Díaz Araneda. —Las manos les fueron atadas en la parte de atrás, al momento de subirlos al camión. Y las bolsas con las cuales se encapuchaban las caras, al momento de ser fusilados, eran bolsas de sacos de dormir. —¿En qué orden los fusilaron? —preguntó el juez. —Yo participé en los fusilamientos de los cuatro grupos, para lo cual utilizamos fusiles SIG 7.62 mm. de cargo militar. Éramos tres fusileros para cada grupo, pero para el último fuimos cuatro. No recuerdo el orden de los fusileros en cada caso. Los fusilamientos se realizaron con los detenidos de pie, enfrentando al grupo de fusileros, a una distancia aproximada de ocho metros. Fallecieron instantáneamente con los primeros disparos, no fue necesario ejecutar tiros de gracia. —¿Qué pasó después? —Terminado el fusilamiento, procedimos a cargar los trece cadáveres en el camión, cubriéndolos con una carpa. Y me dirigí con el camión hacia el predio del regimiento, donde permanecieron hasta alrededor de las 20 ó 21 horas del día 17 de octubre de 1973, oportunidad en que trasladamos los restos hasta el cementerio de Copiapó. La custodia del camión estuvo inicialmente a cargo de dos oficiales, los que posteriormente fueron relevados por personal del regimiento. —¿Dirigió usted el traslado de los cadáveres al cementerio y su entierro? —Sí, al cementerio ingresamos por la puerta trasera, en cuyo interior ya había personal militar, además del administrador del cementerio. Procedimos a bajar los cuerpos del camión, para luego realizar su entierro. Pero el administrador nos señaló que no era posible realizar el entierro sin un documento del Registro Civil. Por este motivo, personal militar concurrió a buscar al oficial de Registro Civil, quien una vez en el lugar procedió a tomar las huellas dactilares de cada una de las víctimas, las que registró en un formulario. Entretanto, esta operación era alumbrada por las luces de los vehículos. —¿Quién le dio la orden de fusilar a los prisioneros? —La orden me fue dada por el comandante del regimiento, teniente coronel Óscar Haag, cuando nos encontrábamos ambos de pie en la ayudantía de la comandancia, ya que yo fui llamado por él. En el intertanto, se encontraba en la oficina del comandante el general Sergio Arellano Stark y algunos miembros de su comitiva. Todos se encontraban en tenida de campaña. Me consta que el general Arellano y parte de su comitiva estaban en la comandancia, ya que yo los vi entrar. Le representé la orden al comandante Haag y éste me señaló que había que cumplir dicha orden. —¿Qué habría pasado si no hubiera cumplido esa orden? —preguntó el ministro —Yo creo que podría haber sido fusilado porque estábamos en tiempo de guerra, fusilado previo juicio sumario muy breve. En mi concepto, debía cumplir dicha orden —contestó Díaz Araneda. El 29 de enero de 2000, a las 11.45 horas, en el Comando de Telecomunicaciones se realizó el careo entre el general Sergio Arellano Stark y el entonces capitán Patricio Díaz Araneda. —Precise, general Arellano, dónde durmió la noche del 16 al 17 de octubre y la noche del 17 al 18 de octubre de 1973 —inquirió el juez. —Mi comisión llegó a Copiapó el día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 20.00 horas, donde pernocté. Estuvimos todo el día en esa ciudad, donde pernoctamos para partir el día 18 de octubre de 1973, a primera hora, a Antofagasta —respondió el general Arellano. Luego, el general Arellano dijo que —tras su llegada—se reunió con el comandante Haag para planificar las actividades del día siguiente y se fue a dormir a su hotel. Y en la mañana del 17 de octubre había tenido una reunión con los oficiales y suboficiales del regimiento, en la cual recomendó "el respeto a la población civil y la necesidad de evitar cualquier forma de abuso de poder". Y terminó esta parte de su declaración reafirmando que su comitiva no estuvo en Copiapó cuando fueron asesinados los trece prisioneros. —¿Ordenó usted el traslado de esas trece personas y/o su fusilamiento? —preguntó el ministro Guzmán al general Arellano. —Definitivamente no ordené ni el traslado ni el fusilamiento —contestó el general Arellano. —¿Participó usted en el traslado y en el fusilamiento de los trece prisioneros? —preguntó el juez a Patricio Díaz Araneda. —Efectivamente dirigí y participé en el fusilamiento de trece personas en Copiapó, el día 17 de octubre de 1973. Estimo que estos fusilamientos se realizaron entre la una y media o dos de la madrugada. Enfáticamente puedo decir que los hechos ocurrieron en la madrugada del día 17 de octubre, fecha que coincide con la estadía del general Arellano con su comitiva. Es cuestión de asociar. La comitiva del general Arellano llegó a Copiapó el día 16 de octubre, alrededor de las 20 horas —contestó el oficial Díaz Araneda. —¿En qué momento y quién le encomendó la misión? —El día 16 de octubre de 1973, pasadas las 23 horas, fui llamado a la comandancia del Regimiento Atacama. En la ayudantía se encontraba el comandante Haag y el mayor Enriotti. Allí recibí, de parte del coronel Haag, la misión de ejecutar a los detenidos que estaban señalados en una lista, actividad que debía ser realizada sólo por oficiales y fuera del cuartel. Fue el comandante Haag. El comandante estaba muy alterado, pues es una persona muy nerviosa. Estaba muy conmovido. Me dijo que tenía que cumplir con la orden de ejecutar a las trece personas mencionadas en la lista. Estaba muy asustado. Incluso yo le representé la orden. Nunca el comandante Haag había tomado una decisión tan drástica y estoy convencido de que cumplía órdenes superiores (...) La razón que más me impulsa a decir que el comandante Haag cumplía órdenes superiores es que las dieciséis ejecuciones habidas en Copiapó se producen exactamente durante el período de permanencia de mi general Arellano y su comitiva en la guarnición. Ni antes ni después de la presencia de mi general Arellano en Copiapó, hubo detenidos que hayan sido ejecutados —contestó el oficial Díaz Araneda. —¿Dónde estaba el general Arellano cuando la orden de fusilamiento le fue dada? —Estaba en la comandancia del regimiento Atacama, alrededor de las 23 horas del día 1º de octubre. Fue entonces cuando el general Arellano decidió intervenir y así quedó registrado en el proceso: "No es la primera vez que se aprovecha el paso de mi comitiva por alguna guarnición donde había comandantes pusilánimes que incluso no cumplieron con las disposiciones del Comandante en Jefe del Ejército, como ocurrió en la guarnición de Calama". —¿Estaba el general Arellano en la noche del 16 de octubre en la comandancia del regimiento? —preguntó el ministro Guzmán. General Arellano Stark: "Concretamente no estaba. Me encontraba en el hotel". Oficial Díaz Araneda: "Puedo asegurar que estaba en la comandancia. Lo vi entrar el día 16 de octubre alrededor de las 20.20 horas, cual es el tiempo que demora en llegar desde el helicóptero a la comandancia. No más de 15 a 20 minutos". —¿Estaba el general Arellano en la comandancia cuando se le dio la orden de ejecutar a los trece detenidos? —repitió el juez, dirigiéndose a Díaz Araneda. —Creo que estaba en la comandancia porque no lo vi salir. —¿Dónde estaba, general Arellano, cuando se dio la orden de fusilar? General Arellano Stark: "No, a esa hora me encontraba en el hotel". Oficial Díaz Araneda: "Mi general Arellano se encontraba en la comandancia". General Arellano Stark: "Insisto, me encontraba en el hotel". El general Arellano argumentó, entonces, que la prueba de su inocencia y, por ende, la prueba de la culpabilidad del comandante Haag en los crímenes de Copiapó, estaba justamente en el hecho de que Haag no hubiera llamado a su superior jurisdiccional —el general Lagos—antes de dar la orden de fusilamiento. El oficial Díaz Araneda le replicó así: "Yo sólo aseguré, y no me cabe duda, que el comandante Haag cumplió órdenes superiores. No había nada ni antes ni después de la llegada del general Arellano a Copiapó que pudiera precipitar los hechos referidos". —¿Por qué el comandante Haag no solicitó autorización al general Lagos para hacer algo tan grave como el fusilamiento de trece personas? —preguntó el juez. —Ignoro si esa noche el comandante Haag comunicó la orden al general Lagos Osorio, sólo sé que asumió como Oficial Delegado del Comandante en Jefe, desde el momento de su llegada a Copiapó, mi general Arellano —contestó Díaz Araneda. El general Arellano, entonces, reiteró que el documento que recibió de manos del general Pinochet no indicaba "que yo asumiría el mando de la unidad ni tampoco que cumpliría funciones como juez militar". Dijo que el documento que lo nombró Oficial Delegado sólo se refería al comportamiento de los militares con la población civil, a fin de mantener la buena imagen del Ejército; a la revisión de procesos militares; a velar por que los consejos de guerra dispusieran la debida defensa de los procesados. El careo entre el coronel Óscar Haag Blaschke y el oficial Patricio Díaz Araneda aportó nuevas pruebas al ministro Guzmán. Se realizó el 29 de enero de 2000, a las cuatro de la tarde, en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército. ¿Quién dio la orden de sacar a los trece detenidos y fusilarlos? Esa fue la pregunta del juez que gatillo la siguiente aclaración por parte del coronel Haag:
"Al momento en que me fue exhibido el documento en que el general Pinochet nombraba Oficial Delegado al general Arellano, quedé relevado del mando y, por lo tanto, sobrepasado en mis atribuciones. El día 16 de octubre de 1973, en la reunión que sostuvimos con el general Arellano en la comandancia, éste ordenó el fusilamiento de trece personas que estaban en una lista. La lista fue elaborada en triplicado. Una la tenía el capitán Carlos Brito, otra la Fiscalía Militar y la tercera le fue entregada al general Arellano. No vi la lista de cerca, pero posteriormente me percaté de que la lista tenía unas marcas que había hecho el general Arellano. El criterio que tuvo en cuenta el general Arellano para seleccionar a las trece personas que iban a ser fusiladas atendió a la gravedad del delito, a las circunstancias que rodearon su detención y al partido político a que pertenecían las trece personas". Y agregó el coronel Haag: "Concretamente yo sabía que esas trece personas iban a ser fusiladas porque la orden había sido dada por el general Arellano, estando en la oficina de la comandancia. No di la orden de fusilar a esas trece personas, ni en forma verbal ni escrita. Pienso que la orden la dio Enriotti, quien era el segundo del regimiento y a quien —estando en el interior de la comandancia—le comuniqué la orden del general Arellano". Siguió el coronel Haag: "Lo del traslado y posterior evasión de los trece detenidos fue una ficción para dar una explicación que no impactara al personal del regimiento, pero la verdad es que las personas fueron ordenadas fusilar por el general Arellano. El general Arellano, una vez que mostró la lista con las trece personas detenidas que serían fusiladas, la mandó fuera de la comandancia por intermedio de un emisario de su comisión que bien pudo ser Arredondo, quien era su segundo. El general Arellano dijo que estas trece personas debían ser fusiladas de inmediato y las otras tres debían ser fusiladas a la mayor brevedad, ordenando que se diera término al sumario". Y fue entonces cuando el coronel Haag agregó nuevos datos: "Luego de que se llevaran a las trece personas, supuestamente rumbo a La Serena, en mi vehículo fiscal —junto a Arredondo y al abogado Rojas Hidalgo—nos dirigimos por la carretera que va a La Serena en busca del camión militar que pertenecía al regimiento y que llevaba a las trece personas". "Como Arredondo se molestó porque no encontrábamos el camión, después de llegar a la cima de la cuesta Cardone, ordenó que regresáramos a Copiapó. De vuelta, a unos pocos kilómetros de Copiapo, con los fusilados en su carrocería, tapados con una carpa y chorreando sangre. Nos detuvimos y Arredondo, para verificar, se bajó del vehículo, se subió al camión, levantó la carpa que cubría los cuerpos y contó los cuerpos para comprobar la muerte de las trece personas. Posteriormente, por orden de Arredondo, nos dirigimos al hotel donde se alojaba el general Arellano, quien nos recibió en bata. Entonces Arredondo dijo textualmente: 'Cumplida su orden, mi general, las trece personas fueron ejecutadas y lo he confirmado personalmente'. No es difícil imaginar el estupor que debió experimentar el ministro Guzmán al escuchar las palabras del coronel Óscar Haag, como asimismo el actuario al teclear la declaración en su máquina de escribir. Agregó el coronel Haag que volvió al regimiento, esa madrugada de octubre, y ordenó que se redactara el comunicado oficial, dando cuenta del traslado de los trece prisioneros a La Serena, su intento de escapar en el momento en que el camión sufrió un desperfecto eléctrico y la muerte de todos por "ley de fuga". —¿Quién dio la orden de fusilar a los trece prisioneros? —repitió el ministro Guzmán. Oficial Díaz Araneda: "La orden la recibí del comandante Haag, estando en la oficina de la ayudantía junto al mayor Enriotti. Es probable que cuando llegué a la comandancia, el comandante Haag y el mayor Enriotti estuvieran en ese momento comentando la orden de fusilar a las trece personas. Entonces, en ese momento, se me ordenó cumplir la orden de ejecutar a las trece personas".Coronel Haag Blaschke: "Es posible que así haya sucedido. Lo que ocurrió fue que, estando en el interior de la comandancia, le entregué la lista a Enriotti, diciéndole que el general Arellano había ordenado la ejecución de trece detenidos". —¿Mantiene su versión de que la orden de fusilar la dio el coronel Haag? —preguntó el juez a Díaz Araneda. Oficial Díaz Araneda: "La orden la recibí estando el coronel Haag junto al mayor Enriotti en la ayudantía. El coronel Haag sabía que la orden era fusilar". Coronel Haag Blaschke: "Estando junto al mayor Enriotti, que era mi segundo comandante, es posible que tácitamente le haya transmitido la orden al entonces capitán Patricio Díaz, en el sentido de que en mi presencia el mayor Enriotti le informó al capitán Díaz que la orden era fusilar a las trece personas que, momentos antes, el general Arellano había tiqueado en la oficina de la comandancia. Yo le entregué el papel a Enriotti para que se encargara de los detalles y tomara las medidas del caso con el objeto de cumplir la orden dada por el general Arellano, orden que había que cumplir de todas maneras. Había que fusilar a las trece personas". Oficial Díaz Araneda: "Sí, al momento de recibir la orden, estábamos los tres. En ese momento, le representé la orden a mi comandante Haag". Coronel Haag Blaschke: "Yo tenía que darle la orden al mayor Enriotti para que la cumpliera. No podía ser de otra manera. La orden había que cumplirla. Entonces, cuando me la representó el capitán Díaz Araneda, le dije que era una orden superior y que, dada la alta investidura del general Arellano, era imposible no cumplir con la orden". Oficial Díaz Araneda: "Efectivamente es así". —A ver, ¿quién dio la orden? —preguntó nuevamente el juez, tratando de entender la lógica y el lenguaje militar en el cumplimiento de órdenes. Oficial Díaz Araneda: "La orden me la transmitió el comandante Haag, quien me comunicó que la orden era del general Arellano y que había que cumplirla. Esto sucedió en presencia del mayor Enriotti, quien me dio las instrucciones para su cumplimiento, estando los tres en la ayudantía de la comandancia". Coronel Haag Blaschke: "Efectivamente así es. La orden se la transmití al capitán Díaz en presencia del mayor Enriotti, reiterándole que esa orden debía cumplirse por la investidura de Oficial Delegado que tenía el general Arellano". Cuando el juez quiso saber del momento en que ambos oficiales se encontraron en la carretera, cuando ya el camión venía de regreso con los cadáveres y el coronel Arredondo se subió para contar los cuerpos, dijeron lo siguiente: Oficial Díaz Araneda: "Yo no recuerdo haber visto a Arredondo en la cuesta Cardone". Coronel Haag Blaschke: "Efectivamente, Arredondo y yo estuvimos en la Cuesta Cardone, junto al abogado Rojas Hidalgo. Es posible que el entonces capitán Patricio Díaz no se haya dado cuenta de mi presencia, junto a Arredondo, por el estado de conmoción en que se encontraba después de la muerte de las trece personas". —¿Y quién ordenó el fusilamiento de los tres prisioneros provenientes de El Salvador? —preguntó el juez, refiriéndose a García, Tapia y Castillo. Coronel Haag Blaschke: "En la misma reunión de la noche del día 16 de octubre, el general Arellano —al ver los expedientes de los tres funcionarios de El Salvador, cuya condena a muerte había sido propuesta por un consejo de guerra—le comunicó al asesor jurídico, abogado Daniel Rojas Hidalgo, que cerrara la causa y que, en la reunión de las diez de la mañana del día siguiente, le presentara el documento para firmar el cúmplase de la sentencia. Al final de la reunión del día 17 de octubre, el abogado Rojas le presentó los expedientes de las tres personas condenadas a muerte, firmando el general Arellano el cúmplase, en presencia de todas las personas que estaban en la reunión". 
Agregó: "Inmediatamente dispuse que se diera cumplimiento a la sentencia al segundo comandante, mayor Enriotti, haciéndole presente que se cumpliera con todos los requisitos legales del caso. Al final del día 17 de octubre, el mayor Enriotti me comunicó que estaba todo dispuesto para el cumplimiento de la sentencia, que ésta se iba a realizar en el predio del regimiento y que había designado como jefe del pelotón al teniente Ramón Zúñiga Ormeño. No me comunicó los nombres del resto de los oficiales que conformaron el pelotón de fusilamiento. A la mañana siguiente, el mayor Enriotti me comunicó que la orden había sido cumplida conforme a lo programado y que las personas habían sido colocadas en urnas y enterradas en el cementerio de Copiapó, en tumbas separadas, y que habían quedado registradas en los libros del cementerio en el patio 16, sepulturas 13, 14 y 15".—¿Participó el capitán Díaz Araneda en esos tres fusilamientos? —preguntó el juez. Oficial Díaz Araneda: "No tuve participación ni directa ni indirectamente en los fusilamientos de esas tres personas. Y debo agregar que los oficiales Yáñez, Marambio y Ojeda tampoco tuvieron participación en el fusilamiento y posterior inhumación de esas tres personas". Coronel Haag Blaschke: "Confirmo lo dicho por Díaz Araneda". —¿Qué les habría sucedido si no cumplen la orden del general Arellano de fusilar a las trece personas y luego la sentencia de muerte para las otras tres personas? —preguntó el juez.Coronel Haag Blaschke: "En tiempo de guerra, el no cumplir órdenes de un superior de la investidura del general Arellano, pienso que me habría expuesto a graves sanciones, incluso la muerte". Oficial Díaz Araneda: "En tiempo de guerra, no cumplir una orden, en particular la dada para fusilar, podría haberme expuesto a ser condenado a fusilamiento". Al amanecer del 17 de octubre de 1973, en el regimiento de Copiapó, había un camión con su trágica carga en la carrocería: trece prisioneros asesinados. Una guardia militar lo custodiaba, de modo que nadie pudiera acercarse. El capitán Díaz Araneda —según su confesión—se había preocupado, en el curso del día, de preparar el entierro clandestino. Así le fue ordenado. Esperó a que anocheciera y cerca de las nueve de la noche —ya con toque de queda—dio la orden para que el camión saliera del regimiento. Todo indica que primero pasaron a buscar al administrador del cementerio a su casa. Así lo relató Leonardo Meza al juez, cuando éste se constituyó en el cementerio y comprobó que, en el Libro de Sepultaciones de 1973, estaban inscritos los trece asesinados. Fecha de defunción: 17 de octubre de 1973. Ya estaba preparado cuando lo pasaron a buscar a su casa —dijo Meza—porque esa misma mañana fue llevado al regimiento y "un militar, cuyo nombre y rango no conozco, me comunicó que iban a llevar trece cadáveres al cementerio, sin especificarme la hora. Finalmente me advirtieron, en tono amenazante, que estos hechos no debía comentarlos con nadie. Me dieron a entender que, si algo se llegaba a saber, yo sería la próxima víctima. Así fue como Leonardo Meza ordenó a su personal que prepararan trece urnas viejas, cerró el cementerio por la tarde y se fue a su casa a esperar. "Llegó una patrulla militar a buscarme. Me hicieron subir a un jeep y detrás venía un camión militar. Ingresamos al cementerio por la puerta posterior y les mostré el lugar donde podían sepultar a las personas que traían dentro del camión. Era una parte eriaza, donde los mismos militares procedieron a cavar una zanja". Fue entonces cuando Meza le pidió a uno de los militares que lo acompañara para comenzar a traer las viejas urnas. Alcanzaron a caminar unos metros. Escuchó al militar balbucear algunas frases: "Me dijo que había cortado con corvo a uno de los detenidos, quien le pedía que no lo matara, que tenía tres hijos. Y que igual le disparó un tiro en la cabeza". Pero la confesión fue interrumpida porque el oficial al mando les ordenó regresar y rechazó el uso de las urnas. Y el mismo oficial —se supone que el capitán Díaz Araneda—le ordenó a Meza ayudar en la tarea de bajar los cadáveres. "Quedé manchado con sangre al hacerlo, ya que los cadáveres venían sólo con ropa de vestir, sin ninguna otra protección. Una vez que los cuerpos estuvieron en el suelo, le planteé al militar que venía al mando que yo no podía sepultar los cadáveres sin una autorización del Registro Civil o, de lo contrario, debía darle cuenta al director del hospital. El militar ordenó, entonces, que fueran a buscar al funcionario del Registro Civil, de nombre Víctor Monroy", declaró Leonardo Meza al juez. Lo que siguió podría ser clasificado en el archivo del surrealismo. O quizás sólo se explique por el "legalismo" de la idiosincrasia chilena. Ya habían sido violados leyes y tratados internacionales (desde la normativa de tiempo de guerra hasta el Convenio de Ginebra). Trece prisioneros habían sido masacrados sin mediar sentencia alguna de consejo de guerra. Y ahora trece cadáveres estaban siendo enterrados clandestinamente, sin que las autoridades médicas hicieran autopsias y certificaran las muertes. Pero bastó que un civil dijera "no, no se puede", para que el capitán Díaz Araneda detuviera el proceso para "legalizar" la acción. Así fue como el encargado de la oficina de Registro Civil de Copiapó entró en la macabra escena. Víctor Bravo Monroy finalmente compareció ante el tribunal —bajo amenaza de arresto—a fines de noviembre de 1999. Dijo al juez que una patrulla militar lo fue a buscar a su casa y lo llevó primero al regimiento. Y allí estaba, en el casino de oficiales, con su maletín de instrumentos en la mano, cuando observó lo siguiente: "Estando allí visualicé a los oficiales Andreotti y Vidal Aller, a quienes conocía. Pero entre ellos había un grupo de oficiales a quienes no conocía y que se distinguían porque vestían tenida de combate, diferente al resto de los oficiales allí presente. En el regimiento se encontraba el helicóptero en que llegaron estos oficiales. Posteriormente, por fotografías publicadas en la prensa, pude reconocer entre ellos al teniente Fernández Larios, quien en esa época era muy joven y de buena presencia. Fue la misma noche del 17 de octubre en la que yo concurrí al regimiento y al cementerio local de Copiapó". En el cementerio, agregó Bravo Monroy, no supo quién le dio la orden de proceder a la identificación: "No vi la cara de esa persona porque me alumbraban con una linterna, la que me encandilaba. No reconocí su voz, pero pienso que debo haberlo conocido porque me conocían a mí. Uno de ellos se refería a otro como 'mi teniente'. Estaban muy nerviosos y ése le dijo al señalado teniente que me pasaran la botella de pisco para calmarme, pero ya se había acabado". "Luego se agregaron unos cuantos militares más, los que venían acompañados de Leonardo Meza, encargado del cementerio local, a quien yo conocía". —¿Cuántos eran los cuerpos y en qué estado estaban? —le preguntó el juez.
—En realidad fue terrible la identificación de esos cadáveres, considerando que conocía a muchos de ellos. Lo que más me impresionó, entre otros, fue ver el cuerpo de Alfonso Gamboa, a quien le faltaba casi toda la mandíbula y su cuerpo —piernas, brazos y manos—presentaba muchos balazos. Todos los cuerpos presentaban este tipo de heridas (...) Algunos cuerpos estaban degollados y con heridas cortantes. Todos los cuerpos estaban acribillados y con múltiples heridas a bala. Por ejemplo, a Jaime Sierra le faltaba un ojo y Leonello Vincenti, quien era profesor del colegio de mi hijo, presentaba heridas con arma blanca en su cuerpo. Entre ellos también reconocí a un niño, estudiante de Pedagogía, a quien había casado días antes; también a Pedrito Pérez y a tantos otros. Fue todo realmente triste e impresionante. Los cuerpos, en total, eran trece —relató Víctor Bravo Monroy. Uno por uno, fue tomándoles la mano derecha, untando las puntas de los dedos con la tinta y presionando los dedos inertes sobre el cartón para estampar la huella: "A medida que los identificaba, iban siendo lanzados a la fosa donde fueron enterrados por el personal militar. Posteriormente completé su identificación con los datos que existían de ellos en el Registro Civil. La causa de muerte que se indicó, en cada partida de defunción, fue 'ajusticiamiento militar'. No había médico que certificara la muerte de estas personas". Toda la macabra tarea —cavar, identificar, enterrar, tapar la fosa—tomó muchas horas esa noche del 17 al 18 de octubre de 1973. El capitán Díaz Araneda dijo al juez que la confección de las fichas dactiloscópicas "se realizó como a las tres de la mañana". Y el administrador del cementerio, Leonardo Meza, aseguró que fueron enterrados "no como personas, ni siquiera como animales; a un perro se le da mejor sepultura". ¿Quiénes fueron las trece víctimas de ese primer "ajusticiamiento militar?"


Las primeras 13 víctimas de Copiapó son:


- Winston Dwight CABELLO BRAVO, 28 años, ingeniero comercial, Jefe Provincial de la Oficina de Planificación Nacional(ODEPLAN), militante del Partido Socialista y MIR. Fue detenido el 12 de septiembre en la Intendencia y trasladado al Regimiento de Copiapó, actual Regimiento Capitán Rafael Torreblanca.



- Agapito del Carmen CARVAJAL GONZALEZ, 32 años, funcionario público y militante del Partido Socialista. Detenido en su domicilio y trasladado al Regimiento de Copiapó.



- Fernando CARVAJAL GONZALEZ, 30 años, empleado, militante del Partido Socialista. Fue detenido el 22 de septiembre en su domicilio, conducido hasta el Regimiento de Copiapó y desde allí a la cárcel de esa localidad.



- Manuel Roberto CORTAZAR HERNANDEZ, 20 años, estudiante secundario, dirigente estudiantil y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Se presentó ante las autoridades militares luego de ser requerido mediante un Bando, el l7 de septiembre de l973. Quedó detenido en la Cárcel de Copiapó, lugar desde el cual fue trasladado al Regimiento de esa misma localidad, el 2 de octubre del mismo año.



- Alfonso Ambrosio GAMBOA FARIAS, 35 años, profesor, Director de Radio Atacama y militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros el 15 de septiembre y trasladado al Presidio de Copiapó.



- Raúl del Carmen GUARDIA OLIVARES, 23 años, funcionario público y militante del Partido Socialista.



- Raúl Leopoldo de Jesús LARRAVIDE LOPEZ, 21 años, estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido el 12 de septiembre de l973 al interior de la Universidad y conducido al Regimiento de Copiapó. A fines de septiembre se le trasladó al Presidio de la misma ciudad.



- Edwin Ricardo MANCILLA HESS, 21 años, estudiante de Pedagogía en la Escuela Normal, presidente del Centro de Alumnos y Secretario Regional del Movimiento de Izquieda Revolucionaria (MIR). El 15 de octubre fue detenido por efectivos de Carabineros e Investigaciones en su domicilio, conducido al Presidio de Copiapó y desde allí trasladado al Regimiento de esa ciudad.



- Adolfo Mario PALLERAS NORAMBUENA, 27 años, comerciante, dirigente poblacional y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Requerido por las autoridades a través de un Bando militar, decidió no presentarse. Fue detenido el l5 de octubre por efectivos de Carabineros, conducido al Regimiento de Copiapó y trasladado posteriormente al Presidio de esa ciudad.



- Jaime Iván SIERRA CASTILLO, 27 años, locutor de radio y militante del Partido Socialista. Fue detenido el 20 de septiembre en su domicilio por efectivos de Investigaciones, llevado al Cuartel de dicha Institución y desde allí trasladado al Regimiento de Copiapó.



- Atilio Ernesto UGARTE GUTIERREZ, 24 años, estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido el 14 de octubre en la residencial donde vivía y conducido al Regimiento de Copiapó.



- Néstor Leonello VINCENTI CARTAGENA, 33 años, profesor, Secretario Regional del Partido Socialista. Fue detenido por efectivos militares y conducido al Regimiento de Copiapó.



- Pedro Emilio PEREZ FLORES, 29 años, Ingeniero en Minas, profesor de la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó, Interventor de la planta minera "Elisa de Bordo" y dirigente del Partido Socialista. Fue detenido el 25 de septiembre de l973 en su domicilio, que luego fue allanado por funcionarios de Investigaciones, quienes lo condujeron al presidio de Copiapó.
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Al ser enterrados clandestinamente, las primeras trece víctimas de Copiapó pasaron a ser detenidos—desaparecidos. Sus familias no tuvieron derecho a un funeral y no lograron una respuesta oficial acerca del paradero de los restos. Transcurrieron más de diecisiete años hasta que —iniciada la transición—la Comisión Rettig hizo la denuncia a la justicia, acompañando los testimonios que permitieron ubicar la fosa en julio de 1990. Los restos esqueletizados fueron identificados en el Instituto Médico Legal y luego entregados a sus familias. Veamos ahora el caso de las otras tres víctimas, aquellas sobre las que pesaba una condena a muerte dictada por un consejo de guerra. El general Joaquín Lagos Osorio, comandante en jefe de la Primera División, era el máximo jefe jurisdiccional y explicó al juez lo ocurrido en este caso. Tras el golpe militar, dividió su zona en tres CAJSI (Comando de Agrupación Jurisdiccional de Seguridad Interior): Antofagasta, Copiapó y Calama. A cada CAJSI le entregó —de acuerdo al plan de seguridad interior—la responsabilidad jurisdiccional. Lo hizo de acuerdo al decreto—ley número 51 que, desde el 2 de octubre de 1973, delegó amplias facultades en los comandantes de divisiones o brigadas. Hay que recordar que ya estaba operando el decreto—ley número 5, que ordenó a los tribunales militares "entender" el estado de sitio como "estado o tiempo de guerra", sólo para los efectos de endurecer las condenas. —En Copiapó, un consejo de guerra propuso la condena a muerte de García, Tapia y Castillo. La decisión del juez militar, teniente coronel Óscar Haag, se encontraba pendiente al momento de arribar Arellano y su comitiva a la ciudad. El hecho es que Arellano, al ver los tres sumarios pendientes, exigió una explicación. Luego de escuchar al comandante Haag, sin más trámite, ordenó el cierre de la causa y firmó las sentencias de muerte —explicó el general Lagos. 
¿Quiénes eran estos tres prisioneros? 



• Ricardo García Posada, 43 años, ingeniero y economista, funcionario de la CEPAL (organismo de la ONU) y gerente general de Cobresal (minera estatal de El Salvador). Militaba en el Partido Comunista. Casado, dos hijos. Al día siguiente del golpe militar, hizo entrega oficial de las instalaciones de la mina al ingeniero más antiguo y se presentó voluntariamente al recinto policial más cercano, en Potrerillos. Quedó bajo arresto domiciliario por dos días y luego fue trasladado a la cárcel de Copiapó. 



• Benito Tapia Tapia, 31 años, empleado de Cobresal, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Si bien el Informe Rettig lo identificó como miembro del comité central de la Juventud Socialista, su esposa —María Lía Carvajal—dijo al juez que Benito había sido candidato a diputado por el Partido Comunista. Fue detenido una semana después del golpe en El Salvador y luego conducido a Copiapó. 



• Maguindo Castillo Andrade, 40 años, casado, una hija, empleado de Cobresal, dirigente sindical, militaba en el Partido Socialista. Se presentó voluntariamente en la comisaría de Potrerillos, al ser llamado por un bando militar. Fue dejado en libertad. Tres días después fue arrestado mientras caminaba por una calle de El Salvador y trasladado a Copiapó. Su esposa Laureana Honores relató al juez que pudo verlo varias veces —manos hinchadas, moretones en el rostro—y comprobó que estaba siendo torturado. El nada le decía, para no preocuparla, pero en una ocasión le entregó un chaleco para que lo lavara. Al sumergirlo, el agua se tiñó con la sangre. 

Sólo en rumores se habría basado el consejo de guerra para emitir la condena a muerte de García, Tapia y Castillo. El abogado Frigolett —contratado por Rolly Baltiansky, esposa de García—no pudo presentar la defensa. Y en la tarde del 17 de octubre de 1973, estando en Copiapó el general Arellano y su comitiva, se firmó la sentencia. El abogado Daniel Rojas Hidalgo, auditor, integró ese consejo de guerra. Dijo al juez que los acusados habían ordenado dinamitar la mina de El Salvador, que los trabajadores se negaron y que subsistía el peligro que, "desde la prisión, siguieran insistiendo para que los trabajadores que les eran leales cumplieran sus designios". —¿Quién aprobó e hizo cumplir la sentencia? —le preguntó el ministro Guzmán. —Si el general Arellano se encontraba en Copiapó en esa fecha, tendría que haber sido decisión suya y, si no, decisión del general de división y juez militar de Antofagasta, cuyo nombre no recuerdo en este momento —contestó Rojas Hidalgo. —¿Estaba Arellano en Copiapó? —No puedo asegurarlo. Lo único que puedo asegurar es que estuve en una reunión con el general Arellano en Copiapó, no recordando si fue antes o después de cumplirse la sentencia que aplicaba la pena de muerte a los tres dirigentes del mineral El Salvador. Pero sí recuerdo que él traía la delegación de la Junta de Gobierno para que pudiera ordenar el cúmplase de las sentencias, revisar los procedimientos de la Justicia Militar en tiempo de guerra y dar las instrucciones que estimara pertinentes... El abogado Daniel Rojas Hidalgo compareció ante el ministro Guzmán sólo bajo amenaza de arresto y con orden de arraigo, tras rechazar varias citaciones al tribunal. El informe de Investigaciones estampó su excusa para mantenerse en silencio. No hablaba porque, dijo a la policía, "de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del reglamento de disciplina de las Fuerzas Armadas, se ordena que la discreción en asuntos de servicio o estrictamente militares dura para el militar toda la vida. A ello estoy obligado conforme lo disponen las letras c) y f) del artículo 31 del mismo reglamento". ¿Qué quería evitar? Tenía más de un motivo. Ya vimos que el comandante Haag lo involucró en el episodio donde el comandante Arredondo confirma, en el camión, el asesinato de los trece prisioneros. Y luego, el encargado del Registro Civil, Víctor Bravo Monroy, lo culpó de adulterar los certificados de defunción de los prisioneros García, Tapia y Castillo.

Ya sabemos, por el coronel Haag, que los tres sentenciados a muerte fueron fusilados en el patio del regimiento en la tarde del 17 de octubre. Dirigió el pelotón de fusileros el teniente Ramón Zúñiga Ormeño. Los cadáveres fueron luego enviados a la morgue local. El administrador del cementerio, Leonardo Meza, aseguró al juez que "estos cuerpos llegaron primero a la morgue y supe que el doctor Alcayaga se negó a realizar las autopsias". La investigación judicial continuó buscando datos, porque los prisioneros García, Tapia y Castillo seguían como detenidos—desaparecidos. Y así fue como se llegó al gasfiter Arturo Araya Nieto, quien en 1973 trabajaba como ayudante en la morgue. A las ocho de la mañana del 18 de octubre, vio un cuerpo sobre la mesa de autopsia y otros dos cuerpos en la sala contigua. Descubrió la sábana blanca que tapaba al primero y se encontró con un hombre que "vestía terno azul y, por su boca abierta, pude ver una tapadura de oro en uno de sus dientes. Tenía un impacto de bala en el pecho". Estaba a punto de comenzar a desvestirlo —parte de su tarea, previa a la autopsia que debía realizar el doctor Alcayaga—cuando llegó el administrador del cementerio, Leonardo Meza, y le dijo "que esos cuerpos eran intocables, me ordenó tapar al que estaba sobre la mesa y cerrar la puerta". Luego llegaron las tres urnas y a él le tocó ayudar para instalar adentro los cuerpos. También fue ubicado el panteonero José Miguel Escudero Valdés, quien dijo haber cavado las tres fosas en el patio 16 ese día 18 de octubre del 73, por orden del administrador del cementerio. Luego le ordenaron ir a buscar tres urnas en las "hueseras" y llevarlas al vecino recinto de la morgue. Allí "pude darme cuenta de que había tres cuerpos, los cuales estaban vestidos y envueltos en sábanas blancas". Junto a Arturo Araya, metieron los cuerpos en las urnas ("tenían impactos de bala en el pecho") y las clavaron para sellarlas. Los dos, Escudero y Araya, se fueron temprano esa tarde, ya que se adelantó el toque de queda. Y vieron que militares se quedaban en el cementerio junto al administrador Meza. Al día siguiente, Meza "me ordenó buscar tres cruces en desuso, las cuales pinté y se las entregué. Él les puso nombres y las colocó en las fosas que yo había cavado el día anterior", declaró Escudero al juez. El entierro de los tres cadáveres fue clandestino. El papel que recibieron las familias, fechado el 18 de octubre, decía que los cuerpos les serían entregados, que no podían ser sacados del cementerio y que sólo se permitirían cinco personas por familia para un entierro "sin ceremonia alguna". Rolly Baltiansky recuerda que estaba hablando con el abogado acerca de la defensa de su marido, Ricardo García Posada, cuando entró la esposa de Benito Tapia con el papel en la mano, gritando ¡los mataron, los mataron! Pocos minutos después, la desesperada Rolly corrió al cementerio. No le permitieron ver el cuerpo y la obligaron a abandonar el campo santo. Y su versión se ratificó en la versión de Víctor Bravo Monroy: "Uno de los oficiales le pidió al doctor Juan Mendoza que cerrara el cementerio, para impedir que la esposa de García Posada entrara a reconocer el cuerpo de su esposo". Al día siguiente, Rolly volvió y pudo ver el nombre de Ricardo en una modesta cruz de madera. Luego desapareció la señal. ¿Qué había pasado?
Quizás la explicación se halla en el informe que Investigaciones entregó al juez luego de hablar con el abogado Rojas Hidalgo. Para empezar, el abogado mintió al decir que recordaba muy bien cuando Rolly Baltiansky "compareció a retirar los restos de su marido, para llevárselo fuera de Chile, lo que hizo con la autorización militar respectiva". Y luego podría ser veraz su afirmación respecto a lo que sucedió con los cuerpos de los otros (incluido el de García por cierto, que jamás fue entregado a su esposa). Dijo a los policías que, al comprobarse que mucha gente iba al lugar del entierro, aprovechando los encuentros para reunirse e intercambiar mensajes, "la autoridad militar de entonces, durante la noche y en pleno secreto, ordenó abrir la fosa común, retirar los restos y dejar el hoyo notoriamente visible, y sepultarlos en otro sitio del cementerio". Agregó Rojas Hidalgo a la policía: "Con posterioridad se ordenó la exhumación de los restos, los que debido al traslado practicado, sin ningún cuidado especial, demostraron un franco deterioro". No sólo se ocultaron los cuerpos. Además se adulteraron los certificados de defunción. Las familias de García, Tapia y Castillo recibieron primero documentos que decían, como causa de muerte, "ejecución militar". Y luego —en nuevos certificados—la causa cambió a "impacto de balas". El oficial del Registro Civil, Víctor Bravo Monroy, declaró ante el juez que el responsable de dicha adulteración había sido el abogado Rojas Hidalgo, auditor militar de Copiapó. Había llegado a su oficina, diciendo que debía cambiarse la causa de muerte de los tres asesinados. Él le contestó "que para hacer el cambio se necesitaba de una resolución judicial". Entonces, Rojas Hidalgo "le pidió a Dinko Carmona, funcionario encargado de las inscripciones de defunción, que hiciera el cambio, quien finalmente accedió a tal petición, consignándose como causa de muerte heridas múltiples a bala". A su vez, el funcionario Dinko Carmona dijo al juez lo siguiente: "Hice las modificaciones por órdenes del abogado Daniel Rojas Hidalgo, quien se presentó en la oficina del Registro Civil a presionar, primero hablando con mi jefe y luego con el encargado del registro de defunciones, que era yo". Demás está decir que, en el curso de los careos, no hubo acuerdo entre el abogado Rojas Hidalgo y los funcionarios del Registro Civil. El ex auditor militar de Copiapó dijo que sólo se explicaba la confusión porque, con el tiempo, estas personas "no podrían recordar quiénes fueron los funcionarios del orden militar que intervinieron en dichos trámites". Él, aseguró, no tuvo idea de trámites judiciales y administrativos. Era solamente auditor de guerra, por lo que debía integrar los consejos de guerra y redactar las sentencias. Punto. Ante tantas mentiras, el ministro Guzmán decidió someterlo a proceso. Así fue como la suma de atrocidades determinó que los cuerpos de García, Tapia y Castillo desaparecieran. Y de ahí que los tres formen parte de los diecinueve "secuestros calificados" que dieron paso al procesamiento de la "caravana de la muerte" y al desafuero del general Augusto Pinochet.

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