jueves, 26 de agosto de 2010

Regimiento de Infantería Motorizada No 23 "Copiapó"

(Actual Regimiento “Capitán Rafael Torreblanca”)
III Región
    
            El Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23 "Copiapó", ubicado en Los Carrera s/n, lote 1, funcionó desde 1973 hasta 1975 como recinto de detención y tortura. Allí se realizaban los interrogatorios a los detenidos, incluyendo a personas que permanecían detenidas en otros recintos, como la Cárcel de Copiapó. Los prisioneros eran encarcelados en calabozos húmedos, en piezas de dimensiones mínimas (más corta y angosta que un escritorio, refiere un detenido); otros señalan que fueron aislados en carpas militares individuales fuera del comedor de los conscriptos y encerrados en una especie de barracón. Desde estos lugares se les llevaba a un segundo piso del edificio del regimiento, donde eran interrogados y sometidos a torturas. Allí funcionaban la Fiscalía Militar, la enfermería y una sala de torturas. Los ex prisioneros señalaron que eran constantemente maltratados, amenazados y escasamente alimentados. Los que no estaban aislados eran obligados a hacer trabajos forzados. Se denuncia la aplicación de diversas torturas, como golpes, colgamientos, cortes con yataganes, aplicación de electricidad, posiciones forzadas durante horas, simulacro de fusilamiento y vejación y violación sexual. Los testimonios denuncian que a las personas detenidas por la DINA, que se encontraban dentro del regimiento, se las mantenía aisladas en la celda conocida como el chucho, habitualmente sucia, donde se les impedía dormir y se les privaba de alimentos y agua. En los relatos se menciona que el SIM también operó en ese regimiento. La DINA utilizó además el Predio Agrícola del Regimiento hasta 1976, como recinto de detención. Allí los prisioneros eran encerrados en un galpón de adobe en malas condiciones que había sido caballeriza; asimismo, la Cárcel Vieja también fue usada para estos efectos.
El Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23, Copiapó esta también estrechamente relacionado con el asesinato, el 17 de octubre de 1973, de 13 personas presos politicos de la región: Winston Dwight Cabello Bravo (28 años), Agapito del Carmen Carvajal González (32 años), Fernando Carvajal Gonzalez (30 años), Manuel Roberto Cortazar Hernandez  (20 años), Alfonso Ambrosio Gamboa Farias (35 años), Raúl del Carmen Guardia Olivares (23 años), Raúl Leopoldo de Jesús Larravide Lopez (21 años), Edwin Ricardo Mancilla Hess (21 años), Adolfo Mario Palleras Norambuena (27 años), Jaime Iván Sierra Castillo (27 años), Atilio Ernesto Ugarte Gutierrez (24 años), Néstor Leonello Vicenti Cartagena (33 años), Pedro Emilio Pérez Flores (29 años). Sus cuerpos estuvieron desaparecidos hasta 31 de julio de 1990. De acuerdo a la “versión oficial”, todos ellos habrían muerto durante un supuesto “intento de fuga”. Sin embargo la Comisión Rettig rechaza la versión oficial y estableció que en el estado en que se encontraban los restos al ser exhumados, indica que estas personas fueron ejecutadas en circunstancias que se hallaban bajo el total control y a merced de los efectivos militares lo que resulta absolutamente inconsistente con la versión oficial.  Los restos de varios de ellos se encontraron mutilados, sin impactos de bala y con evidentes signos de corte con arma blanca. 

Testimonios: [Preso político detenido en septiembre de 1973] “...Fui llevado al cuartel del regimiento. En ese recinto me ataron los pies con las manos, por detrás. Luego me ataron un cordel desde los pies a la boca abierta y, mediante un lazo tiraban el cordel, haciéndome doblar la espalda y la cabeza hacia atrás, hasta extremos insoportables y muy dolorosos. A continuación, estando atado en la forma descrita, me colgaron de un árbol y fui pateado y golpeado con una metralleta, hasta aturdirme...”
 [Preso político detenido en noviembre de 1975] “...a continuación trasladado al Regimiento de Copiapó (vendado), torturándome por largos días y noches con breves intervalos, con golpes de puño, patadas, corriente en múltiples partes del cuerpo (desnudo), golpes en los oídos con ambas manos (teléfono), permanecía por largas horas de pie; mojado, golpeado, etc., a fin de impedir el sueño...”

Criminales y Cómplices
Teniente Coronel Arturo Alvarez Sgolia (comandante del Regimiento "Copiapó", Jefe de la Zona en Estado de Emergencia e Intendente de Atacama); Capitán Patricio Roman (Ejército); Carlos Scarate (Ejército; alias “el rucio”)
  
Fuente de Información: Informe Rettig; Informe Valech;

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viernes, 6 de agosto de 2010

Caso Pisagua repone en el tapete a ex edecán Krauss

Por Jorge Escalante / La Nación 
 
La Sala Penal de la Corte Suprema solicitó a Argentina que amplíe los márgenes de la extradición del mayor (R) Herrera, concedida en 1994, para que responda por siete asesinatos cometidos en ese lugar entre el 15 y el 30 de enero de 1974.

 Viernes 6 de agosto de 2010 | | País

La solicitud a la justicia argentina resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema para que amplíe el margen de los términos de la extradición a Chile del mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, concedida el 8 de abril de 1994, aviva el fantasma que persigue al ex agente de la CNI y ex edecán de la Cámara de Diputados, coronel (R) Jaime Krauss Rusque, por los crímenes de Pisagua.
En 1994, la extradición de Herrera, sacado de Chile clandestinamente en 1991 por la inteligencia del Ejército para evitar que respondiera judicialmente por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, fue concedida por Argentina sólo para que en Chile respondiera por el crimen del sindicalista, del carpintero Juan Alegría y del transportista de La Serena Mario Fernández.
Ahora, la sala penal solicitó expresamente a la justicia argentina que extienda esa restricción para que Herrera responda por siete asesinatos cometidos en el campo de concentración de Pisagua, entre el 15 y el 30 de enero de 1974.
En ese período, en dicho campo los prisioneros fueron ejecutados extrajudicialmente Nelson Márquez Agurto, Luis Manríquez Wilden, Juan Rojas Osega, Hugo Martínez Guillén, Tomás Cabello Cabello, Juan Mamani García y Nicolás Chánes Chánes.
En el proceso, el mayor (R) Herrera le imputa a Krauss darle la orden para matar a Márquez. El detenido, torturado hasta enloquecer, apareció una tarde errando por la playa y fue acusado de intentar fugarse.
Además, Herrera confesó a La Nación el 2002 que Krauss también le ordenó disparar sobre los otros prisioneros mencionados, cuyos nombres aparecieron en un bando militar como “puestos en libertad” desde el campo.
En junio de 1990, los siete cuerpos se hallaron sepultados en una fosa clandestina en Pisagua.
SALIDA DEL CARGO
El 22 de julio de 2004, la jueza Carmen Garay procesó por estos delitos a Herrera y Krauss, lo que al ex agente CNI le costó su salida del cargo que ejercía como edecán de la Cámara de Diputados.
Antes de ello, el aún edecán afirmó a La Nación Domingo, en julio del 2004, que “éste es un cuento de nunca acabar y aquí hay intereses políticos detrás”, declarándose “inocente” de esos crímenes. Aunque Krauss no niega en el proceso que estuvo en Pisagua en ese tiempo con el grado de capitán.
Sin embargo, después de que el proceso pasó a manos del juez Joaquín Billard, que aún instruye la causa, éste revocó el procesamiento de Krauss, produciéndose luego una serie de acontecimientos procesales que terminaron con éste fuera del juicio y que la parte querellante evaluó en su momento como “extraños”.
Ahora, si la justicia Argentina concede la ampliación pedida que permitiría que Herrera volviera a formar parte de esta causa, dado que su procesamiento también fue anulado, el abogado querellante Adil Brkovic dijo a este diario que “volveremos a pedir el procesamiento del coronel Krauss y de Herrera Jiménez”.
Brkovic sostiene que en el caso del ex edecán “fue muy extraño que el Consejo de Defensa del Estado se desistiera de apelar para que el procesamiento de Krauss fuera repuesto, porque existen suficientes antecedentes que lo inculpan”.
 
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Agrupación se querella por 103 ejecutados políticos

Por L. A. C. / La Nación 
Viernes 6 de agosto de 2010 | | País

Un total de 103 nuevas querellas por ocho mujeres y 95 hombres que fueron asesinados durante el régimen militar interpuso ayer la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) ante el ministro en visita Mario Carroza, quien está a cargo de la indagatoria de estos casos. En total, ya suman 203.
La presidenta de la agrupación, Alicia Lira, manifestó que la presentación de estas acciones judiciales reafirma el compromiso que tienen de luchar para que la justicia investigue “los más de mil cien crímenes de la dictadura. Que se investigue a los responsables y luego se les sanciones para no permitir ninguna ley que aplique más impunidad de la que ya hay en este país”.
La presentación se enmarca, según explicó la dirigenta, en la campaña “Impunidad jamás”, iniciada el año pasado por la agrupación luego que el Poder Judicial, a través del ministro Sergio Muñoz, realizara un catastro de los casos de víctimas de violaciones de los derechos humanos que aún no poseen una causa abierta a nivel país.
Asimismo, la dirigenta manifestó su descontento con el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que según detalló “no ha presentado ninguna querella por ejecutados políticos como lo mandata la ley” desde que asumió el 11 de marzo pasado el Presidente Sebastián Piñera.
CONFECCIÓN DE LIBELOS
Al respecto, la abogada Rossy Lama -secretaria ejecutiva del Programa de DDHH- indicó que durante estos cinco meses se han estado presentando querellas para que se indaguen 14 casos de detenidos desaparecidos que, hasta el momento, no tenían causa penal abierta, “y aún faltan dos más que estamos a punto de presentar”, indicó Lama.
En esa misma línea, dijo que las querellas por ejecutados políticos “están en proceso de confección y de acompañamiento de documentos y todos los antecedentes que requiere una querella de estas características, lo cual se ha visto demorado en algunos casos porque queremos entregar la información lo más completa posible”.
Acto seguido, la jefa del Programa de DDHH aseguró que en las próximas semanas se harán parte de las causas instruidas por el ministro Carroza.

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lunes, 2 de agosto de 2010

Nueva condena a la cúpula de la Dina

31 de Julio de 2010
Por desaparición de ocho opositores

El ex jefe de la Dina fue sentenciado a 15 años y un día de cárcel por la desaparición de ocho opositores al gobierno de Augusto Pinochet, por lo que acumula más de 200 años por diversas violaciones a los derechos humanos. Además, se suman el ex brigadier Miguel Krasnoff, y los ex coroneles del Ejército Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo y Daniel Cancino Varas, el oficial en retiro de Gendarmería Orlando Manzo Durán, el ex oficial del Ejército Rubén Fiedler Alvarado y Pedro Herrera Henríquez, el suboficial en retiro de Carabineros Pedro Alfaro Fernández y el ex teniente coronel del Ejército Fernando Lauriani Maturana.



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domingo, 1 de agosto de 2010

Presidente responde a dichos de Manuel Contreras sobre libertad de militares condenados

Viernes 30 de Julio de 2010

Fuente :Emol/ANSA


El ex jefe de la DINA dijo ayer que espera que el Mandatario cumpla con la promesa que hizo, como candidato, sobre la prescripción de los delitos.
SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera no tardó este viernes en responder a los dichos del ex jefe de la DINA, general (r) Manuel Contreras, quien anoche en una entrevista televisiva recordó el compromiso asumido por el Mandatario en noviembre pasado ante los militares en retiro, cuando era candidato.

"Ahí dijo que se preocuparía de que se aplicara estrictamente la ley y por la agilización de los procesos. Si se cumple la ley, deberían aplicar a todos nosotros la prescripción de las causas", comentó el ex oficial de Ejército desde la cárcel de Punta Peuco, donde se encuentra recluido por 38 condenas que suman 209 años.

Al respecto, el Jefe de Estado recordó hoy que tiene un compromiso con todos los chilenos de hacer cumplir las leyes.

"Yo me comprometí ante todos los chilenos, de hecho juré cuando asumí como Presidente cumplir y hacer cumplir las leyes y, por supuesto, ese compromiso lo tengo con los 17 millones de chilenos", manifestó.

El martes 10 de noviembre, el entonces postulante a La Moneda se reunió con cerca de 500 militares en retiro en el Círculo Español y fue en ese escenario donde garantizó que en su eventual Gobierno iba "a velar para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos, incluyendo a quienes están en servicio activo o en retiro, sin arbitrariedades, en forma oportuna, sin mantener procesos ad aeternum que nunca terminan".

Pedirán extraditar a ex agente fugada a Dinamarca

Por Jorge Escalante / La Nación

La ex integrante de la DINA y la CNI, suboficial (R) de la Armada, salió con su identidad el 10 de mayo pasado y fue encausada el 9 de julio último. Abogado Nelson Caucoto afirma que “se cumplen requisitos para la extradición”.

Viernes 30 de julio de 2010 | | País


La extradición desde Dinamarca de la ex agente DINA-CNI, suboficial (R) de la Armada, Ema Verónica Ceballos Núñez, pedirá el abogado querellante en el crimen de los cinco militantes del FPMR, Nelson Caucoto.
Previendo su procesamiento, la ex agente huyó a Dinamarca el pasado 10 de mayo saliendo con su identidad por el aeropuerto internacional de Santiago.
El magistrado Mario Carroza la encausó el 9 de julio último en calidad de coautora del secuestro y desaparición del frentista Julián Peña Maltés.
El secuestro de los frentistas entre el 9 y 10 de septiembre de 1987 fue una operación coordinada entre la comandancia en jefe del Ejército, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE, la Central Nacional de Informaciones (CNI), y el Comando de Aviación del Ejército (CAE).
Los cinco fueron asesinados en el cuartel Borgoño de la CNI y sus cuerpos arrojados al mar a bordo de un helicóptero Puma del CAE.
Aunque no está comprobado, los frentistas pudieron ser secuestrados para canjearlos por el coronel Carlos Carreño, gerente comercial de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), a quien el FPMR secuestró el 1 de septiembre de 1987. Pero Carreño apareció liberado el 3 de diciembre de 1987 en Sao Paulo, Brasil.
El abogado Caucoto dijo a La Nación que “se cumplen todos los requisitos para pedir la extradición”, aclarando que aunque no existiera tratado bilateral entre Chile y Dinamarca “opera el principio de la reciprocidad”.
La Corte de Apelaciones debe resolver pronto si procesa en esta causa a los generales (R) Santiago Sinclair y Ricardo Ortega, este último ex jefe de la DINE.


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Manuel Contreras habla sobre muerte de general Prats y declara inocencia en causas que ha sido condenado

El ex director de la Dina le envió un mensaje a las hijas del ex comandante en jefe del Ejército. "Yo sentí mucho que muriera su padre porque fue profesor mío en la Academia de Guerra", dijo.

por Ansa - 29/07/2010 - 23:15 
El condenado general Manuel Contreras, quien fuera el director de la Dina, afirmó esta noche que "no matamos a nadie que no fueran terroristas cuando se enfrentaron a nosotros".

El ex oficial de Ejército dijo en entrevista con Chilevisión que no aceptaba ninguno de los cargos que se le hacen y por los cuales suma más de 40 condenas por desaparición, muerte, homicidio, asociación ilícita.
"A nadie he mandado a matar jamás ni he dado ninguna orden de  matar. En el Ejército de Chile no se da orden de matar" y  aseguró que las manos "no las tengo manchadas con sangre".

A las hijas del general Carlos Prats, por cuyo crimen fue condenado hace tres semanas a 17 años de prisión, dijo que sólo les podía decir que "yo sentí mucho que muriera su padre porque fue profesor mío en la Academia de Guerra".

Reiteró que la CIA fue responsable del atentado que le costó la vida a Prats y a su esposa Sofía Cuthbert, cometido en 1974 en Argentina.

Contreras, quien acumula más de 40 condenas por violaciones a  los derechos humanos, dijo que sólo él debía estar en prisión y se quejó de que ninguno de los ex agentes condenados de la Dina  va a salir con vida de los penales militares por la suma de  penas que tienen.
 
 
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Contreras entrega su versión del caso Prats y critica al actual jefe de Ejército

LA TERCERA | EDICIÓN viernes 30 de julio de 2010 | PAG: 12

El ex jefe de la Dina aseguró que era inocente y reiteró que la CIA fue la responsable del asesinato del general Prats. Por lo mismo, cuestionó al comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, por el repudio público que hizo de los militares condenados por este caso.

por Francisco Artaza


Tres semanas después de que la Corte Suprema lo condenara como autor del homicidio del general Carlos Prats y Sofía Cuthbert, perpetrado en septiembre de 1974, en Buenos Aires, el ex jefe de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda, llamó ayer a los medios de comunicación al Penal Cordillera y concedió una extensa ronda de entrevistas para dar su versión sobre este crimen y criticar la decisión del actual comandante en jefe del Ejército, de repudiar a los responsables del crimen.
Contreras estaba sentado en una silla de ruedas, aunque puede caminar con ayuda de un bastón, debido a una molestia en la pierna derecha causada por la diabetes. A sus 81 años, se le ve delgado, dice que ha bajado 17 kilos, y antes de aceptar preguntas relata su historial médico: "Las enfermedades ahí las tengo... cáncer, una diabetes que me preocupa y que me impide caminar bien, no me suelta el músculo de la pierna derecha", dice. La diabetes la controla con dieta, pero él se apresura en señalar que "ya estamos cerca de la diálisis. Me llevaron a operarme para ponerme una fístula en el brazo y no resultó, después me pusieron una prótesis y tampoco funcionó".
Pese a sus molestias, dice que pasa la mayor parte del día en la cabaña que le sirve de celda, escribiendo en un computador un nuevo libro. "Será una especie de recuento de mis vivencias, no me gustan las biografías", dice. La escritura y el frío invernal hacen, según él, que vea muy poco a sus ocho compañeros de penal, entre los que figuran Pedro Espinoza Bravo y uno de sus peores enemigos en los servicios de seguridad, el ex director de la CNI general Odlanier Mena. "A Mena, lo saludo cuando lo veo, con eso basta", dice, aunque niega que haya mala relación entre los reos.
Según Contreras, el debate sobre el indulto que propició la Iglesia era inconducente. "Me alegro mucho que el Presidente haya dicho que no habrá indulto. No servía para nada, no habríamos salido con el indulto. De nosotros hay 56 presos, de esos, sólo 10 podrían haber salido con el indulto, los demás nos quedábamos adentro, porque teníamos otros procesos y condenas. Lo que hemos pedido es que él cumpla lo que nos prometió el año pasado, cuando se reunió con los militares (R) en el Círculo Español. Ahí dijo que se preocuparía de que se aplicara estrictamente la ley y por la agilización de los procesos. Si se cumple la ley, deberían aplicar a todos nosotros la prescripción de las causas", señala.
¿Algún obispo se acercó a usted para hablar del tema del indulto?
No. Supe que vino un obispo a hablar con uno de los que están presos aquí, pero fue en forma privada. Cuando iba al Hospital Militar hablaba a veces con algunos sacerdotes. Les dije que el indulto no tenía ningún efecto real para nosotros y que lo único que serviría es que el Presidente Piñera se pusiera fime para que se respetara la ley de amnistía y la prescripción de las causas. Ninguno de mis hombres debería estar preso, porque yo respondo por todo lo que se hizo. Respondo de lo que hicimos, no de lo que se nos imputa.
Caso Prats
Pese a las 38 condenas que tiene encima y que suman 209 años de presidio, Contreras niega su responsabilidad en los crímenes. "El homicidio de Prats fue obra de la CIA, la Dina no tuvo nada que ver", reitera.
Para Contreras, la justicia no tomó en cuenta los antecedentes que él aportó sobre el rol de la CIA. Según su versión, "Prats estaba sentenciado a muerte desde marzo de 1974". Así le habría quedado en claro tras una conversación que sostuvo en esa época con el director de la CIA Richard Helms, en Langley, en el cuartel central del organismo de inteligencia estadounidense. "Helms me pidió que la Dina fuera una filial de la CIA. Le dije que no, que iba a trabajar con mi gente y que no saldríamos del país. Entonces Helms me dijo que pasáramos a otro punto, que era muy importante para él. Me dice que estaban muy preocupados por el general Prats, porque en Argentina le estaban ofreciendo encabezar un gobierno en el exilio y Perón le había ofrecido la mitad del ejército argentino para cruzar la cordillera y tomar el poder en Chile. Helms me dijo que no nos metiéramos con Prats porque ellos lo tenían controlado, entre otros, por los informantes chilenos de la CIA", dice.
¿Cómo califica el homicidio de Prats?
Fue un acto abominable. Fui amigo del general Prats, su alumno, y después nos tocó interactuar en muchas ocasiones y siempre nos entendimos.
¿Qué sintió ante el repudio del Ejército hacia usted y los demás autores del crimen de Prats?
La declaración del general Fuente-Alba fue un insulto cobarde. El comunicado no es una reflexión del Ejército es el acto pasional de una persona. No acepto que el general ignore la verdad sobre la inocencia de seis oficiales de alto grado.
El 21 de julio, Contreras envió una carta a Fuente-Alba, en la que lo acusaba de "no tener moral para tratarnos así después de su trágica, infame, cobarde participación en Calama en 1973". El ex jefe de la Dina asegura tener pruebas de sus acusaciones, las que, dice, entregará a tribunales, pese a que el juez Víctor Montiglio estableció que Fuente-Alba no había intervenido en las acciones de la "Caravana de la muerte" en Calama.


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