Aterrizaje Caravana de la Muerte. Antofagasta, 18 de octubre de 1973

 

"Esto es el desprestigio más grande que puede tener el Ejército", dijo el General Joaquín Lagos al enterarse y ver lo sucedido.

La comitiva asesina aterrizaba su helicóptero en el Regimiento Esmeralda de Antofagasta el 18 de octubre de 1973 provenientes desde Copiapó, donde ya habían dejado a su paso una estela de muertes de personas inocentes. Allí, fueron recibidos por General Joaquín Lagos Osorio, jefe de la división Antofagasta del Ejército quien, como un acto de gentileza por haber sido tantos años vecinos, le ofreció su hogar como hospedaje, a él y a su ex segundo comandante en el Regimiento “coraceros”, el coronel Sergio Arredondo.


Arellano no dijo ni mostró a su anfitrión la carta donde el propio Pinochet lo nombraba “Delegado de la Junta de Gobierno” y sólo se limitó a contarle que venía encomendado con el objetivo de “unificar criterios sobre la Administración de justicia y agilizar los juicios pendientes” y, solicitaba a Lagos reunirse con los miembros de la guarnición militar para tratar el tema de “la debida conducta en un momento tan crítico para el país.” Profundizó en el punto relativo a la calidad del “enemigo que tenían al frente y el clima político que provocó la revolución”. Luego de ello, Lagos llevó a sus invitados Arredondo y Arellano a su domicilio a almorzar, mientras el resto de la Comisión lo hacía en el Hotel Antofagasta, no sin antes dejar expresas instrucciones de que todo estuviera dispuesto para que Arellano pudiera trabajar en su oficina de la Comandancia.


Mientras tanto, en la Intendencia, se aprestaban a recibir la inesperada visita de Pinochet, quien le avisaba que haría una escala en Antofagasta por unas horas, de su viaje a Iquique, junto a su mujer.
Así, cerca de las 18:30 ya en el hangar, Arellano y su comitiva estaban distantes del grupo de uniformados que recibía a Pinochet, lo cual causó extrañeza en algunos de los presentes.


Una vez que Pinochet e Hiriart pisaban suelo antofagastino, el comandante informaba que en la ciudad la situación era de completa calma y, luego de los saludos y vituperio de rigor, Pinochet avisaba personalmente al teniente coronel Sergio Arredondo la buena nueva de que había decidido nombrarlo director de la Escuela de Caballería, el premio mayor para un comandante equitador.


El dictador emprende su ruta hacia Iquique. Lagos y Arellano se retiran a su residencia en el vehículo del primero y Arredondo solicita permiso para quedarse con el vehículo de Arellano. Lagos supone que Arredondo visitaría y festejaría con su familia, por lo que accede al préstamo del Automóvil.


Horas más tarde, Arredondo se disculpaba telefónicamente con Lagos, por no asistir a la comida en casa de su anfitrión y Arellano se preguntaba a viva voz por el resto de la comitiva hospedad en el Hotel Antofagasta. Esa noche el auditor militar Marcos Herrera Aracena, fue a la cárcel de Antofagasta, a las 23:30, a entregar a los prisioneros que debían morir. Horas más tarde, a las 01:30 de la mañana, los 14 prisioneros eran acribillados con ráfagas de ametralladoras.

El 19 de octubre, muy temprano por la mañana, mientras los dos comandantes se alistaban para volver al Regimiento Esmeralda donde los esperaba el helicóptero con ruta hacia Calama, Herrera se presentaba ante ambos para “sacarle la firma” a Arellano, “por el trabajo efectuado el día anterior” explicaba el último.


Cuando el Helicóptero de la comitiva se elevó hacia el cielo con rumbo a Calama, Lagos volvía a su oficina de la Intendencia donde era recibido por un alarmado mayor Manuel Matta, encargado de Relaciones públicas, quién, con el rostro desencajado y luego de entender que Lagos no tenía conocimiento de lo sucedido en la noche anterior, comienza a relatar los hechos.
Lagos, escuchaba estupefacto y confundido a la vez, el relato de cómo se habían ocupado vehículos que estaban bajo su mando para el traslado de los presos hacia la Quebrada Way, cómo los habían asesinado, cómo habían trasladado los cuerpos hasta la morgue del Hospital Regional de Antofagasta, donde debido al poco espacio del recinto, estaban a vista de todo el mundo. Junto con ello, comenzó a recibir llamadas de su esposa quien le pedía explicaciones de por qué fuera de su hogar habían una veintena de mujeres llorando desconsoladas por la muerte de sus esposos, hijos y hermanos.


Aún sin saber de la potestad con que Arellano estaba investido, trató de denunciarlo a Pinochet, pero éste no se encontraba ubicable en su visita entre Iquique y Arica. Entonces ordenó que el capellán hablara con las familias de las víctimas, que los médicos de la MORGUE “armaran” los cuerpos como pudieran (como si se tratasen de algo que pudieran reparar), entregarlos en urnas cerradas a sus familiares y, que se presentaran de inmediato todos los comandantes de unidades de su jurisdicción.


Las víctimas de Antofagasta no pasaron a ser detenidos-desaparecidos. Sus cuerpos fueron entregados a las familias. Esta situación de excepción se explica por la reacción del general Joaquín Lagos, quien no sabía de la especial investidura de Oficial Delegado que detentaba el general Arellano, no recibió instrucciones para el entierro clandestino de los cadáveres y, por tanto, ordenó entregarlos a las familias. Ya sabemos que el general Lagos decidió, ese mismo 19 de octubre de 1973, renunciar al Ejército. Pero ese día seguía siendo tanto el comandante en jefe de la Primera División como el Intendente de Antofagasta y actuó como tal. Decidió, por ejemplo, que había que mentir para encubrir lo ocurrido delante de la ciudadanía. Tuvo que mentir, dijo, para conservar su “ascendiente sobre la ciudadanía”. Ordenó que se publicaran dos noticias, dando cuenta de sólo siete “ejecutados”.


En la primera, publicada por El Mercurio de Antofagasta, se informó de la ejecución de Mario Silva, Eugenio Ruiz-Tagle, Washington Muñoz y Miguel Manríquez, ejecuciones “ordenadas por la Junta Militar de Gobierno a fin de acelerar el proceso de depuración marxista y de centrar los esfuerzos en la recuperación nacional“. Titular de esa noticia: “Planeaban asesinatos en masa en Antofagasta”.

La segunda publicación, tres días después, también en El Mercurio de Antofagasta, se tituló “Ejecutados tres extremistas”. Y el texto daba cuenta del fusilamiento de Luis Alaniz, Danilo Moreno y Guillermo Cuello “por resolución de la Honorable Junta de Gobierno”. Razón de las ejecuciones: estar “comprometidos en activismo político y conspiración terrorista”. Nada se dijo públicamente acerca de las otras siete víctimas. Veamos quiénes eran:

• Luis Eduardo Alaniz Álvarez, 23 años, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte, militante del Partido Socialista. Se entregó voluntariamente a las autoridades militares en la ciudad de Arica al saber que era requerido por un bando militar en Antofagasta. Fue trasladado, a comienzos de octubre de 1973, a la cárcel de Antofagasta.

• Mario Arqueros Silva, 45 años, gobernador de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Arrestado en su casa cuatro días después del golpe militar. Primero estuvo en la cárcel de Tocopilla y de ahí fue llevado a la de Antofagasta, cuatro días antes de su asesinato

• Dinator Ávila Rocco, 32 años, empleado de la estatal Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), militante del Partido Socialista. Detenido a fines de septiembre en la localidad de María Elena, trasladado luego a la comisaría de Tocopilla y luego a la cárcel de Antofagasta.

• Guillermo Cuello Álvarez, 30 años, funcionario de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), militante del Partido Socialista. Se presentó voluntariamente, dos días después del golpe militar, en la comisaría de Antofagasta y de allí fue llevado a la cárcel. Dos prisioneros declararon ante el juez que vieron a Cuello ser bajado en andas al salir de la cárcel, ya que le habían fracturado la columna durante las torturas. El oficial que dirigió los tormentos era el mayor Patricio Ferrer (SIM). Los certificados de defunción que se entregaron fueron iguales para los catorce asesinados: Fecha: 19 de octubre de 1973 Hora: 01.30 horas Causa de muerte: Anemia aguda, lesiones debidas a proyectil.

• Marco Felipe De la Vega Rivera, 46 años, casado, tres hijos, ingeniero, alcalde de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Detenido en su casa cuatro días después del golpe militar. Desde la cárcel de Tocopilla fue llevado a la de Antofagasta, cuatro días antes de su asesinato.

• Norton Flores Antivilo, 25 años, asistente social de la estatal Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) en la localidad de María Elena, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa el 1º de octubre de 1973, trasladado a Tocopilla y de ahí a la cárcel de Antofagasta.

• Darío Godoy Mansilla, 18 años, estudiante de enseñanza media, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa, en Tocopilla, y luego trasladado a la cárcel de Antofagasta

• José García Berríos, 66 años, trabajador marítimo y dirigente sindical. Militante del Partido Comunista. Detenido en Tocopilla al día siguiente del golpe militar. De la comisaría de esa ciudad fue trasladado a la cárcel de Antofagasta.

• Miguel Manríquez Díaz, 24 años, casado, un hijo, profesor, empleado de la estatal empresa de cementos Inacesa, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa dos semanas después del golpe militar, llevado primero al cuartel de Investigaciones y de ahí a la cárcel de la ciudad.

• Danilo Moreno Acevedo, 28 años, chofer de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), dirigente sindical, militante del Partido Socialista. Se presentó voluntariamente, el 8 de octubre de 1973, al ser llamado por un bando militar. Estuvo una semana incomunicado en el cuartel de Investigaciones y de ahí fue llevado a la cárcel de Antofagasta.

• Washington Muñoz Donoso, 35 años, interventor estatal de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU). Detenido en su casa y recluido en la cárcel de la ciudad.

• Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, 26 años, casado, una hija, ingeniero, gerente de la estatal industria Inacesa, militante del MAPU. Se presentó voluntariamente en la Intendencia de Antofagasta, al día siguiente del golpe militar, al ser requerido por bando militar. Por once días estuvo detenido en la Base Aérea de Cerro Moreno, donde fue torturado, y de ahí lo trasladaron a la cárcel de la ciudad.

• Mario Silva Iriarte, 38 años, casado, cinco hijos, abogado, gerente de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo—Norte), ex concejal de Chañaral, secretario regional del Partido Socialista. Viajó especialmente desde Santiago para presentarse ante las nuevas autoridades de Antofagasta, al día siguiente del golpe militar. Su voluntaria presentación se efectuó en la Intendencia de la ciudad. Y luego, desde la Base Aérea de Cerro Moreno, fue llevado a la cárcel. Varios testimonios de ex prisioneros coinciden en señalar que, por ser muy jóvenes, buscaron su consejo. El estaba muy tranquilo, dicen, convencido de que se haría justicia y que —a lo más—serían relegados por pocos meses a un lugar alejado..

• Alexis Valenzuela Flores, 29 años, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), presidente del sindicato, dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT) de la zona, regidor de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Fue detenido una semana después del golpe militar, en su casa de Tocopilla. De la cárcel de esa ciudad fue llevado a la de Antofagasta el 15 de octubre, cuatro días antes de su asesinato. Durante toda su detención estuvo incomunicado.

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En el caso de Antofagasta, el ministro Guzmán recibió el testimonio del ex prisionero Víctor Moreno Olmos, quien le contó que esa noche del 18 de octubre de 1973 fue sacado a la Sala de Guardia de la cárcel: “Vi un montón de personas paradas frente a la pared, encapuchados, amarrados con las manos atadas atrás y un gran número de militares en traje de campaña”. Lo amarraron, lo vendaron y lo pusieron junto a los otros. Ordenaron a los presos gritar sus nombres para chequear con una lista. —¡Moreno, Víctor! —dijo él cuando le indicaron con un golpe que era su turno.

En la entrega de los cadáveres, cada familia guarda un doloroso recuerdo en su memoria. La esposa de Mario Silva Iriarte, Graciela Álvarez, relató: “El general Lagos autorizó que lo enterráramos en Vallenar. El ataúd venía sellado, no pudimos ver su cuerpo. En una camioneta y un furgón, que nos prestaron en la Corfo, fuimos directamente al cementerio. No nos autorizaron a hacer un funeral ni a ponerle una lápida en su tumba. Y pensar que se entregó voluntariamente, porque él creía en el profesionalismo de los militares y jamás los imaginó capaces de masacrar“.

También en un sellado ataúd fue entregado el cuerpo del joven Eugenio Ruiz-Tagle, y su madre —Alicia Orrego—recordaba así ese día de octubre de 1973: “Sólo pude ver a mi hijo ya en el ataúd, a través del vidrio. De las torturas que sufrió en su cuerpo, no puedo dar testimonio directo. No lo vi, pero el abogado y el empleado de la funeraria lloraban al contármelo. De su cara, de su cuello, de su cabeza, sí puedo hablar. Lo tengo grabado a fuego para siempre. Le faltaba un ojo, el izquierdo. Tenía la nariz quebrada, con tajos, hinchada y separada abajo, hasta el fin de una aleta. Tenía la mandíbula inferior quebrada en varias partes. La boca era una masa tumefacta, herida, no se veían dientes. Tenía un tajo largo, ancho, no muy profundo en el cuello. La oreja derecha hinchada, partida y semi arrancada del lóbulo hacia arriba. Tenía huellas de quemaduras o, tal vez, una bala superficial en la mejilla derecha, un surco profundo. Su frente, con pequeños tajos y moretones. Su cabeza estaba en un ángulo muy raro, creí por eso que tenía el cuello quebrado”.

La familia del joven Miguel Manríquez, en cambio, pudo ver el cuerpo por escasos segundos. Su padre estaba en una ceremonia religiosa cuando se le acercó el capellán José Donoso y le informó que su hijo había sido fusilado. Se fue de inmediato a la morgue y lo vio: “Las manos estaban amarradas con alambre y en el cuello tenía un pañuelo negro. Pensé que le habían vendado los ojos”.

Y la familia del alcalde de Tocopilla, Marcos de la Vega, relató: “Nos entregaron su ropa en una bolsa plástica. Era un charco de sangre. Sólo pudimos ver su cara y una mano, en la que tenía una herida como si lo hubieran clavado. La verdad es que varios cadáveres tenían la misma marca en las manos. Era una herida profunda. Un oficial se enojó porque habíamos comprado una urna con vidrio. Quería urnas selladas completamente. No nos dejaron velarlo: de la morgue al cementerio directamente. Cuando llegamos al cementerio, estaba lleno. La gente corría de un entierro a otro. Y en Tocopilla, cuando se supo la noticia, la gente salió a la calle llorando. Tuvieron que disparar tiros al aire para que se entraran. Después del entierro, nuestra madre se acostó en su cama y ahí mismo murió de pena cinco meses después”. (Hermana de Marcos de la Vega, testimonio registrada en la Vicaría de la Solidaridad)

De acuerdo a la investigación, se logró determinar, que aproximadamente a las 10:00 horas del día 18 de octubre de 1973, se posó en el Regimiento de Infantería “Esmeralda” -ubicado en A. Ejército s/n, Antofagasta- un helicóptero Puma del Ejército de Chile que transportaba una comitiva de militares procedente inicialmente de Santiago, presidida por un Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército.

El Diario de Antofagasta - 18 Octubre 2016

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- El Libro que adelantó acusaciones del general (r) Lagos.

En "La misión era matar", el periodista Jorge Escalante narra la reunión de noviembre de 1973 entre general en retiro Joaquín Lagos y el entonces comandante en jefe del Ejército y jefe de la Junta Militar, general Augusto Pinochet.

26 de Enero de 2001 | 19:19 | emol.com SANTIAGO.-

Las declaraciones del ex comandante de la Primera División del Ejército en 1973, Joaquín Lagos Osorio, a Televisión Nacional, en que achacaba a Arellano Stark y a Augusto Pinochet la responsabilidad por las muertes de detenidos políticos en Antofagasta ante el paso de la llamada "Caravana de la muerte" ya habían sido públicas gracias a una investigación.
Se trata del libro "La misión era matar" (LOM Ediciones), del periodista Jorge Escalante, quien adelantó meses atrás lo que nadie sabía o muchos ocultaban, incluso el propio militar Lagos que, ahora, tras 27 años, saca a relucir documentos que confirman su planteamiento acusatorio.
En la publicación, Jorge Escalante narra detalladamente, entre otros antecedentes, el encuentro del 2 de noviembre de 1973, entre el general Lagos y el entonces comandante en jefe del Ejército y jefe de la Junta Militar, general Augusto Pinochet, en que hablaron sobre las muertes de detenidos sin un juicio de guerra correspondiente.

Escalante escribe: "La noche anterior, Pinochet había mandado con su edecán, el coronel Enrique Morel Donoso, un mensaje categórico al general Lagos a la casa de su hija, donde estaba alojado en Santiago luego de viajar desde Antofagasta: que borrara del informe secreto que Lagos le había entregado ese día en sus manos, todo lo obrado por el general Sergio Arellano Stark como su Oficial Delegado en la misión encargada".

Y añade en el texto: "El general Lagos estaba sorprendido por la orden que Pinochet le había mandado en la noche con el coronel Morel, pero más que aquello, estaba indignado. Se había dado cuenta por dónde iba el asunto".

Luego, el autor recrea la conversación entre Lagos y Pinochet.

Lagos: "¿Tú ordenaste que rehiciera mi informe?", fue lo primero que el general Lagos le preguntó a Augusto Pinochet.

Pinochet: "Sí, claro, yo lo ordené", se limitó éste a contestarle lacónicamente.

Lagos: "¡Pero eso no puede ser Augusto, con esto me van a acusar a mí de estos crímenes!".

Pinochet: "Quédate tranquilo Joaquín, a ti no te va a pasar nada. Quédate tranquilo no más".

Lagos: "¡Cómo me voy a quedar tranquilo, si esto que ha pasado es el desprestigio más grande que puede tener el Ejército!" -le dijo Lagos en tono enérgico pero respetuoso. Y luego de quedarse meditando por breves segundos, le hizo una advertencia:
"Tú tampoco puedes quedarte tranquilo con todo esto Augusto, porque un día, a ti será al primero que van a juzgar por lo que ha hecho esta comisión de Arellano. Acuérdate de mí", le adviritió Lagos a Pinochet.

Pinochet: "¡Dónde está el informe nuevo!", le demandó al general Lagos que lo tenía en sus manos.

Lagos: "Toma, aquí está, como tú lo pediste. He hecho sólo una lista general de las muertes en las tres ciudades, y saqué la frase que decía por orden del Delegado del Comandante en Jefe. La historia dirá", le dijo Lagos y le dejó el nuevo informe encima del escritorio.

Antes de que el encuentro terminara, Pinochet le lanzó a Lagos otra pregunta:

"¿Es cierto que estuviste llorando con la madre de Ruiz-Tagle en Antofagasta, como me contaron?" (...) El joven de 26 años Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, había sido uno de los catorce prisioneros asesinados la noche del jueves 18 de octubre de 1973 en Antofagasta, escribe Escalante en su libro.

Lagos: "No, no es cierto, pero si hubiese estado con ella, le habría pedido perdón".

En el subcapítulo "A las manos del juez", el autor entrega detalles importantes, respecto del informe que Pinochet le mandó a devolver al general (r) Joaquín Lagos. "El documento devuelto tenía anotaciones y tarjaduras hechas de puño y letra de Pinochet, y el general Lagos pensó que era prudente conservarlo, por cualquier cosa algún día. Entre las principales tarjaduras, había una importante: aquella por la cual el comandante en jefe ordenaba que se borraran las cincuenta y tres ejecuciones por orden del Delegado del Comandante en Jefe del Ejército", concluye el autor de "La misión era matar".

El texto deja establecido, además, que el documento devuelto por Pinochet a Lagos aquella noche, es hoy, según los abogados querellantes, una de las pruebas principales que inculpan al ex jefe del Ejército en el proceso de la denominada "Caravana de la muerte".

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PROCESO JUDICIAL
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/12/17/condenan-a-siete-militares-por-crimenes-de-la-caravana-de-la-muerte/

17 diciembre, 2015
CONDENAN A SIETE MILITARES POR CRÍMENES DE LA CARAVANA DE LA MUERTE EPISODIO ANTOFAGASTA

Siete oficiales retirados del Ejército fueron condenados a penas de prisión por el homicidio calificado de catorce prisioneros políticos cometidos en la ciudad de Antofagasta el 18 de octubre de 1973, informaron fuentes judiciales.

Las ejecuciones se enmarcan en los crímenes cometidos por la llamada "Caravana de la Muerte", una comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark que en un recorrido por diversas ciudades de Chile ejecutó a cerca de un centenar de prisioneros políticos.

Las víctimas eran sacadas de las cárceles, llevadas a lugares despoblados y asesinadas a tiros; en algunos casos los cadáveres fueron dinamitados para borrar todo vestigio.

Arellano Stark, que actuaba como delegado del jefe del Ejército, es decir, de Augusto Pinochet, ha sido no obstante sobreseído por demencia en la sentencia pronunciada por la Corte Suprema de Chile en el caso de los crímenes de Antofagasta.

Como autores de los homicidios fueron condenados a quince años y un día de prisión el brigadier Pedro Espinoza Bravo, los coroneles Sergio Arredondo González, Patricio Ferrer Ducaud y Juan Chiminelli Fullerton.

A cinco años, en calidad de cómplice, fue sentenciado Pablo Martínez Latorre, en tanto que como encubridores fueron condenados a tres años y un día Luis Polanco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González. Otro encausado, Gonzalo Santelices, fue absuelto.

En la parte civil, el fallo de la II Sala Penal de la Corte Suprema confirmó que el Estado de Chile y los condenados deberán pagar de forma solidaria una indemnización de 1.600 millones de pesos a dieciocho familiares de las víctimas.

Cristián Cruz, abogado de los familiares de las víctimas, lamentó que los principales responsables hayan quedado impunes: "Quedaron muchos culpables sin condena, empezando por Augusto Pinochet, Arellano Stark, toda esta situación de impunidad no hubiese sido posible sin que el Ejército no la hubiese promovido y buscado", comentó a radio Cooperativa.

"Los psicópatas de turno fueron oficiales del Ejército de Chile, los que cometieron estos delitos", añadió.

Rosa Silva, hija de Mario Silva, una de las víctimas de esta matanza, lamentó la tardanza de la justicia en este caso: "Muy tardía, después de 43 años y de un juicio de casi 20 años. Creo que además es insuficiente, 15 años y un día (de prisión) aún es poco". señaló.

Agregó que el Gobierno debe procurar que los condenados cumplan sus sentencias en una cárcel común y no en una especial rodeados de comodidades "y que de una vez por todas el Ejército asuma la responsabilidad que le corresponde por estos hechos cobardes". 

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