El helicóptero Puma aterrizó en el aeropuerto de La Serena y allí estaba esperando el comandante del regimiento, coronel Ariosto Lapostol Orrego. Hora aproximada: once de la mañana. El coronel Lapostol vio desembarcar al general Arellano y al grupo de oficiales, todos en tenida de combate y fuertemente armados: Pedro Espinoza, Sergio Arredondo, Marcelo Moren Brito y Armando Fernández Larios. Le sorprendió ver a Moren Brito —su segundo comandante en La Serena—de quien nada sabía desde que partió a la capital, para reforzar las tropas, en vísperas del golpe militar.
¿Qué pasó en las siguientes horas hasta que se escucharon los disparos en el patio del regimiento y quince prisioneros fueron asesinados? El general Arellano revisó los antecedentes de los detenidos y marcó un total de quince elegidos, respecto de los cuales manifestó que debían ser sometidos a consejo de guerra. En el intertanto, el mayor Marcelo Moren Brito procedía a anotar el nombre de cada detenido en una libreta aparte.
El coronel Ariosto Lapostol declaró al Juez Juan Guzmán Tapia, "Ninguna de esas tres personas fue condenada a muerte por el consejo de guerra presidido por mí y ellos estaban cumpliendo la correspondiente sentencia en la Penitenciaria de La Serena. Sin embargo, cuando el general Arellano llegó a La Serena consideró que las penas que se les habían aplicado fueron demasiado benignas y que, por lo tanto, era necesario someterlos de nuevo a un consejo de guerra, porque según el general Arellano estas personas habían cometido delitos graves. Ante la resolución del general Arellano, yo me opuse rotundamente a que se hiciera un nuevo consejo de guerra, considerando que yo había presidido el anterior y considerando que las penas que se habían aplicado eran justas. Incluso yo le manifesté al general Arellano que las sentencias dictadas por el consejo de guerra presidido por mí, respecto de estas tres personas, quedaran como estaban y que se hiciera un consejo de guerra respecto de las doce restantes, pero cumpliendo todas las formalidades legales, vale decir, con una debida defensa".
El general Arellano y el coronel Lapostol siguen hablando, el capitán Vargas está muy cerca, cuando se escuchan los disparos: "Me sorprendo y entonces, de inmediato, le ordeno al capitán Vargas que averigüe lo que está sucediendo, qué está pasando. El capitán se dirige hacia el lugar donde se sintieron los disparos", declaró Lapostol.
El capitán Vargas regresó unos quince minutos después.
—Cumplida su orden, mi comandante...
—Informe... —Hay quince personas muertas en la cancha de tiro de pistola...
"En los instantes en que el capitán Vargas me informaba, se escucharon nuevamente disparos aislados que provenían de la misma dirección", dijo el coronel Lapostol al juez. Y agregó: "Acto seguido, le pregunto al general Arellano qué es lo que sucede y él me contesta que esos disparos deben corresponder al resultado del consejo de guerra".
Así mismo, el juez Guzmán recibió el testimonio de un oficial —testimonio que quedó archivado en el tomo reservado—él que relató de otro modo lo que ocurrió: “En el polígono de pistola, ubicado en el faldeo del cerro, cerca de la "sala de banda", los quince prisioneros fueron asesinados por miembros de la comitiva del general Arellano, frente a los oficiales del regimiento”. Ahí está la explicación para los primeros disparos. Luego se ordenó a los mismos oficiales locales dar los "tiros de gracia". Y de ahí los segundos disparos que escucha el coronel Lapostol.
La declaración del alto oficial consigna los nombres de quienes debieron efectuar esa segunda ronda de disparos, usando sus pistolas Staver de servicio. En este relato, se sostiene que el capitán Mario Vargas Miqueles llegó al patio —con la orden de averiguar qué sucedía—y también recibió la orden de disparar el tiro de gracia a un prisionero y que se negó a cumplir tal orden.
El coronel Lapostol declaró al tribunal: "Como una media hora después de que llegara el capitán Vargas a informarme, siendo aproximadamente las cinco o cinco y media de la tarde, llega Arredondo al mismo lugar donde nos encontrábamos, dando cuenta al general Arellano de que está todo finiquitado. Y unos cinco minutos después de que Arredondo informara al general Arellano, éste emprende su retirada del regimiento con su comitiva. Los vehículos estaban dispuestos para su traslado al aeropuerto".
Los quince prisioneros asesinados en el patio del regimiento fueron vistos por el coronel Lapostol. Así lo declaró ante el juez: "Vi los cuerpos de los fusilados, pero no advertí tiros de gracia en la cabeza". Balas en el pecho, muchas balas. En una oportunidad anterior, el coronel Lapostol me había relatado la muerte del profesor Mario Ramírez: "Su caso fue distinto. Según me informó el conscripto que participó en el episodio, el señor Ramírez se dio cuenta de que iba a ser fusilado cuando la columna de prisioneros cruzaba el patio. Se desesperó y se lanzó sobre el conscripto que estaba más cerca, al parecer con la intención de arrebatarle el arma. En el forcejeo, el conscripto disparó y el señor Ramírez murió al instante"
El coronel Lapostol ordenó al entonces teniente Emilio Cheyre que se publicara en el diario local —El Día—el comunicado oficial que daba cuenta de ejecuciones dispuestas por "tribunales militares en tiempo de guerra".
Así también, el coronel Lapostol reconoció su responsabilidad en el entierro ilegal y clandestino de los cuerpos. "Yo estaba síquicamente choqueado. Me sentía como una hormiga", dijo al tiempo que pedía perdón a las familias de las víctimas. Pidió al médico militar que viera los cuerpos y extendiera certificados de defunción. Luego ordenó llevar los cadáveres al cementerio local y meterlos en una fosa común. Fue así como los quince asesinados en La Serena se transformaron en detenidos—desaparecidos. Y sólo en octubre de 1998, pocos días después del arresto del general Pinochet en Londres, el tribunal dispuso la exhumación de los cuerpos y su debida identificación.
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(Informe Rettig). La Jefatura de Plaza, a través de la Prensa, entregó un comunicado oficial en el cual señala:
"Se informa a la ciudadanía que hoy 16 de octubre a las 16:00 horas fueron ejecutadas las siguientes personas conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempos de Guerra...".
Respecto de Mario Ramírez, Jorge Peña, Marcos Barrantes, y Jorge Osorio, se dijo que: "habían participado en la adquisición y distribución de armas de fuego y en actividades de instrucción y organización paramilitar con fines de atentar contra las Fuerzas Armadas y Carabineros y de personas de la zona".
Respecto de Oscar Aedo Herrera, Víctor Escobar, José Araya y Jorge Contreras, se dijo que: "formaban parte de una agrupación terrorista que tenía planificado para el 17 de septiembre apoderarse del Cuartel de Carabineros de Salamanca, matar al personal y a los hijos de éstos mayores de 8 años, además de eliminar físicamente a un grupo de personas de la ciudad que alcanzaba un número de 30, cuya nómina no es del caso dar a conocer por razones obvias".
Respecto de Hipólito Cortés Alvarez, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Oscar Cortés, se dijo que habían: "ocultado bajo tierra una gran cantidad de quince armas, abundante munición, explosivos, con la intención de atacar a Carabineros de Ovalle el día 17 de septiembre". Se señaló, además, que habían "participado como instructores de guerrillas en la zona".
Respecto de Carlos Alcayaga, se señaló que había sido fusilado por: "sustraer explosivos a viva fuerza desde el polvorín de la mina Contador, en Vicuña, el día 11 de septiembre de 1973, explosivo que le fue encontrado oculto bajo tierra y listo para ser usado" y que "era Instructor de manejo de explosivos en una Escuela de Guerrilleros que funcionaba en Vicuña".
Respecto de Manuel Marcarian, se dijo que fue ejecutado por: "haberle encontrado explosivos para asaltar el Cuartel de la Subcomisaría de Los Vilos, haciendo caso omiso de los Bandos y de las advertencias hechas personalmente por Carabineros".
Respecto de Roberto Guzmán, se dijo que su ejecución fue: "por incitar a los mineros del Campamento de Desvío Norte y sus alrededores a apoderarse de los polvorines y oponer resistencia armada a la Junta de Gobierno".
Los cuerpos no fueron entregados a las familias para su sepultación.
La información oficial entregada por la autoridad militar de la zona, da cuenta de la celebración de un Consejo de Guerra el día 16 de Octubre el que habría dispuesto las condenas a muerte de los quince detenidos; y que el tribunal sentenciador habría "venido especialmente de Santiago”.
Esta Comisión acredita la presencia en la zona de una comitiva especial llegada desde Santiago, con facultades para revisar la situación de los detenidos del lugar. Se han recibido testimonios verosímiles acerca de las nóminas de los arrestados por las autoridades militares de dicha comitiva, y de la elección que éstas hicieron de las personas cuya situación debía ser revisada.
En relación a todas esta muertes la Comisión recibió abundantes y calificados testimonios concordantes en ciertos hechos: los 15 prisioneros individualizados precedentemente fueron ejecutados al margen de todo proceso legal por agentes del Estado. Avalan dicha convicción, los siguientes antecedentes:
- Testimonios verosímiles respecto de la secuencia en que se produjeron los hechos que condujeron a la muerte de los quince detenidos, ya que casi no medió tiempo entre la revisión de los casos y la ejecución, lo que hace imposible que en ese lapso se desarrolle un Consejo de Guerra ajustado a Derecho.
- El hecho que, de haberse celebrado el supuesto Consejo de Guerra, no existió derecho a defensa de los acusados, toda vez que no hubo presencia de abogados ni posibilidad alguna de efectuar descargos. Incluso, Roberto Guzmán, según se señaló precedentemente, ya había sido condenado por un Consejo de Guerra a una pena de cinco años, la que fue rebajada en el año 1975 a 541 días.
- Pese a los requerimientos e indagaciones reiteradas de la Comisión no pudo obtenerse copia de una sentencia judicial o de cualquier pieza procesal referidas al juicio que habría sido realizado en contra de los quince ejecutados.
Por tanto y considerando que, los acusados carecieron de toda posibilidad de defensa; los cargos no aparecen acreditados en documento alguno a que esta Comisión haya tenido acceso. Esta Comisión se ha formado la convicción que las quince ejecuciones constituyen una violación de los derechos humanos atribuíble a agentes del Estado.
(Informe Rettig)
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Los Hechos
"La mañana del día 16 de octubre de 1973, arriba a la ciudad de La Serena, un helicóptero "Puma" del Ejército de Chile, con un grupo de militares entre ellos Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Emilio de la Mahotiere González, Luis Polanco Galladom, Juan Chiminelli Fullerton, Marcelo Moren Brito (fallecido), Hugo Héctor Leiva González, comandados por el delegado General de Brigada Sergio Arellano Stark, quien tras sostener una reunión con el primer comandante Ariosto Lapostol Orrego, del regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena, para informarle de su misión, requiere del fiscal militar Cazanga Pereira (fallecido) aquellos procesos militares donde constaban prisioneros políticos, luego de seleccionar a los detenidos que serían ajusticiados, un contingente del Ejército concurre hasta la Cárcel Pública de La Serena a retirar y trasladar, sin derecho ni decreto alguno, a las víctimas Óscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen, que se encontraban privados de libertad a disposición de la autoridad militar, al aludido regimiento de la ciudad de La Serena.
Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozo del mismo regimiento el detenido Óscar Gastón Aedo Herrera, y es conducido junto a los demás prisioneros hasta el polígono de tiro de ese recinto militar, el cual ya había sido ordenado cercar por personal del mismo regimiento. Una vez en el polígono, fueron ajusticiados sin juicio previo alguno, mediante disparos efectuados por personal del Ejército.
Seguidamente y de manera ya prevista, se ordena la inscripción de las defunciones de las víctimas, sin habérsele practicado las autopsias respectivas, ni efectuado reconocimiento alguno por parte de sus familiares, para luego personal militar trasladar sus cuerpos hasta el cementerio local y sepultarlos en una fosa común, de manera oculta, cometido para el cual las autoridades del regimiento habían previamente efectuado las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal.
Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del regimiento, jefatura de zona, resuelven publicar en los medios de comunicación un Bando Militar, donde se informaba a la ciudadanía que se había ejecutado quince extremistas en cumplimiento de los resuelto por los Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que el Comandante del Regimiento, su ayudante y los oficiales de dicha unidad militar sabían que no había acontecido y que se les había ajusticiado sin juicio previo, por la circunstancia de su ideología".
Los procesados quedaron detenidos en el Batallón de Policía Militar, excepto Armando Fernández Larios, quien reside en el extranjero, por lo que se inició la tramitación legal pertinente para que responda por su responsabilidad.
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Nuevos antecedentes
Ex Oficial Revela Detalles del Paso de la Caravana de la Muerte en La Serena
Sergio Ramírez
Servicio Noticiero de Internet Instituto Cono Sur
15 de enero 2002.
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En su declaración ante el juez Juan Guzmán (26.12.1999), el ex oficial de Ejército Pedro Rodríguez Bustos proporcionó nuevas pruebas que incriminan oficiales militares en las ejecuciones sumarias en La Serena en octubre de 1973. La declaración que se ha guardado en el cuaderno secreto que maneja el magistrado, fue dada a conocer a fines del año 2001.
Pedro Rodríguez, ex integrante de los aparatos represivos de Pinochet, posee importante información sobre los crímenes del período dictatorial. Fue ayudante del ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, y luego trabajó con él en el movimiento fascista Avanzada Nacional.
En su declaración, Rodríguez dice que escuchó de dos de sus compañeros de armas, los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y Julio Lafourcade, cómo el grupo de oficiales que viajaba en el helicóptero Puma fusiló, por expresas órdenes del general (R) Sergio Arellano Stark, a un grupo de 15 personas que estaban detenidas en la cárcel de La Serena. Las revelaciones comienzan con el arribo a La Serena del helicóptero a principios de octubre de 1973. En él viajaba el general Arellano junto a Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo y el mayor Juan Chiminelli.
Rodríguez señala que Arellano se reunió con el comandante del regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego y que Arellano había ordenado revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más pesados". Se obedeció su orden y el fiscal militar, "un mayor de Carabineros de apellido Cazanga," entregó los antecedentes a Arellano Stark. Este se reunió con el comandante Lapostol y los integrantes de la Caravana y determinaron traer al regimiento desde la cárcel de La Serena a 15 presos políticos.
"Así es como fueron trasladados desde la cárcel hasta el sector de los boxes de vehículos livianos y otros a la sección de inteligencia. Luego de eso fueron llevados al polígono de tiro de pistola, ubicado en el faldeo del cerro, a los pies de la sala de banda", relata Rodríguez. En ese lugar, Arellano Stark citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de la comitiva. Estos últimos fueron "quienes oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los quince detenidos", asevera el ex oficial.
"Sin embargo, Arellano Stark inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento (ninguno de los cuales había participado como fusilero) concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió", insiste Rodríguez y, nombra varios de los oficiales del regimiento que debieron dar el tiro de gracia, entre ellos a Juan Emilio Cheyre, quien asumirá como comandante-en-jefe del Ejército en marzo 2002. Los cuerpos fueron trasladados hasta el cementerio municipal, donde fueron inhumados en una fosa común y tapados con cal viva. Al día siguiente, La Caravana de la Muerte siguió con destino al norte.
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Antecedentes por los que se procesa a Emilio Cheyre y otros oficiales
El episodio de la Caravana de la Muerte por el que procesan a Cheyre
El desconcierto
11 de septiembre 2016
Por Rocío Venegas
En el aeródromo de la ciudad, el 16 de octubre, aterrizó el helicóptero Puma que traía a Arellano Stark y sus hombres. Lo esperaba en la losa la persona al mando del Regimiento: el comandante Ariosto Lapostol Orrego. El joven teniente Juan Emilio Cheyre, fiel escudero de Lapostol, también estaba presente en ese momento.
La misión de este viaje, ordenada personalmente por Augusto Pinochet, pretendía “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia” a los prisioneros. Con un documento que mostraba en cada ciudad que pisaba, Arellano se transformaba en un representante directo del General, cumpliendo a cabalidad con una misión que en poco tiempo se traduciría en aniquilar con eficiencia marcial a los enemigos del régimen.
El Puma aterrizó cerca del mediodía en La Serena. Apenas descendió el helicóptero, el general convocó a un consejo de guerra en donde habrían participado Lapostol, su inseparable ayudante Cheyre, Marcelo Morén Brito (que poco antes de acompañar a Arellano era el segundo al mando en ese mismo lugar) y el mismísimo Sergio Arellano Stark. Entre los cuatro revisaron una lista con los prisioneros, evaluando los cargos de los que eran acusados y marcando quince nombres. El fin de la aceleración de los procesos no era precisamente liberar a quienes eran acusados de cargos leves, sino que eliminar a los enemigos del régimen en lo que ellos consideraban una guerra.
La rápida estocada de Arellano Stark
Aunque en sus testimonios Lapostol y Cheyre niegan sostenidamente su participación en los hechos, hay testigos que indican que el teniente -entonces de 25 años- acompañó a Morén Brito a retirar a catorce prisioneros de la cárcel pública. Testigos cuentan que Cheyre habría sido el encargado de leer a viva voz los nombres de los quince prisioneros condenados a muerte, contradiciendo su versión, donde indica que mientras todo esto sucedía, él se encontraba en su oficina.
Siempre bajo una nebulosa de contradicciones, las versiones de Cheyre y Lapostol indican que ellos no sabían lo que estaba ocurriendo hasta que oyeron los disparos, acusando a Arellano Stark de desoír la voluntad del comandante. Mientras los altos mandos del lugar almorzaban, los prisioneros fueron trasladados a un polígono de tiro, a unos 200 metros del casino de oficiales. Ahí, cerca de las 16 horas, fueron fusilados. Otras versiones -brindadas por uniformados- indican que al momento del fusilamiento también estaban presentes los altos mandos.
Mientras todo esto ocurría, los soldados conscriptos del Regimiento “Arica” se encontraban viendo una película, la cual fue proyectada con el fin de que no se enteraran de la operación. Precisamente, uno de los sellos que tuvo la misión fue que se realizó de manera casi imperceptible para los uniformados de bajo rango, mientras que -salvo contadas excepciones- los oficiales a cargo de cada regimiento se encargaron de amenizar con almuerzos y cenas a los visitantes.
Lapostol ha afirmado que él no sabía que ese día un helicóptero iba a aterrizar en su regimiento, negando también su conocimiento respecto a la matanza. Sin embargo, hay testimonios que lo contradicen. Uno es el de un sobreviviente del regimiento, que cuenta que los días 14 y 15 fueron obligados a hacer aseo profundo en las dependencias, a propósito -les dijeron- de la visita de una comitiva importante.
Lo que sí es un hecho comprobado es que, una vez fusilados, ningún médico revisó los cuerpos, los cuales fueron trasladados de manera inmediata al Cementerio Municipal de La Serena por expresa orden de Lapostol. Cheyre, en tanto, fue enviado al diario local El Día a entregar un bando militar que le explicaría a la comunidad que, tras ser juzgados por un tribunal militar proveniente de Santiago, habían fusilado a 15 prisioneros.
Diario El Día de La Serena: 17/9/73Diario El Día de La Serena: 17/9/73
“Siga las huellas del camión”
Cuando en 1990 se investigó la inhumación ilegal de los cuerpos que dejó la Caravana de la Muerte, fueron convocadas a declarar personas que, por distintas razones, estaban vinculadas al cementerio. El objetivo era reconstruir un relato de lo que ocurrió ese día, y que, entre otras cosas, podría echar por tierra las afirmaciones de que quienes daban las órdenes en el regimiento no tenían noción de la llegada de la comitiva ni de que, tras su paso, quince hombres serían aniquilados a tiros.
En 1973, el Cementerio General de La Serena era administrado por Teófilo Díaz, que además fue el único trabajador del lugar que permaneció ahí durante la operación. Primero llegó Mario Vargas Miguieles, entonces capitán, quien respondiendo órdenes de Lapostol -según afirma-, verificó el estado de la fosa y esperó a que arribaran los fusilados.
En una de las últimas veces que se refirió al tema, Vargas Miguieles contó que al llegar al cementerio el administrador ya estaba al tanto de lo que iba a ocurrir, trasladándolo a ver la fosa ya lista. La investigación nunca pudo contar con el testimonio de Díaz, puesto que en 1990 tenía 89 años y padecía de problemas de memoria, respondiendo solo con incoherencias. Por él habló su viuda, afirmando que de los muertos se había enterado por la prensa y que ese día su esposo había llegado a la casa, había tomado un remedio para dormir y nunca, en todos esos años, le había mencionado el tema.
Cerca de las 17 horas se acercó por la Avenida Colo Colo un camión Tolva metálico. Desde ahí descendió un oficial armado, ordenando que abrieran de par en par las puertas del camposanto. Al fondo de este se encontraba lista la fosa común donde terminarían arrojando a los fusilados. Cada uno de los cuerpos que bajaban del camión tenía pegado en su pecho un papel con su nombre, para poder identificarlos. El administrador del lugar era el encargado de anotar en el libro de registros los nombres de cada uno, pero al sexto cayó desmayado, perdiendo la conciencia. Cuando la recuperó, los encargados de la faena ya habían terminado de enterrar los cuerpos y lo obligaron a entregarles la llave del cementerio, que permaneció cerrado y custodiado por militares todo el día, según cuentan testigos.
Aunque Díaz nunca declaró, sí lo hizo un cercano, que también trabajaba en el camposanto a cargo de las condiciones de higiene del lugar, quien cuenta que tres años después de que enterraran ilegalmente a los fusilados ahí, el administrador decidió sincerarse con él, contándole que ese día temprano lo habían llamado ordenándole que cerrara el cementerio antes del mediodía, prohibiera el paso al público y enviara a todos los trabajadores a sus casas.
Otros dos trabajadores afirman que ese día -sin decirles por qué- fueron enviados a sus casas cerca de las 16:00, hora en la que se ejecutaron los cuerpos en el regimiento. A eso, añadieron que al día siguiente empezaron a escuchar comentarios que decían que un grupo de desconocidos había enterrado los cuerpos de varios hombres fusilados por los militares en una de las fosas comunes que estaban al fondo del cementerio.
La noticia del fusilamiento salió en el diario y en las radios locales, nombrando uno a uno a los quince ejecutados. Los rumores sobre estas muertes llevaban varias horas corriendo y las familias comenzaron desesperadamente a averiguar la suerte que habían corrido sus seres queridos.
Una de las viudas relata que se enteró de la noticia el mismo día 16. Proveniente de Santiago, cada 15 días visitaba a su marido, quien se encontraba preso en la cárcel pública de la ciudad. Apenas despuntó el día, se dirigió al recinto en donde, tras sortear un montón de evasivas, confirmó que había sido fusilado. Ahí le devolvieron sus pertenencias, pero nunca el cuerpo.
“Fui al cementerio pensando en que ese era el lugar al que llevan a los muertos”, contó. Ahí, los funcionarios, nerviosos, no le contestaban sus preguntas, hasta que uno escuetamente le dijo que siguiera las huellas del camión que seguían estampadas en el suelo del lugar. “Había dos losas de cemento encima de un hoyo. Estaba cubierta de un polvo color blanco; logré mover una y mirar hacia abajo y pude distinguir varios cuerpos que había en el fondo”.
Para hacer énfasis en lo que vio, la viuda aclara que ese fue un día luminoso, casi sin nubes, por lo que está totalmente segura de haber visto un montón de cuerpos ensangrentados. Fue interrumpida por gritos: un trabajador del cementerio se acercó a ella gesticulando fuertemente, pero apenas la tuvo al frente rompió en llanto y le dijo que se fuera, que no la podían ver ahí. Antes de separarse, le contó que para poder dormir la noche anterior había tenido que embriagarse, pues no paraba de pensar en que esas personas podían ser sus hijos.
Ella no fue la única que se acercó al cementerio ese día, al menos dos mujeres más lo hicieron. En los tres relatos se repiten los mismos elementos: la losa que cubría la fosa estaba mal puesta y bajo ella se podían distinguir con claridad los cadáveres. Una dice que logró distinguir a su marido, otra intentó mover la cobertura hasta desvanecerse por la desesperación. Todas llegaron ahí luego de suplicarle a los nerviosos trabajadores del cementerio que les dijeran dónde estaban sus seres queridos.
“En tiempos de guerra los cuerpos no se entregan”
A principios del 2011, Ariosto Lapostol dio una entrevista al diario El Día, el mismo que publicó la lista de ejecutados el 17 de septiembre de 1973. En la conversación, Lapostol afirmó que el entierro de los cadáveres se hizo de forma “muy correcta”. “Cada vez que voy a La Serena les coloco un ramo de flores, calladito”, aseguró en esa ocasión.
Las palabras del ex comandante han estado marcadas por la ambigüedad, señalando que no puede explicar su accionar o culpando a las circunstancias de presión en que se encontraba. “Eran tantos los cadáveres que me causó mucho impacto y pensé que lo mejor era dejarlos a todos en una fosa común en el cementerio y no entregarlos a sus familiares”, contó. En la misma conversación, culpó a factores económicos, contando que no tenían dinero para comprar las quince urnas necesarias y que la vergüenza provocó que ordenara que los cuerpos fueran cargados como escombros en un camión, privando por 25 años a sus familias del derecho de enterrar a sus muertos.
Lapostol también afirmó que nunca nadie se acercó a preguntar dónde habían sido sepultados sus familiares, pues de ser así, él le hubiera pedido al administrador la exhumación de los cuerpos. Según los familiares, se acercaron innumerables veces a preguntar por los restos de sus deudos, recibiendo respuestas negativas por parte de Lapostol -quien siempre responsabilizaba a sus superiores-. También obtuvieron respuestas secas, que siempre apuntaban a la misma idea: en tiempos de guerra, los cadáveres no se entregaban. O les decía cruel y burlescamente que si tanto querían encontrarlos, los buscaran ellas mismas.
El brazo derecho de Ariosto Lapostol, Juan Emilio Cheyre, también ha tenido que comparecer ante la justicia en numerosas ocasiones, siendo cada vez más directas las acusaciones que lo involucran -por lo bajo– como cómplice de los hechos.
Juzgados bajo el sistema penal antiguo, se consideró que frente al caso había presunciones fundadas, por lo que fueron encargados reos. En julio de este año, Cheyre pasó cinco días en la cárcel, quedando libre tras pagar una fianza de un millón de pesos. Hoy, a 43 años del episodio, la participación de los militares que se encontraban en tierra cuando los zarpazos de Arellano Stark pasaron por La Serena continúa siendo investigada.
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Jorge Washington Peña Hen
45 años, músico y profesor universitario. Militante socialista. Es detenido el l9 de septiembre por funcionarios de Carabineros de La Serena, trasladado a la Comisaría y luego a la Cárcel de esa ciudad, Recinto en el cual es visitado por su familia.
Marcos Enrique Barrantes Alcayaga
26 años, supervisor en la Planta de Manufacturas de Neumáticos S.A. (MANESA), militante socialista. Fue detenido en su lugar de trabajo el 16 de septiembre por efectivos militares, conducido al Regimiento de La Serena y desde allí a la Cárcel local.
Mario Alberto Ramirez Sepulveda
44 años, profesor universitario, militante del Partido Socialista. Se presentó al Cuartel de Investigaciones de La Serena el 27 de septiembre luego de ser citado. Fue detenido e inmediatamente trasladado al Regimiento y luego a la Cárcel de esa ciudad. Su familia sólo pudo visitarlo en dos oportunidades. La mayoría del tiempo permaneció incomunicado.
Oscar Gastón Aedo Herrera,
31 años, campesino, sin militancia política conocida. Fue detenido por Carabineros, conducido a la Comisaría de Illapel y desde allí a La Serena. Permaneció incomunicado.
29 años, médico, militante del Partido Comunista. Se presentó a la Comisaría de Ovalle el 12 de septiembre luego de ser requerido por un bando. Estuvo detenido un día y luego permaneció bajo arresto domiciliario. El l6 de septiembre es detenido nuevamente y conducido al Regimiento de La Serena, desde allí es llevado a la Cárcel de la ciudad. Asesinado por la Caravana de la Muerte en La Serena.
22 años, campesino, militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Fue detenido el 12 de octubre de l973 por efectivos de Carabineros de Ovalle; luego de permanecer dos días en la Comisaría de esa localidad, es trasladado al Regimiento "Arica" de La Serena. En ambos lugares permaneció incomunicado. Luego es trasladado a la Cárcel. Asesinado por la Caravana de la Muerte en La Serena.
38 años, albañil, Secretario Regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Gobernador de Vicuña y militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Fue detenido el l2 de septiembre por Carabineros de Vicuña y llevado a la Comisaría de esa ciudad, lugar desde el cual es trasladado a la Cárcel de La Serena.
35 años, profesor universitario, militante socialista. Fue detenido por funcionarios de Investigaciones en las dependencias de MANESA el l7 de septiembre y conducido a la Cárcel de La Serena.
23 años, campesino, militante del Partido Comunista. Fue detenido en Salamanca y llevado a la Cárcel de esa localidad; al cabo de cuatro días es trasladado a la Cárcel de Illapel, lugar en el cual permanece hasta el l5 de octubre , fecha en que es conducido a la Cárcel de La Serena.
22 años, técnico agrícola, funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) y Secretario Comunal del Partido Comunista. El 1º de octubre es detenido por Carabineros de Salamanca y conducido a la Subcomisaría de esa localidad. Trasladado a la Cárcel de Illapel y luego a la Cárcel de La Serena.
31 años, agricultor, militante del Partido Comunista. Detenido el 16 de septiembre, en Los Vilos, por efectivos de Carabineros. Fue conducido a la Cárcel de Illapel, Recinto en el cual permanece hasta el 18 de septiembre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de La Serena.
¿Qué pasó en las siguientes horas hasta que se escucharon los disparos en el patio del regimiento y quince prisioneros fueron asesinados? El general Arellano revisó los antecedentes de los detenidos y marcó un total de quince elegidos, respecto de los cuales manifestó que debían ser sometidos a consejo de guerra. En el intertanto, el mayor Marcelo Moren Brito procedía a anotar el nombre de cada detenido en una libreta aparte.
El coronel Ariosto Lapostol declaró al Juez Juan Guzmán Tapia, "Ninguna de esas tres personas fue condenada a muerte por el consejo de guerra presidido por mí y ellos estaban cumpliendo la correspondiente sentencia en la Penitenciaria de La Serena. Sin embargo, cuando el general Arellano llegó a La Serena consideró que las penas que se les habían aplicado fueron demasiado benignas y que, por lo tanto, era necesario someterlos de nuevo a un consejo de guerra, porque según el general Arellano estas personas habían cometido delitos graves. Ante la resolución del general Arellano, yo me opuse rotundamente a que se hiciera un nuevo consejo de guerra, considerando que yo había presidido el anterior y considerando que las penas que se habían aplicado eran justas. Incluso yo le manifesté al general Arellano que las sentencias dictadas por el consejo de guerra presidido por mí, respecto de estas tres personas, quedaran como estaban y que se hiciera un consejo de guerra respecto de las doce restantes, pero cumpliendo todas las formalidades legales, vale decir, con una debida defensa".
El general Arellano y el coronel Lapostol siguen hablando, el capitán Vargas está muy cerca, cuando se escuchan los disparos: "Me sorprendo y entonces, de inmediato, le ordeno al capitán Vargas que averigüe lo que está sucediendo, qué está pasando. El capitán se dirige hacia el lugar donde se sintieron los disparos", declaró Lapostol.
El capitán Vargas regresó unos quince minutos después.
—Cumplida su orden, mi comandante...
—Informe... —Hay quince personas muertas en la cancha de tiro de pistola...
"En los instantes en que el capitán Vargas me informaba, se escucharon nuevamente disparos aislados que provenían de la misma dirección", dijo el coronel Lapostol al juez. Y agregó: "Acto seguido, le pregunto al general Arellano qué es lo que sucede y él me contesta que esos disparos deben corresponder al resultado del consejo de guerra".
Así mismo, el juez Guzmán recibió el testimonio de un oficial —testimonio que quedó archivado en el tomo reservado—él que relató de otro modo lo que ocurrió: “En el polígono de pistola, ubicado en el faldeo del cerro, cerca de la "sala de banda", los quince prisioneros fueron asesinados por miembros de la comitiva del general Arellano, frente a los oficiales del regimiento”. Ahí está la explicación para los primeros disparos. Luego se ordenó a los mismos oficiales locales dar los "tiros de gracia". Y de ahí los segundos disparos que escucha el coronel Lapostol.
La declaración del alto oficial consigna los nombres de quienes debieron efectuar esa segunda ronda de disparos, usando sus pistolas Staver de servicio. En este relato, se sostiene que el capitán Mario Vargas Miqueles llegó al patio —con la orden de averiguar qué sucedía—y también recibió la orden de disparar el tiro de gracia a un prisionero y que se negó a cumplir tal orden.
El coronel Lapostol declaró al tribunal: "Como una media hora después de que llegara el capitán Vargas a informarme, siendo aproximadamente las cinco o cinco y media de la tarde, llega Arredondo al mismo lugar donde nos encontrábamos, dando cuenta al general Arellano de que está todo finiquitado. Y unos cinco minutos después de que Arredondo informara al general Arellano, éste emprende su retirada del regimiento con su comitiva. Los vehículos estaban dispuestos para su traslado al aeropuerto".
Los quince prisioneros asesinados en el patio del regimiento fueron vistos por el coronel Lapostol. Así lo declaró ante el juez: "Vi los cuerpos de los fusilados, pero no advertí tiros de gracia en la cabeza". Balas en el pecho, muchas balas. En una oportunidad anterior, el coronel Lapostol me había relatado la muerte del profesor Mario Ramírez: "Su caso fue distinto. Según me informó el conscripto que participó en el episodio, el señor Ramírez se dio cuenta de que iba a ser fusilado cuando la columna de prisioneros cruzaba el patio. Se desesperó y se lanzó sobre el conscripto que estaba más cerca, al parecer con la intención de arrebatarle el arma. En el forcejeo, el conscripto disparó y el señor Ramírez murió al instante"
El coronel Lapostol ordenó al entonces teniente Emilio Cheyre que se publicara en el diario local —El Día—el comunicado oficial que daba cuenta de ejecuciones dispuestas por "tribunales militares en tiempo de guerra".
Así también, el coronel Lapostol reconoció su responsabilidad en el entierro ilegal y clandestino de los cuerpos. "Yo estaba síquicamente choqueado. Me sentía como una hormiga", dijo al tiempo que pedía perdón a las familias de las víctimas. Pidió al médico militar que viera los cuerpos y extendiera certificados de defunción. Luego ordenó llevar los cadáveres al cementerio local y meterlos en una fosa común. Fue así como los quince asesinados en La Serena se transformaron en detenidos—desaparecidos. Y sólo en octubre de 1998, pocos días después del arresto del general Pinochet en Londres, el tribunal dispuso la exhumación de los cuerpos y su debida identificación.
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(Informe Rettig). La Jefatura de Plaza, a través de la Prensa, entregó un comunicado oficial en el cual señala:
"Se informa a la ciudadanía que hoy 16 de octubre a las 16:00 horas fueron ejecutadas las siguientes personas conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempos de Guerra...".
Respecto de Mario Ramírez, Jorge Peña, Marcos Barrantes, y Jorge Osorio, se dijo que: "habían participado en la adquisición y distribución de armas de fuego y en actividades de instrucción y organización paramilitar con fines de atentar contra las Fuerzas Armadas y Carabineros y de personas de la zona".
Respecto de Oscar Aedo Herrera, Víctor Escobar, José Araya y Jorge Contreras, se dijo que: "formaban parte de una agrupación terrorista que tenía planificado para el 17 de septiembre apoderarse del Cuartel de Carabineros de Salamanca, matar al personal y a los hijos de éstos mayores de 8 años, además de eliminar físicamente a un grupo de personas de la ciudad que alcanzaba un número de 30, cuya nómina no es del caso dar a conocer por razones obvias".
Respecto de Hipólito Cortés Alvarez, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Oscar Cortés, se dijo que habían: "ocultado bajo tierra una gran cantidad de quince armas, abundante munición, explosivos, con la intención de atacar a Carabineros de Ovalle el día 17 de septiembre". Se señaló, además, que habían "participado como instructores de guerrillas en la zona".
Respecto de Carlos Alcayaga, se señaló que había sido fusilado por: "sustraer explosivos a viva fuerza desde el polvorín de la mina Contador, en Vicuña, el día 11 de septiembre de 1973, explosivo que le fue encontrado oculto bajo tierra y listo para ser usado" y que "era Instructor de manejo de explosivos en una Escuela de Guerrilleros que funcionaba en Vicuña".
Respecto de Manuel Marcarian, se dijo que fue ejecutado por: "haberle encontrado explosivos para asaltar el Cuartel de la Subcomisaría de Los Vilos, haciendo caso omiso de los Bandos y de las advertencias hechas personalmente por Carabineros".
Respecto de Roberto Guzmán, se dijo que su ejecución fue: "por incitar a los mineros del Campamento de Desvío Norte y sus alrededores a apoderarse de los polvorines y oponer resistencia armada a la Junta de Gobierno".
Los cuerpos no fueron entregados a las familias para su sepultación.
La información oficial entregada por la autoridad militar de la zona, da cuenta de la celebración de un Consejo de Guerra el día 16 de Octubre el que habría dispuesto las condenas a muerte de los quince detenidos; y que el tribunal sentenciador habría "venido especialmente de Santiago”.
Esta Comisión acredita la presencia en la zona de una comitiva especial llegada desde Santiago, con facultades para revisar la situación de los detenidos del lugar. Se han recibido testimonios verosímiles acerca de las nóminas de los arrestados por las autoridades militares de dicha comitiva, y de la elección que éstas hicieron de las personas cuya situación debía ser revisada.
En relación a todas esta muertes la Comisión recibió abundantes y calificados testimonios concordantes en ciertos hechos: los 15 prisioneros individualizados precedentemente fueron ejecutados al margen de todo proceso legal por agentes del Estado. Avalan dicha convicción, los siguientes antecedentes:
- Testimonios verosímiles respecto de la secuencia en que se produjeron los hechos que condujeron a la muerte de los quince detenidos, ya que casi no medió tiempo entre la revisión de los casos y la ejecución, lo que hace imposible que en ese lapso se desarrolle un Consejo de Guerra ajustado a Derecho.
- El hecho que, de haberse celebrado el supuesto Consejo de Guerra, no existió derecho a defensa de los acusados, toda vez que no hubo presencia de abogados ni posibilidad alguna de efectuar descargos. Incluso, Roberto Guzmán, según se señaló precedentemente, ya había sido condenado por un Consejo de Guerra a una pena de cinco años, la que fue rebajada en el año 1975 a 541 días.
- Pese a los requerimientos e indagaciones reiteradas de la Comisión no pudo obtenerse copia de una sentencia judicial o de cualquier pieza procesal referidas al juicio que habría sido realizado en contra de los quince ejecutados.
Por tanto y considerando que, los acusados carecieron de toda posibilidad de defensa; los cargos no aparecen acreditados en documento alguno a que esta Comisión haya tenido acceso. Esta Comisión se ha formado la convicción que las quince ejecuciones constituyen una violación de los derechos humanos atribuíble a agentes del Estado.
(Informe Rettig)
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Los Hechos
"La mañana del día 16 de octubre de 1973, arriba a la ciudad de La Serena, un helicóptero "Puma" del Ejército de Chile, con un grupo de militares entre ellos Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Emilio de la Mahotiere González, Luis Polanco Galladom, Juan Chiminelli Fullerton, Marcelo Moren Brito (fallecido), Hugo Héctor Leiva González, comandados por el delegado General de Brigada Sergio Arellano Stark, quien tras sostener una reunión con el primer comandante Ariosto Lapostol Orrego, del regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena, para informarle de su misión, requiere del fiscal militar Cazanga Pereira (fallecido) aquellos procesos militares donde constaban prisioneros políticos, luego de seleccionar a los detenidos que serían ajusticiados, un contingente del Ejército concurre hasta la Cárcel Pública de La Serena a retirar y trasladar, sin derecho ni decreto alguno, a las víctimas Óscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen, que se encontraban privados de libertad a disposición de la autoridad militar, al aludido regimiento de la ciudad de La Serena.
Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozo del mismo regimiento el detenido Óscar Gastón Aedo Herrera, y es conducido junto a los demás prisioneros hasta el polígono de tiro de ese recinto militar, el cual ya había sido ordenado cercar por personal del mismo regimiento. Una vez en el polígono, fueron ajusticiados sin juicio previo alguno, mediante disparos efectuados por personal del Ejército.
Seguidamente y de manera ya prevista, se ordena la inscripción de las defunciones de las víctimas, sin habérsele practicado las autopsias respectivas, ni efectuado reconocimiento alguno por parte de sus familiares, para luego personal militar trasladar sus cuerpos hasta el cementerio local y sepultarlos en una fosa común, de manera oculta, cometido para el cual las autoridades del regimiento habían previamente efectuado las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal.
Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del regimiento, jefatura de zona, resuelven publicar en los medios de comunicación un Bando Militar, donde se informaba a la ciudadanía que se había ejecutado quince extremistas en cumplimiento de los resuelto por los Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que el Comandante del Regimiento, su ayudante y los oficiales de dicha unidad militar sabían que no había acontecido y que se les había ajusticiado sin juicio previo, por la circunstancia de su ideología".
Los procesados quedaron detenidos en el Batallón de Policía Militar, excepto Armando Fernández Larios, quien reside en el extranjero, por lo que se inició la tramitación legal pertinente para que responda por su responsabilidad.
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Nuevos antecedentes
Ex Oficial Revela Detalles del Paso de la Caravana de la Muerte en La Serena
Sergio Ramírez
Servicio Noticiero de Internet Instituto Cono Sur
15 de enero 2002.
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En su declaración ante el juez Juan Guzmán (26.12.1999), el ex oficial de Ejército Pedro Rodríguez Bustos proporcionó nuevas pruebas que incriminan oficiales militares en las ejecuciones sumarias en La Serena en octubre de 1973. La declaración que se ha guardado en el cuaderno secreto que maneja el magistrado, fue dada a conocer a fines del año 2001.
Pedro Rodríguez, ex integrante de los aparatos represivos de Pinochet, posee importante información sobre los crímenes del período dictatorial. Fue ayudante del ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, y luego trabajó con él en el movimiento fascista Avanzada Nacional.
En su declaración, Rodríguez dice que escuchó de dos de sus compañeros de armas, los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y Julio Lafourcade, cómo el grupo de oficiales que viajaba en el helicóptero Puma fusiló, por expresas órdenes del general (R) Sergio Arellano Stark, a un grupo de 15 personas que estaban detenidas en la cárcel de La Serena. Las revelaciones comienzan con el arribo a La Serena del helicóptero a principios de octubre de 1973. En él viajaba el general Arellano junto a Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo y el mayor Juan Chiminelli.
Rodríguez señala que Arellano se reunió con el comandante del regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego y que Arellano había ordenado revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más pesados". Se obedeció su orden y el fiscal militar, "un mayor de Carabineros de apellido Cazanga," entregó los antecedentes a Arellano Stark. Este se reunió con el comandante Lapostol y los integrantes de la Caravana y determinaron traer al regimiento desde la cárcel de La Serena a 15 presos políticos.
"Así es como fueron trasladados desde la cárcel hasta el sector de los boxes de vehículos livianos y otros a la sección de inteligencia. Luego de eso fueron llevados al polígono de tiro de pistola, ubicado en el faldeo del cerro, a los pies de la sala de banda", relata Rodríguez. En ese lugar, Arellano Stark citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de la comitiva. Estos últimos fueron "quienes oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los quince detenidos", asevera el ex oficial.
"Sin embargo, Arellano Stark inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento (ninguno de los cuales había participado como fusilero) concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió", insiste Rodríguez y, nombra varios de los oficiales del regimiento que debieron dar el tiro de gracia, entre ellos a Juan Emilio Cheyre, quien asumirá como comandante-en-jefe del Ejército en marzo 2002. Los cuerpos fueron trasladados hasta el cementerio municipal, donde fueron inhumados en una fosa común y tapados con cal viva. Al día siguiente, La Caravana de la Muerte siguió con destino al norte.
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Antecedentes por los que se procesa a Emilio Cheyre y otros oficiales
El episodio de la Caravana de la Muerte por el que procesan a Cheyre
El desconcierto
11 de septiembre 2016
Por Rocío Venegas
En el aeródromo de la ciudad, el 16 de octubre, aterrizó el helicóptero Puma que traía a Arellano Stark y sus hombres. Lo esperaba en la losa la persona al mando del Regimiento: el comandante Ariosto Lapostol Orrego. El joven teniente Juan Emilio Cheyre, fiel escudero de Lapostol, también estaba presente en ese momento.
La misión de este viaje, ordenada personalmente por Augusto Pinochet, pretendía “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia” a los prisioneros. Con un documento que mostraba en cada ciudad que pisaba, Arellano se transformaba en un representante directo del General, cumpliendo a cabalidad con una misión que en poco tiempo se traduciría en aniquilar con eficiencia marcial a los enemigos del régimen.
El Puma aterrizó cerca del mediodía en La Serena. Apenas descendió el helicóptero, el general convocó a un consejo de guerra en donde habrían participado Lapostol, su inseparable ayudante Cheyre, Marcelo Morén Brito (que poco antes de acompañar a Arellano era el segundo al mando en ese mismo lugar) y el mismísimo Sergio Arellano Stark. Entre los cuatro revisaron una lista con los prisioneros, evaluando los cargos de los que eran acusados y marcando quince nombres. El fin de la aceleración de los procesos no era precisamente liberar a quienes eran acusados de cargos leves, sino que eliminar a los enemigos del régimen en lo que ellos consideraban una guerra.
La rápida estocada de Arellano Stark
Aunque en sus testimonios Lapostol y Cheyre niegan sostenidamente su participación en los hechos, hay testigos que indican que el teniente -entonces de 25 años- acompañó a Morén Brito a retirar a catorce prisioneros de la cárcel pública. Testigos cuentan que Cheyre habría sido el encargado de leer a viva voz los nombres de los quince prisioneros condenados a muerte, contradiciendo su versión, donde indica que mientras todo esto sucedía, él se encontraba en su oficina.
Siempre bajo una nebulosa de contradicciones, las versiones de Cheyre y Lapostol indican que ellos no sabían lo que estaba ocurriendo hasta que oyeron los disparos, acusando a Arellano Stark de desoír la voluntad del comandante. Mientras los altos mandos del lugar almorzaban, los prisioneros fueron trasladados a un polígono de tiro, a unos 200 metros del casino de oficiales. Ahí, cerca de las 16 horas, fueron fusilados. Otras versiones -brindadas por uniformados- indican que al momento del fusilamiento también estaban presentes los altos mandos.
Mientras todo esto ocurría, los soldados conscriptos del Regimiento “Arica” se encontraban viendo una película, la cual fue proyectada con el fin de que no se enteraran de la operación. Precisamente, uno de los sellos que tuvo la misión fue que se realizó de manera casi imperceptible para los uniformados de bajo rango, mientras que -salvo contadas excepciones- los oficiales a cargo de cada regimiento se encargaron de amenizar con almuerzos y cenas a los visitantes.
Lapostol ha afirmado que él no sabía que ese día un helicóptero iba a aterrizar en su regimiento, negando también su conocimiento respecto a la matanza. Sin embargo, hay testimonios que lo contradicen. Uno es el de un sobreviviente del regimiento, que cuenta que los días 14 y 15 fueron obligados a hacer aseo profundo en las dependencias, a propósito -les dijeron- de la visita de una comitiva importante.
Lo que sí es un hecho comprobado es que, una vez fusilados, ningún médico revisó los cuerpos, los cuales fueron trasladados de manera inmediata al Cementerio Municipal de La Serena por expresa orden de Lapostol. Cheyre, en tanto, fue enviado al diario local El Día a entregar un bando militar que le explicaría a la comunidad que, tras ser juzgados por un tribunal militar proveniente de Santiago, habían fusilado a 15 prisioneros.
Diario El Día de La Serena: 17/9/73Diario El Día de La Serena: 17/9/73
“Siga las huellas del camión”
Cuando en 1990 se investigó la inhumación ilegal de los cuerpos que dejó la Caravana de la Muerte, fueron convocadas a declarar personas que, por distintas razones, estaban vinculadas al cementerio. El objetivo era reconstruir un relato de lo que ocurrió ese día, y que, entre otras cosas, podría echar por tierra las afirmaciones de que quienes daban las órdenes en el regimiento no tenían noción de la llegada de la comitiva ni de que, tras su paso, quince hombres serían aniquilados a tiros.
En 1973, el Cementerio General de La Serena era administrado por Teófilo Díaz, que además fue el único trabajador del lugar que permaneció ahí durante la operación. Primero llegó Mario Vargas Miguieles, entonces capitán, quien respondiendo órdenes de Lapostol -según afirma-, verificó el estado de la fosa y esperó a que arribaran los fusilados.
En una de las últimas veces que se refirió al tema, Vargas Miguieles contó que al llegar al cementerio el administrador ya estaba al tanto de lo que iba a ocurrir, trasladándolo a ver la fosa ya lista. La investigación nunca pudo contar con el testimonio de Díaz, puesto que en 1990 tenía 89 años y padecía de problemas de memoria, respondiendo solo con incoherencias. Por él habló su viuda, afirmando que de los muertos se había enterado por la prensa y que ese día su esposo había llegado a la casa, había tomado un remedio para dormir y nunca, en todos esos años, le había mencionado el tema.
Cerca de las 17 horas se acercó por la Avenida Colo Colo un camión Tolva metálico. Desde ahí descendió un oficial armado, ordenando que abrieran de par en par las puertas del camposanto. Al fondo de este se encontraba lista la fosa común donde terminarían arrojando a los fusilados. Cada uno de los cuerpos que bajaban del camión tenía pegado en su pecho un papel con su nombre, para poder identificarlos. El administrador del lugar era el encargado de anotar en el libro de registros los nombres de cada uno, pero al sexto cayó desmayado, perdiendo la conciencia. Cuando la recuperó, los encargados de la faena ya habían terminado de enterrar los cuerpos y lo obligaron a entregarles la llave del cementerio, que permaneció cerrado y custodiado por militares todo el día, según cuentan testigos.
Aunque Díaz nunca declaró, sí lo hizo un cercano, que también trabajaba en el camposanto a cargo de las condiciones de higiene del lugar, quien cuenta que tres años después de que enterraran ilegalmente a los fusilados ahí, el administrador decidió sincerarse con él, contándole que ese día temprano lo habían llamado ordenándole que cerrara el cementerio antes del mediodía, prohibiera el paso al público y enviara a todos los trabajadores a sus casas.
Otros dos trabajadores afirman que ese día -sin decirles por qué- fueron enviados a sus casas cerca de las 16:00, hora en la que se ejecutaron los cuerpos en el regimiento. A eso, añadieron que al día siguiente empezaron a escuchar comentarios que decían que un grupo de desconocidos había enterrado los cuerpos de varios hombres fusilados por los militares en una de las fosas comunes que estaban al fondo del cementerio.
La noticia del fusilamiento salió en el diario y en las radios locales, nombrando uno a uno a los quince ejecutados. Los rumores sobre estas muertes llevaban varias horas corriendo y las familias comenzaron desesperadamente a averiguar la suerte que habían corrido sus seres queridos.
Una de las viudas relata que se enteró de la noticia el mismo día 16. Proveniente de Santiago, cada 15 días visitaba a su marido, quien se encontraba preso en la cárcel pública de la ciudad. Apenas despuntó el día, se dirigió al recinto en donde, tras sortear un montón de evasivas, confirmó que había sido fusilado. Ahí le devolvieron sus pertenencias, pero nunca el cuerpo.
“Fui al cementerio pensando en que ese era el lugar al que llevan a los muertos”, contó. Ahí, los funcionarios, nerviosos, no le contestaban sus preguntas, hasta que uno escuetamente le dijo que siguiera las huellas del camión que seguían estampadas en el suelo del lugar. “Había dos losas de cemento encima de un hoyo. Estaba cubierta de un polvo color blanco; logré mover una y mirar hacia abajo y pude distinguir varios cuerpos que había en el fondo”.
Para hacer énfasis en lo que vio, la viuda aclara que ese fue un día luminoso, casi sin nubes, por lo que está totalmente segura de haber visto un montón de cuerpos ensangrentados. Fue interrumpida por gritos: un trabajador del cementerio se acercó a ella gesticulando fuertemente, pero apenas la tuvo al frente rompió en llanto y le dijo que se fuera, que no la podían ver ahí. Antes de separarse, le contó que para poder dormir la noche anterior había tenido que embriagarse, pues no paraba de pensar en que esas personas podían ser sus hijos.
Ella no fue la única que se acercó al cementerio ese día, al menos dos mujeres más lo hicieron. En los tres relatos se repiten los mismos elementos: la losa que cubría la fosa estaba mal puesta y bajo ella se podían distinguir con claridad los cadáveres. Una dice que logró distinguir a su marido, otra intentó mover la cobertura hasta desvanecerse por la desesperación. Todas llegaron ahí luego de suplicarle a los nerviosos trabajadores del cementerio que les dijeran dónde estaban sus seres queridos.
“En tiempos de guerra los cuerpos no se entregan”
A principios del 2011, Ariosto Lapostol dio una entrevista al diario El Día, el mismo que publicó la lista de ejecutados el 17 de septiembre de 1973. En la conversación, Lapostol afirmó que el entierro de los cadáveres se hizo de forma “muy correcta”. “Cada vez que voy a La Serena les coloco un ramo de flores, calladito”, aseguró en esa ocasión.
Las palabras del ex comandante han estado marcadas por la ambigüedad, señalando que no puede explicar su accionar o culpando a las circunstancias de presión en que se encontraba. “Eran tantos los cadáveres que me causó mucho impacto y pensé que lo mejor era dejarlos a todos en una fosa común en el cementerio y no entregarlos a sus familiares”, contó. En la misma conversación, culpó a factores económicos, contando que no tenían dinero para comprar las quince urnas necesarias y que la vergüenza provocó que ordenara que los cuerpos fueran cargados como escombros en un camión, privando por 25 años a sus familias del derecho de enterrar a sus muertos.
Lapostol también afirmó que nunca nadie se acercó a preguntar dónde habían sido sepultados sus familiares, pues de ser así, él le hubiera pedido al administrador la exhumación de los cuerpos. Según los familiares, se acercaron innumerables veces a preguntar por los restos de sus deudos, recibiendo respuestas negativas por parte de Lapostol -quien siempre responsabilizaba a sus superiores-. También obtuvieron respuestas secas, que siempre apuntaban a la misma idea: en tiempos de guerra, los cadáveres no se entregaban. O les decía cruel y burlescamente que si tanto querían encontrarlos, los buscaran ellas mismas.
El brazo derecho de Ariosto Lapostol, Juan Emilio Cheyre, también ha tenido que comparecer ante la justicia en numerosas ocasiones, siendo cada vez más directas las acusaciones que lo involucran -por lo bajo– como cómplice de los hechos.
Juzgados bajo el sistema penal antiguo, se consideró que frente al caso había presunciones fundadas, por lo que fueron encargados reos. En julio de este año, Cheyre pasó cinco días en la cárcel, quedando libre tras pagar una fianza de un millón de pesos. Hoy, a 43 años del episodio, la participación de los militares que se encontraban en tierra cuando los zarpazos de Arellano Stark pasaron por La Serena continúa siendo investigada.
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Jorge Washington Peña Hen
45 años, músico y profesor universitario. Militante socialista. Es detenido el l9 de septiembre por funcionarios de Carabineros de La Serena, trasladado a la Comisaría y luego a la Cárcel de esa ciudad, Recinto en el cual es visitado por su familia.
Marcos Enrique Barrantes Alcayaga
Mario Alberto Ramirez Sepulveda
Oscar Gastón Aedo Herrera,
23 años, técnico forestal, militante comunista. Fue detenido por Carabineros de la Comisaría de Salamanca el 6 de octubre. Permaneció incomunicado hasta el 12 de octubre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de Illapel y desde allí conducido al Regimiento de La Serena, recinto al cual llega en la madrugada del 16 de octubre.
Hipólito Pedro Cortés Alovarez
43 años, obrero, funcionario municipal, dirigente del Sindicato de la Construcción y militante del Partido Comunista. Detenido en su lugar de trabajo por Carabineros de Ovalle, trasladado hasta la Comisaría de esa localidad y desde allí a la Cárcel de La Serena.
Jorge Abel Contreras Godoy
Roberto Guzmán Santa Cruz
35 años, abogado, asesor de la Compañía Minera Santa Fé y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El l4 de septiembre se presenta voluntariamente al Retén de Incahuasi luego de informarse que había sido requerido por las autoridades de La Serena. Es detenido y desde allí conducido a la Cárcel de La Serena. Procesado por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. En Consejo de Guerra del 27 de septiembre es condenado a la pena de presidio por 5 años. El 26 de junio de 1975, cuando ya había sido ejecutado, por decisión del Comandante en Jefe, se modificó la sentencia y su condena fue rebajada a 541 días.
Jorge Mario Jordan Domic
Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz
Carlos Enrique Alcayaga Varela
Jorge Ovidio Osorio Zamora
José Eduardo Araya González
Víctor Fernando Escobar Astullido
Oscar Armando Cortés Cortés
48 años, campesino, militante del Partido Comunista. El 22 de septiembre fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros de Ovalle y llevado a la Comisaría. Posteriormente es trasladado a la Cárcel de La Serena.
Manuel Jachadur Marcarian Jamett
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