Por El Diario de Antofagasta • Viernes 31 de Enero del 2014
Se sigue develando la verdad.
Se trata de Carlos Alfredo Escobedo Caris, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Mario Argüelles Toro, Luis Alfonso Moreno Villarroel y el periodista Carlos Berger Guralnik, esposo de la abogada Carmen Hertz.
El Servicio Médico Legal (SML) identificó los restos de cinco víctimas de la “Caravana de La Muerte”, comitiva del Ejército que recorrió el país por orden de Augusto Pinochet, asesinando a detenidos políticos y luego ocultando sus cadáveres, algunos de los cuales no son encontrados hasta hoy. En el episodio Calama, 26 personas fueron asesinadas por la dictadura el 19 de octubre de 1973.
El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Leopoldo Llanos, se reunió con familiares de las víctimas para dar cuenta de los informes periciales del proceso criminal que investiga la magistrada Patricia González, indicando que las osamentas corresponden a Carlos Alfredo Escobedo Caris, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Mario Argüelles Toro, Luis Alfonso Moreno Villarroel y el periodista Carlos Berger Guralnik, esposo de la abogada Carmen Hertz.
Durante este viernes, se llevó a cabo la notificación a los familiares, en dependencias del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama.
Los restos de las personas asesinadas fueron encontrados en 1990, en una fosa ilegal al norte del kilómetro 16 y medio de la ruta que une Calama con San Pedro de Atacama, sector donde actualmente se levanta un memorial.
Con estas nuevas diligencias, las víctimas identificadas alcanzan las 18 de un total de 26 cuerpos encontrados.
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La Justicia chilena acusó hoy a nueve represores de la dictadura por la muerte y desaparición de 16 opositores en el llamado caso "Caravana de la Muerte", uno de los episodios de violaciones de los derechos humanos más emblemáticos del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Según fuentes judiciales, la jueza especial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González Quiroz, acusa a los nueve por secuestro y homicidio calificado (desaparición) de 13 víctimas.
Ellos son el general Sergio Arellano Stark, que comandaba la misión, Carlos Arredondo, Pedro Espinoza, Marcelo Moren, Patricio Díaz, Ricardo Yañez, Waldo Ojeda, Marcelo Marambio y Oscar Haag.
Asimismo, la jueza acusó también por secuestro calificado en carácter reiterado a Arellano Stark, Arredondo, Espinoza, Moren y Haag, además de Ramón Zúñiga Ormeño, Fernando Castillo Cruz, Edwin Herbstaedt Gálvez y Oscar Pastén Morales.
Según los antecedentes recopilados por la justicia chilena, en horas de la noche del 16 de octubre de 1973 llegó un helicóptero Puma hasta Copiapó -804 kilómetros al norte de Santiago- donde viajaban Arellano Stark y varias otras personas.
Junto a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento Atacama, de Copiapó, se llevaron a cuatro personas detenidas en la unidad de militar y las subieron a un camión.
Posteriormente se dirigieron a la Cárcel Pública y subieron a nueve personas más, que se encontraban privadas de libertad por orden de la autoridad militar.
Los 13 detenidos fueron llevados a la Cuesta Cordone, los obligaron a descender del vehículo y junto con otros militares que estaban en el lugar, le dispararon a cada uno de ellos.
Un día después, otro grupo de militares se trasladó hasta las barracas donde mantenían a detenidos políticos y se llevaron del lugar a tres personas trasladándolos también hasta la Cuesta Cardone, donde según los antecedentes "se pierden sus rastros" sin que nadie hasta la fecha conozca los paraderos de las tres víctimas.
La mayoría de los acusados ya purga en la cárcel varios años de condenas por otros casos de violación a los derechos humanos.
Los opositores a la dictadura dieron el nombre de "Caravana de la Muerte" a una comitiva militar que, comandada por el general Sergio Arellano Stark, recorrió en helicóptero diversas ciudades de Chile, en las que sus integrantes asesinaron a cerca de un centenar de presos políticos a los que sacaron previamente de las cárceles.
Arellano, que actuaba como "delegado del comandante en jefe", lo que significaba que debía ser obedecido como si fuera el propio Pinochet, involucró también en los crímenes a militares de las guarniciones locales para asegurar su lealtad a la dictadura, según historiadores.
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