Hace justo 41 años, Chile se remeció por el paso de una comitiva militar que recorrió el país, “por orden presidencial”, con la supuesta misión de uniformar criterios en los Consejos de Guerra. En realidad, la orden era otra: intimidar al país, exterminar opositores y advertir a los propios militares que no se aceptarían “debilidades ante el enemigo”.
Encabezaba el pequeño pero letal contingente, el general Sergio Arellano Stark, quien pocos días antes, había lanzado por la prensa una advertencia a "aquellos que pretenden, con o sin intención, crear algunos conflictos artificiales (...) estamos en condiciones de reprimir, con el máximo de energía"...
No era una bravata más, la amenaza sería cumplida de manera brutal, dando muerte de manera horrorosa a más de 75 compatriotas. Con corvo y fusil, llevaron a cabo la "delegación de Pinochet".
El "delegado"
En la causa criminal 2182-1998, se logró determinar que Arellano Stark iba sin una nómina previa de ejecuciones, pero con objetivos claros. Se había detectado que algunas autoridades de regiones del nuevo régimen, no habían aplicado mano dura con los opositores. Eso había irritado al dictador, quien pocos días antes había lanzado una intimidante frase, que La Tercera llevaría como portada: "No habrá piedad con extremistas."
Era "riesgoso" mostrar mano blanda, había que dejar claro que se había tomado el poder para mantenerlo y quién lo ejercía, sin contrapesos ni dudas. Arellano Stark entendió la misión y la aplicó a cabalidad. Había sido designado "Oficial delegado" por el presidente de la Junta de Gobierno y comandante en jefe del Ejército. Ese cargo le permitía tener supremacía y mando incluso sobre generales de mayor antigüedad. Era el propio Pinochet quien actuaba directamente a través de Arellano.
En el juicio, Arellano declara: en Septiembre de 1973 "yo recibí un documento de parte del Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto Pinochet Ugarte, en que me nombraba su Delegado para viajar a varias ciudades del país, a fin de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales, de gobierno interior y de procedimientos judiciales".
Las instrucciones
Según Arellano, las instrucciones sobre procedimientos judiciales eran "que todos los procesados tuvieran adecuada defensa y que recurriera a los Colegios de Abogados en las ciudades donde existieran a fin de entregar a ellos esta responsabilidad". Si así fue, ¿por qué se llevó a los prisioneros a lugares apartados para degollarlos y luego fusilarlos? ¿Por qué se ocultaron los restos, algunos no pudiendo ser ubicados hasta hoy? A la luz de los hechos indiscutidos que hoy todo Chile conoce, tales declaraciones no merecen siquiera ser consideradas.
El documento cuenta con firma y el timbre del Ejército. En virtud de la delegación y en nombre del comandante en Jefe, Arellano ejerció el pleno de la jurisdicción militar en las fuerzas de su mando, agregando que "en uso de esta jurisdicción podría, entre otras facultades, decretar el enjuiciamiento por los Fiscales de todos aquellos individuos a quienes estimare responsables de delito, ordenar la formación de los Consejos de Guerra que deban juzgarlos, aprobar, revocar o modificar las sentencias que éstos pronunciaren y decretar el cumplimiento de toda sentencia". Claro que nada de esto fue legal.
Ejecuciones sumarias
Arellano no estaba para perder tiempo en juicios engorrosos, la verdadera misión era otra y procedió a determinar "a dedo" a quién se ejecutaría en cada localidad en que los helicópteros Puma del Ejército se posaban. No existe relación alguna en los 75 casos en que se ejecutó sumariamente a una persona por la Caravana de la Muerte, con delitos determinados. Tampoco con penas producidas en un debido proceso.
En cada caso se confeccionó una lista por Arellano que los miembros de la comitiva junto a oficiales y militares de esos lugares se encargaban de ejecutar. En muchos casos nunca existió un juicio, en otros, ya habían condenas que no fueron respetadas e incluso, en muchos se dictó la condena después de ejecutada la persona.
Generalmente Arellano obtuvo de las autoridades militares locales plena "colaboración" y participación en los crímenes, llegando incluso a disparar los oficiales locales los "tiros de gracia" tras las ejecuciones. También civiles participaron de los festines de sangre.
Pocos se opusieron
Aquellos militares que se opusieron a estos abusos, sufrieron en carne propia el peso del poder omnímodo de Pinochet. Algunos, como en el caso del mayor Fernando Reveco Valenzuela, quien fuera fiscal militar en Calama y que se opusiera a Arellano, fue detenido, acusado de incumplimiento de deberes militares por la "blandura" de las penas impuestas. Se le llevó a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, se le golpeó y torturó intensamente. Permaneció preso cerca de dos años.
Su testimonio es desgarrador, como el de tantos que sufrieron la ferocidad de la tortura. Fue citado a Santiago donde se le informó de una denuncia en su contra, de allí fue conducido al Regimiento Blindados Nº 2. Un capitán de apellido Zara, le dijo: "Usted tuvo suerte, mi mayor, porque todos los que trajeron anoche fueron fusilados esta mañana".
Luego Reveco fue llevado de la Academia de Guerra Aérea donde debió estar de pie varias horas. "Me desnudaron y amarraron los pies y manos a unos tablones en forma de cruz. Sólo conservé los zapatos y la capucha. Una voz preguntó qué clase de contactos había tenido con un señor Lazo del Banco del Estado. Era la primera vez que escuchaba ese nombre. Cuando lo dije sentí un dolor espantoso en los testículos. Me habían aplicado electricidad".
Lo mojaron con un paño y volvieron a aplicarle corriente. "Y así, por largas horas, mientras los torturadores hablaban entre ellos en voz baja. Creo que eran oficiales tal vez muy jóvenes. Me preguntaban sobre gente del MIR o del Partido Comunista que yo habría contactado. Sentía tanto dolor, que si hubiera tenido contacto alguna vez con ellos, lo habría confesado", señaló el exmilitar.
El mensaje era claro
No fue el único que sufrió las consecuencias. En Talca, el teniente coronel que ejercía el mando durante el Estado de Sitio, Efraín Jaña Girón, fue personalmente destituido por Arellano por no haber ordenado el fusilamiento del ex Intendente de la UP. También se negó a formar parte del Consejo de Guerra que ordenó la ejecución de Germán Castro. Jaña fue detenido y se le instruyó un Consejo de Guerra dirigido por el propio Arellano. Jaña fue condenado, estuvo preso 3 años y luego sería exiliado.
En el norte del país otros fueron aún más lejos, como el general (r) Joaquín Lagos Osorio, comandante en jefe de la Primera División de Ejército en 1973. En su jurisdicción la Caravana de la Muerte asesinó y masacró a decenas de presos políticos. Lagos relató así en el juicio criminal, los hechos: "Una vez que Arellano llegó a mi jurisdicción, le pidió al jefe de Estado Mayor de la División que ordenara al auditor de la División, teniente coronel y abogado Marcos Herrera Aracena, que le mostrara los sumarios fallados y los que estaban en tramitación, para que vieran en conjunto y en forma práctica los nuevos procedimientos que traía".
No hubo procedimientos, solo ejecuciones sumarias. Lagos declaró que "cuando se enteró del fusilamiento de 14 detenidos que estaban en proceso, le enrostró a Arellano la criminal actitud y que éste le dijo que él respondía a Pïnochet, sacando en seguida el documento que portaba consigo y en el cual el comandante en Jefe del Ejército le nombraba Oficial Delegado para revisar y acelerar los procesos (...) desde que ingresó a Copiapó, firmó sentencias de muerte sin mediar información al Juez Militar y Jefe de la Zona en Estado de Sitio", aseguró el general (r).
"Cortar de raíz"
En el expediente consta la declaración del auditor y teniente coronel Marcos Herrera, quien señala que no estaba en situación de representar ilegalidades y que guardó silencio en relación con la actuación de Arellano. El mismo Arellano le dijo que "el general Pinochet quería cortar de una vez por todas los juicios", confesó Herrera.
Joaquín Lagos, declaró que "el 19 de Octubre de 1973 se enteró por el jefe de Relaciones Públicas de la División, mayor Manuel Matta, que en la noche anterior la comitiva del general Arellano, encontrándose en Antofagasta, sacó del lugar de reclusión a 14 detenidos que se encontraban con procesos pendientes, los llevó a la quebrada El Way y los mataron con ráfagas de metralletas y fusiles de repetición".
Expuso asimismo Lagos que experimentó "una gran indignación por los crímenes cometidos a sus espaldas y en su jurisdicción. Al día siguiente, al regresar Arellano y su comitiva desde Calama, le enrostré su criminal actitud". Lagos se dio cuenta que debía informar de los hechos a Pinochet. Se reunió con él y le informó de todo lo sucedido en Antofagasta y en Calama. Agrega el general Lagos que el general Pinochet le dijo "que nunca había siquiera pensado que el general Arellano iba a proceder así", añadiéndole que por sus medios "tratara de superar, ante la opinión pública, la grave situación producida".
Arellano desmiente
Al final de la reunión el general Pinochet le pidió un teléfono para llamar al general Arellano a Iquique. No lo ubicó, pero a la persona que lo atendió le dejó el siguiente encargo: "que el general Arellano no haga absolutamente nada y que regrese mañana a primera hora a Santiago y llegando, que vaya a hablar conmigo".
Eso jamás aconteció. Lo señala el mismo Arellano mediante carta que dirigió el 16 de Julio de 1978 al general Pinochet y cuyo texto está agregado a fojas 2941: "Tú no me ordenaste volver de Antofagasta y la mejor prueba es que seguí al norte, pernoctando en Iquique y Arica, en casa de los generales Forestier y Mena...".
Continúa declarando el general Lagos que el 31 de Octubre de 1973 recibió un télex del Comando de las Fuerzas Armadas que le solicitaba información sobre el número y la nómina de los ejecutados en su jurisdicción. Hizo una relación respecto de aquellos ejecutados en Copiapó, en Calama y en Antofagasta, por orden del Delegado del comandante en Jefe del Ejército, agregando que lo hizo para precisar con claridad las responsabilidades de cada uno.
Por orden de Pinochet
En esa nota que Lagos entregó a Pinochet, se consignaban los crímenes y se señalaba que Arellano actuaba "por orden del Comandante en Jefe", o sea, Pinochet. Eso puso irascible al dictador, quien le ordenó rehacer la relación de personas ejecutadas, sin señalar lo actuado por Arellano y haciendo sólo un listado general.
Así lo declaró Lagos en el expediente: "Acto seguido, se me devolvió la relación de personas ejecutadas, indicándome que las rayas y palabras escritas en ella habían sido hechas, en forma manuscrita, por el propio Comandante en Jefe del Ejército". Al día siguiente cumplió la orden y un funcionario rehizo el documento. Lagos guardaría ese papel y lo entregaría al juez Víctor Montiglio. Sería determinante esa circunstancia para desaforar más tarde a Pinochet.
La sentencia del desafuero concluye: "El cambio en la relación de personas ejecutadas (fue) ordenado con el propósito de no dejar constancia documental de las ejecuciones provenientes de la misión de Arellano. Si al Comandante en Jefe del Ejército le hubiere merecido reproche lo actuado por Arellano, resultaría totalmente incomprensible que el 2/12/1973, antes de haber transcurrido dos meses de los luctuosos sucesos, asumiera como Comandante en Jefe de la 2ª División del Ejército, cargo importantísimo que requería, sin lugar a dudas, la aceptación del Comandante en Jefe del Ejército", indica la sentencia.
La comitiva criminal
El propio Arellano señaló en la causa quienes integraban la comitiva a sus órdenes: Oficiales de Ejército: teniente coronel Sergio Arredondo González, mayor Pedro Espinoza Bravo, mayor Marcelo Moren Brito, teniente Armando Fernández Larios y el ayudante del general Arellano, teniente Juan Chiminelli Fullerton. Conducían el helicóptero que transportaba a la comitiva, los capitanes de Ejército Antonio Palomo y Sergio de la Mahotier González.
El orden de los sitios "visitados" por la comitiva fueron Valdivia, Concepción, Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama. Los crímenes fueron acreditados y casi todos los miembros de la comitiva y algunos de los colaboradores fueron sancionados. Sus dos más importantes partícipes. Augusto Pinochet y Sergio Arellano Stark, escaparon a la sentencia pues fueron declarados locos o dementes, causal de extinción de responsabilidad penal.
Algunos de quienes participaron ayudando a la Caravana de la Muerte, aún están siendo condenados, 41 años después. Justicia que tarda, no es justicia. Pero al menos la verdad, algo mitiga.
Masacrados
Una característica de la Caravana de la Muerte fue el ensañamiento que se utilizó para asesinar y ocultar las evidencias. A muchos y sobre todo en el norte, se les ultimó amarrados y encapuchados, se les "pasó a corvo" y acribilló de manera sanguinaria. El general Joaquín Lagos relató antes de morir al juez Juan Guzmán. "Estaban irreconocibles, masacrados".
En el proceso (caso Antofagasta) se puede leer: "Los llevaron a una quebrada, amarrados, rodeados de un inmenso contingente militar y luego, ya de noche alumbrados por los focos de los vehículos, desde unos camiones bajan los soldados corriendo y gritando, armados con corvos y prácticamente destrozan a las víctimas que nada podían hacer".
Lagos se enfrentó más tarde a gritos con Arellano, "por este crimen a mi espalda". Horas después enfrentó a Pinochet en el aeródromo de Antofagasta. "¡Tú lo ordenaste!", le gritó. Más tarde, Arellano declararía que algunos efectivos "se le fueron de las manos."
La eliminación de la Ley de Amnistía fue una de las principales promesas electorales de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet durante 2013. Ya instalada en La Moneda, la Mandataria le puso "suma urgencia" a la iniciativa, específicamente en septiembre de 2014, fecha recordatoria del golpe de Estado de 1973.
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