“… A Copiapó llegó el helicóptero Puma el mismo día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 20.00 horas. Estuvo allí hasta
la mañana del 18 de octubre. El trágico resultado de su estadía en la ciudad fueron dieciséis víctimas. Durante muchos años, el general Sergio Arellano sostuvo que su misión en Copiapó consistió en verificar el fusilamiento
de tres prisioneros que habían sido condenados a muerte por un consejo de guerra (García, Tapia y Castillo). Aún no había llegado a la ciudad, dijo al juez Guzmán, "cuando fueron fusilados los trece prisioneros de Copiapó,
yo no me encontraba en la ciudad". "Sea cual sea la fecha, estoy convencido de que en este caso no hubo participación de los miembros de mi grupo militar".
El teniente (R) Vidal Aller destruyó la mentira de Arellano Stark cuando dijo al Juez Guzmán que, desde La Serena, le avisaron
que venía a Copiapó el helicóptero con el general Arellano a bordo.. Se lo comunicó de inmediato al comandante Haag, "quien no le dio mucha importancia, me comentó que dicho helicóptero pasaría directo a Antofagasta,
ya que en su concepto Copiapó no era tan importante»
Poco después, un sargento de guardia le avisó que se aproximaba el Puma: "Le ordené al sargento que rodeara al helicóptero cuando se posara en tierra con unos quince hombres que tenía a disposición en esos momentos. Una vez que el helicóptero se posó en
tierra, recuerdo que el primero en bajar fue el teniente Armando Fernández Larios, quien venía con tenida de combate, con corvos, granadas, etcétera.
Y cuando Arellano tuvo enfrente al comandante Haag, "lo reprimió por la forma en que vestía, añadiendo que el país estaba en
guerra, razón por la cual le ordenó que se cambiara de ropa".
El coronel Haag se cambió su ropa por tenida de combate. Luego, en la comandancia, se reunieron el general Arellano con el comandante
Haag, los oficiales de la comitiva Arredondo y Moren, así como el capitán Brito del regimiento de Copiapó. Luego, aseguró Vidal Aller al juez, "el general Arellano pidió todas las carpetas de la gente que estaba detenida
tanto en la unidad como en la cárcel de Copiapó. Luego de estar reunidos dos a tres horas, bajó el capitán Brito con las carpetas que había estudiado el general Arellano y de las cuales se separaron trece, relacionadas
con las personas que finalmente masacraron".
"Al final de la reunión, el general Arellano entregó la lista que había recibido de parte de la Fiscalía con los nombres de
todos los detenidos que se encontraban en el regimiento y en la cárcel local —alrededor de setenta—en la que había marcado el nombre de trece personas, ordenando que debían ser fusiladas a la brevedad. Estas personas
fueron ejecutadas estando con sumarios pendientes porque la orden del general no podía dejar de cumplirse, dada la alta investidura que éste tenía".
Trece prisioneros, ¿y los otros tres? El coronel Haag dijo al juez que, en esa misma reunión, el general Arellano examinó los
expedientes de los tres funcionarios del mineral El Salvador. Porque García, Tapia y Gastillo habían sido juzgados por un consejo de guerra, el que propuso pena de muerte para los tres. El caso estaba siendo revisado por
Haag, pero el general le ordenó al asesor jurídico, abogado Daniel Rojas Hidalgo, que cerrara la causa y preparara el documento para firmar el cúmplase de la sentencia al día siguiente.
Fueron enterrados "no como personas, ni siquiera como animales; a un perro se le da mejor sepultura".
¿Quiénes fueron las trece víctimas de ese primer "ajusticiamiento militar?"
• Raúl Larravide López, 21 años, estudiante de Ingeniería de Minas en la Universidad Técnica del Estado (sede Copiapó). Militante del MIR. Fue arrestado dentro
de la universidad al día siguiente del golpe.
• Winston Cabello Bravo, 28 años, ingeniero comercial, jefe provincial de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplán), militante del Partido Socialista y Militante
del MIR. Fue arrestado en su lugar de trabajo, la Intendencia, al día siguiente del golpe militar. Al terminar la reunión del comandante Haag con los directores de servicios públicos, el militar lo retuvo en la sala diciéndole
que su jeep "había sido visto en maniobras sospechosas". Fue el primer preso político de la zona.
• Adolfo Palleras Norambuena, 27 años, comerciante, dirigente poblacional y militante del MIR. No se presentó al llamado del bando militar. Fue detenido dos días
antes de la masacre de Copiapó.
• Manuel Cortázar Hernández, 19 años, hijo único, estudiante, presidía el centro de alumnos del Liceo de Hombres. Militaba en el MIR. Fue llamado a través
de un bando militar y se presentó voluntariamente una semana después del golpe. Sus compañeros lo recuerdan como "uno de los más alegres, siempre levantaba el ánimo a los otros".
• Edwin Ricardo Mancilla Hess, 21 años, estudiante de Pedagogía, presidente del centro de alumnos, secretario regional del MIR. Fue detenido en su casa dos días
antes de la llegada del general Arellano a Copiapó.
• Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez, 24 años, estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado (sede Copiapó), militante del MIR. Fue detenido,
en la residencial universitaria donde vivía, tres días antes de la masacre de Copiapó.
• Agapito Carvajal González, 32 años, funcionario público, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su casa.
• Fernando Carvajal González, 30 años, empleado, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su casa once días después del golpe militar. Los apellidos
indican que sería hermano de la víctima anterior.
• Alfonso Gamboa Farías, 35 años, periodista y profesor, director de Radio Atacama. Militante del Partido Socialista. Fue detenido en su casa, cuatro días después
del golpe.
• Raúl Guardia Olivares, 23 años, funcionario público, militante socialista. Detenido en la localidad de Caldera.
• Leonello Vincenti Cartagena, 33 años, profesor de Física, secretario regional del Partido Socialista. Varias declaraciones coinciden en señalar que fue asesinado
al interior del regimiento, momentos antes de que los prisioneros fueran sacados de allí para luego sumarse al grupo que fue sacado de la cárcel.
• Pedro Pérez Flores, 29 años, ingeniero en minas, profesor de la Universidad Técnica del Estado, dirigente del Partido Socialista. Fue detenido, mientras hacía
clases, dos semanas después del golpe. Casado, dos hijos. Su esposa trabajaba como secretaria en Radio Atacama, fue detenida y condenada a cinco años de presidio por un consejo de guerra. El año 76 se le conmutó la pena
por exilio.
• Jaime Sierra Castillo, 27 años, locutor de Radio Atacama, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su casa nueve días después del golpe militar.
¿Quiénes eran los tres prisioneros de El Salvador, quienes aún permanecen desaparecidos?
• Ricardo García Posada, 43 años, ingeniero y economista, funcionario de la CEPAL (organismo de la ONU) y gerente general de Cobresal (minera estatal de El Salvador).
Militaba en el Partido Comunista. Casado, dos hijos. Al día siguiente del golpe militar, hizo entrega oficial de las instalaciones de la mina al ingeniero más antiguo y se presentó voluntariamente al recinto policial más
cercano, en Potrerillos. Quedó bajo arresto domiciliario por dos días y luego fue trasladado a la cárcel de Copiapó.
• Benito Tapia Tapia, 31 años, empleado de Cobresal, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Si bien el Informe Rettig lo identificó
como miembro del comité central de la Juventud Socialista, su esposa —María Lía Carvajal—dijo al juez que Benito había sido candidato a diputado por el Partido Comunista. Fue detenido una semana después del golpe
en El Salvador y luego conducido a Copiapó.
• Maguindo Castillo Andrade, 40 años, casado, una hija, empleado de Cobresal, dirigente sindical, militaba en el Partido Socialista. Se presentó voluntariamente
en la comisaría de Potrerillos, al ser llamado por un bando militar. Fue dejado en libertad. Tres días después fue arrestado mientras caminaba por una calle de El Salvador y trasladado a Copiapó. Su esposa Laureana Honores
relató al juez que pudo verlo varias veces —manos hinchadas, moretones en el rostro—y comprobó que estaba siendo torturado. El nada le decía, para no preocuparla, pero en una ocasión le entregó un chaleco para que
lo lavara. Al sumergirlo, el agua se tiñó con la sangre.
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«Es absolutamente evidente que, cuando se dicta una condena contra una persona de 88 años por hechos ocurridos hace 35, quien la recibe no puede estar en condiciones de asumirla adecuadamente
