Estimada señora
La Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Copiapó, se dirige a usted con enorme preocupación y urgencia para solicitar la derogación del Decreto 924 que modifica el Decreto 518 del Ministerio de Justicia sobre el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, publicado en el Diario Oficial el 22 de febrero de 2016, el cual otorga beneficios de libertad a los asesinos de nuestros familiares y amigos.
Como es de su conocimiento la Justicia es para nosotros un valor y un objetivo de vital importancia y, según el entendimiento universal de este esencial derecho, consideramos que sólo el castigo o pena efectiva a los responsables de tales crímenes nos asegura como país el Nunca Más tan mencionado y prometido por los más amplios sectores sociales y políticos. Este Nunca Más depende, indudablemente, de los años de prisión que se les dé a los criminales y si ya son pocos en relación al caso más cercano que tenemos en nuestra región, es decir el caso Caravana de la Muerte – Capítulo Copiapó, donde aquellos han recibido quince años de cárcel por asesinar y mutilar atrozmente con corvos, punzones, cuchillos y yataganes a nuestros familiares, no podemos aceptar que ahora sean beneficiados con la libertad apelando e instrumentalizando este Decreto cuya derogación solicitamos, el cual solo les exige “arrepentirse”, cosa que están haciendo a través de sus abogados ante la Corte, como hemos podido comprobarlo en la última Audiencia que hemos tenido en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 30 de marzo.
A los familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Chile se nos ha ido una parte fundamental de nuestras vidas buscando una justicia que ha llegado demasiado tarde o que todavía no llega, y por lo mismo no podemos aceptar que hoy se imponga el beneficio de la libertad por razones humanitarias para los criminales, apelando a que éstos están ancianos y enfermos, en circunstancias que muchos de nosotros también lo estamos y que este beneficio significa un menoscabo fundamental a los objetivos de nuestra lucha, el cual contradice, además, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la lógica y práctica jurídica que vela por el castigo efectivo de los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Señora Presidenta, no podemos aceptar este beneficio que usted les está otorgando a los responsables de los crímenes contra los derechos humanos a través del Ministerio de Justicia, no podemos aceptar este Indulto encubierto que implica una perdida esencial para la justicia alcanzada a través de una lucha tan larga y sacrificada como la que hemos librado y seguimos librando, no podemos aceptar este beneficio injusto que ofende la memoria y el derecho a la justicia de nuestros muertos, razón por la cual reiteramos a Ud. la solicitud de derogar el Decreto 924.
Por la Justicia, por la Verdad, por la Memoria, la saludan con respeto y esperanza.
Rodolfo Villarroel Maya Angélica Palleras Norambuena
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Copiapó
Copiapó, 10 de junio de 2016.-
