La historia del episodio que dio inicio a la Caravana de la
Muerte
El 11 de septiembre de 1973, un agricultor y diputado del
Partido Nacional interceptó en una calle de San Javier a los cabos de
Carabineros Francisco Venegas y Enrique Vega. El parlamentario por la provincia
de Linares denunció a los cuatro jóvenes socialistas, funcionarios de la
Corporación de la Reforma Agraria CORA como peligrosos marxistas, e informó que
huían en un jeep. Carabineros de San Javier ya estaba intervenido por el
Ejército. Al mando del personal se encontraba el capitán de Ejército de la
Escuela de Artillería de Linares, Claudio Lecaros Carrasco.
Los cabos salieron en un vehículo tras los cuatro jóvenes.
Éstos habían sacado alimentos de la oficina de la gobernación provincial y se
dirigían a algún lugar. El diputado y otro comerciante de la ciudad de San
Javier, un tal Pollo, salieron adelante en una camioneta.
Repentinamente los policías frenaron ante una polvareda del
camino y escucharon disparos. Ni a ellos ni al vehículo les llegó una bala.
Analizando posteriormente la situación, los policías concluyeron
que los disparos probablemente los hicieron el parlamentario y su acompañante
en contra de los muchachos, ya que al examinar el jeep en que viajaban los
cuatro socialistas, no hallaron armas y se percataron de que, cuando huían por
los pasajes de una población, tampoco portaban armas. Finalmente los perdieron
de vista.
Pero la historia ya estaba fraguada. En la primera comisaría
de San Javier, el capitán Lecaros acusó a los jóvenes de agredir a tiros a los
policías, y éstos se prestaron para el montaje. Horas después, tres de los
funcionarios de CORA fueron detenidos en sus domicilios en San Javier, y el
cuarto quedó arrestado cuando se presentó voluntariamente ante Lecaros para
entregar el cargo de jefe de la CORA local.
Oficialmente se dijo que se les había abierto un proceso por
atacar a los policías, y Leopoldo González Norambuena, de 20 años; Segundo
Sandoval Gómez, de 19; José Sepúlveda Baeza, de 22, y Teófilo Arce Toloza, de
26 años, fueron recluidos en la cárcel de Linares.
Los jóvenes contaron luego a sus familias que estaban
esperanzados de no ser condenados, dado que no existía prueba material de sus
supuestos disparos a carabineros.
LA PARTIDA
Al atardecer del 30 de septiembre de 1973, la Escuela de
Artillería de Linares tuvo una visita inolvidable. Era la Caravana de la
Muerte. Su comandante, el general Sergio Arellano, portaba un salvoconducto
firmado por el dictador Augusto Pinochet nombrándolo su "Oficial
Delegado". La misión se encubrió para "acelerar los procesos" de
los prisioneros, en cada ciudad donde el escuadrón arribara.
-¡Cuántos muertos tiene ya en la zona! -demandó secamente
Arellano al comandante del regimiento, coronel Gabriel del Río Espinoza, quien
se quedó helado y tardó en reaccionar.
-Ni más ni menos que los que tiene que haber, tenemos diez o
doce, mi general -contestó.
Arellano lo miró y le espetó:
-Son muy pocos coronel, muy pocos.
Del Río no contuvo la rabia, y a pesar de que tenía menor
graduación y El Lobo (como se hacía llamar) era un general, oficial delegado por
el mismísimo Pinoochet replicó:
-Bueno, entonces dígame, usted, ¿cuántos tienen que ser los
muertos, mi general?
El Lobo, según dijo a la Comisión Rettig su ayudante, el
entonces teniente Juan Chiminelli, no contestó a Del Río y se dio media vuelta
saliendo de la oficina del comandante.
De ahí en adelante ocurrió lo que sucedió en cada ciudad.
Linares se convertiría en el primer crimen ordenado por la Caravana de la
Muerte. El primer aullido de El Lobo.
Arellano se reunió con el fiscal militar de la Escuela de
Artillería, capitán Carlos Romero Muñoz, y revisó la lista de detenidos y el
estado de los procesos.
Entonces decidió quiénes debían morir. "Fusile sin
juicio", recuerda el jefe de inteligencia en ese entonces del regimiento
Cazadores de Valdivia, teniente Patricio Kellet, que escuchó decir a Arellano,
cuando éste pasó por allí, y así lo declaró el 9 de mayo de 2003 en el proceso
Caravana.
En la reunión de Arellano con el fiscal Romero también
estuvo el segundo comandante de la Escuela de Artillería, teniente coronel
Félix Cabezas Salazar. A partir de ese momento, Romero, Lecaros y Cabezas, que
respaldaron el actuar de Arellano según consta en la investigación judicial, le
hicieron la cruz al coronel Del Río y lo consideraron traidor.
A pesar de la discusión a gritos entre Arellano y Del Río,
según este último, esa noche se homenajeó al Lobo y a sus hombres con una cena
en el casino de oficiales de la Escuela de Artillería. Esa noche, la caravana
pernoctó en Linares y al día siguiente se fue a Concepción. Pero Arellano
volvió a Linares el martes 2 de octubre, a terminar la tarea y verificar que se
cumpliera. Los marcados para morir habían sido los cuatro muchachos
socialistas.
¡A CORRER!
Esa mañana del martes sacaron a los cuatro jóvenes desde la
cárcel mediante el oficio Nº1129 firmado por un oficial de la Escuela de
Artillería, y los llevaron a ese regimiento. En ese lugar descendió de nuevo
ese día el helicóptero Puma de Arellano.
Cerca de las cuatro de la tarde sacaron a los jóvenes socialistas
de la Escuela y se les llevaron. Todo estaba decidido y planificado por el
fiscal Romero. El suboficial Julio Barros condujo el camión con los cuatro
prisioneros unos tres kilómetros hasta el polígono de tiro general Bari.
Barros, apodado El Tomate, tenía fama de duro con los detenidos, según lo
reconocen otros suboficiales en el proceso.
Cuando El Tomate llegó con los jóvenes hasta el lugar
indicado previamente por el fiscal Romero, se encontró con que ya estaban el
fiscal, el teniente Mario Cazenave Pontanilla y el suboficial José Parada
Muñoz.
A una seña de Romero, Barros bajó a los socialistas que iban
sin amarras ni la vista vendada. Todo transcurrió rápido. El Tomate gritó a los
muchachos:
-¡A correr, mierdas!
Éstos corrieron y el capitán Romero dio la orden:
-¡Disparen!.
"Fue entonces cuando disparó el capitán Romero, el
teniente Cazenave, el sargento Barros y yo", declaró el suboficial Parada
a los funcionarios de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de
Investigaciones y al juez Juan Guzmán, a fines a fines de 2004 y el 3 de
febrero pasado, respectivamente.
Los muchachos murieron de inmediato impactados por ráfagas
de fusiles SIG. Los hombres cargaron los cuerpos de nuevo en el camión, y el
capitán Romero ordenó llevarlos a la morgue.
"A los jóvenes se les dio la oportunidad de arrancar y
la reacción fue dispararles cuando arrancaban. Ésa fue la manera cómo se me
ocurrió dar cumplimiento a la instrucción que me fue dada. Esta solución me
pareció menos dolorosa para los jóvenes y también más verosímil para la
comunidad", declaró el 12 de febrero de 2003 en el proceso el capitán
Romero Muñoz.
Romero culpó a Del Río de ordenarle matar a los jóvenes.
Pero Del Río lo niega. No obstante, y a pesar de que ni Romero ni Cabezas hasta
ahora han dicho que la orden la dio Arellano y éste no lo admite, la
investigación establece que fue Arellano el autor intelectual de estos
crímenes, como ocurrió en cada ciudad por donde pasó, y por ello, el juez
Guzmán lo procesó como autor de los cuatro secuestros con homicidio. También
procesó a Del Río, Lecaros, Romero, Cazenave y Barros.
La versión oficial de este crimen fue la que casi siempre
utilizó Arellano y su escuadrón. Que los detenidos intentaron fugarse, cuando
eran conducidos a una "reconstitución de escena". Así informó del
hecho la prensa adicta al régimen.
"Hay que decir la verdad porque somos hombres de
honor", dijo Arellano a Del Río, cuando en 2004 fueron careados por el
juez Juan Guzmán. "Usted tiene un problema de conciencia y debe ser grave",
insistió Arellano.
Pero Del Río lo encaró. Igual como antes lo hizo su propio
hombre en la caravana, el coronel (R) Sergio Arredondo, aburrido de que
Arellano lo culpara a él, a Moren Brito y Fernández Larios, de actuar por la
libre matando gente. "Pero si íbamos a las ejecuciones, yo lo sabía porque
me lo dijo mi general Arellano", dijo Arredondo alzando la voz.
Fuente: CARAVANA DE LA MUERTE: EL PRIMER AULLIDO DEL LOBO
Domingo 13 de febrero de 2005 | por Jorge Escalante
Publicado por: La Nación Domingo
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Los Hechos
Según lo establece el proceso, el 2 de octubre de 1973, los
cuatro detenidos fueron retirados por funcionarios militares desde la Escuela
de Artillería y trasladados hasta el polígono de tiro General Bari. Una vez que
llegaron al lugar, los militares dieron a los detenidos la orden de correr,
tras lo cual procedieron a dispararles, sin darles la posibilidad de defenderse
y causándoles la muerte, siendo luego sus cadáveres trasladados hasta la morgue
del hospital de la ciudad. En los días posteriores, fue publicado en diversos
periódicos del país que la muerte de las personas se debió a un intento de
fuga.
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El Proceso Judicial
- SANTIAGO.- lunes, 21 de julio de 2003
El ministro de fuero Juan Guzmán sometió a proceso a tres
militares (r) por delitos cometidos por la denominada Caravana de la Muerte en
cuatro ciudades al sur del país. Luego de su investigación, Guzmán encargó reos
al general (r) Sergio Arellano Stark, por el homicidio calificado de dos
personas en la ciudad de Curicó. Asimismo, encausó a Arellano y al general (r)
de Carabineros Gabriel del Río por los delitos de secuestro y homicidio
calificado de Teófilo Arce, Leopoldo González, Segundo Sandoval y José
Sepúlveda, todos ellos de la ciudad de San Javier. El magistrado determinó
además modificar el procesamiento desde secuestro a homicidio calificado al
general (r) Arellano, al brigadier (r) Pedro Espinoza y al coronel (r) Marcelo
Moren Brito, por la muerte y desaparición de Miguel Enrique Muñoz Flores y
Manuel Benito Plaza Arellano, en la ciudad de Cauquenes. Guzmán decidió también
encargar reo a Arellano Stark y al general (r) Héctor Hernán Bravo por
secuestro y homicidio calificado de doce personas en la ciudad de Valdivia. Se
trata de José Liendo Vera, Pedro Barría Ordoñez, José Barrientos Warner, Sergio
Bravo Aguilera, Santiago García Morales, Enrique Guzmán Soto, Víctor Krauss
Iturra, Luis Peso Jara, Víctor Rudolf Reyes, Rudemir Saavedra Bahamondes,
Víctor Saavedra Muñoz y Luis Valenzuela Ferrada.
- SANTIAGO.- Lunes 21 de Julio de 2003.
Las primeras encargatorias de reo por la ejecución de José
Gregorio Liendo, conocido como "el comandante Pepe", dictó el
magistrado de fuero Juan Guzmán Tapia en contra de los generales de Ejército en
retiro, Sergio Arellano Stark y Héctor Bravo Muñoz.
El juez tiene a cargo la investigación judicial que pretende
aclarar la misión que cumplió la comitiva castrense que recorrió gran parte del
país después de la intervención militar de septiembre de 1973, la que es
conocida públicamente como la "Caravana de la Muerte" por los
fusilamientos que ocurrieron a su paso.
Hasta ahora Guzmán había establecido presunciones de delito
en sucesos acaecidos en Cauquenes, Copiapó y Calama, pero ahora llegó a la
convicción de que también acaecieron situaciones similares en San Javier,
Curicó y Valdivia.
SANTIAGO.- martes, 16 de mayo de 2006
El ministro de fuero Víctor Montiglio, quien indaga el caso
"Caravana de la Muerte", resolvió absolver a dos generales y otros
cinco ex uniformados aplicando la Ley de Amnistía al dictar sentencia en el
episodio "San Javier".
La medida afecta a los militares (r) Gabriel del Río y
Sergio Arellano Stark, y otros cinco procesados en el caso, por los secuestros
y homicidios calificados de cuatro víctimas de la zona de la Séptima Región:
los jóvenes socialistas Teófilo Arce, Leopoldo González, Segundo Sandoval y
José Sepúlveda.
La sentencia no considera acreditado el delito del
secuestro, dado que las personas mencionadas fueron detenidas conforme a la ley
vigente en la época. Junto con ello, el fallo considera como acreditada la
existencia de los delitos de homicidio calificado en las víctimas, y considera
como autores de dichos homicidios a Arellano Stark, Del Río y los oficiales
Carlos Romero Muñoz, Mario Cazenave, José Parada Muñoz y Julio Barros Espinace,
a quienes luego absuelve por la ley de Amnistía. Montiglio rechazó además la
demanda contra el fisco declarando prescrita la acción civil deducida. Según lo
establece el proceso, el 2 de octubre de 1973, los cuatro detenidos fueron
retirados por funcionarios militares desde la Escuela de Artillería y trasladados
hasta el polígono de turo General Bari. Una vez que llegaron al lugar, los
militares dieron a los detenidos la orden de correr, tras lo cual procedieron a
dispararles, sin darles la posibilidad de defenderse y causándoles la muerte,
siendo luego sus cadáveres trasladados hasta la morgue del hospital de la
ciudad. En los días posteriores, fue publicado en diversos periódicos del país
que la muerte de las personas se debió a un intento de fuga. Respecto de la
aplicación de normas internacionales, que harían improcedente la amnistía y la
prescripción, el ministro concluye que no se dan los requisitos para considerar
la existencia de un conflicto armado no internacional y sostiene que dichas
leyes se encuentran plenamente vigentes. Defensa de Arellano anuncia apelación
El abogado Jorge Ovalle, quien representa al general (r) Arellano Stark en el
proceso Caravana, anunció que apelará a la decisión del ministro Montiglio
debido a que no están conformes con la ley de Amnistía. "La defensa del
general (r) Arellano se ha declarado siempre contraria a la aplicación de la
Amnistía con respecto al general. Ha hecho presente en las causas que se han
tramitado a este respecto que el general es inocente por falta de participación
suya en los hechos delictuales imputados, y que además el general (r) Arellano
era contrario a toda represión conforme se encuentra acreditado en los informes
respectivos", afirmó. Por ello, Ovalle recalcó que la aplicación del
decreto de ley en ningún caso favorece a su cliente, quien es partidario de que
se aplique las sanciones que corresponden sin aplicar la Amnistía a quienes son
realmente responsables de los hechos y no a quienes no han tenido participación
de los delitos. "La defensa del general va a apelar en atención a que no
sólo no están acreditados los hechos que se le imputan, sino que por el
contrario lo que está acreditado es su ausencia de participación en los
hechos", concluyó Ovalle. Gutiérrez: Montiglio debería dejar causas de
derechos humanos Por su parte, el abogado querellante en el caso, Hugo
Gutiérrez, sostuvo que la decisión del magistrado es nuevamente errada.
"Compromete gravemente al Estado chileno ante la comunidad internacional.
Él es un agente del Estado que tiene que tomar en cuenta de que existen
responsabilidades internacionales y una de esas es que en las causas de
derechos humanos haya verdad y justicia. Él está infringiendo ese deber
estatal", afirmó. A juicio de Gutiérrez, Montiglio debería dejar las
causas de derechos humanos que tiene porque tiene una opinión que la va a
aplicar en todo el resto de los procesos. Respecto de la decisión de la defensa
de Arellano de apelar a la aplicación de la ley de amnistía, Gutiérrez aseveró
que en los expedientes existen diversos antecedentes que dan cuenta de la
responsabilidad del general (r) en los hechos. Caso "Arica" El
ministro ya había absuelto anteriormente aplicando el mismo decreto ley a otros
ex militares por el episodio "Arica", oportunidad en que además dejó
libre de cargos al general (r) Sergio Arellano Stark. En esa oportunidad, el
pasado 13 de abril, el juez liberó de cargos a los oficiales de Ejército (r)
Odlanier Mena Salinas, Luis Carrera Bravo y René Bravo Llanos, todos imputados
como coautores de las muertes de los militantes socialistas Oscar Ripoll Codoceo,
Julio Valenzuela Bastías y Manuel Donoso. De la misma forma, dejó fuera de
juicio al procesado general (r) Sergio Arellano Stark, por considerar que no
tuvo participación en los hechos. En una extensa resolución, Montiglio
consideró acreditada la existencia de los homicidios calificados, y sostuvo que
los imputados -excepto Arellano- obraron con premeditación conocida y sobre
seguro, dando muerte a las víctimas. En su fallo, el magistrado estableció que
los inculpados eran absueltos por beneficiarles la amnistía dispuesta en el
Decreto Ley 2.191 de 1978.
- SANTIAGO.- Jueves 16 de octubre de 2008.
El general (R) Sergio Arellano Stark (88) fue sentenciado
ayer a seis años de presidio efectivo por un episodio del caso Caravana de la
Muerte.
El fallo lo dictó la Corte Suprema y es la primera condena
en esta emblemática causa, que también significó el primer desafuero del
general Augusto Pinochet.
La condena contra Arellano Stark es por el denominado
episodio San Javier, por donde pasó la Caravana de la Muerte. En esa localidad
fueron fusilados Teófilo Arce Tolosa, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González
Norambuena y Segundo Sandoval Gómez, todos miembros del PS.
Los crímenes se cometieron el 2 de octubre de 1973. Arellano
Stark y su comitiva llegaron a la Escuela de Artillería de Linares, donde
instruyeron al coronel Gabriel del Río para ejecutar a los cuatro detenidos a
lo cual el oficial se negó.
Arellano ordenó entonces al fiscal militar, Carlos Romero
Muñoz, efectuar las ejecuciones, por lo que ayer también fue condenado seis
años de presidio.
Además, Mario Cazenave Pontanilla, José Parada Muñoz y Julio
Barrios Espinace fueron sentenciado a cuatro años de libertad vigilada.
SANTIAGO.- 17 de noviembre de 2008 10:47
En nada quedó la histórica condena de seis años de presidio
que dictó el ministro Víctor Montiglio contra el general (r) Sergio Arellano
Stark (88) por su responsabilidad en el homicidio calificado de cuatro jóvenes
opositores al régimen militar en el marco del "episodio San Javier"
de la llamada "Caravana de la muerte". Esta mañana el ministro
Montiglio informó de la decisión de absolver al ex alto oficial de la sentencia
debido al Alzheimer que padece, según acreditaron los exámenes neurológicos,
psiquiátricos y físicos que le practicaron peritos del Servicio Médico Legal
(SML). Según las pericias, Arellano ha sufrido un deterioro progresivo de su
estado mental desde hace 15 meses, y dicha demencia se vio agravada luego que
se dictara la condena en su contra. "En el peritaje se concluye que por la
evaluación realizada es posible concluir que don Sergio Arellano Satark
presenta una demencia mixta o multifactorial, tipo Alzheimer y vascular, y que
esta enfermedad neuropsiquiátrica es progresiva, crónica e irreversible",
señala el informe del SML. Por lo anterior, el magistrado determinó que el
general (r) -quien permanece internado en el hospital militar y antes estuvo en
una clínica psiquiátrica- queda exculpado de los cargos que se le habían
imputado y estará bajo la custodia de su hijo, Sergio Arellano Iturriaga.
Montiglio basó su medida en el artículo 687 del Código de Procedimiento Penal y
estableció además el pago de una fianza de 500 mil pesos.
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Conclusión
Al cumplirse 43 años de tan espantoso y cobarde crimen, y
luego de la muerte de Arellano Stark y Augusto Pinochet, los dos principales
autores de este crimen, la Causa Caravana de la Muerte - Capítulo San Javier se
cerró con beneficios para los culpables, prácticamente no hubo castigo al
quedar libres ellos dos por demencia senil y los otros implicados con libertad
vigilada.
Sólo cabe destacar que a pesar de todos los beneficios que
recibieron, a pesar de toda la ayuda que tuvieron y tienen, no pudieron
quitarse de encima la sentencia y el estigma de ser criminales de alta
peligrosidad, a los que sumándoles la cobardía con que actuaron, cargaran por
siempre con la deshonra y el desprecio de la sociedad en la memoria colectiva.
Lo que de cualquier forma y a pesar de todo es un precedente para la
recuperación de la dignidad nacional. Para que Nunca Más en Chile se repita una
experiencia criminal de esta magnitud, en contra de personas dignas, honorables
e inocentes, que estando absolutamente reducidos y sin defensa alguna fueron
masacradas por agentes del Estado.
EN MEMORIA DE LAS CUATRO VÍCTIMAS DE LA CARAVANA DE LA
MUERTE EN SAN JAVIER
Mauricio GONZALEZ NORAMBUENA, Militante del Partido
Socialista. 20 años, Jefe local de la Corporación de Reforma Agraria (CORA).
Detenido por efectivos de Investigaciones de San Javier el 13 de septiembre de
1973.
Teófilo ARCE TOLOSA, Militante del Partido Socialista. 26
años, funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), detenido en su
domicilio el 12 de septiembre de 1973, por efectivos de Investigaciones de San
Javier.
José SEPULVEDA BAEZA, Militante del Partido Socialista. 22
años, estudiante universitario. Detenido el 12 de septiembre de 1973, en su
domicilio, por efectivos de Investigaciones de San Javier.
Segundo SANDOVAL GOMEZ, Militante del Partido Socialista. 19
años, estudiante de enseñanza media, detenido el 13 de septiembre de 1973 por
efectivos de Investigaciones de San Javier.
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