En una fecha cómo hoy, hace 42 años atrás, la Caravana de la
Muerte pasó por Copiapó, asesinó a mi hermano y 15 compañeros más.
Son 42 años que ha durado la impunidad, con una justicia que es imposible que llegue con todos los obstáculos puestos en su camino, no obstante todos los esfuerzos hechos por quienes hemos interpuesto querellas criminales en contra de los asesinos, iniciativas personales sin el compromiso esperado del Estado que se ha mantenido al margen, con un Programa de DD. HH., que se ha hecho parte de nuestras querellas, pero, sólo desde una posición burocrática y neutral que no puede hacer nada más que tratar de balearse los pies, acusándose a sí mismo, en un acto imposible de lograr eficacia cuando lo correcto es que el Estado debió haber juzgado a todos los criminales, debió haberlos condenado y debió haber establecido el Nunca Más desde una posición verdaderamente democrática y garantizadora de la defensa y protección de los derechos humanos.
La salida de la dictadura que se pactó con el neoliberalismo incluyó la impunidad, incluyó la prolongación de la Comandancia en Jefe del ejército en manos del dictador hasta el año 1998, fecha en que él quiso retirarse, un caño vitalicio en el senado para el dictador, del que también se retiró, y la impunidad para todos los crímenes cometidos. Por esta razón el ejército jamás hizo juicios de guerra a quienes los habían cometido, porque desde el 12 de septiembre de 1973 fue decretada la guerra en el país y todas los crímenes de lesa humanidad que se cometieron fueron también crímenes de guerra y debieron haber sido juzgados y castigados, por esto es que hoy día, cuando estamos ad portas de hacer una nueva Constitución, democrática, confeccionada por nosotros para abolir la Constitución ilegal creada por la dictadura, también es lícito exigir que el Ejército de Chile se haga cargo de sus criminales, que los juzgue y los castigue y los degrade, siendo esta una deuda judicial, moral y patriótica que las Fuerzas Armadas tienen con la Nación, al margen de los acuerdos que a veinticinco años de haberse realizado nos tienen en medio de una descomposición política y corrupción propia de una historia de acuerdos sobre la sangre y el dolor de un pueblo.
Actualmente el Ejército no puede seguir asumiendo cómo propia la doctrina impuesta al interior del ejército por una Caravana de la Muerte que un día los dejó sin mando y al servicio absoluto de unos criminales que hicieron el trabajo sucio para que la dictadura no durara seis meses, sino, diecisiete años, con una doctrina que no se justifica que siga instalada, amparando y encubriendo a personas que no tienen otro calificativo que no sea criminales.
En este momento, cuando estamos conmemorando estos 42 años del crimen cometido en Copiapó por la Caravana de la Muerte, es necesario destacar que si en el Juzgado Militar de Antofagasta se perdieron los informes de exhumación de la fosa común clandestina, desde donde los sacamos en el Cementerio municipal de Copiapó, es porque eran y son la evidencia de que los mataron sólo con corvos y cuchillos, lo que no estaba permitido en su decreto de guerra y amerita un juicio militar, por esta razón un militar del regimiento local se adjudica haberlos fusilado a todos y con ello se cubre y los cubre a todos, porque pueden estar quince años en prisión, pero no serán degradados y seguirán recibiendo los beneficios y honras militares de un ejército que actúa cómo encubridor o cómo un ejército vencido.
La Reparación en nuestro país comenzará cuando podamos mirar de frente el futuro, sin la carga moral y económica que significa la impunidad en los asesinatos y robos cometidos en contra de nosotros, cómo pueblo y Nación, que a pesar de tantos años seguimos luchando, atados de pies y manos con los pactos convenidos entre canallas.
En este año, cuando las Agrupaciones de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos hemos levantado una Plataforma común a nivel nacional que exige: El fin del Pacto de Encubrimiento. El fin de la Red de Protección a todos los condenados en Crímenes de Lesa Humanidad. El cierre del Penal de Punta Peuco y la Degradación Póstuma, saludo con profundo respeto y admiración a nuestros ejecutados políticos, víctimas de la Caravana de la Muerte en Copiapó, por quienes no cabe más que seguir adelante exigiendo Verdad y Justicia.
Adolfo Palleras – Winston Cabello – Agapito Carvajal – Fernando Carvajal – Manuel Cortázar – Alfonso Gamboa – Raúl Guardia – Leopoldo Larravide – Edwin Mancilla – Jaime Sierra – Atilio Ugarte. Leonello Vincenti – Pedro Pérez – Benito Tapia – Ricardo García y Maguindo Castillo. Presentes. Ahora y Siempre.
Angélica Palleras N.
17 de octubre de 2015
Son 42 años que ha durado la impunidad, con una justicia que es imposible que llegue con todos los obstáculos puestos en su camino, no obstante todos los esfuerzos hechos por quienes hemos interpuesto querellas criminales en contra de los asesinos, iniciativas personales sin el compromiso esperado del Estado que se ha mantenido al margen, con un Programa de DD. HH., que se ha hecho parte de nuestras querellas, pero, sólo desde una posición burocrática y neutral que no puede hacer nada más que tratar de balearse los pies, acusándose a sí mismo, en un acto imposible de lograr eficacia cuando lo correcto es que el Estado debió haber juzgado a todos los criminales, debió haberlos condenado y debió haber establecido el Nunca Más desde una posición verdaderamente democrática y garantizadora de la defensa y protección de los derechos humanos.
La salida de la dictadura que se pactó con el neoliberalismo incluyó la impunidad, incluyó la prolongación de la Comandancia en Jefe del ejército en manos del dictador hasta el año 1998, fecha en que él quiso retirarse, un caño vitalicio en el senado para el dictador, del que también se retiró, y la impunidad para todos los crímenes cometidos. Por esta razón el ejército jamás hizo juicios de guerra a quienes los habían cometido, porque desde el 12 de septiembre de 1973 fue decretada la guerra en el país y todas los crímenes de lesa humanidad que se cometieron fueron también crímenes de guerra y debieron haber sido juzgados y castigados, por esto es que hoy día, cuando estamos ad portas de hacer una nueva Constitución, democrática, confeccionada por nosotros para abolir la Constitución ilegal creada por la dictadura, también es lícito exigir que el Ejército de Chile se haga cargo de sus criminales, que los juzgue y los castigue y los degrade, siendo esta una deuda judicial, moral y patriótica que las Fuerzas Armadas tienen con la Nación, al margen de los acuerdos que a veinticinco años de haberse realizado nos tienen en medio de una descomposición política y corrupción propia de una historia de acuerdos sobre la sangre y el dolor de un pueblo.
Actualmente el Ejército no puede seguir asumiendo cómo propia la doctrina impuesta al interior del ejército por una Caravana de la Muerte que un día los dejó sin mando y al servicio absoluto de unos criminales que hicieron el trabajo sucio para que la dictadura no durara seis meses, sino, diecisiete años, con una doctrina que no se justifica que siga instalada, amparando y encubriendo a personas que no tienen otro calificativo que no sea criminales.
En este momento, cuando estamos conmemorando estos 42 años del crimen cometido en Copiapó por la Caravana de la Muerte, es necesario destacar que si en el Juzgado Militar de Antofagasta se perdieron los informes de exhumación de la fosa común clandestina, desde donde los sacamos en el Cementerio municipal de Copiapó, es porque eran y son la evidencia de que los mataron sólo con corvos y cuchillos, lo que no estaba permitido en su decreto de guerra y amerita un juicio militar, por esta razón un militar del regimiento local se adjudica haberlos fusilado a todos y con ello se cubre y los cubre a todos, porque pueden estar quince años en prisión, pero no serán degradados y seguirán recibiendo los beneficios y honras militares de un ejército que actúa cómo encubridor o cómo un ejército vencido.
La Reparación en nuestro país comenzará cuando podamos mirar de frente el futuro, sin la carga moral y económica que significa la impunidad en los asesinatos y robos cometidos en contra de nosotros, cómo pueblo y Nación, que a pesar de tantos años seguimos luchando, atados de pies y manos con los pactos convenidos entre canallas.
En este año, cuando las Agrupaciones de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos hemos levantado una Plataforma común a nivel nacional que exige: El fin del Pacto de Encubrimiento. El fin de la Red de Protección a todos los condenados en Crímenes de Lesa Humanidad. El cierre del Penal de Punta Peuco y la Degradación Póstuma, saludo con profundo respeto y admiración a nuestros ejecutados políticos, víctimas de la Caravana de la Muerte en Copiapó, por quienes no cabe más que seguir adelante exigiendo Verdad y Justicia.
Adolfo Palleras – Winston Cabello – Agapito Carvajal – Fernando Carvajal – Manuel Cortázar – Alfonso Gamboa – Raúl Guardia – Leopoldo Larravide – Edwin Mancilla – Jaime Sierra – Atilio Ugarte. Leonello Vincenti – Pedro Pérez – Benito Tapia – Ricardo García y Maguindo Castillo. Presentes. Ahora y Siempre.
Angélica Palleras N.
17 de octubre de 2015
