domingo, 17 de octubre de 2021

Aterrizaje de la Caravana de la Muerte en Copiapó. 17 de octubre. de 1973

La Increíble Historia de Impunidad en el Episodio Caravana de la Muerte en Copiapó. 
 A Copiapó la comitiva llegó igual cómo a los demás lugares donde fueron a matar, vestidos con tenida de combate, armados con pistolas, y corvos a la vista. Y de la misma forma Arellano Stark criticó al comandante del Regimiento porque no estaban en tenida de combate, sin darse cuenta que se estaba en guerra. Pidieron el listado de prisioneros, y de la misma forma que en las demás regiones Sergio Arellano Stark marcó a quienes matarían. 

 En la Demanda Civil que Zita Cabello, hermana de Winston Cabello, presentó en Miami en el año 2002, en contra de Armando Fernández Larios quien reside allí desde 1987 bajo un "acuerdo de protección”, quedó registrada la declaración de Enrique Vidal, teniente y ayudante del comandante del regimiento de Atacama, Oscar Haag Blanscke en 1973. Vidal declaró que el 16 de octubre de 1973 arribó un helicóptero al regimiento con una comitiva en la que venían Armando Fernández Larios, Sergio Arellano Stark y otros oficiales que no identificó. "Cuando vi a Fernández Larios, me acerqué a saludarlo", dijo Vidal. Ambos habían sido compañeros en la Escuela Militar y esta era la primera vez que se veían luego de haber egresado como oficiales. "Él estaba armado con una pistola, un corvo y una subametralladora; le pregunté a qué venían, a lo que él me respondió, 'ya te darás cuenta"'. Además del armamento que traían, Vidal recalcó que la comitiva vestía tenida de combate. Esto, producto de un llamado de atención del general Arellano Stark al comandante de la guarnición. "Cuando se encontraron, Arellano Stark le dijo: 'Nosotros en este país estamos en guerra, y usted está vestido de salida"', enfatizó Vidal. El ex uniformado aseguró haber visto a Fernández Larios, quien caminaba con la comitiva, con una especie de macana. "Era como una pelota de acero con pinchos, sostenida por una cadena con empuñadura de madera (...) se asemejaba a la de las películas romanas", agregó. Según Vidal, el objeto no era parte del armamento utilizado por el ejército chileno. "'¿Para qué es eso?', le pregunté. 'Para hacerles cariño a las palomitas', me respondió, lo que yo entiendo como pegar a los prisioneros", explicó. 

Todo indica que el Puma que transportaba al general Sergio Arellano y su comitiva aterrizó en Copiapó como a las 19.00 horas del 16 de octubre de 1973. Porque el comandante Lapostol lo despidió en el aeropuerto de La Serena cerca de las 18 horas y no tiene dudas acerca del destino: Copiapó. "Fui testigo de los arreglos con la torre de control para el plan de vuelo. Se fue directamente a Copiapó", afirmó el coronel Lapostol. 

 En la Demanda Criminal con Premeditación y Alevosía que presentó Angélica Palleras, hermana de Adolfo Palleras en el año 1985, uno de los detenidos y testigo, Lincoyán Zepeda, aseguró que todos "éramos miembros y dirigentes de partidos de la Unidad Popular, con la excepción de cuatro sacerdotes prisioneros. La relación con los soldados y suboficiales era buena. No así con los oficiales, que tenían un trato muy duro con nosotros". Había también muchos prisioneros en la cárcel de Copiapó. Unos y otros, los del regimiento y la cárcel, pasaban por los interrogatorios en el cuartel, donde el consejo de guerra - por lo que ha podido saberse - estaba formado por el mayor Carlos Enriotti Bley (fiscal militar), el mayor Carlos Brito Gutiérrez, además del mayor de Carabineros René Peri. No hay más datos. 

Zepeda asegura que ese día - 16 de octubre - informaron que vendría un general de Santiago. "Se nos hizo levantar muy temprano, dejar todo ordenado, hacer aseo. Recuerdo incluso que se nos dijo que este general podía tener buenas noticias para nosotros. Los suboficiales pensaban que venía a revisar los procesos de los presos políticos y a darles una solución rápida". "Como a las dos de la tarde tuvimos los primeros indicios que de esta visita no había que esperar nada bueno. En forma desacostumbrada nos obligaron a encerrarnos como a las dos y media. El trato de los soldados era cortante y se vivía en un ambiente muy tenso. Como a las nueve de la noche, se abrió sorpresivamente la puerta y entró un grupo de uniformados que no habíamos visto antes en el regimiento. Nos miraron. Hicieron el siguiente comentario: "aquí están las palomitas" y se retiraron. Mi impresión es que eran oficiales. Dos horas más tarde, el grupo regresó, se leyó una lista e hicieron salir a los nombrados. Fue la última vez que los vimos vivos". 

 Juan Lafferte, preso que estaba en el regimiento relató: "Me acuerdo que esa noche llegaron los soldados preguntando si alguien conocía a Mansilla o a Palleras. A los presos nos tenían en unas carpas individuales y en un barracón. Yo estaba en las carpas, junto a un cura francés. Había un ambiente de gran tensión. Los soldados, que no eran del Regimiento, empezaron a llamar a los presos. En la carpa al lado mío, estaba Guardia y se lo llevaron. A mí me miraron, pero no me dijeron nada. Después se fueron y sentimos ruidos como de golpes de culata, quejidos. Parece que hubo uno que se les encachó. Después gritos. Imagínese, yo estaba como a unos 10 metros y lo sentía. Después, ruido como si tiraran fardos pesados a un camión. Luego, el ruido del motor y silencio". 

 Juan Morales, cabo en la guarnición de Copiapó durante 1973 y testigo en el juicio civil que se efectuó en Miami contra el ex militar chileno Armando Fernández Larios, identificó a este como uno de los oficiales que dio una paliza al preso Jaime Sierra horas antes de que, junto a otros 12 detenidos, fuera ejecutado. "Jaime Sierra (el detenido) pedía a los militares que lo mataran, porque no aguantaba más los golpes", dijo además que el hombre que le pegó a Sierra "dos o tres veces" en el pecho con la culata de su fusil era Fernández Larios. "(Sierra) cayó de rodillas. Estaba inclinado hacia adelante, con la frente a unos 15 centímetros del suelo, y Fernández lo golpeó en la nuca con la suela de la bota. La cabeza pegando en el piso hizo mucho ruido", agregó. Precisó que la paliza se efectuó en el pasillo vecino a su oficina de la guarnición de Copiapó. 

 En otro testimonio presentado en ese juicio presentado en Miami en el 2002, el funcionario municipal Víctor Bravo, quien tomó las huellas dactilares de las víctimas de Copiapó, dijo que no había tenido dificultades en reconocer a Sierra ya que lo conocía desde antes del golpe de Estado de 1973. "Me acuerdo que tenía ojos verdes", señaló Bravo, quien agregó que cuando vio el cadáver "a Sierra le faltaba un ojo. Parecía que se lo habían sacado con un corvo (cuchillo)". 

 Fernández Larios, que logró un "acuerdo de protección" en EE.UU. después de declararse culpable de complicidad en el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976, permaneció impasible ante los testimonios. En este juicio civil se le acusó y se le condenó a pagar una indemnización por ser responsable legal de los delitos de tortura, asesinato extrajudicial y crimen contra la humanidad. 

 En la querella por homicidio presentada en noviembre de 1985 por Angélica Palleras, hermana de Adolfo Palleras, el juez alcanzó a realizar varias diligencias que resultaron claves para aclarar algunos puntos en este caso de Copiapó, antes de que la justicia militar clausurara la investigación de esta causa mediante la "ley de amnistía". 

 De la cárcel se obtuvo la constancia del día y hora en que fue sacado: 

 "Miércoles 17 de octubre de 1973. Folio N° 50. Párrafo N° 45, siendo las 00.30 horas y por orden de la Fiscalía Militar de Copiapó, se hace presente en este cuerpo de guardia el capitán de Ejército Sr. Patricio Díaz Araneda con orden de la Fiscalía Militar (verbal) a que le fuera entregado el recluso por dicho tribunal, Adolfo Palleras Norambuena, quien fue entregado en presencia del suboficial mayor de Ejército, señor Orlando Luke Smith y para constancia firma conforme". 

 Además, el fiscal militar de Copiapó le informó al juez que "revisada la documentación de esta Fiscalía, no hay constancia de haberse instruido ninguna causa en contra de Adolfo Palleras". Es decir, Palleras ni siquiera alcanzó a ser procesado por algún supuesto delito. Agregó el fiscal militar- a fines de 1985-copias de cuatro oficios que encontró en la documentación. 

 1 -Fechado el 16 de octubre, donde el entonces alcaide de la cárcel – suboficial Orlando Luke- -informaba que "dada la inseguridad del recinto penal por exceso de recluidos, se estarían realizando reuniones nocturnas de los individuos más peligrosos para intentar una fuga". 

 2 -Fechado el 17 de octubre, donde el fiscal militar - mayor Carlos Enriotti Bley - oficia al fiscal militar de La Serena enviando "la siguiente relación de detenidos que por su alto grado de peligrosidad y falta de capacidad de la cárcel pública y regimiento Ingenieros N° 1 de Copiapó, deben ser recluidos en la Cárcel de La Serena". 

 3 -Con fecha 16 de octubre, donde el comandante Oscar Haag pide la fosa común para los muertos. Textual: 

 EJERCITO DE CHILE 
1 DIVISION REGTO. N° 1 "ATACAMA" 
Copiapó, 16 de octubre de 1973 DEL JEFE DE LA ZONA EN ESTADO DE SITIO DE ATACAMA 
AL SR. ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO 
DEL SERV. NAC. DE SALUD 
Esta Administración se servirá dar las facilidades del caso para la sepultación de los siguientes individuos, en fosa común, fallecidos en tentativa de fuga: (viene listado de nombres) 
OSCAR HAAG BLASCHKE 
TCL. 
Jefe de Zona en Estado de Sitio. 

 4- Fechado el 17 de octubre, donde el capitán Patricio Díaz Araneda da cuenta al Comandante Haag sobre lo ocurrido. Textual: 

EJERCITO DE CHILE 
I DIVISION 
REGTO. ING. N° 1 "ATACAMA" 

 OBJ: Informa sobre Fuga y Ejecución de detenidos. 
Ref: Oficio FISMIL N° 201 de fecha 17 de Oct. 1973 
Al Fiscal Militar de La Serena Copiapó, 
17 de Oct. de 1973 

 DEL CAPITAN PATRICIO DIAZ ARANEDA 
AL SR. CDTE. DEL REGIMIENTO 

 1. En cumplimiento a la Orden dada en el sentido de trasladar a la Fiscalía Militar de La Serena la cantidad de 13 (trece) detenidos por complicidad en actos extremistas, informo a Ud., que el día 17. Octubre. 1973, aproximadamente a las 01.00 horas se sucedieron los siguientes hechos: 

 a) Al recibir la Orden de trasladarme a La Serena, dispuse el alistamiento del camión P:A:M: 5354 con su conductor y tres guardias para efectuar el traslado de los detenidos al lugar dispuesto. 

 b) La salida del Cuartel se realizó aproximadamente a las 01.15 horas. 

 c) Antes de llegar al término de la subida de la Cuesta Cardones y debido a fallas producidas en el Sistema Eléctrico, el vehículo debió ser detenido y estacionado en la berma. La falla eléctrica produjo el apagón de la totalidad de las luces del camión. 

 d) En atención a la panne producida el chofer, dos guardias y el suscrito procedimos a buscar el origen, dejando a cargo de los detenidos un guardia ubicado en la carrocería. 

 e) En un momento de descuido del guardia a, los detenidos procedieron a empujarlo fuera del camión, produciéndose con ello la fuga masiva de todos ellos. 

 f) En atención a ello, y viendo que el alto dispuesto no produjo la reacción de los prófugos, hice un tiro de advertencia al aire y como ello tampoco diera resultado, ordené hacer fuego en contra de sus personas, produciéndose la muerte de los trece por efecto de los tiros. 

 g) Acto seguido y con el personal que iba en el camión como Guardia, se procedió a recoger los cuerpos, los que fueron traídos en él hasta el Predio Militar para los fines que corresponde. 

2 .- Lo sucedido lo informo al Sr. Cdte., del Regto., debido a que el alto concepto de peligrosidad de los prófugos, no permitía otra resolución. 

3 - Su conocimiento y Resolución. 
Saluda a Ud. 
PATRICIO DIAZ ARANEDA 
Capitán. 

 En esta misma causa judicial, el preso político Lincoyán Zepeda, declara, "la primera información que tuvimos fue proporcionada por un soldado. Nos dijo que había pasado una noche muy mala por los gritos horrorosos que había escuchado dentro del regimiento". Como a las nueve de la mañana, sus sospechas fueron confirmadas por suboficiales: "Nuestros compañeros habían sido asesinados. Algunos soldados, al darnos la noticia, se mostraban conmovidos y visiblemente acongojados. Durante ese día y el siguiente pudimos completar la información. Nos contaron que los compañeros no habían sido fusilados, sino que masacrados en vida. Algunos suboficiales tenían testimonios sobre huellas de cuchillo y corvo en los cuerpos de los ejecutados. Incluso contaron que uno de los detenidos fue asesinado en el regimiento, en presencia del Comandante, el que quedó helado, sin poder reaccionar ante la brutalidad de este grupo que acompañaba al general Arellano". 

 Lo que sucedió esa noche fue informado a la ciudadanía de Copiapó a través de un banco militar publicado a todo lo ancho de la primera página del diario local. 

 Diario "Atacama", de Copiapó 
Jueves 18 de octubre de 1973 
Provincia de Atacama 
Jefe de Zona en Estado de Sitio 
Copiapó, 17 de octubre de 1973 

FUGA FRUSTRADA DE REOS 

 Hace dos días se detectó en la Cárcel Presidio de Copiapó un Plan de Fuga masiva de reos que se encuentran detenidos por la Justicia Militar, denunciado justamente por uno de los detenidos por estas causas. En atención a la poca seguridad y sobrepoblación penal que tiene actualmente la Cárcel de Copiapó, la Fiscalía Militar y previa comunicación en el día de ayer, se procedió a remitir a un grupo de los procesados más peligrosos de la Justicia Militar a la Cárcel Presidio de La Serena. 

 El traslado se cumplió a partir de las 01.00 horas de ayer miércoles por personal militar en un camión del Regimiento. 

Conforme lo informado por el Jefe de la Comisión y hecha las averiguaciones del caso, se comprobó que el vehículo tuvo una panne eléctrica casi al llegar a la cumbre a la Cuesta de Cardones, lo que obligó a detenerlo en la berma al costado del camino. Aprovechando que el conductor y ayudante se encontraban preocupados de solucionar el desperfecto, sorpresivamente los detenidos aprovechándose del descuido de uno de los centinelas, saltaron a tierra dándose a la fuga hacia la pampa. Pese a que los centinelas les gritaron !Alto! varias veces e incluso dispararon al aire para amedrentarlos, no se detuvieron. En vista de esta situación, procedieron a disparar contra los fugitivos, hiriendo a trece de ellos que fallecieron en el lugar. 

 Los afectados resultaron ser: Fernando Carvajal González, Manuel Cortázar Hernándes, Winston Cabello Bravo, Agapito Carvajal González; Alfonso Gamboa Farías; Raúl del C. Guardia Olivares; Raúl Leopoldo Larravide López; Ricardo Mansilla Hess; Adolfo Palleras Norambuena, Pedro Pérez Flores; Jaime Iván Sierra Castillo, Atilio Ugarte Gutiérrez y Leonello Vicentti Cartagena. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local. 

 Jefe de Zona en Estado de Sitio 
PROVINCIA DE ATACAMA 
 Basándose en dicho bando militar, la siguiente información apareció en el diario "El Día", de La Serena, el mismo 18 de octubre de 19973. 

 A 23 kilómetro de Copiapó. 

"REOS POLÍTICOS MUEREN EN UN INTENTO DE FUGA" 
 Trece fueron los que cayeron en esta acción suicida. 
Eran trasladados a la cárcel de La Serena. 

 Copiapó (Corresponsal). En la madrugada del 16, un microbús de la Jefatura de Plaza de esta provincia trasladaba a un grupo de 13 presos políticos hacia la Cárcel de La Serena, por disposición de las autoridades militares. El vehículo sufrió una falla eléctrica, que obligó al personal a detenerse para arreglar el desperfecto. Esto ocurría a 23 kilómetros al sur de Copiapó. Los detenidos quisieron aprovechar esta circunstancia y se rebelaron contra el personal militar e intentaron huir, ante lo cual se hizo fuego contra los fugitivos que pagaron cara su osadía. Los que cayeron en este intento de fuga fueron: Alfonso Gamboa, director de radio "Atacama"; Winston Cabello Bravo, ex jefe de Orplan de Atacama; Fernando Carvajal; Manuel Cortázar; Agapito Carvajal, Raúl del Carmen Guardia, Raúl Leopoldo Larravide; Ricardo Mancilla, Pedro Pérez Flores; Jaime Iván Sierra; Atilio Ugarte Gutiérrez. Este hecho fue dado a conocer por el Jefe de la Plaza de Copiapó en un Bando Militar. 

 Gabriela Palleras visitó a su hermano cuando fue trasladado desde el regimiento a la cárcel – Cuando lo vi quedé muy impresionada, porque estaba muy flagelado, demacrado – declara – Le pregunté “Adolfo que te hicieron” y me respondió…”Quédate tranquila por favor y no te preocupes. Me dieron duro pero ahora estoy tranquilo porque ya llegó el Pilo (Edwin Mancilla) y el “Gafas” (Atilio Ugarte), me dijo que Mancilla venía muy mal por la tortura, pero que ellos lo iban a cuidar. Me dijo entonces que le trajera ropa porque desde el jueves no se cambiaba. Me mostró los brazos y los tenía negros producto de la corriente, mientras me decía que le trajera una cremita. Yo me puse a llorar y me dijo que eso era lo de menos, porque de la cintura para abajo estaba imposible, pero, que ya se habían aplicado unos lavados y que ya estaban en la cárcel y eso les daba seguridad de que ya no volverían a ser torturados. Me encargó comida, pero para cinco personas, y me pidió un colchón para el Pilo Mancilla, porque estaba en muy malas condiciones y necesitaba algo blandito. Inmediatamente me dirigí a la casa, no a la de él, porque él vivía con su señora y en ese instante no nos encontramos. Le llevé lo que encontré, unos pantalones de mi papá, una chaqueta de un cuñado, camisa blanca, jabón, crema, colchón, leche, sándwiches. Lo vi como a las cuatro y media de la tarde y retorné a la cárcel a las seis y media. Las cosas las entregué en la Guardia, donde las recibieron conformes. 

 El día 16 le llevamos desayuno con mi marido. Y recuerda Gabriela que se levantaron muy temprano. Por la tarde llevamos diez almuerzos y más sándwiches. Todo ese día nos recibieron cosas. La última colación que llevamos debió ser, calculo yo, como a las cinco y media de la tarde, Ese día no lo vi, pero me recibieron todo lo que llevé. 

 El día 17 (sin saber que los habían matado en la madrugada), fuimos a dejarle desayuno y me dijeron que no lo hiciera, que ya no estaba allí, sino en el regimiento. Rogué que me recibieran las cosas y se lo dieran cuando regresara, pero no lo hicieron. Retorné a la hora de almuerzo y me dijeron que aún estaba en el regimiento; allí me dio una corazonada y pensé que se trataba nada más que de un interrogatorio. En ese instante un helicóptero sobrevolaba la población, que debió ser del general Arellano Stark. Era de color dorado y le hice un comentario a mi esposo que ese helicóptero no era de Copiapó. Cuando llegué al regimiento un oficial joven me dijo que no le podía dejar el almuerzo, porque estaba en interrogatorios. Le dije que Adolfo estaba desde la mañana y andaba sin desayuno, que por favor me dijera qué le estaba pasando. Él me respondió que no podía decirme nada y que estaban todos bien. Fuimos por la tarde y la misma respuesta. Junto con mi madre nos decidimos a buscar un a abogado para su defensa. Hablamos entonces con Elías Nehme, quien dijo que era prácticamente imposible hacer algo porque a ellos no se les permitía nada; no obstante, nos fuimos donde el abogado Frigolett y me respondió “No puedo hacer nada: en estos momentos como abogados somos cero a la izquierda, lo único que deben tener es resignación”. 

 El día 18 por la mañana, mi esposo Eugenio, muy de mañana se aprestaba para viajar a Caldera en una de las micros Abarcia. Iba con la intención de ver a las abuelas para decirles que Adolfo ya estaba en la cárcel. Eran como las siete de la mañana cuando mi esposo ve el titular del diario Atacama que decía que trece reos habían muerto en un intento de fuga. Se bajó de la micro y llegó a la casa. Para que le digo como fueron las escenas. Estaba embarazada y en ese instante aún no me levantaba. Él se acercó y me dice; Gaby hay una noticia en el diario y es algo terrible, prepárate para un golpe muy grande. “Qué pasa”, le consulté y la respuesta que recibí fue la de “Mataron a Adolfo”. En ese momento se me vino el mundo encima, primero porque era el hermano mayor y el único varón de la familia. Ese año había sido muy duro para nosotros; primero murió mi sobrino Leopoldo, hijo de Adolfo, quien pereció en marzo de ese año, ahogado en el mar de Caldera. En abril murió nuestro padre, de pena por la muerte de su nieto; y en mayo fallece mi segundo hijo. Habíamos sufrido mucho y Adolfo se había transformado en el pilar de la familia, en el único sostén de mi madre y hermanas menores. Me abracé a mi marido y a mi hermana Ana Luz. Me dirigí a donde estaba mi madre y le dije llorando “Mamá, mamita…mataron a Adolfo”. Mi madre se quedó paralizada, como una muerta, en silencio en un schock emocional sin comprender lo que estaba pasando. Ninguna lágrima, ningún llanto de dolor. A las horas después reaccionó y se pudo dar cuenta de la magnitud de los hechos. 

 Nos fuimos a la Intendencia, pero allí nadie nos atendió. Habían muchas familias de los ejecutados llorando. Un sacerdote al parecer de nombre Pedro, estuvo todo ese momento con nosotras. De allí nos fuimos al regimiento a reclamar los restos. La señora de Gamboa estaba en el suelo llorando y pidiendo que le entregaran el cadáver de don Alfonso. Fue tanta la presión que hicimos que nos hicieron pasar. Allí estaba el Fiscal Carlos Brito a quien le pedimos los cadáveres y nos respondió que no se podía, porque había sido una acción de guerra y que el vencedor era el que enterraba los cadáveres de los enemigos. ¿De qué guerra me habla? Le pregunté llorando y le agregué que mi hermano se encontraba encadenado, torturado y que no podía haber intentado escapar como ellos decían. No lo entregaron pese a todos los ruegos. 

 Retorné a la cárcel y me devolvieron las pertenencias que el día anterior le había hecho llegar a Adolfo. Allí estaba el colchón que solicitó para el Pilo, el cual ignoro si finalmente lo usó esa noche. Después nos fuimos al cementerio por la mañana y encontramos tierra removida en el lugar que siempre suponíamos que se hallaba. Había una cruz que decía N.N. octubre de 1973. Nosotros pusimos un cartón con todos los nombres de los ejecutados. Pensamos que quien colocó esa cruz, debió ser un panteonero, porque fue la única seña para llegar hasta donde estaban. 17 años esperamos para que las osamentas de Adolfo tuvieran una sepultura como cristiano y pudiera descansar en paz. 

 La familia Palleras, reducida a una madre con hijas pequeñas ya que había muerto el padre, el hijo y el nieto, y sólo tenía el apoyo de Eugenio Araya, esposo de Gabriela y psicólogo, quienes residían en Valparaíso, ciudad a donde retornaron, siguió siendo intimidada y perseguida por mucho tiempo, con interrogatorios a una madre destruida, a quien preguntaban por los amigos de su hijo ya muerto. 

 Ese mismo día 18 de octubre en la madrugada, la comitiva de la muerte asesino a tres detenidos más, Ricardo García Posada, Benito Tapia y Maguindo Castillo, el día previo al de sus asesinatos, los hogares de estas tres personas fueron violentamente allanados por efectivos del Ejército, los que formaban parte de la comitiva militar que había arribado desde Santiago. 

 Rolly Baltiansky, esposa de Ricardo García, relata: El 15 de octubre me dijeron que el proceso se llevaría a cabo en Potrerillos, con procedimiento de tiempo de guerra, que el fiscal sería el mayor de Carabineros Alarcón y como ayudante actuaría el capitán Ormeño y el teniente Manlio Córdova, actuando como juez militar el Jefe de la Zona, es decir, el comandante Haag - Fui a Potrerillos y el mayor Alarcón me dijo que pediría "una pena de tres años para Ricardo por el solo hecho de haber sido Gerente General de la Empresa". Tranquila con esta información, retorné a Copiapó. El día 16 de octubre fui a visitarlo a la cárcel, en horas de la mañana. No estaba allí. Me dirigí al Regimiento donde me dijeron que tampoco estaba ahí. En el momento que hablaba con un funcionario militar, casualmente pude divisar a mi marido en el patio del regimiento, caminando maniatado y custodiado por dos militares a su lado. Yo lo llamé tratando de acercarme, pero él me hizo un gesto de que no podía hablar, que me fuera. Fue la última vez que lo vi con vida. "El día 18 de octubre apareció en el diario "Atacama" de Copiapó una lista de trece personas muertas por intento de fuga. No estaba su nombre... Intranquila, pedí una entrevista con un mayor de Ejército de apellido Enryotti. Fui acompañada por la señora María Tapia, esposa del dirigente sindical Benito Tapia. Al exigirle mayores noticias sobre la suerte de nuestros cónyuges, bajó la vista, señalándonos que nos enviaría información por escrito esa misma tarde. "Pasaban y pasaban las horas. Me desesperé y decidí ir como a las 18 horas donde el abogado que había contratado, Frigolett, pidiéndole que hiciera algo. Y en el momento en que él me decía "a su marido no le va a pasar nada, recuerde que él fue funcionario de las Naciones Unidas", entró María Tapia con un sobre en la mano, los ojos muy abiertos, gritando:... ¡LOS MATARON!"• En el sobre, un papel insignificante notificaba lo siguiente: 

 Copiapó, 18 de octubre de 1973 
 En cumplimiento de una sentencia dictada por el Consejo de Guerra, de fecha 17 de octubre de 1973 y aprobada por la H. Junta de Gobierno, el día 18 de octubre a las 04.00 horas fueron ajusticiados, en fusilamiento, los reos Ricardo García Posadas, Benito Tapia Tapia y Manguino Castillo Arredondo. Los condenados serán entregados a sus familiares para su sepultación en la Morgue local, prohibiéndose la salida de los restos fuera del recinto del cementerio, conforme a las disposiciones penales vigentes para estos casos. La sepultación será sin ceremonia alguna y con asistencia de no más de 5 personas y debe realizarse hasta las 19.00 de hoy. 

 Corrí al cementerio, pero allí no se me permitió ver sus restos. Ese día el toque de queda se adelantó para las 20 horas, por lo tanto fui obligada a abandonar el Camposanto. A la mañana siguiente, fui a primera hora al cementerio y el cuerpo de Ricardo ya había sido sepultado. Sólo se leían sus nombres en un pedazo de madera. Luego las cruces, al igual que las sepulturas, desaparecieron. Hasta hoy no sabemos dónde están enterrados". 

 Un amigo de Ricardo, el geólogo Patricio Villarroel, fue detenido el mismo 18 de octubre, horas después del fusilamiento. Y le aseguró a la viuda que, en el regimiento, todos comentaban que era responsable de los fusilamientos un grupo militar que vino desde Santiago en helicóptero: "Vinieron de Santiago y no te olvides de un nombre: Arellano Stark". 

 Días después, Bernardo Pinto, trabajador de Cobresal, pagó a un sepulturero para que abriera la fosa y lo que vio no lo olvidó jamás. "Estaban sin ataúdes y los tres cuerpos destrozados, con tajos en la cara, el tórax, las piernas, se les veían a veces los huesos en las heridas". Los tres cuerpos desaparecieron del cementerio para siempre. 

 Rolly Baltiansky, esposa de Ricardo García, se exilió en México en 1974 con sus hijas Ximena, de siete, y Paula de tres. Cuando Ximena cumplió 15 volvió a Chile tras las huellas de su padre. No soportaba su trágica ausencia. Recorrió los lugares por donde él anduvo, pero nunca superó su drama.

 El 16 de marzo de 1990, cuando en Chile renacía la democracia, en Ciudad de México Ximena se roció diluyente y murió quemada. "Dios, que el aguarrás no mate mi alma", escribió en una carta. 

 Arellano Stark admitió en su "Testimonio", manuscrito de 1990 con el que pretendió lavar la sangre de sus manos, que él firmó "la sentencia" del supuesto Consejo de Guerra que habría condenado a muerte a los tres de Cobresal. En todo caso, fue Arellano quien incluyó en esta segunda lista de muerte a García, Castillo y Tapia, ordenando ejecutarlos en las primeras horas del jueves 18 de octubre. 

 Ello ocurrió a las cuatro de la madrugada en el regimiento, según el comandante del Atacama, Óscar Haag. "El fusilamiento de García, Castillo y Tapia lo dirigió el teniente Ramón Zúñiga Ormeño, y lo acompañó el subteniente Fernando Castillo Cruz", declaró Díaz Araneda ante el juez Juan Guzmán. 

 Arturo Araya, asistente del médico legista Juan Mendoza, llegó temprano a la morgue de Copiapó aquel día 18. Vio los tres cuerpos tendidos en camillas y tapados con sábanas blancas. Destapó a uno para desvestirlo y preparar la autopsia, pero el administrador del cementerio, Leonardo Meza, se lo impidió. "Esos cuerpos son intocables", le dijo. Araya alcanzó a ver que la víctima vestía ambo azul y tenía una tapadura dental de oro. 

 A las tres de la tarde de ese 18, Víctor Bravo, oficial del Registro Civil, llegó a la morgue para tomar las huellas dactilares de los tres cuerpos. "El señor García tenía un anillo de oro con un rubí y las heridas de bala las tenían todos en el pecho", afirmó Bravo judicialmente. 

 Cerraron el cementerio, a un costado de la morgue, y los tres cuerpos fueron sepultados sin urnas en una fosa abierta en el Patio 16. En el libro de ingreso a García se asignó el número 13, Tapia el 14 y Castillo el 15. Informados los familiares de las ejecuciones por el supuesto Consejo de Guerra, no se les admitió en el cementerio. Ricardo García, Benito Tapia y Maguindo Castllo, nunca aparecieron y son detenidos desaparecidos hasta hoy día. 

 A los familiares de los trece ejecutados del 17 de octubre, más allá de no entregarles los restos de sus seres queridos, se les ocultó donde estaban enterrados y a pesar de que en el bando se informó que estaban en el cementerio, allí no se les dijo en qué lugar. Pero desde el mismo momento que se publicó el crimen, los familiares fueron a buscar al cementerio y encontraron una mancha de tierra removida con huellas de camión que venían desde un portón lateral del cementerio, allí dejaron flores que fueron retiradas por una permanente guardia militar que se instaló en el cementerio por mucho tiempo, encargada de retirar las flores que allí se dejaban, hasta que los familiares y el pueblo copiapino tiró semillas de siempre vivas, rayitos de sol y docas, las que crecieron rebeldemente casi sin agua y le ganaron a la vigilancia militar que fue retirada, formándose allí una mancha de flores que se transformó en un jardín que todo el pueblo visitó y cuidó por 17 años. 

 Inmediatamente después del hallazgo y apertura de la fosa clandestina de Pisagua, junio de 1990, parte importante del equipo técnico y profesional que participó en ello se trasladó a Copiapó para impulsar la apertura de la fosa clandestina ubicada en el cementerio de Copiapó. A principios de julio, como un preludio de lo que vendría y mientras se preparaban las querellas por inhumación ilegal, Angélica Palleras, quien era en esa época dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y DD DD de Iquique-Pisagua, declara en el Diario Atacama - “Mi hermano hablo en la última concentración pública que se hizo en la Plaza de armas de Copiapó y allí llamó a detener la escalada golpista del fascismo, dijo que una vez más los poderosos asesinarían a los trabajadores y a sus dirigentes. Mi hermano aspiraba a una sociedad justa, humana y solidaria, donde todos tuvieran posibilidad y derecho a ser feliz. Hoy queremos rescatarlo, desenterrarlo y regresarlo, para darle una sepultura que él se merece y que él hubiera deseado para cualquier ser humano” – declaración que hacía mientras se coordinaban las acciones legales entre el grupo llegado desde Iquique a cargo de Olaff Olmos, arqueólogo antropólogo, la Vicaría de la Solidaridad de Copiapó con su abogado Erick Villegas y su Secretario Godofredo Escalante, con la Vicaría de la Solidaridad de Santiago representada por la abogada Rose Mary Bornard, el Obispado de Copiapó con Monseñor Fernando Ariztía y la Comisión de Verdad y Reconciliación presidida por Raúl Rettig. 

 Durante todo ese mes se hicieron gestiones para que entre el 27 y el 30 de julio de 1990, con múltiples querellas presentadas por viudas, hermanas y madres de las víctimas, se realizaran las acciones judiciales para abrir la mancha de flores donde estaba la fosa común de los ejecutados de la Caravana de la Muerte en Copiapó, se hallaron y se sacaron, ante el horror de los familiares y de todo el pueblo, que pudo comprobar la forma espantosa en habían muerto, víctimas de un crimen alevoso, que se reflejaba en los múltiples cortes de corvos, cuchillos, punzones, yataganes y destrucciones de cráneos y cortes de huesos que habían en todos los cuerpos de los ejecutados. 

 Todo el pueblo de Copiapó, que había visitado durante diecisiete años ese jardín, se mantuvo expectante durante todo ese mes, siguiendo los anuncios de la prensa, hasta que en portada se publicó, “Hoy se desentierran a los 16 fusilados”. Para luego, en otra portada publicar “Fueron exhumados 13 restos de ejecutados” , “Torturados y Quemados Hallaron a Ejecutados” y finalmente “Reinician búsqueda de tres ejecutados” por los tres que no aparecieron en la fosa. 

 Fueron días de sufrimiento colectivo por los mártires que habían sido dirigentes sociales y políticos del lugar, quienes habían sufrido una muerte tan horrorosa a manos de criminales sin piedad, lo que causó alarma e impresión nacional al ser publicado en medios periodísticos de la capital, en los cuales se entrevistó al abogado de la vicaría a cargo de la causa y presidente de la Comisión de DD HH de Copiapó, Erick Villegas, quien detalló en una entrevista en la revista Análisis, “los restos muestran huellas evidentes de corvos, especialmente en sus extremidades y estómagos”. De la misma forma el arqueólogo Olaff Olmos declaro en una entrevista del programa televisivo Informe Especial de Televisión Nacional: “En este lugar no se encontraron balas, lo que indica que las muertes no se produjeron por fusilamiento, sino por heridas producidas por arma blanca, son cortes a la altura de órganos vitales, como riñones, hígados, páncreas, cortes en el cuello a la altura del cuello, de las cervicales, las primeras dorsales. También hay utilización de punzones o un arma blanca que penetra. 

 Los funerales fueron masivos y muy sentidos, dejando atrás todas las dudas acerca de un posible fusilamiento o fuga, con la más evidente prueba, no habían balas, lo que vino a comprobar la veracidad del testigo que en 1985 había declarado en la causa presentada por María Angélica Palleras, testigo que también declaró en la Revista Análisis, asegurando que al regimiento llegó un camión militar con unos presos políticos, los cuales fueron trasladados a los “famacoles traseros”, especie de subterráneo ubicado al costado sur del regimiento, en calle Los Carrera altura 1489, donde estaban otros presos que habían andado llamando promovidos de una lista, en ese lugar estaban los boinas negras llegados de Santiago y sus superiores, junto a oficiales locales, los cuales “en la madrugada sacaron a tres personas que se veían en malas condiciones y las llevaron al edificio principal del regimiento. Los subieron al segundo piso, donde estaba la enfermería y la Fiscalía Militar, dirigidos por el Fiscal Militar, Carlos Brito y frente a las cuadras, los tiraron al vacío, Solo uno de ellos gritó y opuso resistencia. Después los cuerpos fueron arrastrado a los famacoles”. “Transcurrido un tiempo, dos camiones tolva cargaron en ese lugar varias bolsas de polietileno y salieron del regimiento en dirección norte”. 

 Este testimonio, que coincide con muchos otros testimonios de presos y soldados que estuvieron esa noche allí, y relatan la noche de horror que se vivió, se pudieron comprobar con la exhumación hecha en 1990 y al margen de los errores que pueden tener en relación a los tiempos, horarios y nombres determinados, el hecho de fondo es el que se comprobó, todos sus cuerpos estaban mutilados y no habían balas. 

 Sin embargo, y a pesar de todas las más de cuarenta querellas que los familiares de cada uno de los ejecutados presentaron en esa ocasión y del reconocimiento que los familiares hicieron en cada uno de ellos, comprobando la forma en que los mataron, y teniéndose pruebas a la vista en fotografías y declaraciones grabadas…en estos momentos, a 26 años de esta exhumación, la Causa Caravana de la Muerte capítulo Copiapó se está cerrando por muerte por fusilamiento, debido a las negligencias dela investigación, a la incapacidad de los Tribunales y a la negación de la Justicia que hay en Chile para las víctimas de la Dictadura. 

 En el año 2016, a cuarenta y tres años de la defensa que no se pudo hacer con abogados contratados por los familiares de los presos políticos de Copiapó, a treinta y un años de la primera querella interpuesta por la hermana de Adolfo Palleras en contra de los responsables del crimen, a veintiséis años de las querellas que interpusieron todos los familiares de los ejecutados para exhumarlos de la fosa común, a dieciocho años de la apertura de la Causa Caravana de la Muerte y a trece años de la demanda civil presentada por la hermana de Winston Cabello en Miami, donde se estableció que Fernández Larios, uno de los más sanguinarios miembros de la comitiva criminal, había matado con cortes de corvos y cuchillos a Winston Cabello, puesto que este no tenía balas, demanda en la que el acusado aseguró que solo había matado de esa forma a la víctima contemplada en esa causa, en circunstancias que hacía trece años atrás se habían exhumados los restos de las trece víctimas y estaban todas ultimadas con armas blancas…Hoy, se está cerrando esta causa llena de contradicciones y errores que llevan a la impunidad y la protección de los asesinos, los que tan pronto sean condenados por la Corte Suprema a los años que ellos estimen convenientes, serán solicitadas sus libertades condicionales, de parte del Poder Legislativo, representado por senadores y diputados, por el Poder Judicial, representado por jueces de la Corte Suprema y su Presidente, por la Iglesia Católica, representada por un sacerdote jesuita y por el Estado en su conjunto, representado por un gobierno que no tiene el coraje de obrar de acuerdo a las Normas Internacionales de Defensa de los Derechos Humanos y el castigo obligatorio que toda Nación civilizada debe dar en estas circunstancias a los Criminales de Lesa Humanidad.

Bando militar que apareció en la prensa de Copiapo el 18 de octubre de 1973
Fernando CARVAJAL GONZALEZ, 30 años. Empleado particular. Militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio y llevado al Regimiento de Copiapó donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Manuel Roberto CORTAZAR HERNANDEZ, 19 años. Estudiante secundario y Presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres “José Antonio Carvajal”. Dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios FER y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Fue llamado por bando y estando en clandestinidad decidió entregarse. Fue llevado al Regimiento donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Winston Dwight CABELLO BRAVO, 28 años. Ingeniero Comercial. Jefe de la Oficina Regional de Planificación ODEPLAN. Militante del Partido Socialista. Fue detenido el 12 de septiembre en la Intendencia y llevado al Regimiento de Copiapó, donde estuvo recluido hasta la llegada de Arellano Stark y su comitiva. Fue masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Alfonso Ambrosio GAMBOA FARIAS. 35 años. Profesor de la Escuela Normal de Copiapó y Director de Radio Atacama. Militante del Partido Socialista. Al presentarse ante carabineros por ser requerido en bando militar, fue detenido y llevado al regimiento, donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Agapito del Carmen CARVAJAL GONZALEZ, 32 años. Funcionario Público. Militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio y llevado al regimiento de Copiapó, donde estuvo recluido hasta la llegada de Arellano Stark y su comitiva. Fue masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Raúl del Carmen GUARDIA OLIVARES, 23 años. Funcionario Público. Militante del Partido Socialista. Fue detenido y llevado al regimiento de Copiapó, donde estuvo recluido hasta la llegada de Arellano Stark y su comitiva. Fue masacrado por la Caravana dela Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Edwin Ricardo MANCILLA HESS, 21 años. Estudiante de Pedagogía y Presidente del Centro de Alumnos de la Escuela Normal de Copiapó. Secretario Regional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Fue llamado por bando militar y detenido en la clandestinidad, llevado al Regimiento donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990
Raúl Leopoldo de Jesús LARRAVIDE LOPEZ, 21 años. Estudiante de Ingeniería en Minas y Presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, sede Copiapó. Dirigente del Movimiento de Universitarios Revolucionarios MUI y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Fue detenido el 12 de septiembre al interior de la Universidad, llevado al Regimiento donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Adolfo Mario PALLERAS NORAMBUENA, 26 años. Comerciante. Presidente dela Junta de Vecinos del Campamento de Pobladores Arnoldo Ríos. Dirigente Regional del Movimiento de Pobladores Revolucionarios, MPR. Militante y Vocero del MIR en Copiapó. Fue llamado por bando militar y detenido en la clandestinidad, llevado al Regimiento donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
.Atilio Ernesto UGARTE GUTIERREZ, 25 años. Técnico en Construcciones Metálicas y estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado de Copiapó. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Fue detenido en su casa y llevado al Regimiento, luego a la cárcel local donde fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Jaime Iván SIERRA CASTILLO, 27 años. Locutor y Comunicador Social de la Radio Atacama. Militante del Partido Socialista. Fue detenido el 20 de septiembre en su domicilio y llevado al Cuartel de Investigaciones, luego al Regimiento de Copiapó, donde estuvo recluido hasta la llegada de Arellano Stark y su comitiva. Fue masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990
Pedro Emilio PEREZ FLORES, 29 años. Ingeniero en Minas y Profesor de la Escuela de Minas UTE de Copiapó. Interventor de la Planta Minera Elisa de Bordo. Militante y Dirigente del Partido Socialista. Fue detenido el 25 de septiembre en su domicilio por investigaciones y llevado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Néstor Leonello VINCENTI CARTAGENA, 33 años. Profesor de Física en la UTE de Copiapó. Secretario Regional del Partido Socialista. Fue detenido por militares y llevado al Regimiento donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990
Ricardo García Posada, 43 años. Ingeniero Civil y Economista. Gerente General del Mineral de El Salvador. Militante del Partido Comunista. Se presentó a las autoridades, siendo trasladado a la cárcel de Copiapó. Desde allí fue secuestrado por miembros de la caravana de la muerte y llevado al Regimiento de Copiapó donde fue torturado y ejecutado en la madrugada del 18 de octubre de 1973. Su cuerpo no fue entregado a sus familiares, por lo que se encuentra hasta hoy desaparecido, en situación de secuestro permanente.
Maguindo Castillo Andrade, 40 años. Empleado de COBRESAL, Campamento Minero El Salvador. Militante del Partido Socialista. Fue secuestrado el 17 de octubre por miembros de la caravana de la muerte y llevado al Regimiento de Copiapó donde fue torturado y ejecutado en la madrugada del 18 de octubre de 1973. Su cuerpo no fue entregado a sus familiares ni hallado en la fosa clandestina, por lo que se encuentra hasta hoy desaparecido, en situación de secuestro permanente.
Fosa común o jardín de flores donde se encontraban los ejecutados de la Caravana en Copiapó.
Prensa de Copiapó julio de 1990.
Prensa en Exhumacion ejcutados políticos de Copiapó 1990
Portada de la prensa local exhumación ejecutados políticos Caravana de la Muerte Copiapó.
Portada de la prensa local exhumación ejecutados políticos Caravana de la Muerte Copiapó.
Prensa en Exhumacion ejcutados políticos de Copiapó 1990
Espera de familiares antes de reconocer restos de familiares ejecutados en copiapó. Caravana de la Muerte.

Prensa nacional, 1985, con testimonio de testigo de la masacre cometida en el regimiento de Copiapó en 1973 por la Caravana de la Muerte.
Prensa nacional, 1990, con información y testimoni del estado en que se encontraban los restos de los ejecutados de Copiapó, mutilados por la Caravana de la Muerte.
Muestra de los cortes en la ropa de un ejecutado , indicado por Olaff Olmos. Arqueólo en la exhumación.
Cortes en ropas de ejecutado. Lo indica Olaff Olmos, arqueólogo.
Ropas con múltiples cortes perteneciente a una de las víctimas mutiladas. Caravana de la Muerte Copiapó.
Ropas con múltiples cortes perteneciente a una de las víctimas mutiladas. Caravana de la Muerte Copiapó.
Ropas con múltiples cortes perteneciente a una de las víctimas mutiladas. Caravana de la Muerte Copiapó.
Ropas con múltiples cortes perteneciente a una de las víctimas mutiladas. Caravana de la Muerte Copiapó.
Ropas con múltiples cortes perteneciente a una de las víctimas mutiladas. Caravana de la Muerte Copiapó.
Ropas con múltiples cortes perteneciente a una de las víctimas mutiladas. Caravana de la Muerte Copiapó.
Declaración de la CUT ante masacre de trabajadores en Copiapó. Exhumación 1990
Familiares de ejecutados políticos manifestandose en la ciudad. Exhumación 1990
Familiares de ejecutados políticos manifestandose en la ciudad. Exhumación 1990
Funerales masivos de los ejecutados politicos de Copiapó. Caravana de la Muerte
Entrevista a familiar de ejecutado político y abogado que informa que fueron ejecutados con corvos y en cautiverio
Funerales masivos de los ejecutados politicos de Copiapó. Caravana de la Muerte
Funerales masivos de los ejecutados politicos de Copiapó. Caravana de la Muerte
Prensa de Copiapó anunciando la busqueda de los tres ejecutados que no aparecieron en la fosa común. Victimas de la caravana de la muerte
1° de agosto 2016. Conmemoración del Hallazgo y Exhumación de los Ejecutados Politicos de Copiapó-Caravana de la Muerte. 1° de agosto 2016.
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viernes, 15 de octubre de 2021

Actos Conmemorativos Caravana de la Muerte en Copiapó 2021

 Actos Conmemorativos  Caravana de la Muerte en Copiapó 2021














Libro Exhumación y Funerales 1990
Caravana de la Muerte
Copiapó

Autor: Carlos González Moscoso
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Actos Conmemorativos Caravana de la Muerte en La Serena 2021

Actividades 16 de octubre. Caravana de la Muerte en La Serena año 2021













 

viernes, 8 de octubre de 2021

16 de octubre. 5° Aterrizaje Caravana de la Muerte. La Serena.


El helicóptero Puma aterrizó en el aeropuerto de La Serena y allí estaba esperando el comandante del regimiento, coronel Ariosto Lapostol Orrego. Hora aproximada: once de la mañana. El coronel Lapostol vio desembarcar al general Arellano y al grupo de oficiales, todos en tenida de combate y fuertemente armados: Pedro Espinoza, Sergio Arredondo, Marcelo Moren Brito y Armando Fernández Larios. Le sorprendió ver a Moren Brito —su segundo comandante en La Serena—de quien nada sabía desde que partió a la capital, para reforzar las tropas, en vísperas del golpe militar.
¿Qué pasó en las siguientes horas hasta que se escucharon los disparos en el patio del regimiento y quince prisioneros fueron asesinados? El general Arellano revisó los antecedentes de los detenidos y marcó un total de quince elegidos, respecto de los cuales manifestó que debían ser sometidos a consejo de guerra. En el intertanto, el mayor Marcelo Moren Brito procedía a anotar el nombre de cada detenido en una libreta aparte.
El coronel Ariosto Lapostol declaró al Juez Juan Guzmán Tapia, "Ninguna de esas tres personas fue condenada a muerte por el consejo de guerra presidido por mí y ellos estaban cumpliendo la correspondiente sentencia en la Penitenciaria de La Serena. Sin embargo, cuando el general Arellano llegó a La Serena consideró que las penas que se les habían aplicado fueron demasiado benignas y que, por lo tanto, era necesario someterlos de nuevo a un consejo de guerra, porque según el general Arellano estas personas habían cometido delitos graves. Ante la resolución del general Arellano, yo me opuse rotundamente a que se hiciera un nuevo consejo de guerra, considerando que yo había presidido el anterior y considerando que las penas que se habían aplicado eran justas. Incluso yo le manifesté al general Arellano que las sentencias dictadas por el consejo de guerra presidido por mí, respecto de estas tres personas, quedaran como estaban y que se hiciera un consejo de guerra respecto de las doce restantes, pero cumpliendo todas las formalidades legales, vale decir, con una debida defensa".
El general Arellano y el coronel Lapostol siguen hablando, el capitán Vargas está muy cerca, cuando se escuchan los disparos: "Me sorprendo y entonces, de inmediato, le ordeno al capitán Vargas que averigüe lo que está sucediendo, qué está pasando. El capitán se dirige hacia el lugar donde se sintieron los disparos", declaró Lapostol.
El capitán Vargas regresó unos quince minutos después.
—Cumplida su orden, mi comandante...
—Informe... —Hay quince personas muertas en la cancha de tiro de pistola...
"En los instantes en que el capitán Vargas me informaba, se escucharon nuevamente disparos aislados que provenían de la misma dirección", dijo el coronel Lapostol al juez. Y agregó: "Acto seguido, le pregunto al general Arellano qué es lo que sucede y él me contesta que esos disparos deben corresponder al resultado del consejo de guerra".

Así mismo, el juez Guzmán recibió el testimonio de un oficial —testimonio que quedó archivado en el tomo reservado—él que relató de otro modo lo que ocurrió: “En el polígono de pistola, ubicado en el faldeo del cerro, cerca de la "sala de banda", los quince prisioneros fueron asesinados por miembros de la comitiva del general Arellano, frente a los oficiales del regimiento”. Ahí está la explicación para los primeros disparos. Luego se ordenó a los mismos oficiales locales dar los "tiros de gracia". Y de ahí los segundos disparos que escucha el coronel Lapostol.
La declaración del alto oficial consigna los nombres de quienes debieron efectuar esa segunda ronda de disparos, usando sus pistolas Staver de servicio. En este relato, se sostiene que el capitán Mario Vargas Miqueles llegó al patio —con la orden de averiguar qué sucedía—y también recibió la orden de disparar el tiro de gracia a un prisionero y que se negó a cumplir tal orden.
El coronel Lapostol declaró al tribunal: "Como una media hora después de que llegara el capitán Vargas a informarme, siendo aproximadamente las cinco o cinco y media de la tarde, llega Arredondo al mismo lugar donde nos encontrábamos, dando cuenta al general Arellano de que está todo finiquitado. Y unos cinco minutos después de que Arredondo informara al general Arellano, éste emprende su retirada del regimiento con su comitiva. Los vehículos estaban dispuestos para su traslado al aeropuerto".
Los quince prisioneros asesinados en el patio del regimiento fueron vistos por el coronel Lapostol. Así lo declaró ante el juez: "Vi los cuerpos de los fusilados, pero no advertí tiros de gracia en la cabeza". Balas en el pecho, muchas balas. En una oportunidad anterior, el coronel Lapostol me había relatado la muerte del profesor Mario Ramírez: "Su caso fue distinto. Según me informó el conscripto que participó en el episodio, el señor Ramírez se dio cuenta de que iba a ser fusilado cuando la columna de prisioneros cruzaba el patio. Se desesperó y se lanzó sobre el conscripto que estaba más cerca, al parecer con la intención de arrebatarle el arma. En el forcejeo, el conscripto disparó y el señor Ramírez murió al instante"
El coronel Lapostol ordenó al entonces teniente Emilio Cheyre que se publicara en el diario local —El Día—el comunicado oficial que daba cuenta de ejecuciones dispuestas por "tribunales militares en tiempo de guerra".
Así también, el coronel Lapostol reconoció su responsabilidad en el entierro ilegal y clandestino de los cuerpos. "Yo estaba síquicamente choqueado. Me sentía como una hormiga", dijo al tiempo que pedía perdón a las familias de las víctimas. Pidió al médico militar que viera los cuerpos y extendiera certificados de defunción. Luego ordenó llevar los cadáveres al cementerio local y meterlos en una fosa común. Fue así como los quince asesinados en La Serena se transformaron en detenidos—desaparecidos. Y sólo en octubre de 1998, pocos días después del arresto del general Pinochet en Londres, el tribunal dispuso la exhumación de los cuerpos y su debida identificación.
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(Informe Rettig). La Jefatura de Plaza, a través de la Prensa, entregó un comunicado oficial en el cual señala:

"Se informa a la ciudadanía que hoy 16 de octubre a las 16:00 horas fueron ejecutadas las siguientes personas conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempos de Guerra...".

Respecto de Mario Ramírez, Jorge Peña, Marcos Barrantes, y Jorge Osorio, se dijo que: "habían participado en la adquisición y distribución de armas de fuego y en actividades de instrucción y organización paramilitar con fines de atentar contra las Fuerzas Armadas y Carabineros y de personas de la zona".

Respecto de Oscar Aedo Herrera, Víctor Escobar, José Araya y Jorge Contreras, se dijo que: "formaban parte de una agrupación terrorista que tenía planificado para el 17 de septiembre apoderarse del Cuartel de Carabineros de Salamanca, matar al personal y a los hijos de éstos mayores de 8 años, además de eliminar físicamente a un grupo de personas de la ciudad que alcanzaba un número de 30, cuya nómina no es del caso dar a conocer por razones obvias".

Respecto de Hipólito Cortés Alvarez, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Oscar Cortés, se dijo que habían: "ocultado bajo tierra una gran cantidad de quince armas, abundante munición, explosivos, con la intención de atacar a Carabineros de Ovalle el día 17 de septiembre". Se señaló, además, que habían "participado como instructores de guerrillas en la zona".

Respecto de Carlos Alcayaga, se señaló que había sido fusilado por: "sustraer explosivos a viva fuerza desde el polvorín de la mina Contador, en Vicuña, el día 11 de septiembre de 1973, explosivo que le fue encontrado oculto bajo tierra y listo para ser usado" y que "era Instructor de manejo de explosivos en una Escuela de Guerrilleros que funcionaba en Vicuña".

Respecto de Manuel Marcarian, se dijo que fue ejecutado por: "haberle encontrado explosivos para asaltar el Cuartel de la Subcomisaría de Los Vilos, haciendo caso omiso de los Bandos y de las advertencias hechas personalmente por Carabineros".

Respecto de Roberto Guzmán, se dijo que su ejecución fue: "por incitar a los mineros del Campamento de Desvío Norte y sus alrededores a apoderarse de los polvorines y oponer resistencia armada a la Junta de Gobierno".

Los cuerpos no fueron entregados a las familias para su sepultación.

La información oficial entregada por la autoridad militar de la zona, da cuenta de la celebración de un Consejo de Guerra el día 16 de Octubre el que habría dispuesto las condenas a muerte de los quince detenidos; y que el tribunal sentenciador habría "venido especialmente de Santiago”.

Esta Comisión acredita la presencia en la zona de una comitiva especial llegada desde Santiago, con facultades para revisar la situación de los detenidos del lugar. Se han recibido testimonios verosímiles acerca de las nóminas de los arrestados por las autoridades militares de dicha comitiva, y de la elección que éstas hicieron de las personas cuya situación debía ser revisada.

En relación a todas esta muertes la Comisión recibió abundantes y calificados testimonios concordantes en ciertos hechos: los 15 prisioneros individualizados precedentemente fueron ejecutados al margen de todo proceso legal por agentes del Estado. Avalan dicha convicción, los siguientes antecedentes:

- Testimonios verosímiles respecto de la secuencia en que se produjeron los hechos que condujeron a la muerte de los quince detenidos, ya que casi no medió tiempo entre la revisión de los casos y la ejecución, lo que hace imposible que en ese lapso se desarrolle un Consejo de Guerra ajustado a Derecho.
- El hecho que, de haberse celebrado el supuesto Consejo de Guerra, no existió derecho a defensa de los acusados, toda vez que no hubo presencia de abogados ni posibilidad alguna de efectuar descargos. Incluso, Roberto Guzmán, según se señaló precedentemente, ya había sido condenado por un Consejo de Guerra a una pena de cinco años, la que fue rebajada en el año 1975 a 541 días.
- Pese a los requerimientos e indagaciones reiteradas de la Comisión no pudo obtenerse copia de una sentencia judicial o de cualquier pieza procesal referidas al juicio que habría sido realizado en contra de los quince ejecutados.

Por tanto y considerando que, los acusados carecieron de toda posibilidad de defensa; los cargos no aparecen acreditados en documento alguno a que esta Comisión haya tenido acceso. Esta Comisión se ha formado la convicción que las quince ejecuciones constituyen una violación de los derechos humanos atribuíble a agentes del Estado.
(Informe Rettig)
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Los Hechos
"La mañana del día 16 de octubre de 1973, arriba a la ciudad de La Serena, un helicóptero "Puma" del Ejército de Chile, con un grupo de militares entre ellos Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Emilio de la Mahotiere González, Luis Polanco Galladom, Juan Chiminelli Fullerton, Marcelo Moren Brito (fallecido), Hugo Héctor Leiva González, comandados por el delegado General de Brigada Sergio Arellano Stark, quien tras sostener una reunión con el primer comandante Ariosto Lapostol Orrego, del regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena, para informarle de su misión, requiere del fiscal militar Cazanga Pereira (fallecido) aquellos procesos militares donde constaban prisioneros políticos, luego de seleccionar a los detenidos que serían ajusticiados, un contingente del Ejército concurre hasta la Cárcel Pública de La Serena a retirar y trasladar, sin derecho ni decreto alguno, a las víctimas Óscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen, que se encontraban privados de libertad a disposición de la autoridad militar, al aludido regimiento de la ciudad de La Serena.
Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozo del mismo regimiento el detenido Óscar Gastón Aedo Herrera, y es conducido junto a los demás prisioneros hasta el polígono de tiro de ese recinto militar, el cual ya había sido ordenado cercar por personal del mismo regimiento. Una vez en el polígono, fueron ajusticiados sin juicio previo alguno, mediante disparos efectuados por personal del Ejército.
Seguidamente y de manera ya prevista, se ordena la inscripción de las defunciones de las víctimas, sin habérsele practicado las autopsias respectivas, ni efectuado reconocimiento alguno por parte de sus familiares, para luego personal militar trasladar sus cuerpos hasta el cementerio local y sepultarlos en una fosa común, de manera oculta, cometido para el cual las autoridades del regimiento habían previamente efectuado las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal.
Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del regimiento, jefatura de zona, resuelven publicar en los medios de comunicación un Bando Militar, donde se informaba a la ciudadanía que se había ejecutado quince extremistas en cumplimiento de los resuelto por los Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que el Comandante del Regimiento, su ayudante y los oficiales de dicha unidad militar sabían que no había acontecido y que se les había ajusticiado sin juicio previo, por la circunstancia de su ideología".
Los procesados quedaron detenidos en el Batallón de Policía Militar, excepto Armando Fernández Larios, quien reside en el extranjero, por lo que se inició la tramitación legal pertinente para que responda por su responsabilidad.

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Nuevos antecedentes
Ex Oficial Revela Detalles del Paso de la Caravana de la Muerte en La Serena
Sergio Ramírez
Servicio Noticiero de Internet Instituto Cono Sur
15 de enero 2002.
.
En su declaración ante el juez Juan Guzmán (26.12.1999), el ex oficial de Ejército Pedro Rodríguez Bustos proporcionó nuevas pruebas que incriminan oficiales militares en las ejecuciones sumarias en La Serena en octubre de 1973. La declaración que se ha guardado en el cuaderno secreto que maneja el magistrado, fue dada a conocer a fines del año 2001.

Pedro Rodríguez, ex integrante de los aparatos represivos de Pinochet, posee importante información sobre los crímenes del período dictatorial. Fue ayudante del ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, y luego trabajó con él en el movimiento fascista Avanzada Nacional.

En su declaración, Rodríguez dice que escuchó de dos de sus compañeros de armas, los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y Julio Lafourcade, cómo el grupo de oficiales que viajaba en el helicóptero Puma fusiló, por expresas órdenes del general (R) Sergio Arellano Stark, a un grupo de 15 personas que estaban detenidas en la cárcel de La Serena. Las revelaciones comienzan con el arribo a La Serena del helicóptero a principios de octubre de 1973. En él viajaba el general Arellano junto a Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo y el mayor Juan Chiminelli.

Rodríguez señala que Arellano se reunió con el comandante del regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego y que Arellano había ordenado revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más pesados". Se obedeció su orden y el fiscal militar, "un mayor de Carabineros de apellido Cazanga," entregó los antecedentes a Arellano Stark. Este se reunió con el comandante Lapostol y los integrantes de la Caravana y determinaron traer al regimiento desde la cárcel de La Serena a 15 presos políticos.

"Así es como fueron trasladados desde la cárcel hasta el sector de los boxes de vehículos livianos y otros a la sección de inteligencia. Luego de eso fueron llevados al polígono de tiro de pistola, ubicado en el faldeo del cerro, a los pies de la sala de banda", relata Rodríguez. En ese lugar, Arellano Stark citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de la comitiva. Estos últimos fueron "quienes oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los quince detenidos", asevera el ex oficial.

"Sin embargo, Arellano Stark inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento (ninguno de los cuales había participado como fusilero) concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió", insiste Rodríguez y, nombra varios de los oficiales del regimiento que debieron dar el tiro de gracia, entre ellos a Juan Emilio Cheyre, quien asumirá como comandante-en-jefe del Ejército en marzo 2002. Los cuerpos fueron trasladados hasta el cementerio municipal, donde fueron inhumados en una fosa común y tapados con cal viva. Al día siguiente, La Caravana de la Muerte siguió con destino al norte.

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Antecedentes por los que se procesa a Emilio Cheyre y otros oficiales
El episodio de la Caravana de la Muerte por el que procesan a Cheyre
El desconcierto
11 de septiembre 2016
Por Rocío Venegas

En el aeródromo de la ciudad, el 16 de octubre, aterrizó el helicóptero Puma que traía a Arellano Stark y sus hombres. Lo esperaba en la losa la persona al mando del Regimiento: el comandante Ariosto Lapostol Orrego. El joven teniente Juan Emilio Cheyre, fiel escudero de Lapostol, también estaba presente en ese momento.
La misión de este viaje, ordenada personalmente por Augusto Pinochet, pretendía “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia” a los prisioneros. Con un documento que mostraba en cada ciudad que pisaba, Arellano se transformaba en un representante directo del General, cumpliendo a cabalidad con una misión que en poco tiempo se traduciría en aniquilar con eficiencia marcial a los enemigos del régimen.
El Puma aterrizó cerca del mediodía en La Serena. Apenas descendió el helicóptero, el general convocó a un consejo de guerra en donde habrían participado Lapostol, su inseparable ayudante Cheyre, Marcelo Morén Brito (que poco antes de acompañar a Arellano era el segundo al mando en ese mismo lugar) y el mismísimo Sergio Arellano Stark. Entre los cuatro revisaron una lista con los prisioneros, evaluando los cargos de los que eran acusados y marcando quince nombres. El fin de la aceleración de los procesos no era precisamente liberar a quienes eran acusados de cargos leves, sino que eliminar a los enemigos del régimen en lo que ellos consideraban una guerra.

La rápida estocada de Arellano Stark

Aunque en sus testimonios Lapostol y Cheyre niegan sostenidamente su participación en los hechos, hay testigos que indican que el teniente -entonces de 25 años- acompañó a Morén Brito a retirar a catorce prisioneros de la cárcel pública. Testigos cuentan que Cheyre habría sido el encargado de leer a viva voz los nombres de los quince prisioneros condenados a muerte, contradiciendo su versión, donde indica que mientras todo esto sucedía, él se encontraba en su oficina.

Siempre bajo una nebulosa de contradicciones, las versiones de Cheyre y Lapostol indican que ellos no sabían lo que estaba ocurriendo hasta que oyeron los disparos, acusando a Arellano Stark de desoír la voluntad del comandante. Mientras los altos mandos del lugar almorzaban, los prisioneros fueron trasladados a un polígono de tiro, a unos 200 metros del casino de oficiales. Ahí, cerca de las 16 horas, fueron fusilados. Otras versiones -brindadas por uniformados- indican que al momento del fusilamiento también estaban presentes los altos mandos.

Mientras todo esto ocurría, los soldados conscriptos del Regimiento “Arica” se encontraban viendo una película, la cual fue proyectada con el fin de que no se enteraran de la operación. Precisamente, uno de los sellos que tuvo la misión fue que se realizó de manera casi imperceptible para los uniformados de bajo rango, mientras que -salvo contadas excepciones- los oficiales a cargo de cada regimiento se encargaron de amenizar con almuerzos y cenas a los visitantes.

Lapostol ha afirmado que él no sabía que ese día un helicóptero iba a aterrizar en su regimiento, negando también su conocimiento respecto a la matanza. Sin embargo, hay testimonios que lo contradicen. Uno es el de un sobreviviente del regimiento, que cuenta que los días 14 y 15 fueron obligados a hacer aseo profundo en las dependencias, a propósito -les dijeron- de la visita de una comitiva importante.

Lo que sí es un hecho comprobado es que, una vez fusilados, ningún médico revisó los cuerpos, los cuales fueron trasladados de manera inmediata al Cementerio Municipal de La Serena por expresa orden de Lapostol. Cheyre, en tanto, fue enviado al diario local El Día a entregar un bando militar que le explicaría a la comunidad que, tras ser juzgados por un tribunal militar proveniente de Santiago, habían fusilado a 15 prisioneros.

Diario El Día de La Serena: 17/9/73Diario El Día de La Serena: 17/9/73
“Siga las huellas del camión”

Cuando en 1990 se investigó la inhumación ilegal de los cuerpos que dejó la Caravana de la Muerte, fueron convocadas a declarar personas que, por distintas razones, estaban vinculadas al cementerio. El objetivo era reconstruir un relato de lo que ocurrió ese día, y que, entre otras cosas, podría echar por tierra las afirmaciones de que quienes daban las órdenes en el regimiento no tenían noción de la llegada de la comitiva ni de que, tras su paso, quince hombres serían aniquilados a tiros.

En 1973, el Cementerio General de La Serena era administrado por Teófilo Díaz, que además fue el único trabajador del lugar que permaneció ahí durante la operación. Primero llegó Mario Vargas Miguieles, entonces capitán, quien respondiendo órdenes de Lapostol -según afirma-, verificó el estado de la fosa y esperó a que arribaran los fusilados.

En una de las últimas veces que se refirió al tema, Vargas Miguieles contó que al llegar al cementerio el administrador ya estaba al tanto de lo que iba a ocurrir, trasladándolo a ver la fosa ya lista. La investigación nunca pudo contar con el testimonio de Díaz, puesto que en 1990 tenía 89 años y padecía de problemas de memoria, respondiendo solo con incoherencias. Por él habló su viuda, afirmando que de los muertos se había enterado por la prensa y que ese día su esposo había llegado a la casa, había tomado un remedio para dormir y nunca, en todos esos años, le había mencionado el tema.

Cerca de las 17 horas se acercó por la Avenida Colo Colo un camión Tolva metálico. Desde ahí descendió un oficial armado, ordenando que abrieran de par en par las puertas del camposanto. Al fondo de este se encontraba lista la fosa común donde terminarían arrojando a los fusilados. Cada uno de los cuerpos que bajaban del camión tenía pegado en su pecho un papel con su nombre, para poder identificarlos. El administrador del lugar era el encargado de anotar en el libro de registros los nombres de cada uno, pero al sexto cayó desmayado, perdiendo la conciencia. Cuando la recuperó, los encargados de la faena ya habían terminado de enterrar los cuerpos y lo obligaron a entregarles la llave del cementerio, que permaneció cerrado y custodiado por militares todo el día, según cuentan testigos.

Aunque Díaz nunca declaró, sí lo hizo un cercano, que también trabajaba en el camposanto a cargo de las condiciones de higiene del lugar, quien cuenta que tres años después de que enterraran ilegalmente a los fusilados ahí, el administrador decidió sincerarse con él, contándole que ese día temprano lo habían llamado ordenándole que cerrara el cementerio antes del mediodía, prohibiera el paso al público y enviara a todos los trabajadores a sus casas.

Otros dos trabajadores afirman que ese día -sin decirles por qué- fueron enviados a sus casas cerca de las 16:00, hora en la que se ejecutaron los cuerpos en el regimiento. A eso, añadieron que al día siguiente empezaron a escuchar comentarios que decían que un grupo de desconocidos había enterrado los cuerpos de varios hombres fusilados por los militares en una de las fosas comunes que estaban al fondo del cementerio.

La noticia del fusilamiento salió en el diario y en las radios locales, nombrando uno a uno a los quince ejecutados. Los rumores sobre estas muertes llevaban varias horas corriendo y las familias comenzaron desesperadamente a averiguar la suerte que habían corrido sus seres queridos.

Una de las viudas relata que se enteró de la noticia el mismo día 16. Proveniente de Santiago, cada 15 días visitaba a su marido, quien se encontraba preso en la cárcel pública de la ciudad. Apenas despuntó el día, se dirigió al recinto en donde, tras sortear un montón de evasivas, confirmó que había sido fusilado. Ahí le devolvieron sus pertenencias, pero nunca el cuerpo.

“Fui al cementerio pensando en que ese era el lugar al que llevan a los muertos”, contó. Ahí, los funcionarios, nerviosos, no le contestaban sus preguntas, hasta que uno escuetamente le dijo que siguiera las huellas del camión que seguían estampadas en el suelo del lugar. “Había dos losas de cemento encima de un hoyo. Estaba cubierta de un polvo color blanco; logré mover una y mirar hacia abajo y pude distinguir varios cuerpos que había en el fondo”.

Para hacer énfasis en lo que vio, la viuda aclara que ese fue un día luminoso, casi sin nubes, por lo que está totalmente segura de haber visto un montón de cuerpos ensangrentados. Fue interrumpida por gritos: un trabajador del cementerio se acercó a ella gesticulando fuertemente, pero apenas la tuvo al frente rompió en llanto y le dijo que se fuera, que no la podían ver ahí. Antes de separarse, le contó que para poder dormir la noche anterior había tenido que embriagarse, pues no paraba de pensar en que esas personas podían ser sus hijos.

Ella no fue la única que se acercó al cementerio ese día, al menos dos mujeres más lo hicieron. En los tres relatos se repiten los mismos elementos: la losa que cubría la fosa estaba mal puesta y bajo ella se podían distinguir con claridad los cadáveres. Una dice que logró distinguir a su marido, otra intentó mover la cobertura hasta desvanecerse por la desesperación. Todas llegaron ahí luego de suplicarle a los nerviosos trabajadores del cementerio que les dijeran dónde estaban sus seres queridos.

“En tiempos de guerra los cuerpos no se entregan”

A principios del 2011, Ariosto Lapostol dio una entrevista al diario El Día, el mismo que publicó la lista de ejecutados el 17 de septiembre de 1973. En la conversación, Lapostol afirmó que el entierro de los cadáveres se hizo de forma “muy correcta”. “Cada vez que voy a La Serena les coloco un ramo de flores, calladito”, aseguró en esa ocasión.

Las palabras del ex comandante han estado marcadas por la ambigüedad, señalando que no puede explicar su accionar o culpando a las circunstancias de presión en que se encontraba. “Eran tantos los cadáveres que me causó mucho impacto y pensé que lo mejor era dejarlos a todos en una fosa común en el cementerio y no entregarlos a sus familiares”, contó. En la misma conversación, culpó a factores económicos, contando que no tenían dinero para comprar las quince urnas necesarias y que la vergüenza provocó que ordenara que los cuerpos fueran cargados como escombros en un camión, privando por 25 años a sus familias del derecho de enterrar a sus muertos.

Lapostol también afirmó que nunca nadie se acercó a preguntar dónde habían sido sepultados sus familiares, pues de ser así, él le hubiera pedido al administrador la exhumación de los cuerpos. Según los familiares, se acercaron innumerables veces a preguntar por los restos de sus deudos, recibiendo respuestas negativas por parte de Lapostol -quien siempre responsabilizaba a sus superiores-. También obtuvieron respuestas secas, que siempre apuntaban a la misma idea: en tiempos de guerra, los cadáveres no se entregaban. O les decía cruel y burlescamente que si tanto querían encontrarlos, los buscaran ellas mismas.

El brazo derecho de Ariosto Lapostol, Juan Emilio Cheyre, también ha tenido que comparecer ante la justicia en numerosas ocasiones, siendo cada vez más directas las acusaciones que lo involucran -por lo bajo– como cómplice de los hechos.

Juzgados bajo el sistema penal antiguo, se consideró que frente al caso había presunciones fundadas, por lo que fueron encargados reos. En julio de este año, Cheyre pasó cinco días en la cárcel, quedando libre tras pagar una fianza de un millón de pesos. Hoy, a 43 años del episodio, la participación de los militares que se encontraban en tierra cuando los zarpazos de Arellano Stark pasaron por La Serena continúa siendo investigada.

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Jorge Washington Peña Hen 

45 años, músico y profesor universitario. Militante socialista. Es detenido el l9 de septiembre por funcionarios de Carabineros de La Serena, trasladado a la Comisaría y luego a la Cárcel de esa ciudad, Recinto en el cual es visitado por su familia.


Marcos Enrique Barrantes Alcayaga


26 años, supervisor en la Planta de Manufacturas de Neumáticos S.A. (MANESA), militante socialista. Fue detenido en su lugar de trabajo el 16 de septiembre por efectivos militares, conducido al Regimiento de La Serena y desde allí a la Cárcel local.




Mario Alberto Ramirez Sepulveda

 44 años, profesor universitario, militante del Partido Socialista. Se presentó al Cuartel de Investigaciones de La Serena el 27 de septiembre luego de ser citado. Fue detenido e inmediatamente trasladado al Regimiento y luego a la Cárcel de esa ciudad. Su familia sólo pudo visitarlo en dos oportunidades. La mayoría del tiempo permaneció incomunicado.





Oscar Gastón Aedo Herrera, 
23 años, técnico forestal, militante comunista. Fue detenido por Carabineros de la Comisaría de Salamanca el 6 de octubre. Permaneció incomunicado hasta el 12 de octubre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de Illapel y desde allí conducido al Regimiento de La Serena, recinto al cual llega en la madrugada del 16 de octubre.





Hipólito Pedro Cortés Alovarez 


43 años, obrero, funcionario municipal, dirigente del Sindicato de la Construcción y militante del Partido Comunista. Detenido en su lugar de trabajo por Carabineros de Ovalle, trasladado hasta la Comisaría de esa localidad y desde allí a la Cárcel de La Serena.





Jorge Abel Contreras Godoy
 

31 años, campesino, sin militancia política conocida. Fue detenido por Carabineros, conducido a la Comisaría de Illapel y desde allí a La Serena. Permaneció incomunicado.




Roberto Guzmán Santa Cruz 


35 años, abogado, asesor de la Compañía Minera Santa Fé y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El l4 de septiembre se presenta voluntariamente al Retén de Incahuasi luego de informarse que había sido requerido por las autoridades de La Serena. Es detenido y desde allí conducido a la Cárcel de La Serena. Procesado por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. En Consejo de Guerra del 27 de septiembre es condenado a la pena de presidio por 5 años. El 26 de junio de 1975, cuando ya había sido ejecutado, por decisión del Comandante en Jefe, se modificó la sentencia y su condena fue rebajada a 541 días.



Jorge Mario Jordan Domic
 

29 años, médico, militante del Partido Comunista. Se presentó a la Comisaría de Ovalle el 12 de septiembre luego de ser requerido por un bando. Estuvo detenido un día y luego permaneció bajo arresto domiciliario. El l6 de septiembre es detenido nuevamente y conducido al Regimiento de La Serena, desde allí es llevado a la Cárcel de la ciudad. Asesinado por la Caravana de la Muerte en La Serena.



Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz


22 años, campesino, militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Fue detenido el 12 de octubre de l973 por efectivos de Carabineros de Ovalle; luego de permanecer dos días en la Comisaría de esa localidad, es trasladado al Regimiento "Arica" de La Serena. En ambos lugares permaneció incomunicado. Luego es trasladado a la Cárcel. Asesinado por la Caravana de la Muerte en La Serena.



Carlos Enrique Alcayaga Varela 


38 años, albañil, Secretario Regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Gobernador de Vicuña y militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Fue detenido el l2 de septiembre por Carabineros de Vicuña y llevado a la Comisaría de esa ciudad, lugar desde el cual es trasladado a la Cárcel de La Serena.




Jorge Ovidio Osorio Zamora



35 años, profesor universitario, militante socialista. Fue detenido por funcionarios de Investigaciones en las dependencias de MANESA el l7 de septiembre y conducido a la Cárcel de La Serena.




José Eduardo Araya González

23 años, campesino, militante del Partido Comunista. Fue detenido en Salamanca y llevado a la Cárcel de esa localidad; al cabo de cuatro días es trasladado a la Cárcel de Illapel, lugar en el cual permanece hasta el l5 de octubre , fecha en que es conducido a la Cárcel de La Serena.




Víctor Fernando Escobar Astullido


 22 años, técnico agrícola, funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) y Secretario Comunal del Partido Comunista. El 1º de octubre es detenido por Carabineros de Salamanca y conducido a la Subcomisaría de esa localidad. Trasladado a la Cárcel de Illapel y luego a la Cárcel de La Serena.




Oscar Armando Cortés Cortés


48 años, campesino, militante del Partido Comunista. El 22 de septiembre fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros de Ovalle y llevado a la Comisaría. Posteriormente es trasladado a la Cárcel de La Serena.




Manuel Jachadur Marcarian Jamett


31 años, agricultor, militante del Partido Comunista. Detenido el 16 de septiembre, en Los Vilos, por efectivos de Carabineros. Fue conducido a la Cárcel de Illapel, Recinto en el cual permanece hasta el 18 de septiembre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de La Serena.



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