Por Leslie Ayala Castro / La Nación
Raquel Lermanda investigó varias causas ligadas a delitos de lesa humanidad mientras fue titular del 9º Juzgado del Crimen, destacándose su labor en el denominado caso AGA, proceso judicial contra el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea.
Martes 8 de junio de 2010
País
Una jueza de vasta trayectoria en el Poder Judicial será quien subrogue al ministro Víctor Montiglio luego que éste presentara una licencia médica por 30 días tras diagnosticársele una delicada enfermedad que lo mantendrá alejado de sus labores por un tiempo aún indefinido.
Raquel Lermanda, titular del Tercer Tribunal Oral de Santiago, fue designada para hacerse cargo de las investigaciones que dirigía Montiglio, en su calidad de ministro en visita y de fuero. Entre las más destacadas están las causas por violaciones de los derechos humanos Caravana de la Muerte, Operación Cóndor, Conferencia y Colombo; así como también la indagatoria por lavado de dinero en contra de los dueños de la desaparecida empresa AeroContinente, donde recientemente cerró sumario.
El ministro Montiglio, según un informe emanado de la Corte Suprema, es uno de los jueces que ha dictado más procesamientos contra militares, agentes de organismos represores y civiles vinculados a delitos de lesa humanidad. Sólo en 2009 reportaba mil 328 encargatorias, lo que demuestra que la jueza suplente tendrá mucho trabajo por delante.
Pero Lermanda no es una desconocida en el mundo de los derechos humanos. Pese a pertenecer en la actualidad al nuevo sistema, cuando fue titular del 9º Juzgado del Crimen de Santiago instruyó el llamado caso AGA, investigación contra el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea por la desaparición de militantes del Partido Comunis
También es recordada por haber procesado a los generales (R) Manuel Contreras Sepúlveda y Raúl Iturriaga Neumann en diversas causas de desapariciones forzosas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En 2001, la Suprema la designó como jueza exclusiva para indagar delitos de lesa humanidad, por lo que su conocimiento en estas materias es amplio.
ATENTOS A SU LABOR
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, tras reiterar que es muy lamentable que el ministro Montiglio tenga que dejar sus investigaciones, señaló que estarán atentos a la labor de Lermanda. “Cuando un juez tiene la voluntad de investigar a fondo una causa por violación de los derechos humanos y sabe la importancia de su labor, que tiene que ver directamente con el país que estamos construyendo, lo mínimo que se espera es que indague, procese y condene a quienes son los responsables de estos crímenes. (...) estaremos atentos a lo que haga, exigiendo siempre que el Poder Judicial cumpla con su labor”, dijo Pizarro.
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La Caravana de la Muerte es la comitiva militar que partió el 30 de septiembre de 1973, luego del Golpe de Estado,recorriendo el sur y norte de Chile en un viaje de exterminio que cobró 105 víctimas. La misión fue ordenada por Augusto Pinochet y quedo a cargo de Sergio Arellano Stark, uno de los más importantes conspiradores del Golpe de Estado. Linares 4 víctimas, Temuco 9, Valdivia 12, Cauquenes 4, Curicó 2, La Serena 15, Copiapó 16, Antofagasta 14, Calama 26 y Arica 3. Total 105 víctimas.
martes, 8 de junio de 2010
lunes, 12 de abril de 2010
Rossy Lama: “No habrá ley de punto final en las causas de DDHH”
Por Jorge Escalante / La Nación Domingo
La abogada penalista sostiene que el trabajo del programa no cambiará y opina que “en delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni prescripción”. Se opone a fijar plazo de término a los procesos y dice que “seguiremos buscando la verdad y la justicia”, por lo cual continuará presentando las querellas que aún estén pendientes.
La abogada Rossy Lama es la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sabe que su tarea es difícil porque tratará con materias en las que hay dolor, rabia, odios, y sed de que los que cometieron los crímenes bajo la dictadura paguen por ello. Licenciada en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Valparaíso el 2002, obtuvo su título de abogada ese mismo año.
Uno de los aspectos de su nueva gestión aún no definidos, es la creación de un Comité Asesor externo, que ella sostiene será “pluralista” y no apuntaría a fijar líneas de acción ya establecidas por ley para el Programa, sino aportar al trabajo de la institución. Aquí expone los lineamientos que regirán los pasos de esta institución bajo el nuevo gobierno, sin eludir preguntas.
-¿Cuáles son las prioridades para enfrentar este trabajo en su nuevo cargo?
-Ésas son las políticas que en esta materia se han seguido hasta ahora y que este nuevo gobierno mantiene en cuanto al seguimiento de las causas de derechos humanos abiertas, y el trabajo conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Pero también prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen a ninguna agrupación.
-¿Mantendrá el programa la capacidad de presentar querellas como lo faculta la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos?-Sí, vamos a seguir presentando querellas cuando corresponda en los casos donde aún no están interpuestas. Hay tres abogados del programa revisando los casos de ejecutados políticos, lo que estará listo a fines de abril. Se llegó a un acuerdo con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y trabajaremos en conjunto con ellos.
-¿Cuáles serían los casos en que no correspondería presentar querellas?
-Eso es un análisis jurídico en virtud de los antecedentes con los que se cuente en cada caso y la relación que un caso pueda tener con otras causas. Hay muchas causas donde los antecedentes se cruzan, entonces podría haber casos donde no sería necesario presentar una nueva querella, porque ya hay otros procesos donde se cruzan los mismos antecedentes.
-Bajo la Concertación, este programa se opuso en los tribunales a la aplicación de la amnistía y la prescripción de los delitos de lesa humanidad, gracias a la legislación internacional. ¿Se mantendrá ese criterio?-Ese criterio se mantiene intacto, así lo establecen los tratados internacionales y nuestra legislación tiene incorporados esos tratados. Esa seguirá siendo la política institucional de este programa. Lo único que hay que hacer es aplicar el derecho, porque aquí somos todos abogados y tenemos que aplicar el derecho como las leyes lo establecen.
-¿También se opondrán a la media prescripción que viene aplicando la Corte Suprema, que rebaja las penas a tal punto que los acusados puedan cumplir las condenas en su casa con libertad vigilada?-También seguiremos oponiéndonos a ese criterio, porque en este tipo de delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni ningún tipo de prescripción.
-¿Seguirá sosteniendo el programa ante los tribunales que en el caso de los detenidos desaparecidos, el secuestro es un delito de carácter permanente?-El secuestro es un delito de carácter permanente y así seguirá siendo para este programa.
-¿Continuará trabajando con los mismos abogados que conocen los procesos, o vendrán abogados nuevos a hacer esa tarea?-El equipo de abogados se mantiene exactamente igual. No habrá modificaciones, mientras no sea necesario hacerlo. A partir del 1 de abril se incorporó un abogado nuevo, Francisco Ugas, magíster en derechos humanos y que viene del Ministerio Público. Él llegó como jefe del área jurídica para estadísticas con el fin de seguir las resoluciones de las cortes, afianzar fundamentos jurídicos para seguir peleando en contra de la prescripción o la media prescripción, y ver los tratados internacionales que fundamentan esa oposición.
-¿Se mantiene el presupuesto que tenía este programa, o se reducirá?
-El del 2010 ya está establecido por ley, fijado el 2009, no habrá reducción. Incluso, se pidió una suma adicional para ayudar a los familiares de detenidos desaparecidos de Paine, para los gastos de los funerales de esas 22 víctimas cuando los restos sean entregados por el Servicio Médico Legal.
-¿Cómo han sido los encuentros que ha sostenido con las agrupaciones de familiares?
-En más del 90% han sido retroalimentativos. Ellos han presentado sus inquietudes y yo he respondido a cada una de ellas. Han sido bastante receptivos, unos menos que otros, y no ha habido mayor oposición. Pero sé que las confianzas hay que generarlas según vayan siendo los resultados de nuestro trabajo. Voy a viajar desde Arica a Punta Arenas a tomar contacto con las agrupaciones de familiares y con los jueces a cargos de las causas. Pediremos, además, la colaboración de las gobernaciones de regiones para que sus abogados ayuden al seguimiento de las causas, no para que intervengan o actúen en ellas, porque no tenemos presupuesto para tener nuestros propios abogados en todas las ciudades fuera de Santiago.
-Éste es un gobierno de derecha y por ello podría pensarse que este programa cambiaría su línea de acción. Ese temor fue planteado en la campaña presidencial. ¿Qué opina de esto?-Las líneas de acción de este programa están establecidas por ley y eso no puede cambiarse, a no ser que esa ley sea cambiada. Pero no está dentro de la política de este gobierno modificar las tareas de este programa. Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para este programa y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos.
-¿Pueden confiar las víctimas y sus familiares en que este programa continuará la persecución judicial de los delitos de DDHH?-Esa es la finalidad del programa y eso se mantiene inalterable, seguiremos buscando la verdad y la justicia. Eso es, por lo demás lo que todo abogado penalista busca siempre.
-¿Qué experiencia tiene de estos procesos y qué sabe de las violaciones de los DDHH ocurridas bajo la dictadura?-He sido penalista desde que egresé de la universidad, en el Consejo de Defensa del Estado y en el Ministerio Público. También he sido docente por mucho tiempo en materia de derecho procesal y mi fuerte ha sido el derecho procesal penal. Mi conocimiento de las causas de derechos humanos es más bien genérico, pero iré conociéndolas en detalle. Respecto de la represión política, lo tengo desde que nací por las lecturas que mi padre nos hacía de los diarios para mantenernos informadas del mundo en que vivíamos.
-¿Qué opina de que sólo 22 jueces tengan a cargo sobre 300 procesos que se instruyen en el país, de las cuales más del 80 por ciento está en Santiago?-Ése es un resorte del Poder Judicial. Cualquier decisión sobre esto tiene que ser de ese poder.
-Pero vendrán ahora nuevas querellas que ustedes interpondrán, y eso aumentará la carga de trabajo de esos pocos jueces…-No sé cuál irá a ser en ese caso la política del Poder Judicial, pero tendrá que tomar alguna decisión de manera autónoma. Es verdad que hay ministros que tienen muchas causas, pero también en muchas de esas causas los antecedentes se cruzan, porque los hechos ocurrieron en un mismo período, lugar, y grupo de personas, entonces para muchos casos hay una línea de investigación común. Un ministro que lleva años investigando ese tipo de causas tiene absolutamente claro el panorama global de cómo ocurrieron los hechos y la forma cómo actuaron las organizaciones criminales.
-Entonces, incorporar jueces nuevos no sería una solución para acelerar los procesos…
-Exactamente, e incluso podría significar un retroceso en vez de un avance.
-¿Es partidaria de fijar plazo de término a esos procesos, tal como piden algunos?
-No se puede fijar plazo de término a los procesos. Las causas tienen un curso natural. Lo que sí se puede hacer es fijar, en conjunto con el Poder Judicial y las agrupaciones de familiares, líneas de investigación que permitan que los procesos avancen más rápido. Hay mucha información cruzada entre las causas y por ello se pueden establecer procedimientos que sistematicen toda esa información que se cruza, y eso sería una ayuda al Poder Judicial. Pero las diligencias de cada proceso deben seguir un curso natural y no se les puede poner plazo.
-Pero hace unos años, el pleno de la Corte Suprema fijó un plazo de seis meses para que los jueces que instruyen estos procesos les pusieran término. Después el pleno se vio obligado a anular esa decisión por el amplio rechazo que surgió.-Este programa, en un inicio, también se creó para que durara un corto tiempo, pero la historia nos ha demostrado que efectivamente en el derecho penal no se puede poner plazo a los procesos. En el nuevo sistema procesal penal se trabaja con plazos, pero el sistema de investigación es muy distinto. En el sistema procesal penal antiguo, por el que se rigen todas las causas de derechos humanos, no se puede poner plazos de término.
-Entonces, ¿cuáles podrían ser las vías para agilizar estos procesos?
-Personalmente creo que la vía más adecuada para ello es trabajar en conjunto con el Poder Judicial, no contra el Poder Judicial.
-¿De qué manera?
-Como decía, fijando en conjunto líneas de investigación a las cuales aporten también los familiares.
-El problema es que los que cometieron los crímenes con frecuencia mienten y ocultan información, no hablan, aunque algunos colaboran, y eso retrasa los procesos.-El problema de los procesados y querellados se trató en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos (año 2000), se obtuvo alguna información, aunque no lo que muchos hubieran querido. Pero hay todavía mucha información que no se tiene. Por eso, las causas tienen que seguir su curso natural hasta que se sepa toda la verdad y se haga justicia.
-¿Qué opina de lo ocurrido en materia de violaciones de los derechos humanos bajo el mando de Augusto Pinochet?-Prefiero no dar opiniones políticas porque en mi cargo debo mantener la objetividad. Todos tenemos una posición política, nadie puede decir que no la tiene al respecto. No es mi estilo de trabajo ni mi intención. Por eso creo que fue también por lo que me llamaron a cumplir este trabajo, por mi labor como abogada durante todo estos años. En el Ministerio Público, el principio de la objetividad está establecido en la Constitución y en su Ley Orgánica, y eso me sigue en este puesto.
-Pero este programa se creó justamente porque esos delitos ocurrieron…
-Independientemente del contexto político, aquí estamos frente a la comisión de hechos delictivos cometidos por personas y lo que se persigue es la verdad y la justicia.
-Representando a este programa, usted apeló ante la negativa del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, para reabrir el proceso por el homicidio del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por agentes de la DINA. ¿Por qué?-Se apeló porque estaban todos los fundamentos jurídicos para hacerlo. Hoy existen nuevos antecedentes que se han reunido en otra causa que instruye el ministro Alejandro Madrid (relacionada con asociación ilícita y falsificación de instrumento público para buscar que ex agentes que participaron en el crimen se desdigan de sus dichos y falseen sus declaraciones judiciales). Por ello, jurídicamente corresponde solicitar la reapertura de la investigación. Además, como programa sostenemos que los crímenes de lesa humanidad, como el del señor Carmelo Soria, no pueden ser objeto de amnistía.
-¿Seguirá el programa sosteniendo ante los tribunales los principios internacionales en materia de derechos humanos?-Esos principios internacionales son justamente los que han permitido reabrir causas, pelear por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y por lo tanto esas normas establecidas en los diversos tratados internacionales van a seguir siendo el sustento de nuestro trabajo.
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La joven abogada dice enfrentar con entusiasmo el desafío en su nuevo cargo, tan distinto a cuando en el Consejo de Defensa del Estado le tocó participar en la Operación Frontera 2000, relacionada con el tráfico de drogas. Fotos: Paula Farías.
La abogada Rossy Lama es la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sabe que su tarea es difícil porque tratará con materias en las que hay dolor, rabia, odios, y sed de que los que cometieron los crímenes bajo la dictadura paguen por ello. Licenciada en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Valparaíso el 2002, obtuvo su título de abogada ese mismo año.
Uno de los aspectos de su nueva gestión aún no definidos, es la creación de un Comité Asesor externo, que ella sostiene será “pluralista” y no apuntaría a fijar líneas de acción ya establecidas por ley para el Programa, sino aportar al trabajo de la institución. Aquí expone los lineamientos que regirán los pasos de esta institución bajo el nuevo gobierno, sin eludir preguntas.
-¿Cuáles son las prioridades para enfrentar este trabajo en su nuevo cargo?
-Ésas son las políticas que en esta materia se han seguido hasta ahora y que este nuevo gobierno mantiene en cuanto al seguimiento de las causas de derechos humanos abiertas, y el trabajo conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Pero también prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen a ninguna agrupación.
-¿Mantendrá el programa la capacidad de presentar querellas como lo faculta la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos?-Sí, vamos a seguir presentando querellas cuando corresponda en los casos donde aún no están interpuestas. Hay tres abogados del programa revisando los casos de ejecutados políticos, lo que estará listo a fines de abril. Se llegó a un acuerdo con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y trabajaremos en conjunto con ellos.
-Eso es un análisis jurídico en virtud de los antecedentes con los que se cuente en cada caso y la relación que un caso pueda tener con otras causas. Hay muchas causas donde los antecedentes se cruzan, entonces podría haber casos donde no sería necesario presentar una nueva querella, porque ya hay otros procesos donde se cruzan los mismos antecedentes.
-Bajo la Concertación, este programa se opuso en los tribunales a la aplicación de la amnistía y la prescripción de los delitos de lesa humanidad, gracias a la legislación internacional. ¿Se mantendrá ese criterio?-Ese criterio se mantiene intacto, así lo establecen los tratados internacionales y nuestra legislación tiene incorporados esos tratados. Esa seguirá siendo la política institucional de este programa. Lo único que hay que hacer es aplicar el derecho, porque aquí somos todos abogados y tenemos que aplicar el derecho como las leyes lo establecen.
-¿También se opondrán a la media prescripción que viene aplicando la Corte Suprema, que rebaja las penas a tal punto que los acusados puedan cumplir las condenas en su casa con libertad vigilada?-También seguiremos oponiéndonos a ese criterio, porque en este tipo de delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni ningún tipo de prescripción.
-¿Seguirá sosteniendo el programa ante los tribunales que en el caso de los detenidos desaparecidos, el secuestro es un delito de carácter permanente?-El secuestro es un delito de carácter permanente y así seguirá siendo para este programa.
-¿Continuará trabajando con los mismos abogados que conocen los procesos, o vendrán abogados nuevos a hacer esa tarea?-El equipo de abogados se mantiene exactamente igual. No habrá modificaciones, mientras no sea necesario hacerlo. A partir del 1 de abril se incorporó un abogado nuevo, Francisco Ugas, magíster en derechos humanos y que viene del Ministerio Público. Él llegó como jefe del área jurídica para estadísticas con el fin de seguir las resoluciones de las cortes, afianzar fundamentos jurídicos para seguir peleando en contra de la prescripción o la media prescripción, y ver los tratados internacionales que fundamentan esa oposición.
-¿Se mantiene el presupuesto que tenía este programa, o se reducirá?
-El del 2010 ya está establecido por ley, fijado el 2009, no habrá reducción. Incluso, se pidió una suma adicional para ayudar a los familiares de detenidos desaparecidos de Paine, para los gastos de los funerales de esas 22 víctimas cuando los restos sean entregados por el Servicio Médico Legal.
-¿Cómo han sido los encuentros que ha sostenido con las agrupaciones de familiares?
-En más del 90% han sido retroalimentativos. Ellos han presentado sus inquietudes y yo he respondido a cada una de ellas. Han sido bastante receptivos, unos menos que otros, y no ha habido mayor oposición. Pero sé que las confianzas hay que generarlas según vayan siendo los resultados de nuestro trabajo. Voy a viajar desde Arica a Punta Arenas a tomar contacto con las agrupaciones de familiares y con los jueces a cargos de las causas. Pediremos, además, la colaboración de las gobernaciones de regiones para que sus abogados ayuden al seguimiento de las causas, no para que intervengan o actúen en ellas, porque no tenemos presupuesto para tener nuestros propios abogados en todas las ciudades fuera de Santiago.
-Éste es un gobierno de derecha y por ello podría pensarse que este programa cambiaría su línea de acción. Ese temor fue planteado en la campaña presidencial. ¿Qué opina de esto?-Las líneas de acción de este programa están establecidas por ley y eso no puede cambiarse, a no ser que esa ley sea cambiada. Pero no está dentro de la política de este gobierno modificar las tareas de este programa. Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para este programa y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos.
-¿Pueden confiar las víctimas y sus familiares en que este programa continuará la persecución judicial de los delitos de DDHH?-Esa es la finalidad del programa y eso se mantiene inalterable, seguiremos buscando la verdad y la justicia. Eso es, por lo demás lo que todo abogado penalista busca siempre.
-¿Qué experiencia tiene de estos procesos y qué sabe de las violaciones de los DDHH ocurridas bajo la dictadura?-He sido penalista desde que egresé de la universidad, en el Consejo de Defensa del Estado y en el Ministerio Público. También he sido docente por mucho tiempo en materia de derecho procesal y mi fuerte ha sido el derecho procesal penal. Mi conocimiento de las causas de derechos humanos es más bien genérico, pero iré conociéndolas en detalle. Respecto de la represión política, lo tengo desde que nací por las lecturas que mi padre nos hacía de los diarios para mantenernos informadas del mundo en que vivíamos.
-¿Qué opina de que sólo 22 jueces tengan a cargo sobre 300 procesos que se instruyen en el país, de las cuales más del 80 por ciento está en Santiago?-Ése es un resorte del Poder Judicial. Cualquier decisión sobre esto tiene que ser de ese poder.
-Pero vendrán ahora nuevas querellas que ustedes interpondrán, y eso aumentará la carga de trabajo de esos pocos jueces…-No sé cuál irá a ser en ese caso la política del Poder Judicial, pero tendrá que tomar alguna decisión de manera autónoma. Es verdad que hay ministros que tienen muchas causas, pero también en muchas de esas causas los antecedentes se cruzan, porque los hechos ocurrieron en un mismo período, lugar, y grupo de personas, entonces para muchos casos hay una línea de investigación común. Un ministro que lleva años investigando ese tipo de causas tiene absolutamente claro el panorama global de cómo ocurrieron los hechos y la forma cómo actuaron las organizaciones criminales.
-Entonces, incorporar jueces nuevos no sería una solución para acelerar los procesos…
-Exactamente, e incluso podría significar un retroceso en vez de un avance.
-¿Es partidaria de fijar plazo de término a esos procesos, tal como piden algunos?
-No se puede fijar plazo de término a los procesos. Las causas tienen un curso natural. Lo que sí se puede hacer es fijar, en conjunto con el Poder Judicial y las agrupaciones de familiares, líneas de investigación que permitan que los procesos avancen más rápido. Hay mucha información cruzada entre las causas y por ello se pueden establecer procedimientos que sistematicen toda esa información que se cruza, y eso sería una ayuda al Poder Judicial. Pero las diligencias de cada proceso deben seguir un curso natural y no se les puede poner plazo.
-Pero hace unos años, el pleno de la Corte Suprema fijó un plazo de seis meses para que los jueces que instruyen estos procesos les pusieran término. Después el pleno se vio obligado a anular esa decisión por el amplio rechazo que surgió.-Este programa, en un inicio, también se creó para que durara un corto tiempo, pero la historia nos ha demostrado que efectivamente en el derecho penal no se puede poner plazo a los procesos. En el nuevo sistema procesal penal se trabaja con plazos, pero el sistema de investigación es muy distinto. En el sistema procesal penal antiguo, por el que se rigen todas las causas de derechos humanos, no se puede poner plazos de término.
-Entonces, ¿cuáles podrían ser las vías para agilizar estos procesos?
-Personalmente creo que la vía más adecuada para ello es trabajar en conjunto con el Poder Judicial, no contra el Poder Judicial.
-¿De qué manera?
-Como decía, fijando en conjunto líneas de investigación a las cuales aporten también los familiares.
-El problema es que los que cometieron los crímenes con frecuencia mienten y ocultan información, no hablan, aunque algunos colaboran, y eso retrasa los procesos.-El problema de los procesados y querellados se trató en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos (año 2000), se obtuvo alguna información, aunque no lo que muchos hubieran querido. Pero hay todavía mucha información que no se tiene. Por eso, las causas tienen que seguir su curso natural hasta que se sepa toda la verdad y se haga justicia.
-¿Qué opina de lo ocurrido en materia de violaciones de los derechos humanos bajo el mando de Augusto Pinochet?-Prefiero no dar opiniones políticas porque en mi cargo debo mantener la objetividad. Todos tenemos una posición política, nadie puede decir que no la tiene al respecto. No es mi estilo de trabajo ni mi intención. Por eso creo que fue también por lo que me llamaron a cumplir este trabajo, por mi labor como abogada durante todo estos años. En el Ministerio Público, el principio de la objetividad está establecido en la Constitución y en su Ley Orgánica, y eso me sigue en este puesto.
-Pero este programa se creó justamente porque esos delitos ocurrieron…
-Independientemente del contexto político, aquí estamos frente a la comisión de hechos delictivos cometidos por personas y lo que se persigue es la verdad y la justicia.
CASO SORIA: RAZONES DE LA PETICIÓN DE APERTURA
Una de las primeras acciones efectuadas por el Programa de Derechos Humanos al mando de Rossy Lama fue solicitar la reapertura del caso del asesinato del diplomático español Carmelo Soria. Lama explicó a LND las razones que llevaron a esta entidad a persistir en la investigación de esta causa emblemática de derechos humanos, hecho ocurrido a mediados de la década del 70. Incluso, en 1996, la Corte Suprema dictó la amnistía, confirmando una resolución de la justicia militar.-Representando a este programa, usted apeló ante la negativa del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, para reabrir el proceso por el homicidio del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por agentes de la DINA. ¿Por qué?-Se apeló porque estaban todos los fundamentos jurídicos para hacerlo. Hoy existen nuevos antecedentes que se han reunido en otra causa que instruye el ministro Alejandro Madrid (relacionada con asociación ilícita y falsificación de instrumento público para buscar que ex agentes que participaron en el crimen se desdigan de sus dichos y falseen sus declaraciones judiciales). Por ello, jurídicamente corresponde solicitar la reapertura de la investigación. Además, como programa sostenemos que los crímenes de lesa humanidad, como el del señor Carmelo Soria, no pueden ser objeto de amnistía.
-¿Seguirá el programa sosteniendo ante los tribunales los principios internacionales en materia de derechos humanos?-Esos principios internacionales son justamente los que han permitido reabrir causas, pelear por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y por lo tanto esas normas establecidas en los diversos tratados internacionales van a seguir siendo el sustento de nuestro trabajo.
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jueves, 8 de abril de 2010
Caso "Caravana": Niegan indulto presidencial a general (r) Odlanier Mena
El Mercurio
Santiago de Chile
miércoles 7 de abril de 2010
Actualizado a las 6:01 hrs.
Durante el día de ayer, el general (r), Odlanier Mena, recibió la notificación de rechazo por el indulto presidencial que había solicitado al gobierno durante los primeros meses de 2009.
Mena fue condenado a seis años de prisión por el episodio "Arica" de la denominada "Caravana de la Muerte". Está privado de libertad desde enero de 2009 en el Penal Cordillera, ubicado en Peñalolén.
Según cercanos a la causa, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, firmó el pasado 17 de marzo la resolución que negaba la libertad al ex uniformado. Esto a sólo seis días de haber asumido el nuevo gobierno.
El episodio "Arica" del caso "Caravana" se refiere al homicidio de los dirigentes del PS Óscar Ripoll, Julio Valenzuela y Manuel Donoso, en 1973.
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Santiago de Chile
miércoles 7 de abril de 2010
Actualizado a las 6:01 hrs.
Durante el día de ayer, el general (r), Odlanier Mena, recibió la notificación de rechazo por el indulto presidencial que había solicitado al gobierno durante los primeros meses de 2009.
Mena fue condenado a seis años de prisión por el episodio "Arica" de la denominada "Caravana de la Muerte". Está privado de libertad desde enero de 2009 en el Penal Cordillera, ubicado en Peñalolén.
Según cercanos a la causa, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, firmó el pasado 17 de marzo la resolución que negaba la libertad al ex uniformado. Esto a sólo seis días de haber asumido el nuevo gobierno.
El episodio "Arica" del caso "Caravana" se refiere al homicidio de los dirigentes del PS Óscar Ripoll, Julio Valenzuela y Manuel Donoso, en 1973.
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posted by Angélica Palleras | 5:09 PM
viernes, 4 de diciembre de 2009
Boletín / octubre - Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile
. 1º pagina 30 de Octubre: Día Nacional del Ejecutado Político
A pesar de que desde el mismo 11 de septiembre de 1973 hubo una política de terrorismo de Estado, que asesinó a chilenos y chilenas, por largos 17 años de dictadura militar; desde el mes de octubre del 1973 se empezó a eliminar en forma sistemática, planificada, selectiva y masiva a nivel nacional.
Los primeros días de octubre del año 1973 llegó - acompañado por una comitiva de diez oficiales del Ejército, Sergio Arellano Stark- la que recorrió desde el sur hasta el norte del país entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1973.
El paso del helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército con su comitiva a bordo dejó a 26 personas muertas en el sur y otras 71 en las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, y Calama al norte del país.
En tanto, la comitiva de Sergio Arellano Stark estableció lo que fue el marco fundacional de la dictadura, al implantar el terror en la población. Además de la secuela de prisioneros ejecutados sumariamente, los militares ejercieron especial brutalidad, en muchos casos, despedazando con corvos a los prisioneros antes de fusilarlos.
Esto nos lleva a decidir que el 30 de Octubre es la fecha en la que se debe instaurar el Día Nacional del Ejecutado Político, como homenaje, reparación social y política. Esta fecha marcó a sangre la historia de horror y terror que vivieron miles de familias a lo largo de nuestro país, por eso esta es una demanda y una deuda moral con las victimas.
Queremos en homenaje a la memoria de los miles de asesinados por la Dictadura, que el día nacional quede en la historia, por los que entregaron su vida por la lucha, generosidad y amor por un proyecto de una patria socialista.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos seguirá luchando por lograr que este día se instaure oficialmente. Para eso, sólo basta la voluntad política desde el Gobierno para realizarlo. Por esto no nos quedaremos tranquilos hasta lograr que este día sea dedicado en todo el país para recordar a nuestros familiares, su vida y su lucha.
Octubre es un mes de aire primaveral que a veces nos ayuda a respirar con un poco de consuelo por esta pérdida irreparable de vidas tan queridas, que fueron arrebatadas con tanto odio, saña y venganza, a manos de quienes vieron en peligro sus mezquinos intereses.

¡¡¡ CREÍAN EN EL SOCIALISMO Y SEGUIRÁN CON NOSOTROS
MIENTRAS LA LUCHA DE ELLOS SEA LA NUESTRA!!!
MIENTRAS LA LUCHA DE ELLOS SEA LA NUESTRA!!!
“VERDAD TOTAL JUSTICIA PLENA”
“IMPUNIDAD JAMAS”
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Estadio Víctor Jara fue declarado Monumento Nacional 2º pagina
El miércoles 14 de Octubre de 2009 a las 15:4
9 el Consejo de Monumentos Nacionales declaró Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico el Estadio Víctor Jara.
En la sesión, los Consejeros escucharon la presentación de Gloria Konig, Directora Ejecutiva de la Fundación Víctor Jara, quien entregó la fundamentación del expediente técnico para solicitar la declaratoria de monumento nacional. En la ocasión fue acompañada por Joan Jara, Presidenta de la Fundación Víctor Jara, Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Osiel Nuñez, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado en 1973, Jorge Coulon, Director de Inti Illimani y Rosario Carvajal, Presidenta de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales de Chile. Entre las autoridades se hizo presente el Concejal de Santiago, Isamel Calderón. Junto a ellos, cerca de 60 personas de diversas organizaciones de derechos humanos, del Barrio Yungay, Las Canteras de Colina, Barrio Matta Sur y Providencia esperaron la votación en las puertas del Consejo de Monumentos.
Al salir de la exposición, y pasados pocos minutos fue comunicada la votación del Consejo: por unanimidad fue aprobada la declaración de Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico del Estadio Víctor Jara.
Frente a ello la alegría desbordó a los asistentes que entre abrazos, lágrimas y emoción, festejaron este momento histórico para el país. La memoria es parte del futuro. El mejor homenaje que le rendimos a todos quienes sufrieron la tortura, la persecución, la muerte y la desaparición forzada ha sido proteger este estadio para las futuras generaciones, transformándolo en un espacio de memoria viva, en un espacio para la creación popular chilena. La vida debe inundar este espacio de dolor y brutalidad develando las huellas del horror sufrido para que la cultura de la impunidad no se instaure en nuestra sociedad. La memoria es parte de la justicia y de la reparación para las víctimas y sus familiares, pero también es parte de la sanción de nuestra sociedad, de la construcción democrática sobre bases sólidas que permitan instaurar la cultura del “nunca mas” en Chile.
Proteger este patrimonio histórico significativo de nuestro país es una responsabilidad que tiene que ver con las nuevas generaciones en un sentido material como espacio físico, pero también respecto de la profunda importancia inmaterial de la historia social de Chile. Esta declaratoria es una gran oportunidad para que las políticas públicas de nuestro país impulsen de forma decidida la entrega de recursos y gestiones que permitan preservar y desarrollar nuestro patrimonio cultural.
Saludamos a las miles de personas que contribuyeron con su apoyo para lograr que el Estadio Víctor Jara desde hoy sea Monumento Nacional. Nuestro llamado es a fortalecer este espacio para la cultura, el deporte, la recreación, en definitiva, el Estadio Víctor Jara para la memoria viva de nuestro país.
FUENTE: Fundación Víctor Jara

3º pagina
Nuevo fallo de la Corte Suprema, que avergüenza al país y que se deja impune los crímenes de la dictadura
El reciente fallo que deja sin castigo a los asesinos de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, así como diversas otras sentencias en materia de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Chile, que en el último año se han hecho eco de las tésis sobre media prescripción, o que simplemente han absuelto por prescripción delitos imprescriptibles, confirman de modo indudable que en nuestro país está en desarrollo una política de Estado encaminada a consagrar una forma de impunidad inaceptable.
Se trata de la nueva estrategia de los poderes fácticos que, ante el repudio de la comunidad internacional por los primeros intentos de impunidad absoluta, hoy la imponen de modo encubierto. Los procesos siguen un curso aparentemente normal, con matices y diferencias, pero es finalmente el más alto tribunal de la república el que se encarga de decretar la impunidad, disfrazada de sentencia benigna. Es más, hay quienes sostienen que éste es “el camino que conduce a la reconciliación”. Es decir, investigar los crímenes, determinar culpables, pero luego aplicarles penas mínimas o derechamente absolverlos. De ese modo los familiares de las víctimas sabrían quienes son los autores de los delitos pero los miembros de las Fuerzas Armadas que los cometieron no irían a la cárcel.
Esa no sólo es una tremenda injusticia, sino una inmoralidad que ofende la conciencia de la sociedad chilena. Lo que el país necesita es Verdad y Justicia y Justicia real, penas apropiadas a la magnitud de los delitos cometidos. La impunidad deja la puerta abierta a la repetición de crímenes contra la Humanidad como los perpetrados por la dictadura militar de Pinochet., y la gravedad de lo que está sucediendo hace indispensable que todos los estamentos del Estado, es decir el gobierno, el parlamento y los tribunales, asuman sus responsabilidades y se ponga fin a esta mascarada de justicia. No hacerlo ahora puede ser de consecuencias imprevisibles mañana,
Eduardo Contreras
Abogado de DDHH
Exigimos!!!
- Anulación del decreto ley de amnistía.
- Modificación del artículo 93 del Código Penal.
- Ratificación de los tratados Internacionales sobre DDHH
- Incorporación a los programas educativos a todo nivel de la asignatura de DDHH
- El termino de la ley del secreto de los 50 años emanado del informe Prisión Política y Tortura para los torturadores (ley de Ricardo Lagos)
- Fin a la ley Antiterrorista.
- Que los tribunales restrinjan su competencia a las materias propias de sus instituciones.
- Solución a los casos sin convicción, por no tener elementos suficientes para acreditar el hecho.
- Instaurar el Día Nacional del Ejecutado Político.
- Cambio de la constitución del año 1980.
Verdad, Justicia y Memoria
4º pagina
“Hasta Cuando”
La FIDH y CODEPU llaman al gobierno chileno a poner fin a la violencia policial contra las comunidades indígenas
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), organización miembro de la FIDH en Chile, manifiestan su preocupación frente a la continuación de los actos de violencia de la policía en comunidades mapuche, principalmente en contra de niños, como lo ocurrido en la comunidad de Temucuicui el pasado 16 de octubre.
La FIDH y CODEPU llaman a que estos hechos sean investigados y que sus autores sean juzgados y sancionados penalmente. Aún si en algunas ocasiones, los policías responsables de actos de violencia y malos tratos han sido objeto de sanciones administrativas, éstas no son suficientes para actos que revisten esta gravedad.
Frente a esta situación de uso excesivo de la fuerza que, de manera reiterada, se aplica contra las comunidades indígenas, la FIDH llama a gobierno chileno a cumplir con sus obligaciones internacionales. Recordemos que el pasado mes de mayo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, expresó su preocupación por las numerosas denuncias de abusos de agentes policiales contra comunidades Mapuche.
CODEPU y la FIDH respaldan las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y llaman, una vez más, a que cese el maltrato al que es sometido constantemente, el pueblo Mapuche por parte de las fuerzas de seguridad del Estado chileno. La reciente ratificación del Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales no debe quedarse a nivel de un acto simbólico: Chile tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas que viven en su territorio.
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martes, 15 de septiembre de 2009
Ex DINA no procesados, eliminados de lista a honorarios del Ejército
/ La Nación
Dos ex agentes DINA que no están procesados por violaciones de los derechos humanos pero que se mantenían en la lista de funcionarios a honorarios del Ejército percibiendo sueldos mensuales por prestaciones de servicios fueron eliminados de esta nómina.
Se trata del coronel (R) de Ejército que fue ayudante del ex jefe de esa asociación ilícita Manuel Contreras, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, y del médico cardiólogo Sergio Pliscoff Marcovick.
Dado que el Ejército informó al ministro de Defensa Francisco Vidal y a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que de todas las listas de funcionarios de planta, a contrata y honorarios, no existía ningún ex agente DINA que no se encontrara encausado por delitos de lesa humanidad, La Nación consultó a esa institución por qué Acevedo y Pliscoff fueron borrados de la lista a honorarios si sobre ellos no pesaba un auto de procesamiento.
La respuesta del Departamento Comunicacional del Ejército fue que “los motivos de sacar de la lista de funcionarios a honorarios del Ejército a los señores Hugo Acevedo Godoy y Sergio Pliscoff Marcovick, se debió a que ambos presentaron la renuncia voluntaria a la institución”.
De esta manera, suman doce los ex agentes y miembros de esa rama castrense que no pertenecieron a los servicios represivos, que dejarán de seguir recibiendo pagos mensuales en calidad de recontratados.
De ellos, diez están procesados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.
Hay otros tres ex agentes de la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que si bien están procesados por este tipo de delitos, aún permanecen en servicio activo. A éstos el Ejército no les cursó la baja y los mantuvo en servicio, hasta que en su contra exista una sentencia condenatoria de primera instancia.
El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías, mientras que Pliscoff percibía $532.864 al mes trabajando en el Centro Médico Militar Santiago Centro.
Acevedo fue uno de los seis ex agentes que La Nación Domingo presentó en el reportaje “La DINA a honorarios” publicado el pasado 30 de agosto.
Pliscoff operó en la década de los setenta en las clínicas en que la DINA asesinó prisioneros, y luego fue médico de la CNI operando hasta fines 1989 en los centros clínicos heredados de su antecesora. Después, el Ejército lo recontrató para seguir trabajando en la institución.
QUEDAN ALGUNOS
En la nómina a honorarios continúan los ex agentes de la CNI y DINE, coronel (R) Pedro Pablo Bustos Valderrama y Adolfo Born Pineda, respectivamente. Bustos, ex agregado militar ante Naciones Unidas, recibe $1.341.205 mensuales por asesorías, y Born $873.018 como “analista en seguridad”.
Born, ex jefe de seguridad de Copesa, fue condenado en mayo de 2003 a cinco años como autor del secuestro y desaparición en 1978 del agente DINE Guillermo Jorquera.
En 2007 la Corte de Santiago elevó la condena a seis años, pero en 2008 la Sala Penal de la Corte Suprema lo absolvió, a pesar de las múltiples pruebas en su contra.
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Martes 15 de septiembre de 2009 | | País
El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías.
Se trata del coronel (R) de Ejército que fue ayudante del ex jefe de esa asociación ilícita Manuel Contreras, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, y del médico cardiólogo Sergio Pliscoff Marcovick.
Dado que el Ejército informó al ministro de Defensa Francisco Vidal y a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que de todas las listas de funcionarios de planta, a contrata y honorarios, no existía ningún ex agente DINA que no se encontrara encausado por delitos de lesa humanidad, La Nación consultó a esa institución por qué Acevedo y Pliscoff fueron borrados de la lista a honorarios si sobre ellos no pesaba un auto de procesamiento.
La respuesta del Departamento Comunicacional del Ejército fue que “los motivos de sacar de la lista de funcionarios a honorarios del Ejército a los señores Hugo Acevedo Godoy y Sergio Pliscoff Marcovick, se debió a que ambos presentaron la renuncia voluntaria a la institución”.
De esta manera, suman doce los ex agentes y miembros de esa rama castrense que no pertenecieron a los servicios represivos, que dejarán de seguir recibiendo pagos mensuales en calidad de recontratados.
De ellos, diez están procesados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.
Hay otros tres ex agentes de la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que si bien están procesados por este tipo de delitos, aún permanecen en servicio activo. A éstos el Ejército no les cursó la baja y los mantuvo en servicio, hasta que en su contra exista una sentencia condenatoria de primera instancia.
El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías, mientras que Pliscoff percibía $532.864 al mes trabajando en el Centro Médico Militar Santiago Centro.
Acevedo fue uno de los seis ex agentes que La Nación Domingo presentó en el reportaje “La DINA a honorarios” publicado el pasado 30 de agosto.
Pliscoff operó en la década de los setenta en las clínicas en que la DINA asesinó prisioneros, y luego fue médico de la CNI operando hasta fines 1989 en los centros clínicos heredados de su antecesora. Después, el Ejército lo recontrató para seguir trabajando en la institución.
QUEDAN ALGUNOS
En la nómina a honorarios continúan los ex agentes de la CNI y DINE, coronel (R) Pedro Pablo Bustos Valderrama y Adolfo Born Pineda, respectivamente. Bustos, ex agregado militar ante Naciones Unidas, recibe $1.341.205 mensuales por asesorías, y Born $873.018 como “analista en seguridad”.
Born, ex jefe de seguridad de Copesa, fue condenado en mayo de 2003 a cinco años como autor del secuestro y desaparición en 1978 del agente DINE Guillermo Jorquera.
En 2007 la Corte de Santiago elevó la condena a seis años, pero en 2008 la Sala Penal de la Corte Suprema lo absolvió, a pesar de las múltiples pruebas en su contra.
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lunes, 7 de septiembre de 2009
Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes procesados
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jueves, 3 de septiembre de 2009
El giro del juez que dictó el mayor procesamiento en derechos humanos
Pese a cuestionamientos por aplicar amnistía a Arellano Stark, el ministro Montiglio sorprendió con avance logrado en los casos.
La Tercera
por Andrés López - 03/09/2009 - 07:09
Un escenario que hace cinco años era impensable para las agrupaciones y los abogados de DD.HH. que fueron los principales detractores de que Montiglio heredara las causas que investigó el retirado juez Juan Guzmán Tapia, ya que tenía fama de ser cercano a la derecha y era abierto partidario de la aplicación de la Ley de Amnistía.
En junio de 2005 absolvió a la cúpula de la Dina por el crimen de la militante MIR Diana Aron, desechando la tesis del secuestro permanente.
El PC y el PPD amenazaron con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sacarlo de los casos. Pero la molestia fue mayor cuando el 2006 resolvió absolver al general (R) Sergio Arellano Stark en uno de los episodios del caso Caravana de la Muerte.
Sin embargo, con el avance de las investigaciones las organizaciones de DD.HH. comenzaron a observar con otros ojos la labor del magistrado.
Reconocido como un juez discreto y acucioso, fue avanzando rápidamente en las causas que estaban trabadas desde hace años en las manos de Guzmán. Montiglio comenzó a dictar procesamientos y realizar diligencias inéditas, como carear a Augusto Pinochet con el jefe de la Dina, Manuel Contreras.
Pero su mayor golpe lo dio al descubrir el 2007 el cuartel que el organismo represor tenía en la calle Simón Bolívar. Según sus cercanos, este episodio lo marcó en lo personal y significó un punto de inflexión en su carrera.
Su trabajo lo ha convertido en uno de los ministros mejor evaluados de la corte. Es de los primeros que llegan al palacio y suele trabajarhasta después de las 18.00 y algunos sábados en sus dos oficinas, donde tiene un registro personal escrito a mano de todas sus investigaciones.
En julio fue designado inte-grante de la quina para reemplazar al juez Ricardo Gálvez en la Corte Suprema.
Según el abogado de DD.HH Hugo Gutiérrez, "es un juez que investiga muy bien y ha tenido la agudeza para identificar a los culpables. Pienso que sería un buen ministro de la Suprema". Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, "es un excelente juez, pero aún tenemos que esperar que dicte las condenas".
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