viernes, 27 de febrero de 2015

Amnistía Internacional le tira las orejas a Chile por no derogar Ley de Amnistía. Todas las miradas van hacia el Senado

26/02/2015 |
Por Equipo Cambio21
Ante las críticas de Amnistía Internacional y de la Cámara Baja, desde el Senado aseguraron que durante marzo se avanzará en esta materia. Diputado Jiménez: "Falta que el Gobierno insista con la urgencia, lo que obligaría el Senado a que haga de forma expedita el debate".
La eliminación de la Ley de Amnistía fue una de las principales promesas electorales de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet durante 2013. Ya instalada en La Moneda, la Mandataria le puso "suma urgencia" a la iniciativa, específicamente en septiembre de 2014, fecha recordatoria del golpe de Estado de 1973.

Sin embargo, producto de lo recargado de la agenda legislativa el tema quedó anclado en el "sueño de los justos" y "anclada en el Parlamento sin avanzar", como alegan en Amnistía Internacional, entidad que instó al Gobierno de la Nueva Mayoría a apurar la derogación de la ley, que como se sabe fue dictada en el régimen de Augusto Pinochet en 1978.

"Hacemos un llamado para que la anulación de la amnistía sea trabajada con la mayor celeridad posible", declaró el director de la organización en Chile, Roberto Morales, quien presentó en Santiago el capítulo chileno del informe anual sobre "La situación de los derechos humanos en el mundo".

Cabe recordar que el Decreto Ley 2.191 del 10 de marzo de 1978 exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos y violaciones a los DD.HH. El texto fue redactado por la entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga, en la foto, y les concede "a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas".

En el recorrido de esta legislación se cuenta una moción presentada el 21 de abril de 2006 (al inicio del primer Gobierno de Michelle Bachelet) por los senadores Guido Girardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Alejandro Navarro (PS hoy del MAS) que planteaba la derogación.

Más adelante, en 2010, fue archivada, decisión que fue revertida el 28 de enero de 2014 (gestión de Sebastián Piñera) por determinación de la sala.

¿No están los votos?


"No entiendo por qué ha sido tan difícil eliminar una ley que fue decretada por un propio Gobierno", dice el diputado e integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Tucapel Jiménez (PPD).

En diálogo con Cambio21, el parlamentario expresó que "la ley partió ilegítima porque vino de un Gobierno que cometió los ilícitos y que después hace una ley de autoamnistía para salvarse. Nos ha costado muchos años eliminarla. Recuerdo que con Juan Bustos (fallecido) presentamos un proyecto que reinterpretaba el artículo 93, que en el fondo terminaba con la amnistía. Por eso que es atendible que vengan estos consejos internacionales para terminar con esta legislación".

"Chile tiene que ponerse a la altura y hacer todos los esfuerzos. Así lo expresó el Gobierno en septiembre pasado, por lo que esperamos que el Senado reaccione y pueda terminar de una vez por todas empezar la discusión de este proyecto y aprobarlo que es lo más importante", remarcó.

A juicio del dirigente, "espero" que estén todos los votos. "Nunca se sabe. Aquí en política aprendí a responder por mí y por mis votos. Uno de repente dice: acá están y después no aparecen. Lo que sí entiendo es que la derecha siempre se ha opuesto a esta eliminación, pero creo que hoy día debiéramos tener mayoría. En la Cámara la tuvimos y en el Senado también deberían estar los votos".

A favor el oficialismo tiene que los senadores ex RN Lily Pérez y Antonio Horvath "han estado por aprobar la eliminación de la amnistía", por lo que "deberíamos tener los votos, aunque hay que esperar el fin del conteo, pero debieran estar. Falta, eso sí, que el Gobierno insista con la urgencia, lo que obligaría el Senado a que haga de forma expedita el debate", concluyó.

Marzo es cuándo

Ante la crítica declaración de Amnistía Internacional y del diputado Jiménez, el senador y miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros (PS), aseguró a este medio que "avanzar en la eliminación de la ley de amnistía es excelente".

"Todo lo que tenga que ver con temas que ayuden a los derechos humanos hay que estudiarlo. Y en ese sentido, el compromiso escencial es comenzar a verlo en marzo", agregó.

En su defensa, el ex alcalde indicó que durante 2014 "hubo otros proyectos" que coparon la agenda, "como el acuerdo de vida en pareja (futuro AUC), el cambio de sistema electoral, entre otros" y que a contar de marzo "lo veremos... que no le queda duda", anticipó.
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miércoles, 25 de febrero de 2015

"Caravana de la Muerte": Abogados analizaron la detención de Santiago Sinclair



06 de febrero, 2015 19:02

Aquí link
http://www.cnnchile.com/noticia/2015/02/06/caravana-de-la-muerte-abogados-analizaron-la-detencion-de-santiago-sinclair-

El ex general de 87 años permanece en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército. 
El general en retiro del Ejército y ex miembro de la Junta Militar, Santiago Sinclair, fue detenido por su participación en el homicidio de 12 personas en el paso de la "Caravana de la muerte" por Valdivia. Junto a él, Juan Michelsen, José Feliú y Mario Manterola también fueron privados de libertad.
Para analizar las aristas y la importancia de estas detenciones, conversaron en CNN Chile Rodrigo Lledójefe del área jurídica del programa de DD.HH. del Ministerio del Interior y el abogado de la causa, Tomás Pascual

Lledó aseguró comprender que "estamos en otros tiempos", por lo mismo especificó que "es el momento de determinar con condenas en los casos que corresponda y nos hemos empeñado en perseguir la responsabilidad penal, sin perseguir a nadie en particular, pero tampoco sin hacerle el quite a nadie", agregando que todos deben comparecer ante la justicia. 
A su vez, Pascual precisó en la situación actual de los procesados, los que se encuentran en prisión preventiva a la espera de que se verifique la libertad solicitada a la Corte de Apelaciones. "Iremos a todas las instancias procesales pertinentes a objeto de oponernos a la libertad de estos sujetos", para obtener verdad de justicia y obtener sentencias condenatorias.
Más detalles del caso, en la entrevista. 

sábado, 21 de febrero de 2015

General (r) Santiago Sinclair fue detenido como autor de crímenes de la Caravana de la Muerte en Valdivia

El ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex senador designado, de 87 años de edad, quedó privado de libertad en el Comando de Telecomunicaciones de la institución en Peñalolén junto a otros ex uniformados por el asesinato de 12 agricultores durante el paso de la comitiva militar por Valdivia, en octubre de 1973.

 6 de febrero de 2015
Detenido por su participación en los crímenes de la “Caravana de la Muerte” durante su paso por Valdivia, en octubre de 1973, quedó el jueves último el octogenario general en retiro del Ejército y ex senador designado Santiago Sinclair, informó este viernes Radio Cooperativa.
De acuerdo a la emisora, junto al también ex vicecomandante en jefe del Ejército fueron aprehendidos, en calidad de autores de los delitos cometidos por la comitiva militar, lo ex uniformados Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido, mientras que quedó pendiente el arresto de Hugo Guerra Jorquera.
Todos ellos ingresaron a dependencias del Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén. Sinclair, quien el 29 de diciembre pasado cumplió 87 años, fue procesado por la ministra en visita Patricia González por la muerte de 12 agricultores. La magistrada estableció que los crímenes fueron planeados por él, por el general (r) Sergio Arellano Stark, quien fue declarado inimputable por demencia, y por el fallecido ex comandante de la IV División de Ejército Héctor Bravo.


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miércoles, 18 de febrero de 2015

Caravana de la Muerte: Los crímenes que terminaron hundiendo a Pinochet

05/10/2014 |
Por Mario López Moya
Cambio 21

Hace justo 41 años, Chile se remeció por el paso de una comitiva militar que recorrió el país, “por orden presidencial”, con la supuesta misión de uniformar criterios en los Consejos de Guerra. En realidad, la orden era otra: intimidar al país, exterminar opositores y advertir a los propios militares que no se aceptarían “debilidades ante el enemigo”.
Encabezaba el pequeño pero letal contingente, el general Sergio Arellano Stark, quien pocos días antes, había lanzado por la prensa una advertencia a "aquellos que pretenden, con o sin intención, crear algunos conflictos artificiales (...) estamos en condiciones de reprimir, con el máximo de energía"...

No era una bravata más, la amenaza sería cumplida de manera brutal, dando muerte de manera horrorosa a más de 75 compatriotas. Con corvo y fusil, llevaron a cabo la "delegación de Pinochet".

El "delegado"

En la causa criminal 2182-1998, se logró determinar que Arellano Stark iba sin una nómina previa de ejecuciones, pero con objetivos claros. Se había detectado que algunas autoridades de regiones del nuevo régimen, no habían aplicado mano dura con los opositores. Eso había irritado al dictador, quien pocos días antes había lanzado una intimidante frase, que La Tercera llevaría como portada: "No habrá piedad con extremistas."

Era "riesgoso" mostrar mano blanda, había que dejar claro que se había tomado el poder para mantenerlo y quién lo ejercía, sin contrapesos ni dudas. Arellano Stark entendió la misión y la aplicó a cabalidad. Había sido designado "Oficial delegado" por el presidente de la Junta de Gobierno y comandante en jefe del Ejército. Ese cargo le permitía tener supremacía y mando incluso sobre generales de mayor antigüedad. Era el propio Pinochet quien actuaba directamente a través de Arellano.

En el juicio, Arellano declara: en Septiembre de 1973 "yo recibí un documento de parte del Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto Pinochet Ugarte, en que me nombraba su Delegado para viajar a varias ciudades del país, a fin de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales, de gobierno interior y de procedimientos judiciales".

Las instrucciones

Según Arellano, las instrucciones sobre procedimientos judiciales eran "que todos los procesados tuvieran adecuada defensa y que recurriera a los Colegios de Abogados en las ciudades donde existieran a fin de entregar a ellos esta responsabilidad". Si así fue, ¿por qué se llevó a los prisioneros a lugares apartados para degollarlos y luego fusilarlos? ¿Por qué se ocultaron los restos, algunos no pudiendo ser ubicados hasta hoy? A la luz de los hechos indiscutidos que hoy todo Chile conoce, tales declaraciones no merecen siquiera ser consideradas.

El documento cuenta con firma y el timbre del Ejército. En virtud de la delegación y en nombre del comandante en Jefe, Arellano ejerció el pleno de la jurisdicción militar en las fuerzas de su mando, agregando que "en uso de esta jurisdicción podría, entre otras facultades, decretar el enjuiciamiento por los Fiscales de todos aquellos individuos a quienes estimare responsables de delito, ordenar la formación de los Consejos de Guerra que deban juzgarlos, aprobar, revocar o modificar las sentencias que éstos pronunciaren y decretar el cumplimiento de toda sentencia". Claro que nada de esto fue legal.

Ejecuciones sumarias

Arellano no estaba para perder tiempo en juicios engorrosos, la verdadera misión era otra y procedió a determinar "a dedo" a quién se ejecutaría en cada localidad en que los helicópteros Puma del Ejército se posaban. No existe relación alguna en los 75 casos en que se ejecutó sumariamente a una persona por la Caravana de la Muerte, con delitos determinados. Tampoco con penas producidas en un debido proceso.

En cada caso se confeccionó una lista por Arellano que los miembros de la comitiva junto a oficiales y militares de esos lugares se encargaban de ejecutar. En muchos casos nunca existió un juicio, en otros, ya habían condenas que no fueron respetadas e incluso, en muchos se dictó la condena después de ejecutada la persona.

Generalmente Arellano obtuvo de las autoridades militares locales plena "colaboración" y participación en los crímenes, llegando incluso a disparar los oficiales locales los "tiros de gracia" tras las ejecuciones. También civiles participaron de los festines de sangre.

Pocos se opusieron

Aquellos militares que se opusieron a estos abusos, sufrieron en carne propia el peso del poder omnímodo de Pinochet. Algunos, como en el caso del mayor Fernando Reveco Valenzuela, quien fuera fiscal militar en Calama y que se opusiera a Arellano, fue detenido, acusado de incumplimiento de deberes militares por la "blandura" de las penas impuestas. Se le llevó a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, se le golpeó y torturó intensamente. Permaneció preso cerca de dos años.

Su testimonio es desgarrador, como el de tantos que sufrieron la ferocidad de la tortura. Fue citado a Santiago donde se le informó de una denuncia en su contra, de allí fue conducido al Regimiento Blindados Nº 2. Un capitán de apellido Zara, le dijo: "Usted tuvo suerte, mi mayor, porque todos los que trajeron anoche fueron fusilados esta mañana".

Luego Reveco fue llevado de la Academia de Guerra Aérea donde debió estar de pie varias horas. "Me desnudaron y amarraron los pies y manos a unos tablones en forma de cruz. Sólo conservé los zapatos y la capucha. Una voz preguntó qué clase de contactos había tenido con un señor Lazo del Banco del Estado. Era la primera vez que escuchaba ese nombre. Cuando lo dije sentí un dolor espantoso en los testículos. Me habían aplicado electricidad".

Lo mojaron con un paño y volvieron a aplicarle corriente. "Y así, por largas horas, mientras los torturadores hablaban entre ellos en voz baja. Creo que eran oficiales tal vez muy jóvenes. Me preguntaban sobre gente del MIR o del Partido Comunista que yo habría contactado. Sentía tanto dolor, que si hubiera tenido contacto alguna vez con ellos, lo habría confesado", señaló el exmilitar.

El mensaje era claro

No fue el único que sufrió las consecuencias. En Talca, el teniente coronel que ejercía el mando durante el Estado de Sitio, Efraín Jaña Girón, fue personalmente destituido por Arellano por no haber ordenado el fusilamiento del ex Intendente de la UP. También se negó a formar parte del Consejo de Guerra que ordenó la ejecución de Germán Castro. Jaña fue detenido y se le instruyó un Consejo de Guerra dirigido por el propio Arellano. Jaña fue condenado, estuvo preso 3 años y luego sería exiliado.

En el norte del país otros fueron aún más lejos, como el general (r) Joaquín Lagos Osorio, comandante en jefe de la Primera División de Ejército en 1973. En su jurisdicción la Caravana de la Muerte asesinó y masacró a decenas de presos políticos. Lagos relató así en el juicio criminal, los hechos: "Una vez que Arellano llegó a mi jurisdicción, le pidió al jefe de Estado Mayor de la División que ordenara al auditor de la División, teniente coronel y abogado Marcos Herrera Aracena, que le mostrara los sumarios fallados y los que estaban en tramitación, para que vieran en conjunto y en forma práctica los nuevos procedimientos que traía".

No hubo procedimientos, solo ejecuciones sumarias. Lagos declaró que "cuando se enteró del fusilamiento de 14 detenidos que estaban en proceso, le enrostró a Arellano la criminal actitud y que éste le dijo que él respondía a Pïnochet, sacando en seguida el documento que portaba consigo y en el cual el comandante en Jefe del Ejército le nombraba Oficial Delegado para revisar y acelerar los procesos (...) desde que ingresó a Copiapó, firmó sentencias de muerte sin mediar información al Juez Militar y Jefe de la Zona en Estado de Sitio", aseguró el general (r).

"Cortar de raíz"

En el expediente consta la declaración del auditor y teniente coronel Marcos Herrera, quien señala que no estaba en situación de representar ilegalidades y que guardó silencio en relación con la actuación de Arellano. El mismo Arellano le dijo que "el general Pinochet quería cortar de una vez por todas los juicios", confesó Herrera.

Joaquín Lagos, declaró que "el 19 de Octubre de 1973 se enteró por el jefe de Relaciones Públicas de la División, mayor Manuel Matta, que en la noche anterior la comitiva del general Arellano, encontrándose en Antofagasta, sacó del lugar de reclusión a 14 detenidos que se encontraban con procesos pendientes, los llevó a la quebrada El Way y los mataron con ráfagas de metralletas y fusiles de repetición".

Expuso asimismo Lagos que experimentó "una gran indignación por los crímenes cometidos a sus espaldas y en su jurisdicción. Al día siguiente, al regresar Arellano y su comitiva desde Calama, le enrostré su criminal actitud". Lagos se dio cuenta que debía informar de los hechos a Pinochet. Se reunió con él y le informó de todo lo sucedido en Antofagasta y en Calama. Agrega el general Lagos que el general Pinochet le dijo "que nunca había siquiera pensado que el general Arellano iba a proceder así", añadiéndole que por sus medios "tratara de superar, ante la opinión pública, la grave situación producida".

Arellano desmiente

Al final de la reunión el general Pinochet le pidió un teléfono para llamar al general Arellano a Iquique. No lo ubicó, pero a la persona que lo atendió le dejó el siguiente encargo: "que el general Arellano no haga absolutamente nada y que regrese mañana a primera hora a Santiago y llegando, que vaya a hablar conmigo".

Eso jamás aconteció. Lo señala el mismo Arellano mediante carta que dirigió el 16 de Julio de 1978 al general Pinochet y cuyo texto está agregado a fojas 2941: "Tú no me ordenaste volver de Antofagasta y la mejor prueba es que seguí al norte, pernoctando en Iquique y Arica, en casa de los generales Forestier y Mena...".

Continúa declarando el general Lagos que el 31 de Octubre de 1973 recibió un télex del Comando de las Fuerzas Armadas que le solicitaba información sobre el número y la nómina de los ejecutados en su jurisdicción. Hizo una relación respecto de aquellos ejecutados en Copiapó, en Calama y en Antofagasta, por orden del Delegado del comandante en Jefe del Ejército, agregando que lo hizo para precisar con claridad las responsabilidades de cada uno.

Por orden de Pinochet

En esa nota que Lagos entregó a Pinochet, se consignaban los crímenes y se señalaba que Arellano actuaba "por orden del Comandante en Jefe", o sea, Pinochet. Eso puso irascible al dictador, quien le ordenó rehacer la relación de personas ejecutadas, sin señalar lo actuado por Arellano y haciendo sólo un listado general.

Así lo declaró Lagos en el expediente: "Acto seguido, se me devolvió la relación de personas ejecutadas, indicándome que las rayas y palabras escritas en ella habían sido hechas, en forma manuscrita, por el propio Comandante en Jefe del Ejército". Al día siguiente cumplió la orden y un funcionario rehizo el documento. Lagos guardaría ese papel y lo entregaría al juez Víctor Montiglio. Sería determinante esa circunstancia para desaforar más tarde a Pinochet.

La sentencia del desafuero concluye: "El cambio en la relación de personas ejecutadas (fue) ordenado con el propósito de no dejar constancia documental de las ejecuciones provenientes de la misión de Arellano. Si al Comandante en Jefe del Ejército le hubiere merecido reproche lo actuado por Arellano, resultaría totalmente incomprensible que el 2/12/1973, antes de haber transcurrido dos meses de los luctuosos sucesos, asumiera como Comandante en Jefe de la 2ª División del Ejército, cargo importantísimo que requería, sin lugar a dudas, la aceptación del Comandante en Jefe del Ejército", indica la sentencia.

La comitiva criminal

El propio Arellano señaló en la causa quienes integraban la comitiva a sus órdenes: Oficiales de Ejército: teniente coronel Sergio Arredondo González, mayor Pedro Espinoza Bravo, mayor Marcelo Moren Brito, teniente Armando Fernández Larios y el ayudante del general Arellano, teniente Juan Chiminelli Fullerton. Conducían el helicóptero que transportaba a la comitiva, los capitanes de Ejército Antonio Palomo y Sergio de la Mahotier González.

El orden de los sitios "visitados" por la comitiva fueron Valdivia, Concepción, Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama. Los crímenes fueron acreditados y casi todos los miembros de la comitiva y algunos de los colaboradores fueron sancionados. Sus dos más importantes partícipes. Augusto Pinochet y Sergio Arellano Stark, escaparon a la sentencia pues fueron declarados locos o dementes, causal de extinción de responsabilidad penal.

Algunos de quienes participaron ayudando a la Caravana de la Muerte, aún están siendo condenados, 41 años después. Justicia que tarda, no es justicia. Pero al menos la verdad, algo mitiga.

Masacrados

Una característica de la Caravana de la Muerte fue el ensañamiento que se utilizó para asesinar y ocultar las evidencias. A muchos y sobre todo en el norte, se les ultimó amarrados y encapuchados, se les "pasó a corvo" y acribilló de manera sanguinaria. El general Joaquín Lagos relató antes de morir al juez Juan Guzmán. "Estaban irreconocibles, masacrados".

En el proceso (caso Antofagasta) se puede leer: "Los llevaron a una quebrada, amarrados, rodeados de un inmenso contingente militar y luego, ya de noche alumbrados por los focos de los vehículos, desde unos camiones bajan los soldados corriendo y gritando, armados con corvos y prácticamente destrozan a las víctimas que nada podían hacer".

Lagos se enfrentó más tarde a gritos con Arellano, "por este crimen a mi espalda". Horas después enfrentó a Pinochet en el aeródromo de Antofagasta. "¡Tú lo ordenaste!", le gritó. Más tarde, Arellano declararía que algunos efectivos "se le fueron de las manos."
 

viernes, 6 de febrero de 2015

Procesan a Ex integrante de la junta de Gobierno por crímenes de la Caravana de la Muerte

El Ciudadano
06.02.2015

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La  Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sometió a procesos a  cino militares en retiro por su responsabilidad denominada Caravana de la Muerte, episodio Valdivia, por la serie de homicidios cometidos el  3 y 4 de octubre de 1973. Entre los procesados figura el general (R) Santiago Sinclair Oyaneder, ex integrante de la Junta de Gobierno, y ex Vicecomandante en Jefe del Ejército, quién de esta manera se convierte en el militar de mayor rango en ser declarado reo en alguna causa por violación de derechos humanos. Conviene consignar que la Corte de Apelaciones revocó  la decisión de la ministra de primera instancia, Patricia González, quién había negado el procesamiento.
El tribunal de alzada procesó a Santiago Sinclair Oyaneder, Juan Carlos Michelsen Délano, José Feliú Madinagoitia, Mario Rafael Manterola Garrido y Hugo Alberto Guerra Jorquera por su responsabilidad en los hechos y revocó  la decisión de la ministra Patricia González que había negado el procesamiento.
El 13 de mayo pasado la ministra González  determinó procesar a los ex miembros del Ejército Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Moren Brito  como autores de los homicidios de Rudemir Saavedra Bahamondes, Víctor Rudolph  Reyes,  Víctor Saavedra  Muñoz, Santiago  García Morales,  Luis Valenzuela Ferrada, Sergio  Bravo  Aguilera , Luis  Pezo  Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Barría Ordoñes, Enrique Guzmán  Soto y  José Barrientos  Warner.
En otra resolución la magistrada procesó como autores del homicidio de José Liendo Vera  a los ex miembros del Ejército  Sergio Arellano Stark, Pedro  Espinoza Bravo, Marcelo  Moren Brito, Carlos  López Tapia y Juan  Chiminelli Fullerton y como cómplices  a Antonio Palomo Contreras y Emilio De La Mahotiere González.
De acuerdo  a la resolución:
“El día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero “Puma” con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos;  Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe”.
Para el caso de Liendo Vera se determinó:
“A raíz de la llegada de los militares mencionados, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia a, Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se le fusiló a consecuencia de una sentencia dictada en un supuesto Consejo de Guerra cuya materialidad no existe”.
El general (r) Sinclair y la Caravana de la muerte
El general en retiro del Ejército, ex miembro de la Junta Militar y ex senador designado Santiago Sinclair fue detenido el jueves junto a otros tres ex uniformados por su participación en el homicidio de 12 personas durante el paso de la “Caravana de la muerte” por Valdivia.
Junto a Sinclair, fueron arrestados en calidad de autores Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido.
Quedó pendiente, en tanto, la detención de Hugo Guerra Jorquera.
La investigación acreditó que la muerte de 12 personas en octubre de 1973 fue coordinada por Sergio Arellano Stark, líder de la “Caravana de la Muerte”, excluido penalmente por demencia; el ya fallecido ex comandante de la IV División de Ejército Héctor Bravo y el general (r) Sinclair.
Todos los procesados por la ministra Patricia González ingresaron a la Brigada de Policía Militar del Regimiento de Telecomunicaciones, ubicado en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.
Sinclair fue quién le indicó a Sergio Arellano Stark quienes eran los 12 detenidos – entre los que se encontraban campesinos, dirigentes sindicales y militantes del MIR- que debían ser ejecutados, según informó el abogado Tomás Pascual, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, querellante en la causa:
“La intervención fue necesaria para que Arellano y su comitiva pudieran acometer estos crímenes, puesto que no se entiende que oficiales de Santiago puedan tener conocimiento de qué personas iban a ejecutar si no son aquellos oficiales de la localidad los que sindiquen qué personas debían ser ejecutadas. En ese sentido, Sinclair junto a Michelsen, junto a Feliú, Manterola, Guerra y una serie de otros sujetos que hoy se encuentran fallecidos- inclusive el para ese entonces comandante en jefe de la IV división del Ejército, señor Bravo Muñoz- llevaron adelante esta acción”.
El jurista destacó que el otrora miembro de la Junta de Gobierno incluso mandató al médico, oficial de sanidad de Valdivia, a constatar las muertes.

Procesan a ex miembro de la Junta Militar por homicidios de la Caravana de la Muerte en Valdivia

El ex vicecomandante en Jefe del Ejército y ex senador designado, Santiago Sinclair Oyadener, se encuentra arrestado en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

La Tercera  
por María Paz Núñez - 06/02/2015 - 14:05



Santiago Sinclair se encuentra detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. © Agencia Uno
Santiago Sinclair se encuentra detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
Por su responsabilidad en calidad de autor de 12 homicidios calificados durante el paso de la Caravana de la Muerte en Valdivia, fue procesado el ex vicecomandante en Jefe del Ejército y ex senador designado, Santiago Sinclair Oyadener. El coronel en retiro se encuentra detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén en espera a que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determine el lunes su libertad bajo fianza.
El procesamiento en tanto, fue dictado por la jueza Patricia González, e incluye también a los uniformados en retiro Juan Carlos Michelsen Délano, José Feliú Madinagoitia, Mario Rafael Manterola Garrido y Hugo Alberto Guerra Jorquera.
Según la magistrada, la Caravana de la Muerte realizó en Valdivia un consejo de guerra, del cual no se han encontrado documentos que lo justifiquen, para procesar y fusilar a 12 personas detenidas en la Cárcel Pública de Valdivia el 3 y 4 de octubre de 1973.

Corte Suprema confirma condenas por crímenes de la Caravana de la Muerte en Antofagasta

  Corte Suprema confirma condenas de ex oficiales de Ejército por crímenes cometidos en Calama por la Caravana de la Muerte en 1973 https://...